CE - Auto interlocutorio 11001031500020240588900

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020240588900
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: MARITZA PÉREZ AMAYA Accionado: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Referencia: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AUTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE FALLO Antecedentes 1. La actora formuló acción de tutela contra varias autoridades públicas del orden nacional, entre ellas la Unidad Nacional de Protección. En su escrito de amparo denunció que la entidad le retiró el esquema de seguridad, desconociendo que vive una situación de riesgo constante derivada de su condición de defensora de derechos humanos de la región del Catatumbo (Norte de Santander). En su momento solicitó al juez de tutela que ordenara a la UNP restablecer su esquema de seguridad. 2. La acción correspondió en primera instancia a esta Subsección que mediante providencia de 6 de diciembre de 2024, tuteló parcialmente los derechos de la parte actora y dispuso como medida material de protección la siguiente: “SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la vida y seguridad personal de la actora y en consecuencia ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección para que, en un plazo máximo de treinta (30) días desde la notificación de esta providencia concluya el estudio de

riesgo que inició sobre la situación de seguridad de Maritza Pérez Amaya. Ese nuevo acto administrativo deberá atender expresamente a los criterios de idoneidad, adecuación, efectividad, concertadas, urgentes, flexibles, y con enfoque diferenciado indicados por la Corte Constitucional en la SU-546 de 2023 y SU-345 de 2024.” 3. La decisión fue impugnada por la Unidad Nacional de Protección, y en sede de segunda instancia, en providencia de 27 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda de la corporación confirmó la decisión de primera y adicionó la siguiente orden: “Segundo: ADICIONAR la sentencia del 6 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, en el término improrrogable de 5 días a partir de la notificación de esta providencia, restablezca el esquema de seguridad concedido a la actora en atención a la Orden de Trabajo OT 552689, consistente en 1 vehículo blindado, 2 personas de protección, 1 medio de comunicación y 1 chaleco blindado, hasta tanto finalice el estudio de la situación de riesgo que actualmente tramita.”Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Cumplimiento a fallo de tutela

4. En los términos del artículo 33 del decreto 2591 de 1991, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Sin embargo, el pasado 20 de febrero, la UNP dirigió memorial al juez de segunda instancia con el fin de “consultar sobre la implementación de las medidas de protección en favor de la señora Maritza Pereza Amaya”. Ante este memorial, en providencia del pasado 2 de abril, el despacho sustanciador de la providencia de segunda instancia, remitió la solicitud de la entidad pública a esta Subsección para el correspondiente estudio. 5. En el escrito, la UNP informó que, el pasado 18 de febrero de 2025, el caso de la tutelante fue sometido a estudio del Comité CERREM, órgano administrativo encargado de valorar el nivel de riesgo de las personas y determinar los esquemas de seguridad apropiados. En el caso sub lite, se determinó que el riesgo es extraordinario “según la información recopilada por parte del analista”. Como resultado de la ponderación del nivel de riesgo, en sesión del 18 de febrero de 2025, el CERREM recomendó ajustar el esquema de seguridad de la actora a un esquema tipo 2 consistente en un (1) vehículo blindado, 2 personas de protección, 1 chaleco blindado y un medio de comunicación. 6. Sin embargo, indicó que el Decreto 62 de 24 de enero de 2025 declaró el estado de conmoción interior en 19 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos el municipio de Ocaña, localidad en la que reside la tutelante. En desarrollo del estado de excepción, se expidió

