CE - Auto interlocutorio 11001031500020250256500
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001031500020250256500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-02565-00 Accionante: GLORIA MARÍA ROJAS DE NEIVA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA AUTO QUE ADMITE TUTELA Y NIEGA MEDIDA PROVISIONAL 1. Se decide sobre la admisión de la acción de tutela1 presentada por la señora Gloria María Rojas de Neiva, actuando a través de apoderado2, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna, ocurrida dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-026-2018-00463-00/01. 2. De acuerdo con lo afirmado en el escrito de tutela, la actora, en calidad de cónyuge supérstite del señor Luis Alfredo Neiva Gutiérrez (Q.E.P.D), solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la sustitución pensional y su respectivo retroactivo, en tanto cumplía los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, sin embargo, dicha petición fue negada por no convivir con el causante durante los últimos cinco años anteriores al fallecimiento, el cual era requisito indispensable de la Ley 797 de 2003. 3. Afirma la accionante que instauró la correspondiente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
petición fue negada por no convivir con el causante durante los últimos cinco años anteriores al fallecimiento, el cual era requisito indispensable de la Ley 797 de 2003. 3. Afirma la accionante que instauró la correspondiente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se reconociera su derecho al pago del retroactivo pensional desde la fecha en la que surgió la obligación. El asunto correspondió al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá que negó las pretensiones de la demanda, decisión que, en segunda instancia, fue conocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B que revocó lo fallado respecto del derecho a sustituir la pensión del causante pero negó el reconocimiento del retroactivo pensional, pese a que, según indica, existía un precedente vinculante de la Corte Constitucional que dispone que debe ser reconocido desde la fecha en el que se cumple el supuesto legal.
1 Obra en certificado AB6B1BC365928D72 4B72294096508AD1 54C707617B5C4104 4BA78F35F6416ACC, índice 2, en el expediente de tutela digital. 2 Obra en certificado 05632BD98BE43F4F 5B6F53136E2B0496 563DA9BBBB872E2A BEFB8CC15BEB6EA3, índice 2, en el expediente de tutela digital.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02565-00 Accionante: Gloria María Rojas de Neiva Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela 2
4. Adicional a ello, en el escrito de tutela, a título de medida provisional, solicitó lo siguiente: “Dado que la UGPP, luego de transcurridos cinco (5) meses no ha dado cumplimiento a la sentencia de fecha: 06-11-2024, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, y ante la permanencia del perjuicio irremediable, respetuosamente, solicito que se decrete como medida provisional la inclusión en nómina de la accionante, el cumplimiento inmediato de dicha providencia y el pago inmediato del retroactivo pensional reclamado, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela”. (Subrayado dentro del texto) 5. El 5 de mayo de 2025, por conducto de la Secretaría General del Consejo de Estado, el expediente pasó al despacho del magistrado sustanciador para resolver sobre la admisión del asunto3. CONSIDERACIONES 6. Esta Subsección es competente para conocer y fallar la presente solicitud de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política4, 375 del Decreto Ley 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado por el cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 7. Así mismo, el despacho encuentra que se reúnen los requisitos de forma exigidos en el artículo 14 del Decreto Ley 2591 de 1991 y procede a admitir la acción de tutela de la referencia. 8. El artículo 7° del Decreto 2591 de 19916, faculta a
los jueces de tutela para decretar medidas provisionales cuando se advierta la urgencia y la necesidad de intervenir, transitoriamente, con el fin de precaver que (i) se violen derechos fundamentales de manera irreversible o (ii) se ocasiones graves e irreparables daños, especialmente al interés público. 9. Inicialmente, la Corte formuló cinco requisitos que el juez de tutela debía satisfacer para aplicar el artículo 7 del Decreto 2591 de 19917. No obstante, la Sala 3 Ver índice 3 de samai. 4 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que [e]stos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”. 5 “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”. 6 “Artículo 7o. Medidas Provisionales para Proteger un Derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. (...)”. 7 Auto 241 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. “(i) Que estén encaminadas a proteger un derecho fundamental, evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, con el fin de garantizarRadicación: 11001-03-15-000-2025-02565-00 Accionante: Gloria María Rojas de Neiva Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela
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Plena de la Corte Constitucional reinterpretó dichos requisitos y los sintetizó en tres exigencias básicas para que la adopción de las medidas provisionales prospere: “(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris). (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo trascurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora). (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente”8. 10. El primer requisito exige un estándar de veracidad mínimo a la afectación del derecho o a la protección del interés público. Al referirse a este presupuesto, la Corte ha precisado que, aunque en la fase de admisibilidad de la tutela no se espera un nivel total de certeza sobre el derecho en disputa, sí es necesario que los hechos alegados en el expediente estén soportados y fundados en apreciaciones jurídicas razonables. 11. El segundo presupuesto requiere que, al no adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor al expuesto en la demanda que haga tardía una decisión definitiva. Tiene que ver “con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”9. 12. La ausencia del anterior presupuesto (periculum in mora) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (fumus bonis iuris), ya que la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de
