CE - Auto interlocutorio 11001031500020250135500

Consejo de Estado

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Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020250135500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 8 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

Demandado: Presidencia de la República

Naturaleza: Acción de tutela. Auto

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Nulidad procesal por falta de vinculación y notificación del auto admisorio – Niega | Impugnación y otras solicitudes (c oadyuvancia, i ntervención, a cceso al expediente – se conceden algunas).

De conformidad con la competencia asignada 1, procede el despacho a resolver las solicitudes de nulidad, impugnaciones y otras solicitudes relacionadas con el proceso de la referencia y con la Sentencia de 11 de abril de 2025, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado por María Cristina Cuéllar Cárdenas2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Trámite de la acción de tutela. 1.2. Solicitudes de nulidad. 1.3.

Impugnaciones. 1.4. Otras solicitudes.

1.1. Trámite de la acción de tutela

Contenido: 1.1. Trámite de la acción de tutela. 1.2. Solicitudes de nulidad. 1.3.

Impugnaciones. 1.4. Otras solicitudes.

1.1. Trámite de la acción de tutela

1. María Cristina Cuéllar Cárdenas presentó una acción de tutela contra la Presidencia de la República, por la presunta vulneración de su derecho a la información, con ocasión de las transmisiones de los consejos de ministros a través de canales privados de televisión.

2. En Auto de 12 de marzo de 2025 3, el despacho resolvió (1) avocar conocimiento de la acción de tutela presentada por María Cristina Cuéllar

1 Artículo 15 del Decreto 2591 de 1991, artículo 4 del Decreto 306 de 1992, artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 y artículo 35 del Código General del Proceso. Este último dispone “Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión”. 2 El expediente ingresó al despacho el 5 de mayo de 2025, según consta en el índice 94 de SAMAI. 3 Notificado mediante mensaje de datos enviado el 13 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

Demandado: Presidencia de la República

Naturaleza: Acción de tutela. Auto

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

Demandado: Presidencia de la República Naturaleza: Acción de tutela. Auto ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 17 Cárdenas4, (2) admitir la acción de tutela de la referencia, (3) tener como demandada a la Presidencia de la República y (4) vincular al Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno, como terceros con interés en el asunto.

3. Mediante Sentencia de 11 de abril de 20255, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado, tras encontrar que, con las transmisiones de los consejos de ministros, se vulneró el derecho fundamental a la información de María Cristina Cuéllar Cárdenas, razón por la cual se ordenó al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la CRC que no se transmitieran las sesiones del comentado cuerpo consultivo a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

1.2. Solicitudes de nulidad

1.2.1. Del Presidente de la República

4. El 21 de abril de 2025 6, Sneither Efraín Cifuentes Chaparro, secretario jurídico (e) de la Presidencia de la República, en representación del Presidente de la República, presentó un memorial en el que solicitó la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la tutela, luego de señalar que dicha providencia fue proferida en contra de su representado, sin, que a su juicio, se le hubiera notificado debidamente, por lo que se habrían

nulidad de todo lo actuado en el trámite de la tutela, luego de señalar que dicha providencia fue proferida en contra de su representado, sin, que a su juicio, se le hubiera notificado debidamente, por lo que se habrían desconocido las garantías de defensa y contradicción , derivadas del derecho fundamental al debido proceso. Agregó que el DAPRE y el Presidente de la República son sujetos procesales distintos, de manera que, al no haberse notificado la acción de tutela a este último , se ignoró que el Presidente de la República no actúa en nombre o representación legal ni judicial de ninguna entidad, sino que se trata de la autoridad de mayor jerarquía dentro de la Rama Ejecutiva del poder público7.

5. El 23 de abril de 2025 8, la Secretaría General del Consejo de Estado fijó en lista la solicitud de nulidad formulada por el secretario jurídico (e) de la Presidencia de la República, en representación del Presidente de la República, y corrió traslado de esta por el término de 3 días.