el decreto legislativo 137 de 2025 “Por medio del cual se adoptan medidas extraordinarias e integrales de protección para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos y DIH, ocasionados por los grupos armados organizados y otros actores violentos, que originó la declaración del estado de conmoción interior en el área de influencia geográfica definida en el Decreto 0062 de 2025”. 7. El escrito de la UNP explica que el decreto legislativo creó una nueva ruta de atención integral de atención para la población civil que vea afectado su derecho constitucional a la seguridad personal. Estableció un mecanismo extraordinario de emergencia, motivo por el cual, la actora, Maritza Pérez Amaya “debe ser presentada por el mecanismo extraordinario de emergencia para evaluar su nivel de riesgo y adoptar medidas de protección integrales direccionadas a conjurar la crisis que está viviendo en esa región”. Adicionalmente indicó: “Así las cosas, la señora Pérez Amaya fue evaluada por el mecanismo extraordinario de emergencia que determinó adoptar a favor de la evaluada un esquema ligero consistente en 1 persona de protección, 1 chaleco y 1 botón de apoyo”. 8. Con base en lo anterior, indicó que dicha “Unidad Administrativa Especial presenta un interrogante a cuál de los dos esquemas de seguridad se debe adoptar en favor de la señora Pérez Amaya”. Adujo que, el esquema de seguridad con vehículo blindado puede constituirse en una intervención con daño, pues en la región del Catatumbo, los vehículos de la UNP son objeto de permanente ataque y hurto. Afirmó que “el

vehículo puede aumentar la visibilidad de la beneficiaria y, potencialmente, convertirla en un “objetivo militar”. Afirmó que implementar un vehículo con las características recomendadas por el CERREM generaría un dañoRadicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Cumplimiento a fallo de tutela

el cual la evaluada no está en la capacidad de soportar aumentando su nivel de riesgo de conformidad con el contexto social que vive esa región del país. Asimismo, sostuvo que, la medida sería inoperante por las restricciones de movilidad que vive el municipio de Ocaña. 9. Finalizó su memorial indicando que, el Catatumbo (Norte de Santander) es una de las regiones del país, en las que más son hurtados los vehículos de la Unidad Nacional de Protección. Se han presentado 33 casos y 5 de ellos fueron en el municipio de Ocaña. Por lo anterior, en su intervención, la UNP indica que el esquema de protección ordenado el pasado 18 de febrero de 2025 por el CERREM “podría aumentar su perfil y por ende su riesgo”. CONSIDERACIONES 10. Conforme el decreto 2591 de 1991, en sus artículos 23 y 27, y a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juez de primera instancia en materia de tutela, conserva la facultad para garantizar el cumplimiento del fallo de amparo. En esa medida, esta Subsección es competente para atender el escrito suscrito por el jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional de Protección. 11. Con el fin de atender la solicitud, se reiterará la normatividad y precedente judicial sobre las atribuciones del juez del cumplimiento de fallo de amparo, y posteriormente se resolverá el caso concreto. 12. De manera reiterada1, se ha interpretado que, el decreto 2591 de 1991 establece dos procedimientos dirigidos a garantizar el cumplimiento del fallo.

Por un lado, el incidente de desacato, cuya finalidad es el examen subjetivo del comportamiento de la persona o personas accionadas y busca determinar la posibilidad de la imposición de una sanción. Por el otro, se encuentra el procedimiento de cumplimiento, el cual no busca la sanción de la parte accionada, o el examen subjetivo de su comportamiento, sino, determinar si objetivamente se cumplió las órdenes contenidas en la decisión judicial. 13. Además, se ha explicado que, una decisión de amparo constitucional puede ser modificada por el juez del cumplimiento, siempre que: (i) no afecte la decisión de proteger el derecho; y (ii) si resulta posible avizorar una mejor orden que materialice la protección judicial. En el Auto 387 de 2019 se señaló: “(…) la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado adecuado que el juez modifique la orden judicial emitida originalmente, siempre y cuando se garantice la salvaguarda del derecho fundamental2. Esa modificación es posible gracias a la diferenciación que existe entre la cosa juzgada y las órdenes3. La primera hace referencia a la decisión de amparo que se tomó en la sentencia de tutela, o sea, la concesión o no de la protección al derecho. Dicho aspecto es inmodificable por parte del juez en el cumplimiento o seguimiento, por lo que es imposible reabrir el debate de resolvió el fallo (sic). La segunda es la medida o remedio específico que se profiere para garantizar el goce efectivo del derecho amparado.” 1 Auto 387 de 2019. Auto 096 de 2017. Además, C-367 de