del proceso”9. 12. La ausencia del anterior presupuesto (periculum in mora) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (fumus bonis iuris), ya que la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión10. 13. El último requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte Constitucional ha precisado que “si bien en la fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, que la decisión definitiva no resulte inocua o superflua por la consumación de un daño. (…). (ii) Que se esté en presencia de un perjuicio irremediable por su gravedad e inminencia, de manera que se requieran medidas urgentes e impostergables para evitarlo. (…). (iii) Que exista certeza respecto de la existencia de la amenaza del perjuicio irremediable. (…). (iv) Que exista conexidad entre la medida provisional y la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. (…). (v) Que la medida provisional se adopte solamente para el caso concreto objeto de revisión. Si bien es cierto que en el trámite de revisión de tutela la Corte ha suspendido excepcionalmente los efectos de fallos de jueces de instancia, también lo es que lo ha ordenado sólo frente a las particularidades de cada asunto.” 8 Auto 312 de 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 Sentencia SU-913 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 10 Auto 259 de 2021. MP. Diana Fajardo Rivera.Radicación:
sólo frente a las particularidades de cada asunto.” 8 Auto 312 de 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 Sentencia SU-913 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 10 Auto 259 de 2021. MP. Diana Fajardo Rivera.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02565-00 Accionante: Gloria María Rojas de Neiva Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela
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ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”11. 14. Con fundamento en las reglas expuestas anteriormente, este despacho no encuentra elementos de juicio suficientes que permitan inferir, siquiera de manera sumaria, la apariencia de buen derecho ni la existencia de un riesgo probable que justifique la adopción de una medida urgente para la protección de los derechos fundamentales invocados, en función del tiempo transcurrido durante el trámite de la acción de tutela. 15. En efecto, aunque la parte actora sostiene que ha transcurrido cinco (5) meses sin que se haya dado cumplimiento a la sentencia proferida dentro del proceso ordinario, lo cierto es que, a partir del material probatorio allegado con la demanda12, no es posible establecer que haya radicado solicitud de cumplimiento ante la UGPP. Tal gestión era necesaria para acreditar sumariamente la presunta omisión de la autoridad administrativa en la inclusión de la señora Rojas de Neiva en la nómina de pensionados, conforme lo dispuso el tribunal accionado en la sentencia objeto de tutela. Adicionalmente, este despacho considera que la medida provisional solicitada, al menos en esta etapa procesal de admisibilidad, no guarda una relación directa con el núcleo del debate constitucional propuesto en la demanda, centrado en la procedencia del reconocimiento y pago del retroactivo pensional. 16. En consecuencia, al no demostrarse un riesgo probable que amenace los derechos fundamentales alegados durante el tiempo que demande la tramitación de esta acción, no es procedente dictar una medida provisional. Ello, además, por cuanto el presente escenario procesal no está destinado a resolver de fondo las controversias planteadas en la demanda. En consecuencia, se RESUELVE PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por la señora la señora Gloria María Rojas de Neiva
medida provisional. Ello, además, por cuanto el presente escenario procesal no está destinado a resolver de fondo las controversias planteadas en la demanda. En consecuencia, se RESUELVE PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por la señora la señora Gloria María Rojas de Neiva en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B. SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO:NOTIFICAR mediante oficio a la parte accionada para que dentro del término de dos (2) días, contados a partir de su recibo ejerza su derecho de defensa. Asimismo, NOTIFICAR a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 11 Ibidem. 12 Copia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; sentencia de primera instancia y segunda instancia del proceso con radicado 11001-33-35-026-2018-00463-00/01; copia del poder conferido; Copia del registro civil de matrimonio o documento que acredita la calidad de cónyuge supérstite; Copia de la Resolución RDP 030720 del 31 de julio de 2017 expedida por la UGPP.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02565-00 Accionante: Gloria María Rojas de Neiva Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela
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CUARTO: VINCULAR, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección (UGPP) y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-026-2018-00463-00/01 como terceros con interés en las resultas del proceso, para que dentro del término de dos (2) días contados a partir de su recibo se pronuncie sobre el contenido de la acción de amparo. Adicional a ello, VINCULAR a la señora Astrid Lorena Neiva Jiménez13 como tercera con interés, para que, de considerarlo necesario, intervenga en la acción de la referencia. Para efectos de la notificación, COMISIONAR al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., para que, por su conducto, proceda a la notificación de dicho sujeto procesal por el medio que resulte más expedito. Por Secretaría General, LIBRAR el oficio correspondiente dirigido al Juzgado quien deberá allegar, en un plazo máximo de dos días contados a partir de la notificación de esta providencia, prueba documental que acredite el cumplimiento de lo ordenado. QUINTO: ORDENAR al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., que, en el término máximo de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación, remita en calidad de préstamo y en medio digital el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 11001-33-35-026-2018-00463-00/01. SEXTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Carlos Alfonso Méndez Manrique con tarjeta profesional núm. 76.165 del C.S.J., para
derecho identificado con el número de radicación 11001-33-35-026-2018-00463-00/01. SEXTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Carlos Alfonso Méndez Manrique con tarjeta profesional núm. 76.165 del C.S.J., para que actúe en la presente acción, en los términos del poder conferido. SÉPTIMO: SUSPENDER los términos del presente asunto desde el 6 de mayo de 2025, inclusive, hasta que reingrese el expediente al despacho. OCTAVO: TENER como pruebas las arrimadas con la solicitud de amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
13 Se advierte que en el proceso ordinario fue notificada por correo electrónico a través de su madre Sara Jiménez.
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.