CE - Auto interlocutorio 11001031500020240482002

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020240482002
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-04820-02

Accionante: LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA Asunto: Resuelve solicitud de apertura incidente de desacato

Auto interlocutorio

Procede el Despacho a resolver la solicitud de apertura de incidente de desacato promovida por Lilia Patricia Cardozo Cipamocha por el presunto incumplimiento de la sentencia de 6 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección - UNP, por la expedición de las Resoluciones DGRP 006680 1 de 17 de julio y DGRP 0090492 de 3 de septiembre de 2024.

2. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de octubre de 2024 declaró improcedente la acc ión de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

2. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de octubre de 2024 declaró improcedente la acc ión de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

3. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia

de 6 de diciembre de 2024, dispuso lo siguiente:

“[…] Revocar la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, se dispone:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal y al debido proceso de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha. Como consecuencia, se ordena a la Unidad Nacional de Protección – UNP que, en el término de treinta

1 “Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Mujeres, del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de personas, grupos y comunidades.” 2 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.2

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

(30) días contado a partir de la notificación de la presente decisión, realice una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, en la cual tenga en consideración los eventos descrit os en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024. La decisión adoptada deberá ser

afronta la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, en la cual tenga en consideración los eventos descrit os en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024. La decisión adoptada deberá ser comunicada al accionante mediante acto administrativo motivado de forma clara, adecuada y específica, en los términos de la presente sentencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

[…]”. (Negrilla y mayúscula del texto).

4. La accionante en escrito presentado el 26 de febrero de 2025 solicitó abrir incidente de desacato “[…] para que se tomen las medidas que garanticen el cumplimiento del fallo de tutela proferido por su despacho el pasado SEIS (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en favor de la protección de mis derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal y al debido proceso. […]”.

5. Por auto de 6 de marzo de 2025 se dispuso: “[…] REQUERIR a la Unidad Nacional de Protección - UNP para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, rinda informe y allegue los documentos que acrediten el cumplimiento de la sentencia de tutela de 6 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).

6. El Presidente de la República a través de apoderada judicial solicitó la desvinculación.

Estado. […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).

6. El Presidente de la República a través de apoderada judicial solicitó la desvinculación.

7. La Unidad Nacional de Protección a través de apoderado judicial indicó que no había “[…] culminado el respectivo estudio de nivel de riesgo iniciado a favor de la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA mediante la orden de trabajo OT 698585 […]”. (Negrilla, mayúscula y subrayado del texto).

8. Mediante auto de 2 de abril de 2025 se ordenó: “[…] REQUERIR por segunda vez a la Unidad Nacional de Protección - UNP para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, rinda informe y allegue los documentos que acrediten el cumplimiento de la sentencia de tutela de 6 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).3

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

9. La Unidad Nacional de Protección en escrito presentado el 22 de abril de 2025 solicitó declarar el cumplimiento de la sentencia judicial por las siguientes

razones:

“[…] Conforme a lo anterior, y en atención a la orden judicial de fecha 6 de diciembre de 2025, proferida por el Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, con Consejera Ponente MARÍA ADRIANA MARÍN, que estableció realizar una nueva evaluación respecto de las

de diciembre de 2025, proferida por el Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, con Consejera Ponente MARÍA ADRIANA MARÍN, que estableció realizar una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, es menester indicarle al Honorable Despacho que esta UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, ha cumplido con lo ordenado.

Así las cosas, esta Unidad mediante comunicación externa OFI2500016416 de fecha 21 de marzo de 2025 (Anexo 2), informó que en garantía de los derechos fundamentales de la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, SE REALIZÓ el TRÁMITE DE EMERGENCIAS establecido en el artículo 2.4.1.2.9. del Decreto 1066 de 2015 , cuyo resultado contenido en la comunicación interna MEM2500019707 (Anexo 3) determinó que NO EXISTE INMINENCIA Y RIESGO, DOCUMENTO QUE GOZA DE RESERVA LEGAL . De igual manera, se informó que el respectivo estudio de nivel de riesgo se había iniciado mediante la orden de trabajo OT 698585.

En este orden de ideas, es menester informar a los Honorables Ad quo y Ad quem, que se culminó con el respectivo estudio de nivel de riesgo de la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA , el cual determinó que el riesgo evidenciado era ORDINARIO, con ponderación de la matriz de 42,77%, caso que fue presentado en la sesión del 15 de abril de 2025, ante los delegados interinstitucionales que conforman el

determinó que el riesgo evidenciado era ORDINARIO, con ponderación de la matriz de 42,77%, caso que fue presentado en la sesión del 15 de abril de 2025, ante los delegados interinstitucionales que conforman el Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas – CERREM de MUJERES, quienes validaron el rie sgo como ORDINARIO y determinaron conforme al resultado de conformidad al instrumento estándar de valoración del riesgo individual, el cual fue avalado por la Honorable Corte Constitucional mediante el Auto No. 266 del 01 de septiembre de 2009, las siguientes recomendaciones para el caso:

[…]

Conforme a lo anterior, es menester informar a los Honorables Ad quo y Ad quem, que, en cumplimiento de la orden judicial de fecha 6 de diciembre de 2025, proferida por el Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A , con Consejera Ponente MARÍA ADRIANA MARÍN , esta Unidad Administrativa Especial a través del señor Director General de la UNP, adoptó las recomendaciones dadas por los delegados interinstitucionales que conforman el Comité de Evaluación del Ries go y de Recomendación de Medidas – CERREM de MUJERES mediante Resolución No. DGRP 003768 de fecha 21 de abril de 2025 (Anexo 4).

Decisión anterior, que fue notificada por el Grupo de Notificaciones en debida forma a la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, al correo electrónico patriciacardozo200377@gmail.com (Suministrada4

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

correo electrónico patriciacardozo200377@gmail.com (Suministrada4

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

en el escrito de tutela), del cual se evidencia envío de la notificación el día 21 de abril de 2025, siendo las 1:58pm, Acuse de recibo el día 21 de abril de 2025, siendo las 1:58pm, el destinatario abrió la notificación el día 21 de abril de 2025, siendo las 1:59pm, lectura del mensaje el día 21 de abril de 2025, siendo las 1:59pm (Anexo 5) […]”. (Negrilla, mayúscula y subrayado del texto).

II. CONSIDERACIONES

10. Corresponde a la Sala Unitaria, en virtud del Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913, decidir sobre la solicitud de apertura de incidente de desacato presentada por la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha.

11. La accionante solicita abrir incidente de desacato contra “[…] la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP, por el incumplimiento del fallo de Tutela proferido el 06 de diciembre de 2024 […]” por la Subsección A de la Sección

Tercera del Consejo de Estado.

12. En la sentencia de tutela citada supra se ampar aron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y al debido proceso de la accionante. En consecuencia, se ordenó a la Unidad Nacional de Protección realizar “[…] una nueva evaluación respecto de las condiciones

fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y al debido proceso de la accionante. En consecuencia, se ordenó a la Unidad Nacional de Protección realizar “[…] una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, en la cual tenga en consideración los eventos descritos en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024. La decisión adoptada deberá ser comunicada al accionante mediante acto administrativo motivado de forma clara, adecuada y específica, en los términos de la presente sentencia […]”.

13. Como fundamento de la decisión se señaló:

“[…] la Sala considera procedente el amparo con el fin de que la Unidad Nacional de Protección realice una nueva evaluación del riesgo, puesto que en la Resolución 006680 del 17 de julio de 2024 y en la Resolución 009049 del 3 de septiembre de 2024, no se hizo referencia a la ampliación de la denuncia que la actora presentó en el mes de mayo de 2024, en la cual puso de presente nuevos hechos que podrían dar lugar a la variación en su nivel de riesgo, que, de hecho, fue calificado como ordinario y ponderado en 42,77%, oscilando el extraordinario entre 51% y 80% y el extremo entre 81% y 100%.

[…]

97. No obstante lo anterior, esta Subsección observa que en la referida ampliación de la denuncia se puso de presente que el 3 de mayo de 2024 la señora Juliana del Pilar Pineda Forero se presentó como su representante en las instalaciones de la Unidad Nac ional de Protección, «cosa que no es cierta, manifestando que se presentan fallas

la señora Juliana del Pilar Pineda Forero se presentó como su representante en las instalaciones de la Unidad Nac ional de Protección, «cosa que no es cierta, manifestando que se presentan fallas relacionadas con mi esquema», por lo que solicitó se investigara cuál era

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.5

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el interés que mostraba la referida señora sobre su caso y «si de alguna manera pudiese estar relacionada con los hechos denunciados por mi ante esta Fiscalía».

98. Asimismo, denunció que el 5 de mayo de 2024 se encontraba con su esposo en las horas de la tarde y «un individuo de sexo masculino, vestido de negro, con un casco de motociclista puesto (no llevaba moto), el cual toma fotos a nuestra vivienda y posteri ormente se aleja caminando, hecho informado a los hombres de protección quienes pasan informa la UNP, entidad que me recuerda la obligación de denunciar y poner en conocimiento de la Policía del Departamento dicha situación».

99. La Sala observa que, aunque no obra constancia de que la referida ampliación de la denuncia hubiese sido efectivamente radicada ante la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que la Unidad Nacional de Protección sí tuvo conocimiento de la misma, al menos con el recurso de reposición interpuesto contra de la Resolución 006680 del 17 de julio de 2024; sin embargo, al resolver la apelación, el director general de la

Protección sí tuvo conocimiento de la misma, al menos con el recurso de reposición interpuesto contra de la Resolución 006680 del 17 de julio de 2024; sin embargo, al resolver la apelación, el director general de la Unidad Nacional de Protección se limitó a señalar que esa información sí fue tenida en cuenta en el análisis efectuado por el CERREM, sin que se observe en la parte considerativa de la Resolución cuestionada que se hubiera hecho referencia a esos hechos nuevos denunciados por la aquí accionante que, eventualmente, podrían incrementar su act ual nivel de riesgo.

[…]

101. A partir de lo anterior se concluye que la UNP está vulnerando los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso de la actora, al no analizar la ampliación de denuncia formulada el pasado 14 de mayo de 2024 al momento d e efectuar el estudio de riesgo de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha.

102. Por todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha. En consecuencia, se ordenará a la Unidad Nacional de Protección que, en el término de treinta (30) días contado a partir de la notificación de la presente providencia, realice una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la accionante, en la que se tenga en cuenta los eventos descritos en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024. […]”. (Subrayado fuera del texto).

14. De acuerdo con la referida sentencia, la autoridad accionada vulneró los

en la que se tenga en cuenta los eventos descritos en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024. […]”. (Subrayado fuera del texto).

14. De acuerdo con la referida sentencia, la autoridad accionada vulneró los derechos de la accionante por que omitió “[…] analizar la ampliación de denuncia formulada el pasado 14 de mayo de 2024 al momento de efectuar el estudio de riesgo de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha […]”.

15. Como medida de amparo, el juez de tutela ordenó a la Unidad Nacional de Protección realizar “[…] una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, en la cual tenga en consideración los eventos descritos en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024 […]”. Además, señaló que la “[…]6

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decisión adoptada deberá ser comunicada al accionante mediante acto administrativo motivado de forma clara, adecuada y específica […]”.

16. Para acreditar el cumplimiento de la orden citada supra, la Unidad Nacional de Protección aportó copia de la Resolución núm. DGRP 003768 de 21 de abril

de 20254, que establece lo siguiente:

“[…] RESOLUCIÓN DGRP 003768 DE 2025

( 21/04/2025 )

“Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Mujeres, del Programa de Prevención y Protección de los derechos

( 21/04/2025 )

“Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Mujeres, del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de personas, grupos y comunidades.”