2014. 2 Sentencias T-086 de 2003 y Auto 096 de 2017. 3 Sentencia T-226 de 2016.Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Cumplimiento a fallo de tutela

14. De manera que, en el trámite de cumplimiento, el juez tiene la competencia para modificar la orden original o emitir órdenes adicionales o nuevas. Esa circunstancia opera bajo las siguientes circunstancias excepcionales: “(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque: a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir. (2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz.”4 15. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala examinará el escrito de la Unidad Nacional de Protección. Caso Concreto. 16. A juicio de esta Sala la UNP propone dos alternativas de cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia dentro del expediente de tutela de referencia. La

primera, resultado de la aplicación de la normatividad ordinaria y permanente, conforme a la cual, el 18 de febrero de 2025, el CERREM, ordenó implementar un esquema de protección tipo 2, y otra alternativa derivada del decreto legislativo expedido en uso de las facultades extraordinarias de un estado de excepción, conforme a la cual, el esquema de seguridad es uno menos robusto, pues prescinde de un vehículo y de una persona de protección. 17. Para la Sala el interrogante de la UNP resulta determinante, pues en efecto, resulta posible modificar las órdenes de un fallo de tutela, siempre que no afecte la determinación de amparar el derecho y cuando se encuentren mejores órdenes que garanticen de mejor manera el derecho constitucional protegido. En el caso concreto, sin embargo, dicha petición debe, adicionalmente, responder a los estándares constitucionales referidos a las condiciones fijadas en las sentencias SU-546 de 2023 y SU-345 de 2024, en las que, la Corte Constitucional indicó que las medidas de protección de defensores de derechos humanos deben respetar criterios interamericanos. En el fundamento 136 de la Sentencia SU-546 de 2023: “Sobre las medidas de protección, la Comisión IDH también ha recomendado para el caso de Colombia que estas sean adecuadas, idóneas y efectivas, concertadas, urgentes, flexibles y con enfoque diferenciado. Una medida es adecuada, idónea y efectiva cuando logra enfrentar la situación de riesgo en que se encuentra la persona y es capaz de producir los resultados para el que han sido concebidas. Para examinar si las medidas satisfacen dichos parámetros, la Comisión IDH ha indicado que se deben tener en cuenta los siguientes elementos: (i) las medidas deben ser 4 Sentencia T-086 de 2003.Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia

IDH ha indicado que se deben tener en cuenta los siguientes elementos: (i) las medidas deben ser 4 Sentencia T-086 de 2003.Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Cumplimiento a fallo de tutela

congruentes con las funciones que desempeña la persona protegida; (ii) se debe evaluar el nivel de riesgo para adoptar y monitorear las medidas correspondientes; (iii) se debe garantizar la posibilidad de que sean modificadas según la variación de la intensidad de riesgo y las condiciones contextuales e individuales de la persona defensora. Las medidas deben ser concertadas con el protegido o protegida. A juicio de la Comisión IDH, es necesario que “la modalidad de las medidas de protección sea acordada en consulta con las personas defensoras para concretar una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que pudiera enfrentar, tomando en cuenta los contextos, las situaciones específicas y el tipo de riesgo de las personas a ser protegidas, asegurando un enfoque diferencial”. Para ello sugiere (i) contar con un registro sistematizado de beneficiarios que se articule con las medidas a ser implementadas; (ii) diseñar conjuntamente la modalidad de las medidas de protección; (iii) conformar un equipo de protección que participa en los esquemas de seguridad debe garantizar que su personal sea designado con la participación activa y aprobación de las personas beneficiarias del esquema, de tal manera que les genere confianza5; (iv) las medidas de protección no deben ser brindadas por los servidores o agentes de seguridad que, según los beneficiarios, estarían involucrados en los hechos denunciados; (v) es recomendable la designación de escoltas de confianza6;” (negrillas fuera del texto) 18. En esa medida, se considera que el interrogante y los fundamentos propuestos por la Unidad Nacional de Protección no atienden a los estándares constitucionales que se fijaron

