CE - Auto interlocutorio 11001031500020250254800

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020250254800
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02548-00

Accionante: Edgar Fabián Álvarez Urueña Accionados: Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y otros

Derechos: Debido proceso y libertad

Tema: Conflicto negativo de Competencia

ANTECEDENTES

El señor Edgar Fabián Álvarez Urueña instauró acción de tutela en contra de l Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, el Juzgado 8° de Ejecución de Penas de Bogotá y la Policía Nacional ; por reparto le correspondió al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal con radicado 11001 -22-04-000-2025-00673-00, quien en sentencia del 3 de marzo de 2025 declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

La decisión fue impugnada y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas núm. 3 en sentencia del 9 de abril de 2025 declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez de primera instancia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado por competencia; indicando que el Tribunal no se pronunció «sobre todos los cuestionamientos» y considerando que para ello, debía vincularse al trámite al Tribunal

todo lo actuado por el juez de primera instancia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado por competencia; indicando que el Tribunal no se pronunció «sobre todos los cuestionamientos» y considerando que para ello, debía vincularse al trámite al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal “pierde competencia”, de acuerdo con el numeral 5º del artículo 1º de Decreto 333 de 20211, que modificó el Decreto 1069 de 2015.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El fundamento expresado para rehusar la competencia es el artículo 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, mediante el cual se modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto

1 «(…) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».Radicado: 11001 03 15 000 2025-02548-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1069 de 2015, numeral 5º; sin tener en cuenta que la misma norma en el parágrafo 2 .° del artículo 12 dispone que «[l]as anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia».

Frente al tema, la Corte Constitucional ha sido reiterativa al expresar que, a menos que se haya hecho un reparto caprichoso de la solicitud de tutela, corresponde conocer de la

competencia».

Frente al tema, la Corte Constitucional ha sido reiterativa al expresar que, a menos que se haya hecho un reparto caprichoso de la solicitud de tutela, corresponde conocer de la misma, a aquel funcionario a quien le fue repartida inicialmente; teniendo en cuenta además que el reparto de las tutelas debe ser equitativo entre los diferentes despachos judiciales2.

En este sentido, ha sido claro el máximo Tribunal Constitucional al decir que las únicas normas de competencia son las que establece el Decreto 2591 de 1991 así:

«De conformidad con los Artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los Artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes; 3 (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz 4; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una

Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz 4; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia.5 Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para

2 Ver entre otros, Autos 124 de 2009, 142 de 2011, 175 de 2011, 224 de 2011. 3 Ver, por ejemplo, el Auto 493 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 4 El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas.” (Énfasis añadido). 5 De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y

5 De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico.” (Énfasis añadido). Véanse también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera y 496 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Radicado: 11001 03 15 000 2025-02548-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia6».

Tal fue la posición de la Corte al resolver los conflictos planteados en vigencia de los decretos 1069 de 2015, y 1983 de 2017, y así lo reiteró en el pronunciamiento citado, en vigor del Decreto 333 de 2021.

Es claro que el asunto que se debate en sede de tutela no es de aquellos exceptuados de la aplicación de la regla sobre conocimiento inmediato y obligado de la acción de tutela, sentado, tanto en las normas de competencia como en la jurisprudencia, en relación con los cuales ha concluido la Corte:

«En este contexto, considerando que las disposiciones del mencionado

tutela, sentado, tanto en las normas de competencia como en la jurisprudencia, en relación con los cuales ha concluido la Corte:

«En este contexto, considerando que las disposiciones del mencionado decreto reglamentario no son presupuesto para que un juez se aparte del conocimiento de un asunto, este Tribunal ha expresado que "en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales».7

El accionante dentro de los hechos de su solicitud menciona que, debido a que el Juzgado de Ejecución de Penas le negó la prescripción de la pena. interpuso «una acción de HABEAS CORPUS, hasta la fecha 20 de febrero de 2025, solo sé, por parte de mi apoderado que se me negó el amparo, pues los CUSTODIOS de la ESTACIÒN 4 SAN CRISTOBAL DE BOGOTA. No me han entregado copias de la decisión » (negrillas fuera de texto); lo que significa que no tiene reparos contra la decisión de hábeas Corpus y ni siquiera contra el Tribunal Administrativo que la adoptó, por lo que no hay lugar a su vinculación.

6 Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 157 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo;

007 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 028 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delga do; 052 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 059 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 059A de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 061 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; 063 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 064 de 2017. M.P. María V ictoria Calle Correa; 066 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 067 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 072 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 086 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 087 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 1 06 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; 152 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 171 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 197 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 332 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 325 de 2018. M.P. D iana Fajardo Rivera; y 242 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. Debido a ello, el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.” 7 CORTE CONSTITUCIONAL AUTO 495 DE 2019 Referencia: Exp ICC -3727 Conflicto de competencia entre el

rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.” 7 CORTE CONSTITUCIONAL AUTO 495 DE 2019 Referencia: Exp ICC -3727 Conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo Municipal de El Bagre (Antioquia) y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. Magistrado Sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO 3 de septiembre de 2019; entre muchos otros.Radicado: 11001 03 15 000 2025-02548-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En gracia de discusión, si hubiera que vincular al Tribunal Administrativo, no varía la competencia, porque la solicitud de tutela se encamina contra la s actuaciones de la jurisdicción penal.

se discute la actuación de los juzgados 44 del Circuito de Conocimiento y 8° de Ejecución de Penas de Bogotá, dentro del proceso penal 11001-60-000-15-2015-09114-00, por no declarar la prescripción de la pena y, en cambio, emitir orden de captur a; además, se refiere a la no entrega de un expediente al abogado.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

Primero: No asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones precedentes.

Segundo: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para que dirima el conflicto de competencia aquí planteado; previa notificación a los interesados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Segundo: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para que dirima el conflicto de competencia aquí planteado; previa notificación a los interesados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado

HAPC

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