4 En atención a la remisión que efectuó el Juzgado Promiscuo de Calima, Valle del Cauca, mediante Auto de 5 de marzo de 2025, tras establecer que como la accionada era la Presidencia de la República, el conocimiento de la solicitud de amparo recaía en esta Corporación. 5 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 11 de abril de 2025. 6 Índices 47 y 49 de SAMAI. 7 Índice 54 de SAMAI. El 22 de abril de 2025, previo a que se corriera traslado de la nulidad, Diego Alberto Villanueva Polo manifestó su desacuerdo con la solicitud de nulidad presentada por el Presidente de la República

7 Índice 54 de SAMAI. El 22 de abril de 2025, previo a que se corriera traslado de la nulidad, Diego Alberto Villanueva Polo manifestó su desacuerdo con la solicitud de nulidad presentada por el Presidente de la República porque, más que alegar una indebida notificación del auto admisorio de la acción de tutela, sus argumentos se centraron en alegar una supuesta censura y para eso podía acudir a la impugnación de la sentencia. 8 Índice 55 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

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6. El 25 de abril de 20259, María Cristina Cuéllar Cárdenas manifestó que la acción de tutela no se dirigió contra el señor Gustavo Petro Urrego, como persona natural, sino contra el Presidente de la República, como funcionario público, y que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que lo representaba para efectos de la presente acción de tutela, la conoció oportunamente a través del correo electrónico remitido el 13 de marzo de

2025. Agregó que, en todo caso, el Presidente de la República tuvo conocimiento efectivo de la acción de tutela por el mensaje que publicó a través de la red social “X”, el 27 de marzo de 2025, a las 10:16 a.m., donde invitó a expertos jurídicos nacionales e internacionales a estudiar y expresarse sobre la acción de tutela.

7. Señaló que , en el expediente , había constancia de que el

invitó a expertos jurídicos nacionales e internacionales a estudiar y expresarse sobre la acción de tutela.

7. Señaló que , en el expediente , había constancia de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República respondió la acción de tutela, no una, sino dos veces, a través de la abogada Carolina Jiménez Bellicia, quien afirmó actuar en virtud de la Resolución Interna No.

SJ 02 de 3 de mayo de 2023 de la Presidencia de la República e hizo alusión al Presidente de la República, por las actuaciones desplegadas en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. Puntualizó que, en el escrito de contestación, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se refirió indistintamente al Presidente y a la Presidencia de la República, porque tenía la facultad de representar los intereses de ambos.

8. El 28 de abril de 2025, Caracol Televisión SA presentó un memorial en el que manifestó que debía negarse la solicitud de nulidad en razón a que las órdenes para las trasmisiones de las alocuciones del Presidente de la República son impartidas a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el cual fue notificado y actuó de manera oportuna, oponiéndose a la prosperidad de la solicitud de amparo.

1.2.2. De la Comisión de Regulación de Comunicaciones

9. El 23 de abril de 2025 10, la CRC también presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado porque, en su criterio, se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso , por no habérsele notificado la acción de

9. El 23 de abril de 2025 10, la CRC también presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado porque, en su criterio, se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso , por no habérsele notificado la acción de tutela y , con ello, no haber podido defenderse y controvertir el amparo solicitado, lo que daba lugar a la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso.

10. Indicó que, el 1 de abril de 2025, con ocasión de la publicación de la providencia que admitió la tutela en la página web del Consejo de Estado y su posterior difusión en medios de comunicación, decidió intervenir en el proceso en calidad de amicus curiae , con el fin de ilustrar al despacho

9 Índice 81 de SAMAI. 10 Índice 61 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

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4 de 17 ponente sobre la figura de la alocución presidencial, el pluralismo informativo y sus competencias en relación con la materia.

11. Insistió, por tanto, que se declarara la nulidad de todo lo actuado por una indebida integración del contradictorio. Precisó que , a pesar de su intervención, no había podido ejercer oportunamente su derecho a la defensa, pues, intervino solamente por su rol de regulador único de las comunicaciones en Colombia , sin ser parte del proceso ni tener interés e injerencia directa en sus resultados.

intervención, no había podido ejercer oportunamente su derecho a la defensa, pues, intervino solamente por su rol de regulador único de las comunicaciones en Colombia , sin ser parte del proceso ni tener interés e injerencia directa en sus resultados.

