CE - Auto interlocutorio 11001031500020250017301

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020250017301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00173-01

Accionante: Jairo Albeiro Vega Rincón, y otros Accionado: Presidencia de la República de Colombia

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Incidente de desacato en tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00173-01

Accionante : Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de Sa n Martín (ASODEVO) y otros Accionado: Presidencia de la República de Colombia

AUTO QUE DA APERTURA A INCIDENTE DE DESACATO

El despacho resuelve sobre la solicitud de apertura de incidente de desacato propuesto por el señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros 1.

I. ANTECEDENTES

El señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la

(ASODEVO), y otros 1.

I. ANTECEDENTES

El señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, que consideraron vulnerados por la Presidencia de la República al no resolver la solicitud que radicaron el 13 de diciembre de 20242.

El asunto correspondió conocerlo, en primera instancia, a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en sentencia del 11 de febrero de 20253, amparó l os derechos fundamentales al debido proceso y de petición de los accionantes y ordenó, lo siguiente:

1 Jairo Albeiro Vega Rincón, Andrés Sierra, Luz Senith Romero Quintero, Andrés Sierra Romero, Wilson Sierra Romero, Yenny Sierra Romero, José Leobanis Palomino Bermúdez, Helida Castillo Carrero, Eliana Patricia Palomino Castillo, Luis Ángel Palomino Castillo, José Leonardo Palomino Castillo, Elda Carrero, Luisa Fernanda Martínez Carrero, Ana Isabel Martínez Carrero, Esperanza Martínez Carrero, Luis Alberto Martínez Carrero, Luis José Suárez, Luisa Fernanda Suárez Delgado, Abdón López Galvis, Álvaro López Galvis, Luis Hernando López Galvis, Wilmer Enrique López Galvis, Ana Dolores López Galvis, Jesús David López Galvis, Nancy Yolanda López Galvis, Liliana Patricia López Galvis, Sandra Milena López Galvis, Deyanira Rodríguez Quintero, Dubán

Galvis, Wilmer Enrique López Galvis, Ana Dolores López Galvis, Jesús David López Galvis, Nancy Yolanda López Galvis, Liliana Patricia López Galvis, Sandra Milena López Galvis, Deyanira Rodríguez Quintero, Dubán Armando Arias Mantilla, Margarita Pérez López, Rosa Elena López Galvis, V iviana Andrea López, María Gloria Pérez Rodríguez, Pedro María Plata, María del Rosario Arias Pabón, Jahir Plata Arias, Faustino Franco Sanguino, Marlon Yesid Franco Acuña, José Antonio Carrillo Ortega, María del Carmen Balaguera Gómez, Pedro Jesús Carrillo Balaguera, Alexander Carrillo Balaguera y Erika Julieth Carrillo Balaguera. 2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 2. 3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 19.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00173-01

Accionante: Jairo Albeiro Vega Rincón, y otros Accionado: Presidencia de la República de Colombia

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ORDENAR a la Presidencia de la República que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de forma clara, precisa y de fondo la petición del 13 de diciembre de 2024.

TERCERO: EXHORTAR a la Presidencia de la República para que, en su página web, indique de manera clara y precisa el tamaño y tipo de documentos que soporta

de forma clara, precisa y de fondo la petición del 13 de diciembre de 2024.

TERCERO: EXHORTAR a la Presidencia de la República para que, en su página web, indique de manera clara y precisa el tamaño y tipo de documentos que soporta el correo electrónico que recepciona las solicitudes de los usuarios.

La parte tutelante presentó memorial el 7 de abril de 202 54, en el que solicitó la apertura del trámite incidental, toda vez que, «el señor [p]residente de la República de Colombia, no ha dado cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela».

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República rindió informe de cumplimiento el día 8 de abril de 2024 5 a través del cual manifestó que mediante Oficio núm. MEM25-00013565 / GFPU 14000001 del 4 de abril de 2025 dio respuesta a los accionantes en la que les comunicó que la entidad encargada de cumplir la orden de tutela es la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Aseguró que la respuesta la envió al correo litos1207@hotmail.com; no obstante, no remitió constancia de tal actuación.

Por lo anterior, el despacho ponente, mediante auto del 9 de abril de 20256, requirió a la Presidencia de la República de Colombia , para que acreditara el cumplimiento de la sentencia del 11 de febrero de 2025.

La Presidencia de la República de Colombia, mediante memorial radicado el día 29 de abril de la presente anualidad 7, reiteró el memorial aportado el día 8 de abril de 2024.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Incidente de desacato

de abril de la presente anualidad 7, reiteró el memorial aportado el día 8 de abril de 2024.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Incidente de desacato

Conforme lo establece el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, es obligación del juez emitir un fallo que debe contener:

1. La identificación del solicitante.

2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración.

3. La determinación del derecho tutelado.

4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela.

5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de 48 horas.

6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso concreto.

Ahora, cuando se configura el incumplimiento de un fallo de tutela, el artículo 27 indica que «el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo

4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 23. 5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 25. 6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-01, índice 4.

5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 25. 6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-01, índice 4. 7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00173-01, índice 10.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00173-01

Accionante: Jairo Albeiro Vega Rincón, y otros Accionado: Presidencia de la República de Colombia

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia».

En igual sentido, el artículo 52 de esa misma normativa establec e que «la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio d e las sanciones penales a que hubiere lugar».

