CE - Auto interlocutorio 11001032400020200036100
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032400020200036100
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00361-00
Demandante: Jesús Marino Ospina Mena Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de
Energía y Gas
Asunto: Resuelve la solicitud de medida cautelar
AUTO INTERLOCUTORIO
Este Despacho procede a resolver sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 063 de 2019, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Jesús Marino Ospina Mena , en adelante la parte demandante, present ó demanda contra la Nación - Ministerio de Minas y Energía – Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad1, para que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos: i) el numeral 5.2. del anexo general de la Resolución 015 de 3 de febrero de 20182, por medio del cual se estableció el sistema de medición de calidad del Servicio en Sistemas de Distribución Local (SDL) dentro de la actividad de distribución de energía
- el numeral 5.2. del anexo general de la Resolución 015 de 3 de febrero de 20182, por medio del cual se estableció el sistema de medición de calidad del Servicio en Sistemas de Distribución Local (SDL) dentro de la actividad de distribución de energía eléctrica; ii) los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 062 de 29
1 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 “Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.”2
Radicado: 11001-03-24-000-2020-00361-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de agosto de 20183, que establecieron unas causales de no exclusión para el registro y reporte de la información de eventos programados y no programados en los SDL ; y iii) los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 063 de 13 de agosto de 20194, que reiteraron en su integridad lo dispuesto en la Circular 062.
Solicitud de medida cautelar
2. La parte demandante , en escrito separado, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo
Solicitud de medida cautelar
2. La parte demandante , en escrito separado, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo contenidos en la Circular 063 de 2019 , que establecieron unas causales de no exclusión para el registro y reporte de la información de los indicadores de calidad del servicio en redes distribución de energía , con fundamento en los siguientes
argumentos:
2.1. Precisó que la Resolución 015 de febrero de 2018 estableció el sistema de calidad del servicio en redes de distribución de energía, la cual evalúa la calidad del servicio mediante los indicadores principales de duración y de frecuencia de interrupciones percibidas por los usuarios. Por medio de dicho sistema, los Operadores de Red (OR) estaban sujetos a un esquema de incentivos , es decir, premios o penalizaciones económicas, según su desempeño frente a metas anuales de calidad, y debían compensar a los usuarios afectados por incumplimientos.
2.2. Manifestó que el numeral 5.2.2 del anexo general de la Resolución 015 de febrero de 2018 reguló los eventos excluibles o no del cálculo de indicadores de calidad y determinó que la causa de cada evento se seleccionar á de un listado definido por la CREG por medio de Circular. En desarrollo de lo anterior, los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular CREG 063 de 13 de agosto de 2019, determinaron como eventos no excluibles los mantenimientos preventivos, fallas en redes de terceros o condiciones atmosféricas. A juicio del demandante, e sta calificación
18, 19 y 30 del anexo de la Circular CREG 063 de 13 de agosto de 2019, determinaron como eventos no excluibles los mantenimientos preventivos, fallas en redes de terceros o condiciones atmosféricas. A juicio del demandante, e sta calificación contradice los artículos 136 y 139 (numerales 1 y 2 ) de la Ley 142 de 1994, que
3 Por medio de la cual se “publica el listado de causas de eventos que debe utilizarse para el registro y reporte de la información de eventos programados y no programados en los Sistemas de Distribución Local, SDL”. 4 Por medio de la cual se reemplazó lo dispuesto en la Circular CREG 062 de 2018, en el sentido de suprimir las causas 5, 6 y 21 y adicionar 43, 44 y 45.3
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocen precisamente a estos como causales eximentes de falla en la prestación del servicio.
2.3. