CE - Auto interlocutorio 11001031500020240701301

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020240701301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

Demandantes: MAGDA VIVIANA GARRIDO PINZÓN Y OTROS

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE

ARAUCA (UESA)

TEMA: Auto que resuelve incidente de desacato.

INCIDENTE DE DESACATO

La Sala resuelve el incidente de desacato promovido por los actores contra el gobernador de Arauca y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), por el presunto incumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia de 13 de febrero de 2025, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que amparó el derecho fundamental de petición del actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Magda Viviana Garrido Pinzón, Phanor Francisco Parada, Dwyver Carolina Medina Wilches, Elkin Mario Anchicoque Calderón, Nancy Eneida

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Magda Viviana Garrido Pinzón, Phanor Francisco Parada, Dwyver Carolina Medina Wilches, Elkin Mario Anchicoque Calderón, Nancy Eneida Camacho Laica, Marilyn Alzate Garrido, Ana María Sepúlveda Mendivelso, José Armando Franco Parales, Myriam Acevedo Jauregui, Abel Antonio Hernández Benítez, Ob dulia Paz Mosquera, Esther Cristina Sepúlveda Mendivelso, Ciro Alfonso Vargas Mijares, Jorge Antonio Gómez García, Carlos Alfredo Barrios Ardila y Dreyza Martínez Guadasmo, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, de petición, al debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión de la omisión de la autoridad accionada en cumplir con las órdenes de pago dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que presentaron los actores en contra de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA). Así mismo, consideraron vulnerados sus derechos constitucionales ante la ausencia de respuesta de fondo a las peticiones que han elevado con el fin de conocer las razones por las cuales no se han gestionado los recursos para el pago de las sentencias.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA)

razones por las cuales no se han gestionado los recursos para el pago de las sentencias.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Orden de tutela objeto de cumplimiento

La Sección Quinta del Consejo de Estado conoció en primera instancia la acción de tutela y mediante sentencia del 13 de febrero de 2025, dispuso lo que sigue:

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto las pretensiones tendientes a que se ordene el pago de las sumas pretendidas por los actores.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los señores Magda Viviana Garrido Pinzón, Phanor Francisco Parada, Dwyver Carolina Medina Wilches, Elkin Mario Anchicoque Calderón, Nancy Eneida Camacho Laica, Marilyn Alzate Garrido, Ana María Sepúlveda Mendivelso, Jo sé Armando Franco Parales, Myriam

Acevedo Jauregui, Abel Antonio Hernández Benítez, Obdulia Paz Mosquera, Esther Cristina Sepúlveda Mendivelso, Ciro Alfonso Vargas Mijares, Jorge Antonio Gómez García, Carlos Alfredo Barrios Ardila y Dreyza Martínez Guadasmo.

CUARTO: ORDENAR a la Gobernación de Arauca que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la

CUARTO: ORDENAR a la Gobernación de Arauca que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificación de la presente providencia, dé una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 14 de noviembre de 2024, formuladas por los accionantes a través de su apoderado.

QUINTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca

(UESA) que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificación de la presente providencia, dé una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 15 de noviembre de 2024, formuladas por los accionantes a través de su apoderado.

1.3. Incidente de desacato

1.3.1. El apoderado de los actores informó sobre el presunto incumplimiento del fallo de tutela del 13 de febrero de 2025 y solicitó que se diera inicio al respectivo incidente de desacato , comoquiera que las respuestas otorgadas por las autoridades accionadas no cumplen con los req uisitos de ser claras, objetivas, congruentes y motivadas.

1.3.2. Mediante auto de 28 de febrero de 2025, el magistrado ponente de la presente providencia ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que, de conformidad con el artículo 129 del Código General del Proceso, pusiera en conocimiento de la Gobernación de Arauca y de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), el escrito mediante el cual la parte actora promovió

conformidad con el artículo 129 del Código General del Proceso, pusiera en conocimiento de la Gobernación de Arauca y de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), el escrito mediante el cual la parte actora promovió incidente de desacato por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela del 13 de febrero de 2025, con el fin de que en un término de 3 días rindiera el correspondiente informe.