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional indicó que es un mecanismo procesal que puede conducir a la imposición de una sanción a quien

hubiere lugar».

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional indicó que es un mecanismo procesal que puede conducir a la imposición de una sanción a quien incumple la orden, por ello la autoridad debe verificar:

(i) A quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia y, de ser el caso, (v) cuáles fueron las razones por las que la persona accionada no obedeció lo ordenado dentro del proceso.

12. Ahora bien, el funcionario competente para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo de amparo y para adoptar las medidas necesarias a fin de asegurar el restablecimiento de los derechos comprometidos, es el juez de primera instancia dentro del proceso de tutela, aun cuando se haya surtido el trámite de revisión ante la Corte Constitucional. A su vez, es el competente para decidir sobre el incidente de desacato que se tramite. Según la jurisprudencia de la Corte, esto “(i) obedece a una interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991; (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales; (iii) está en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela; y (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en la que consiste el grado jurisdiccional de consulta”8.

Conforme a lo expuesto, el accionante se encuentra frente a dos escenarios : el cumplimiento de la sentencia o el incidente de desacato . Cualquiera de los dos es

el grado jurisdiccional de consulta”8.

Conforme a lo expuesto, el accionante se encuentra frente a dos escenarios : el cumplimiento de la sentencia o el incidente de desacato . Cualquiera de los dos es válido para asegurar el cumplimiento del fallo y el goce de los derechos fundamentales reconocidos por este . Ahora, si el juez constitucional verifica que la sentencia se cumplió en su totalidad, puede dar por terminado el incidente.

2.2 Caso Concreto

El señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros presentaron una solicitud de apertura del incidente de desacato al considerar que la entidad accionada no había dado cumplimiento a la sentencia del 11 de febrero de 2025. En dicha providencia se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de petición y se ordenó a la Presidencia de la República de Colombia : i) resolver la petición radicada el 13 de diciembre de 2024; e, ii) informar en su págin a web el

8 Corte Constitucional, auto A2048 de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00173-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tamaño y tipo de documentos que soporta el correo electrónico de recepción de solicitudes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tamaño y tipo de documentos que soporta el correo electrónico de recepción de solicitudes.

Revisadas las pruebas aportadas al expediente, la Sala observa que la entidad accionada dio cumplimiento parcial al fallo de tutela , dado que, si bien elaboró una respuesta cuya copia adjuntó al presente trámite, no remitió la constancia de notificación de esta a los interesados.

En consecuencia, no existe certeza del cumplimiento de la orden contenida en el fallo del 11 de febrero de 2025 y, por lo tanto, es procedente dar inicio al trámite incidental de desacato.

En mérito de lo expuesto, este despacho de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE

PRIMERO: DAR APERTURA al incidente de desacato promovido por el señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros 9 por el incumplimiento de la orden impartida por esta corporación el 11 de febrero de 2025 , por parte de la Presidencia de la República de Colombia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término de tres (3) días a la Presidencia de la República de Colombia, para que ejerzan su derecho de defensa.

CUARTO: MANTENER el expediente de la referencia en la Secretaría General hasta

TERCERO: CORRER TRASLADO por el término de tres (3) días a la Presidencia de la República de Colombia, para que ejerzan su derecho de defensa.

CUARTO: MANTENER el expediente de la referencia en la Secretaría General hasta que se alleguen las pruebas, requerimientos realizados y se cumplan los respectivos plazos, lapso durante el cual se suspenderán los términos del incidente de desacato.

Notifíquese y cúmplase

(Firmado electrónicamente)

ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Magistrada

AC/SEJV

9 Jairo Albeiro Vega Rincón, Andrés Sierra, Luz Senith Romero Quintero, Andrés Sierra Romero, Wilson Sierra Romero, Yenny Sierra Romero, José Leobanis Palomino Bermúdez, Helida Castillo Carrero, Eliana Patricia Palomino Castillo, Luis Ángel Palomino Castillo, José Leonardo Palomino Castillo, Elda Carrero, Luisa Fernanda Martínez Carrero, Ana Isabel Martínez Carrero, Esperanza Martínez Carrero, Luis Alberto Martínez Carrero, Luis José Suárez, Luisa Fernanda Suárez Delgado, Abdón López Galvis, Álvaro López Galvis, Luis Hernando López Galvis, Wilmer Enrique López Galvis, Ana Dolores López Galvis, Jesús David López Galvis, Nancy Yolanda López Galvis, Liliana Patricia López Galvis, Sandra Milena López Galvis, Deyanira Rodríguez Quintero, Dubán Armando Arias Mantilla, Margarita Pérez López, Rosa Elena López Galvis, Viviana Andrea López, María Gloria Pérez Rodríguez, Pedro María Plata, María del Rosario Arias Pabón, Jahir Plata Arias, Faustino Franco

Armando Arias Mantilla, Margarita Pérez López, Rosa Elena López Galvis, Viviana Andrea López, María Gloria Pérez Rodríguez, Pedro María Plata, María del Rosario Arias Pabón, Jahir Plata Arias, Faustino Franco Sanguino, Marlon Yesid Franco Acuña, José Antonio Carrillo Ortega, María del Carmen Balaguera Gómez, Pedro Jesús Carrillo Balaguera, Alexander Carrillo Balaguera y Erika Julieth Carrillo Balaguera.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00173-01

Accionante: Jairo Albeiro Vega Rincón, y otros Accionado: Presidencia de la República de Colombia

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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