12. El 24 de abril de 2025 11, la Secretaría General del Consejo de Estado fijó en lista la solicitud de nulidad formulada por la CRC y corrió traslado de esta, por el término de 3 días.

13. El 25 de abril de 2025 12, María Cristina Cuéllar Cárdenas descorrió traslado, oponiéndose a la solicitud de nulidad presentada por la CRC, tras advertir que este organismo sí tuvo conocimiento de la acción de tutela porque en el escrito allegado al proceso manifestó que intervenía con el propósito de abordar la figura de la alocución presidencial, sus competencias en relación con la materia y los alcances del pluralismo informativo, que eran asuntos estrechamente ligados con el objeto de la tutela.

14. Indicó que, de acuerdo con los artículos 134, 135, 136 y 137 del CGP, la nulidad alegada quedó subsanada o convalidada cuando la CRC decidió intervenir en el proceso, sin alegar a tiempo la causal específica.

Según ella, este argumento se reforzó con el hecho de haber presentado ya un escrito de impugnación en el que manifestó su inconformidad con la decisión adoptada.

1.2.3. De otros sujetos

15. El 23 de abril de 2025 13, Alejandro Álvarez López y Carlos Alberto Schmalbach Silva presentaron unos memoriales con el asunto “impugnación”, en los que pusieron de presente que no se vinculó al

15. El 23 de abril de 2025 13, Alejandro Álvarez López y Carlos Alberto Schmalbach Silva presentaron unos memoriales con el asunto “impugnación”, en los que pusieron de presente que no se vinculó al constituyente primario en el trámite de la tutela, la accionante no presentó previamente su reclamo en ejercicio del derecho de petición y tampoco acreditó ser un sujeto de especial protección constitucional, razón por la cual solicitaron que se declarara improcedente la tutela y , subsidiariamente, la nulidad de todo lo actuado. El 24 de abril de 2025 14, la Secretaría General del Consejo de Estado fijó en lista esas solicitudes.

11 Índice 68 de SAMAI. 12 Índice 84 de SAMAI. 13 Índices 59,60 y 64 de SAMAI. 14 Índices 66 y 67 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

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16. Ese mismo día15, Franco Jesús Trujillo Valverde solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela y la nulidad de todo lo actuado, en la medida que no se vinculó a toda la ciudadanía que se vería afectada con la decisión. El 28 de abril de 2025 16, la Secretaría General del Consejo de Estado fijó en lista esa solicitud, y corrió traslado por el término de 3 días.

1.3. Impugnaciones

1.3.1. De la Presidencia de la República

Estado fijó en lista esa solicitud, y corrió traslado por el término de 3 días.

1.3. Impugnaciones

1.3.1. De la Presidencia de la República

17. El 25 de abril de 2025 17, la Presidencia de la República impugnó la Sentencia de 11 de abril de 2025, bajo el argumento de que la parte actora no acreditó un daño específico e individualizado, la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, se desnaturalizó el efecto inter partes de la acción de tutela, no se analizó el contenido de las alocuciones presidenciales, se malinterpretó el pluralismo informativo, se aplicó indebidamente el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 y se ignoró que los canales regionales y locales no son operadores de televisión abierta. Por último, y de manera subsidiaria, pidió que se revocara parcialmente la sentencia en el sentido de modificar la orden impartida en el numeral quinto de su parte resolutiva, para que se incluyeran los canales regionales y locales como medios habilitados para hacer las transmisiones de los consejos de ministros, en consideración a su naturaleza pública.