Ante el requerimiento realizado, el jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) solicitó abstenerse de abrir el incidente de desacato propuesto contra la entidad, en consideración a que, de acuerdo a sus competencias, a las actividades realizadas y a la información encontrada, dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de 13 de febrero de 2025, al responder las peticiones 7 de mayo y 15 de noviembre de 2024.

Por su parte, la Gobernación de Arauca guardó silencio pese a ser debidamente notificada del proveído de 28 de febrero de 2025.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.3. Mediante auto de 14 de marzo de 2025 se dio apertura al incidente de desacato interpuesto por el tutelante contra el gob ernador de Arauca, el señor

www.consejodeestado.gov.co 1.3.3. Mediante auto de 14 de marzo de 2025 se dio apertura al incidente de desacato interpuesto por el tutelante contra el gob ernador de Arauca, el señor Renson Jesús Martínez Prada, y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), Ana Suleyma Mendoza Niño, y se les otorgó el término de 3 días para que, en aplicación del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se pronunciaran y ejercieran su derecho de contradicción.

Ello, en consideración a que no se encontró acreditado por parte del despacho sustanciador que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) hubiera resuelto la petición de 15 de noviembre de 2024, en relación con la «[c]onstancia de no contar con disponibilidad presupuestal para pagar sentencias condenatorias […]» y la entrega «del rubro presupuestal de la UAESA, destinado al pago de sentencias y conciliaciones desde el año 2009 hasta 2024».

Así mismo, por cuanto para ese momento no existía material probatorio que demostrara que las peticiones formuladas por los actores ante la Gobernación de Arauca hubieran sido contestadas.

Ante el requerimiento realizado en el auto de 14 de marzo de 2025, e l señor Jesús Daniel Herrera Payares, quien dijo ser el apoderado de la Gobernación del Arauca, informó que la petición de los actores fue respondida y allegó los documentos con los cuales pretendió probar sus afirmaciones.

De otro lado, el jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial

informó que la petición de los actores fue respondida y allegó los documentos con los cuales pretendió probar sus afirmaciones.

De otro lado, el jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca pidió el archivo del incidente de desacato, dado que a su juicio se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que se dio respuesta a las solicitudes de los accionantes. Para tal efecto, aportó las pruebas que daban cuenta de su gestión para dar cumplimiento al fallo de tutela.

1.3.3. Mediante providencia de 7 de abril de 2025, el despacho sustanciador requirió (i) a los señores Jesús Daniel Herrera Payares1 y Sergio Leonardo Marín Martínez2 para que informaran el nombre de las personas que para la fecha de expedición de ese proveído fungían como gobernador del departamento de Arauca y directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), así como el correo de notificación personal de las personas que desempeñan los mencionados cargos. Además, le pidió al señor Her rera Payares que allegara el poder que lo facultaba para representar los intereses de la Gobernación de Arauca.

El jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca explicó que la señora Ana Zuleyma Mendoza Niño es la persona designada como directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) y que su correo de notificación es direccion@unisaludarauca.gov.co.

Por su parte, el apoderado de la Gobernación de Arauca explicó que para el 7 de abril de 2025 quien fungía como gobernador del departamento de Arauca es el señor

Por su parte, el apoderado de la Gobernación de Arauca explicó que para el 7 de abril de 2025 quien fungía como gobernador del departamento de Arauca es el señor Renson Jesús Martínez Prada, quien fue elegido por el periodo constitucional 20242027. Así mismo, destacó que su correo electrónico es rensonmartinez@hotmail.com y gestiondespacho@arauca.gov.co.

1 Quien dijo ser el apoderado de la Gobernación de Arauca. 2 El jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, el apoderado de los actores allegó un memorial en el que puso de presente la normativa relacionada con la facultad de delegación y reprochó la falta de acreditación del representante del departamento. En ese sentido, agregó:

4.- Inclusive Honorable Magistrado, es reprochable que el departamento de Arauca, no le haya dado importancia sustancial a las reuniones del Consejo Directivo de la UAESA, en razón a que, sin mayor explicación en los actos de ese Consejo, aparezca presidida por una funcionaria que no posee rango directivo. Me refiero a la Asesora del despacho del Gobernador MARBEL YOLIMA MENDOZA ORTÍZ. En los documentos entregados por el departamento de Arauca ella interviene con su firma

presidida por una funcionaria que no posee rango directivo. Me refiero a la Asesora del despacho del Gobernador MARBEL YOLIMA MENDOZA ORTÍZ. En los documentos entregados por el departamento de Arauca ella interviene con su firma como PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTI VO. Evidentemente, se viola y se desconoce el artículo 211 C.N. y las normas reglamentarias mencionadas en este documento.

A su turno, l os señores Renson Jesús Martínez Prada y Ana Suleyma Mendoza Niño fueron notificados a los correos aportados por sus apoderados, tal como se advierte con las constancias visibles en el índice 30 de Samai.

1.3.4. Mediante escrito de 22 de abril de 2025, el señor Renson Jesús Martínez Prada informó que las solicitudes de los tutelantes fueron contestadas mediante el oficio de 19 de febrero de 2025, el cual fue enviado a la dirección electrónica aportada por ellos. Así mismo, indicó:

De igual forma, me permito aclarar que la respuesta al derecho de petición f ue suscrita por el ingeniero GERMAN ALBERTO LEON CORONEL, Secretario de Planeación Departamental quien fungió como Gobernador encargado para el 19 de febrero de 2025, dado que el suscrito debió desplazarse durante los días del 18 al 23 de febrero de 2025, a las ciudades de Bogotá, Yopal y al Municipio de Villa de Leyva, con el fin de atender cumbre de Gobernadores, reunión en Corporinoquia y diligencias administrativas en la casa fiscal respectivamente3.

1.3.5. Con memorial de 24 de abril de 2025, la señora Ana Zuleyma Mendoza Niño

con el fin de atender cumbre de Gobernadores, reunión en Corporinoquia y diligencias administrativas en la casa fiscal respectivamente3.

1.3.5. Con memorial de 24 de abril de 2025, la señora Ana Zuleyma Mendoza Niño hizo un recuento de las actuaciones surtidas con ocasión a la acción de tutela de la referencia y precisó que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) dio respuesta a las peticiones elevadas por el apoderado d e los actores, con lo cual se concretó el cumplimiento de las órdenes impuesta en el fallo de 13 de febrero de 2025. Así mismo, aportó la prueba documental pertinente para soportar sus argumentos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del incidente de desacato que promovieron los actores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Lo anterior, por cuanto esta sección es la encargada de hacer cu mplir la orden impartida en el fallo de tutela, dado que el juez constitucional de primera o única instancia mantiene competencia hasta que se cumpla íntegramente dicha orden.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema Jurídico

Corresponde al Despacho determinar si el gobernador de Arauca, el señor Renson Jesús Martínez Prada, y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), Ana Suleyma Mendoza Niño, incurrieron en desacato de la sentencia de tutela proferida el 13 de febrero de 2025 por la Sección Qui nta del Consejo de Estado, que concedió el amparo del derecho fundamental de petición de los tutelantes, y si el incumplimiento de la orden obedece al actuar culposo o doloso de los funcionarios incidentados.

2.3. Marco normativo y conceptual

En relación con el cumplimiento del fallo de tutela, el Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política, estableció en el artículo 27 lo que se trascribe a continuación:

Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cum plir y abra el correspondiente disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del

correspondiente disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia. (Negrilla fuera de texto).

Respecto del desacato de la orden de tutela, la Corte Constitucional ha precisado:

3. Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva

Dice el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 que “La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”. Es, por lo tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido proceso. […]

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento.4 (Negrilla fuera del texto)

Sobre la naturaleza jurídica del incidente de desacato, ha establecido la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales que:

El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público5, el cual tiene

de cierre en materia de derechos fundamentales que:

El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público5, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. […]

4 Corte ConstitucionalT-763 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 1998.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio6; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental. […]

Asimismo, la Corte Consti tucional ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la

rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella protegidos7.8

En la sentencia C-367 de 2014, la Corte Constitucional consideró que incumplir una providencia judicial, además de afectar el derecho de acceso a la administración de justicia, desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización d e los fines del Estado. Además, vulnera los principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada.