en la parte resolutiva del fallo de primera instancia. Debe recordarse que la decisión de 6 de diciembre de 2024, indicó que cualquier decisión de la UNP en relación con el esquema de seguridad de la actora debía respetar los estándares fijados en la SU-546 de 2023, puntualmente el criterio de concertación de las medidas. Este fue explícito en la parte resolutiva de la providencia, y en esa medida, esta Corporación echa de menos que la UNP informe sobre las actividades de concertación entre la entidad y la tutelante. Si la UNP es del criterio que, la actora ve aumentar su riesgo por la asignación de un vehículo, la primera persona que debe ser escuchada respecto a esta posibilidad es la propia Maritza Pérez Amaya. En esa medida, el interrogante de la UNP no respeta el estándar de concertación. 19. Adicional a lo anterior, debe recordarse que el ordinal segundo de la parte resolutiva de la providencia de 6 de diciembre de 2024 ordenó que, la UNP concluyera el estudio de riesgo que estaba pendiente, y que, con base en este, el propio CERREM, reexaminara la situación de la tutelante. La UNP atendió a este mandato judicial y el 18 de febrero de 2025, puso a consideración de la mencionada instancia, la situación de seguridad y el resultado del estudio de riesgo de Maritza Pérez Amaya y allí, se determinó establecer un esquema de seguridad tipo II. Dicho trámite administrativo se corresponde con la literalidad de la orden judicial de 18 de diciembre de 2024, motivo por el cual, prima facie, atiende a lo indicado. Esto, se itera, echando

de menos que se informe sobre el cumplimiento de la orden dentro de los criterios fijados en la parte resolutiva de idoneidad, adecuación, efectividad, concertadas, urgentes, flexibles, y con enfoque diferenciado indicados por la Corte Constitucional en la SU-546 de 2023 y SU-345 de 2024. 5 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 523. 6 CIDH, Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17, 29 de diciembre de 2017, párr. 292; Corte IDH. Asunto Mery Naranjo y otros respecto Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de marzo de 2011, párr. resolutivo 3Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Cumplimiento a fallo de tutela

20. En consecuencia, de lo anterior, en este estado del trámite de cumplimiento de fallo de tutela, en desarrollo del criterio de concertación, la sala ordenará a la UNP que, en el término de diez (10) días contados desde la notificación de esta providencia, concerte con la tutelante cuál esquema de seguridad resulta adecuado para la garantía de sus derechos y el ejercicio de su labor como defensora de derechos humanos. De la anterior concertación se deberá rendir informe en el término de 20 días desde la notificación de la providencia. 21. En cumplimiento del ordinal segundo de la providencia de segunda instancia, se REQUIERE a la UNP para que, hasta tanto se surta el trámite de concertación de las medidas, implemente el esquema de seguridad determinado por el CERREM en su sesión de 18 de febrero de 2025, esto en atención a que dicha instancia, es la autoridad técnica y especializada en la materia, y en su decisión, con base en los criterios que funda ese tipo de decisión, consideró que la actora debe contar con un esquema de seguridad tipo II. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, en el término de diez (10) días contados desde la notificación de esta providencia, concerte con la tutelante cuál esquema de seguridad resulta adecuado para la garantía de sus derechos fundamentales y el ejercicio de su labor como defensora de derechos humanos. De la anterior concertación se deberá rendir informe en el término de 20 días desde la notificación de la providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que de manera inmediata y entre tanto se surte el trámite de concertación con la actora, implemente el esquema de seguridad determinado por

deberá rendir informe en el término de 20 días desde la notificación de la providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que de manera inmediata y entre tanto se surte el trámite de concertación con la actora, implemente el esquema de seguridad determinado por el CERREM en su sesión de 18 de febrero de 2025. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRadicación número: 11001-03-15-000-2024-05889-00 Accionante: Maritza Pérez Amaya Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Cumplimiento a fallo de tutela

VF Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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