1.3.2. De la CRC

18. El 23 de abril de 202 518, la CRC presentó escrito de impugnación contra la sentencia en el que indicó que se le dio una orden, a pesar de que su intervención en el trámite de la tutela se limitó a la figura de amicus curiae y no como parte o tercera interesada y que, de todas formas, no podía dar cumplimiento a la orden impartida por carecer de competencia para decidir si transmitía , o no , las alocuciones presidenciales, definir su

curiae y no como parte o tercera interesada y que, de todas formas, no podía dar cumplimiento a la orden impartida por carecer de competencia para decidir si transmitía , o no , las alocuciones presidenciales, definir su contenido y el momento en el que se transmitirían, ya que se trataba de una facultad directamente otorgada por el ordenamiento jurídico al Presidente de la República, de manera que no había lugar a endilgarle una vulneración del derecho fundamental a la información de la parte actora.

1.3.3. De otros sujetos

15 Índice 76 de SAMAI. 16 Índice 83 de SAMAI. 17 Índices 82, 85 y 88 de SAMAI. 18 Índice 65 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

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19. Los señores William Darío Villamizar Lasso19, Jesús David Vallejo Ruíz 20, David Cardona21, Luis Hernán Montalvo22 y Víctor Ardila23 presentaron unos escritos con el fin de manifestar su inconformidad con la acción de tutela y su intención de impugnar la Sentencia de 11 de abril de 2025. Por otra parte, los memoriales presentados por Alejandro Álvarez López, Carlos Alberto Schmalbach Silva y Franco Jesús Trujillo Valverde, que ya fueron analizados anteriormente, deben, asimismo, incluirse en este acápite, comoquiera que el asunto de sus escritos fue (se trascribe) “Impugnación Sentencia de primera instancia”.

1.4. Otras solicitudes

anteriormente, deben, asimismo, incluirse en este acápite, comoquiera que el asunto de sus escritos fue (se trascribe) “Impugnación Sentencia de primera instancia”.

1.4. Otras solicitudes

1.4.1. Solicitudes de coadyuvancia

20. El 21 de abril de 202524, James Fernández Cardozo presentó un escrito donde manifestó su intención de ser coadyuvante en la acción de tutela, ya que la orden impartida para garantizar el derecho a la información de la accionante fue desproporcionada y desconoció el interés general existente en las transmisiones de los consejos de ministros.

21. El 21 de abril de 202525, David Cardona indicó que estaba interesado en coadyuvar a la Presidencia de la República porque se omitió vincular al trámite de la acción de tutela a la población , en general y, con la orden dictada para amparar el derecho a la información de la parte actora, se desconoció la garantía del pluralismo informativo de los demás ciudadanos.

22. El 25 de abril de 2025 26, la Fundación para el Estado de Derecho allegó un memorial donde pidió que se le reconociera como coadyuvante de la parte actora y se diera trámite a un incidente de desacato en vista de que el Presidente de la República omitió dar cumplimiento a la orden impartida, con lo que desconocía un mandato judicial y ponía en riesgo la eficacia de los controles democráticos.

1.4.2. Solicitudes de intervención

23. El 21 de abril de 202527, Dagoberto Santoya Peña, en representación de la Asociación Departamental de Campesinos de Bolívar, solicitó que se

1.4.2. Solicitudes de intervención

23. El 21 de abril de 202527, Dagoberto Santoya Peña, en representación de la Asociación Departamental de Campesinos de Bolívar, solicitó que se revocara la Sentencia de 11 de abril de 2025 porque con la decisión adoptada se restringía la posibilidad de ver los consejos de ministros, con

19 Índice 46 de SAMAI. 20 Índice 48 de SAMAI. 21 Índice 53 de SAMAI. 22 Índice 57 de SAMAI. 23 Índices 96 y 97 de SAMAI. 24 Índice 52 de SAMAI. 25 Índice 53 de SAMAI. 26 Índices 86 y 87 de SAMAI. 27 Índice 51 y 75 de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

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7 de 17 ocasión de una supuesta injerencia de las clases políticas, y ocultaba la realidad del país.

24. El mismo día28, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un escrito mediante el cual solicitó que se le permitiera intervenir en el trámite de la tutela y se negara el amparo solicitado porque del derecho a la información no derivaba el derecho a no informarse y que, en lugar de desconocer el pluralismo informativo, el Presidente de la República estaba divulgando información de interés general que debía dar a conocer en el ejercicio de sus competencias.