En esa misma línea de pensamiento, esta Sección ha considerado lo siguiente:

[…] ante una manifestación de incumplimiento formulada por alguna de las partes de la acción de tutela, el juez tiene dos posibilidades independientes, no excluyentes entre sí: 1) Iniciar el trámite tendiente a obtener el cumplimiento del fallo y 2) Inicia r un incidente de desacato; ii) el trámite para el cumplimiento tiene como única finalidad asegurar de manera efectiva y real el acatamiento de las órdenes contenidas en la sentencia de tutela; iii) en cambio, el incidente de desacato, tiene como finalidad la de sancionar al responsable de ese incumplimiento y, iv) el trámite para el cumplimiento del fallo es de naturaleza objetiva. Sólo interesa demostrar que la sentencia no fue cumplida en los precisos términos en que fue proferida.

El incidente de desacato, por el contrario, es de naturaleza subjetiva, ya que allí es

cumplimiento del fallo es de naturaleza objetiva. Sólo interesa demostrar que la sentencia no fue cumplida en los precisos términos en que fue proferida.

El incidente de desacato, por el contrario, es de naturaleza subjetiva, ya que allí es necesario, además de demostrar el incumplimiento, determinar el grado de responsabilidad -a título de culpa o dolo - de la persona o personas que estaban obligadas a actuar en pro del cumplimiento de la sentencia9[…].

2.4. Caso concreto

El incidente objeto de decisión debe ser resuelto bajo los parámetros jurisprudenciales anotados, dada su naturaleza sancionatoria, siendo obligatorio considerar el aspecto subjetivo, pues nuestro ordenamien to -entre sus principios rectoresproscribe la «responsabilidad objetiva», exigiendo que sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente por el agente, de tal manera que no solo se debe determinar si los funcionarios contra quienes se inició el trámite incumplieron la orden de tutela 10, sino además verificar la «responsabilidad subjetiva»11.

6 Corte Constitucional, Sentencias T-188 de 2002, T-171 de 2009 y T-123 de 2010, entre otras. 7 Sobre este punto consultar Sentencias T-014 de 2009, T-171 de 2009 y T-123 de 2010, entre otras. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-512 de 2011. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 22.01.09., M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia. Así mismo, este crite rio que se ha reiterado por la Sección,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 22.01.09., M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia. Así mismo, este crite rio que se ha reiterado por la Sección, entre otros, en las siguientes providencias: Auto del 21.04.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 76001 -23-33-000-2014-01083-01; Auto del 26.01.17, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. No. 25000-23-42-000-2016-04024-01; y Auto del 13.10.16., M.P. Alberto Yepes Barreiro. 10 Fase objetiva. 11 Fase subjetiva.Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En torno al primer aspecto, se tiene que los demandantes presentaron acción de tutela con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales que estimaron vulnerados ante la ausencia de respuesta de fondo a las peticiones que elevaron con el fin de conocer las razones por las cuales no se han gestionado lo s recursos para el pago de unas sentencias judiciales.

Se reitera que en la sentencia de 13 de febrero de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, dispuso:

para el pago de unas sentencias judiciales.

Se reitera que en la sentencia de 13 de febrero de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, dispuso:

CUARTO: ORDENAR a la Gobernación de Arauca que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificación de la presente providencia, dé una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 14 de noviembre de 2024, form uladas por los accionantes a través de su apoderado.

QUINTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca

(UESA) que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificaci ón de la presente providencia, dé una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 15 de noviembre de 2024, formuladas por los accionantes a través de su apoderado.

Ahora bien, es importante recordar que en el mencionado fallo quedó establecido que las peticiones de la parte actora que no se resolvieron fueron las siguientes:

2.7.2.1. Gobernación de Arauca

La parte actora allegó copia de las siguientes peticiones con su respectiva constancia de radicación:

Fecha Solicitud 3 de enero de 2024 Realizar las gestiones administrativas necesarias para el cumplimiento de las decisiones judiciales. 7 de mayo de 2024 Intervención en la Junta Directiva de la entidad para el pago de los dineros y para que se informe la actuación administrativa adelantad a para el cumplimiento de las órdenes.