[…]

Es importante mencionar que, la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40041550, fue objeto de revaluación de nivel del riesgo en el año 2024 por temporalidad, bajo la condición de dirigentes, representantes o ac tivistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas, en ese momento, presidenta de la organización no gubernamental de derecho humano asesorías y servicios integrales -ASSEINSA –ONG y el resultado del estudio de nivel de riesgo fue presentado ante el CERREM de mujeres, escenario en el cual se ponderó su nivel de riesgo como ORDINARIO, por lo que se recomendó: “Finalizar un (1) vehículo blindado y dos (2) personas de protección. Finalizar un (1) c haleco blindado y un (1) medio de comunicación. Comunicar el Resultado del Estudio de Nivel de Riesgo.”; recomendación que fue adoptada por el director de la Unidad Nacional de Protección mediante el acto administrativo DGRP 006680 del 17 de julio de 2024.

[…]

Que, la señora CARDOZO, inconforme con esta decisión, promovió el mecanismo constitucional de la tutela […]

[…]

Que el presente caso corresponde a la evaluación de nivel de riesgo por

[…]

Que, la señora CARDOZO, inconforme con esta decisión, promovió el mecanismo constitucional de la tutela […]

[…]

Que el presente caso corresponde a la evaluación de nivel de riesgo por otra solicitud, realizada a la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA identificada con cédula de ciudadanía […], en su condición poblacional de Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas, la cual ostenta por ser, Directora de derechos humanos -DDHHde la organizac ión ASSEINSA ONG - en Boyacá. Condición poblacional que fue verificada a lo largo del proceso surtido por parte del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo – CTAR, cumpliendo de esta forma con el criterio poblacional expuesto en el numeral Numeral 2

4 “Por la cual se adoptan las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Mujeres, del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de personas, grupos y comunidades.”7

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015 del artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado.

Que, en el desarrollo de la revaluación de riesgo, se entrevistó a la señora

Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado.

Que, en el desarrollo de la revaluación de riesgo, se entrevistó a la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, a quien se le indagó sobre los hechos que afectan sus derechos a la seguridad e integridad personal, para lo cual recordó hecho ocurrido el 14 de febrero del año 2024, cuando siendo las 8:04 A.M aproximadamente., recibió una llamada telefónica amenazante, posterior a ello, entre las 11:30 A.M. y las 4:00 P.M., su hija le informó que rompieron un vidrio de la puerta de la casa. Situación que relacionó con ampliación de denuncia realizada ante la Fiscalía General de la Nación, la cual ya había sido valorada en el estudio de nivel de riesgo anterior.

Adicionalmente, hizo saber que, el 3 de mayo del año 2024, una mujer, la señora Juliana del Pilar Pineda Forero, quien adujo ser defensora de derechos humanos, cuando sucedió el ataque con químicos el 10 de abril de 2023 y demostró intenciones de ayudarle, por lo que sostuvieron 2 encuentros presenciales, comunicaciones mediante llamadas, mensajes y correo; se hizo pasar por su representante sin su consentimiento y pretendió solicitar información de ella y su esquema de protección en la regional de la Unida d Nacional de Protección de Tunja, Boyacá. Hecho que fue expuesto el 14 de mayo de 2024, en ampliación de las denuncias que cursan en la Fiscalía General de la Nación.

De la misma forma, la valorada informó que, el 10 de febrero del año 2025, recibió una amenaza por medio de mensaje de texto, en donde le

que cursan en la Fiscalía General de la Nación.

De la misma forma, la valorada informó que, el 10 de febrero del año 2025, recibió una amenaza por medio de mensaje de texto, en donde le manifestaron textualmente que, "(…) no se confié o quiere que le volvamos a quemar la geta por guerrillera. (…)" (Sic) . Situación que afirmó denunció ante la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, exteriorizó que, actualmente residen en Puerto Boyacá, Boyacá, por asuntos laborales, sin novedad adicional.