1.4.3. Solicitud de acceso al expediente

lugar de desconocer el pluralismo informativo, el Presidente de la República estaba divulgando información de interés general que debía dar a conocer en el ejercicio de sus competencias.

1.4.3. Solicitud de acceso al expediente

25. El 24 de abril de 202529, Christian Fabián Contreras Méndez solicitó que se le permitiera acceder al expediente, toda vez que el objeto de la acción de tutela tenía trascendencia pública al versar sobre el poder presidencial y el derecho a la información30.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Solicitudes de nulidad. 2.2. Impugnaciones. 2. 3. Otras s olicitudes de coadyuvancia, intervención y acceso al expediente.

2.1. Solicitudes de nulidad

26. El artículo 4 del Decreto 306 de 1992 31 y el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 establecen que (se trascribe) “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho

Decreto”.

27. Con fundamento en las normas aludidas y ante la ausencia de norma sobre el régimen de nulidad aplicable en el trámite de tutela, habida cuenta de que el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 no lo contemplan, la Corte Constitucional ha aceptado la aplicación, por vía analógica32, de las causales de nulidad que se encuentran previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) - antes Código de

lo contemplan, la Corte Constitucional ha aceptado la aplicación, por vía analógica32, de las causales de nulidad que se encuentran previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) - antes Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de que se invaliden las irregularidades

28 Índice 58 de SAMAI. 29 Índice 74 de SAMAI. 30 Pamela Andrea Leiva, Magda Esperanza Piña Castro y Christian Fabián Contreras Méndez presentaron también solicitudes de acceso al expediente, pero fueron negadas por la Secretaría de la Corporación, tal como consta en los índices 69, 70 y 73 de SAMAI. 31 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991” 32 “Artículo 12 del Código General del Proceso. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

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8 de 17 o vicios que se presenten al interior de este y, en consecuencia, se garantice el derecho fundamental al debido proceso, siempre que dichas causales no resulten contrarias a los principios de celeridad y eficacia33.

28. En esa medida, el artículo 61 del CGP dispone, entre otros, que es obligación del juez notificar y dar traslado a quienes falten para integrar el

resulten contrarias a los principios de celeridad y eficacia33.

28. En esa medida, el artículo 61 del CGP dispone, entre otros, que es obligación del juez notificar y dar traslado a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. Por su parte, el n umeral 8 del artículo 133 del CGP, establece la causal de nulidad consistente en no practicar en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a quienes deban ser citados como partes o a cualquier otra persona o entidad que , de acuerdo con la ley, debió ser citado.

29. En relación con el deber del juez de tutela de integrar el contradictorio, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente (se

trascribe):

“2.3. Esta Corte ha sostenido que ‘el juez constitucional, como director del proceso, está obligado a -entre otras cargas - integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometida s en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico’. (…) 2.7. En conclusión, la indebida integración del contradictorio o la falta de notificación del proceso a personas que podrían resultar afectadas por la decisión genera una violación del debido proceso, una vulneración del derecho de defensa y una deficienci a de protección de los derechos

2.7. En conclusión, la indebida integración del contradictorio o la falta de notificación del proceso a personas que podrían resultar afectadas por la decisión genera una violación del debido proceso, una vulneración del derecho de defensa y una deficienci a de protección de los derechos fundamentales involucrados que deriva en la nulidad del proceso de tutela. Empero, a la luz del precedente constitucional dicha nulidad puede subsanarse de dos formas, la primera consiste en ordenar al juez de primera instan cia que rehaga la actuación judicial; la segunda, que la misma Corte disponga la integración del contradictorio, siempre y cuando las circunstancias especiales del caso concreto lo ameriten”34.

30. En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional fijó algunas reglas destinadas a decidir las solicitudes de nulidad en los procesos de acción de tutela35. Expuesto lo anterior y entendido que, en efecto, la falta de integración de contradictorio genera una violación del debido proceso, se revisará la situación de cada uno de los solicitantes.