cumplimiento de las decisiones judiciales. 7 de mayo de 2024 Intervención en la Junta Directiva de la entidad para el pago de los dineros y para que se informe la actuación administrativa adelantad a para el cumplimiento de las órdenes. Informe sobre los «análisis económicos, financiero y de sustentabilidad adelantados para determinar la inviabilidad financiera de la UAESA, encaminados a escoger la alternativa legal de la liquidación de esa entidad d escentralizada departamental» y de las «medidas tomadas como [p]residente de la Junta Directiva durante este año, para que se tomen las previsiones legales y presupuestales correspondientes, por parte de la UAESA para el cumplimiento y pago de sentencia co ndenatorias en contra de esa entidad estatal». 19 de julio de 2024 Dar respuesta a las solicitudes de 3 de enero de 2024. 24 de septiembre de 2024 Reitera los peticionado el 3 de enero de 2024. 14 de noviembre de 2024 Dar trámite a sus solicitudes y que se le entregue las «[a]ctas [de la] Junta Directiva UAESA, año 2024» y de las «[g]estiones presupuestales y financieras adelantadas por la Junta Directiva de la UAESA, para cumplir con el pago tardío de todas esas sentencias condenatorias». […]Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No obstante, dentro del expediente no obra prueba de las contestaciones otorgadas a las solicitudes de 7 de mayo y 14 de noviembre de 2024. Por lo tanto, la Sala encuentra configurada la vulneración del derecho fundamental de petición, comoquiera que en el expediente no existe prueba de que la Gobernación de Arauca haya resuelto las mencionadas peticiones. […]

(ii) Ante la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA):

Fecha Solicitud 3 de enero de 2024 Dar una solución efectiva para el pago de los dineros. 6 de febrero de 2024 Responder la solicitud de 3 de enero de 2024. 21 de febrero de 2024 Responder las peticiones de 3 de enero y 6 de febrero de 2024. 7 de mayo de 2024 Remisión del «[d]ocumento en donde se refleje el resultado de la socialización del pasivo judicial ante el Consejo Directivo de la UAESA, el cual sería adelantado para el mes de marzo de este año» y las «[d]irectices conclusivas provenientes del anterior análisis». 22 de julio de 2024 Dar respuesta a las peticiones de 3 de enero y 7 de mayo de 2024. 24 de septiembre de 2024 Reitera la petición de intervención para consolidar los pagos que adeuda la UAESA. 15 de noviembre de 2024 Insiste en que se otorgue una contestación a su solicitud

de 2024. 24 de septiembre de 2024 Reitera la petición de intervención para consolidar los pagos que adeuda la UAESA. 15 de noviembre de 2024 Insiste en que se otorgue una contestación a su solicitud de pago y pide que se le entregue copia de las «[a]ctas de la Junta Directiva UAESA 2024», de las «[g]estiones presupuestales adelantadas indistintamente por la UAESA en el año 2024, direccionados al pago de sentencias condenatorias en contra de la UAESA», de la «[c]onstancia de no contar con disponibilidad presupuestal para pagar sentencias condenatorias […]», «del rubro presupuestal de la UAESA, destinado al pago de sentencias y conciliaciones desde el año 2009 hasta 2024» y del «[a]cto administrativo media nte el cual se regula el trámite interno para reconocimiento contable y pago de sentencias, conciliaciones, etc». […]

No obstante, se advierte que respecto de la solicitud de 7 de mayo de 2024 se configurada la vulneración del derecho fundamental de petición, teniendo en cuenta que no existe prueba en el expediente que permita colegir que esta fue contestada por la entidad accionada.

Ahora bien, en relación con la solicitud de 15 de noviembre de 2024, se observa que esta fue resuelta parcialmente, toda vez que, si bien le entregó copias de las actas del Consejo Directivo de la entidad y le explicó las razones por las cuales solo fue posible efectuar el pago de una sola condena en el periodo fiscal 2024, lo cierto es que no se pronunció respecto de los demás pedimentos de los actores, relacionados

del Consejo Directivo de la entidad y le explicó las razones por las cuales solo fue posible efectuar el pago de una sola condena en el periodo fiscal 2024, lo cierto es que no se pronunció respecto de los demás pedimentos de los actores, relacionados con la «[c]onstancia de no

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...