Que, se observa del análisis del riesgo que para el caso de la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, se tuvo en cuenta la información suministrada por las entidades y autoridades consultadas, permitiendo establecer que, de las actividades de recopilació n se observara que, en consulta del aplicativo para el Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOAde la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar que, la valorada registra un proceso en calidad de indiciada por fraude de subvenciones, fraude procesal y f alsa denuncia, que se encuentra en estado activo y en etapa de juicio del año 2023, donde la evaluada no aceptó cargos. Así mismo, registra una inactivación por inexistencia del hecho INVESTIGADO en una denuncia por el delito de tentativa de feminicidio en calidad de víctima del año 2023 . De igual manera, registra denuncias por el delito de amenazas en contra de defensores de derechos humanos en los años 2022 y 2023, en calidad de víctima, procesos activos y en indagación; así como un registro del año 2025, sin avances a la fecha.

defensores de derechos humanos en los años 2022 y 2023, en calidad de víctima, procesos activos y en indagación; así como un registro del año 2025, sin avances a la fecha.

De otro lado, el enlace regional de la Unidad Nacional de Protección en Tunja, indicó que, desconoce de amenazas en el año 2025, adicional, refirió que, en el consejo de seguridad del 1 de marzo de 2025, se trató el caso de la evaluada y refirió que, ningu na entidad manifestó tener conocimiento de las amenazas, sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio, reportó amenazas por versión de la valorada y solicitó medidas preventivas.8

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

Por su parte, el Departamento de Policía del Magdalena Medio -DEMAN- , relató que, en el año 2024, conoció de las amenazas en Tunja, Boyacá, por lo cual, así como por hechos de amenazas del mes de febrero de 2025 mediante mensajes de texto, se le han brinda do medidas preventivas como revistas policiales en Puerto Boyacá. No obstante, no se conoce novedad alguna frente a materialización de hechos en su contra.

Anudado a lo anterior, se tiene en cuenta que la Gobernación departamental de Boyacá, reconoció a la señora valorada como miembro del Consejo Consultivo de Mujeres Departamental, como representante de las ONG, desde donde se promueven los derechos de la mujer -DDHH ASSEINSA ONG-, pese a lo anterior, se desconoce de pronunciamiento

del Consejo Consultivo de Mujeres Departamental, como representante de las ONG, desde donde se promueven los derechos de la mujer -DDHH ASSEINSA ONG-, pese a lo anterior, se desconoce de pronunciamiento en defensa de los derechos humanos y que vincule a estructuras de grupos armados, delincuenciales o delictivos que aumente su exposición a riesgo. En lo que coincidieron la Policía Metropolitana de Tunja METUNPolicía Nacional -PONALy la Defensoría del Pueblo, quien además señalaron que tienen conocimiento de los hechos del 10 de febrero de 2025, por versión de la evaluada, quien reportó que reside en Puerto Boyacá. Por otra parte, la Personería de Tunja, informó sobre las situaciones ocu rridas en los años 2022 y 2023. Por otro lado, la Secretaría del Interior de la Gobernación de Boyacá y el enlace de Víctimas de Puerto Boyacá, indicaron que, no cuentan con antecedentes de la evaluada.