31. (1) El 21 de abril de 2025, Sneither Efraín Cifuentes Chaparro, secretario jurídico ( e) de la Presidencia de la República, en representación del Presidente de la República, solicitó la nulidad de todo lo actuado, debido a que no se notificó en debida forma de la acción de tutela a su representado

33 Al respecto ver Autos 159 de 15 de marzo de 2018 y 553 de 23 de agosto de 2021.

34 Corte Constitucional, Auto 402 del 2015, en concordancia con los Autos 308 de 2007, 150 de 2008 y 065 de 2010. 35 Corte Constitucional, Auto 397 de 2018.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01355-00

Demandante: María Cristina Cuéllar Cárdenas

Demandado: Presidencia de la República Naturaleza: Acción de tutela. Auto ______________________________________________________________________________________________________________

9 de 17 y, por ende, no pudo oponerse oportunamente a las pretensiones formuladas por la parte actora. Señaló que el Presidente de la República y la Presidencia de la República (DAPRE) eran sujetos procesales distintos, y solamente se notificó a esta última.

32. De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial ya expuesto, el despacho estima que, en el caso concreto, no se estructuró la casual de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del CGP, toda vez que se vinculó al representante judicial del Presidente de la República, esto es, la Presidencia de la República (DAPRE) y, por lo tanto, los intereses del Presidente fueron debidamente representados y , contrario a lo afirmado, pudo ejercer, de manera efectiva, s us derechos a la defensa y a la contradicción.

33. En efecto, el auto admisorio de 12 de marzo de 2025, se tuvo como demandada a la Presidencia de la República y esta providencia junto con la acción de tutela y sus anexos se notificaron al correo electrónico

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, el 13 de marzo de 2025 36

demandada a la Presidencia de la República y esta providencia junto con la acción de tutela y sus anexos se notificaron al correo electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, el 13 de marzo de 2025 36 quien, además, contestó dentro del plazo otorgado para la acción de tutela.

34. Lo anterior demuestra que la Presidencia fue notificada en debida forma. Ahora, frente al argumento de que la Presidencia de la República

(DAPRE) es diferente al Presidente de la República y que, por ello , debió notificarse de manera particular a este último, el Despacho precisará que , a) Aunque, en efecto se trata de entes jurídicos diferentes, la representación judicial del segundo la tiene el primero y existen actos administrativos que así lo prevén, de manera expresa y, b) tanto en decisiones ordinarias como de tutela, esa representación se ha aceptado de manera pacífica.

35. a) N o se discute que el Presidente de la República y el DAPRE son sujetos distintos, sin embargo, el DAPRE, tiene la representación judicial del primero. Incluso, debe tenerse en cuenta que, e l secretario jurídico de la Presidencia de la República, en la solicitud misma de nulidad, puso de presente que actuaba en representación del Presidente de la República

36 Índice 7 de SAMAI: “a) Si la falta de notificación es del auto admisorio o de aquellas providencias diferentes a la sentencia, la nulidad tendrá carácter subsanable (arts. 133 y 136 del CGP). En estos casos, el juez de tutela deberá, antes de adoptar la sentencia, poner de p resente tal circunstancia a los interesados a efectos de que

la sentencia, la nulidad tendrá carácter subsanable (arts. 133 y 136 del CGP). En estos casos, el juez de tutela deberá, antes de adoptar la sentencia, poner de p resente tal circunstancia a los interesados a efectos de que estos decidan si alegan o no el respectivo defecto (art. 137 del CGP). b) Si la falta de notificación es de la sentencia de tutela –o de esta y del auto admisorio - la nulidad será insubsanable en tanto se tratará de un evento asimilable a la pretermisión de la instancia (art. 136, par. del CGP). En estos casos deberá rehacerse la etapa afectada de nulidad. c) Si en sede de revisión, la Corte constata que ha ocurrido una indebida notificación en las instancias deberá considerar diferentes variables: (i) si se trata del supuesto a) deberá anular la sentencia adoptada por el juez de tutela a efectos de que en la instancia que corresponda,

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