[…]

De esta manera, el cotejo integral a los elementos de información obtenidos en el marco de la respectiva evaluación frente a las diferentes entrevistas, el trabajo de campo, los elementos de información proporcionados por los organismos de seguridad e inte ligencia del Estado, permiten establecer que, la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, refirió hechos ocurridos en los años 2024 y 2025, igualmente, en los factores de amenaza se tuvo en cuenta la audiencia de formulación e imputación por los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones donde la precitada no aceptó cargos. Del mismo modo, en consulta realizada ante la Fiscalía General de la

de formulación e imputación por los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones donde la precitada no aceptó cargos. Del mismo modo, en consulta realizada ante la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar que, la valorada registra una denuncia por el delito de amenazas del año 2025, la cual se encuentra en estado activo y en etapa de indagación, sin resultados objetivos en las investigaciones, tal como sucede en registros de los años 2022 y 2023. A su vez, las autoridades y entidades de Boyacá y del Magdalena Medio en su mayoría, indicaron que tienen conocimiento del hecho por versión de la evaluada, sin conocimiento de afectaciones a su integridad y derechos.

Que sumado a lo anterior, se tuvo en cuenta la condición de la valorada como dirigente de organización defensora de derechos humanos por ser directora de DDHH ASSEINSA ONG de Boyacá, desde donde se encarga de atender casos de víctimas de violencia, así mis mo, realiza acompañamiento y activación de rutas y denuncias a nivel departamental, de igual manera, se valoró que, algunas de las entidades consultadas, indicaron que, tienen conocimiento de las amenazas por versión de la evaluada y añadieron que la valor ada ya no reside en Tunja, sino en Puerto Boyacá, en donde no hay registro de presencia de grupos armados organizados, del mismo modo, se valoró que, la precitada actualmente labora como coordinadora en un hospital ubicado a 109

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

minutos de su residencia, cargo que no le genera riesgo. Finalmente, se

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Accionante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

minutos de su residencia, cargo que no le genera riesgo. Finalmente, se valoró que, en la información obtenida en medios abiertos no se evidencian hechos en su contra o pronunciamientos realizados por la valorada, que puedan afectar los intereses de terceros o de grupos armados organizados, pero se evidencia l a falsa denuncia y el proceso judicial que adelanta en su contra.

Que, en cuanto a las vulnerabilidades de la evaluada, se valoraron los entornos y los desplazamientos que frecuenta en Boyacá, de igual manera, se valoró que, no se reporta la presencia de grupos armados organizados en el municipio donde la valorada reside , del mismo modo, se tiene en cuenta el reporte de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en donde se destacan las AT. 01923 y AT. 02618, las cuales están dirigidas para los líderes y los defensores de derechos humanos a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el análisis y valoración de los hechos narrados en el acápite de la entrevista, las labores de campo desarrolladas y la información recopilada por el analista de riesgo, no se pudo corroborar la existencia de amenazas vigentes, ya que los hechos reportados por la señora corresponden a lo manifestado en el anterior estudio de nivel de riesgo, que fue valorado por el CERREM mujeres en el año 2024 en donde se analiza el nexo causal entre la amenaza y el cargo o actividad que desempeña la precitada, concluyendo que tal conexión no se encuentra suficientemente establecida. Asimismo,

mujeres en el año 2024 en donde se analiza el nexo causal entre la amenaza y el cargo o actividad que desempeña la precitada, concluyendo que tal conexión no se encuentra suficientemente establecida. Asimismo, se tuvo en cuenta la dinámica de los traslados y desplazamientos realizados por la mentada señora, quien por su cargo actu al, debe permanecer en Puerto Boyacá, lugar en donde disminuyen los factores de vulnerabilidad a los que se encontraba expuesta.

[…]

Que de conformidad a lo indicado en el numeral 4° del artículo 2.4.1.2.40. del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado, el caso de la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA identificada con cédula de ciudadanía No. […], fue presentado ante el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Mujeres, en sesión del 15/04/2025.

Que en dicho escenario se analizó la situación de riesgo, considerando la información provista por el CTAR, relacionada con: La condición poblacional, los factores de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, los antecedentes personales de riesgo, el análisis de contexto, el entorno en donde realiza actividades y/o trabajo, el entorno social y comunitario y los traslados que realiza para la ejecución de sus actividades.

Que el citado cuerpo colegiado en virtud a lo dispuesto en el numeral 2º. del artículo 2.

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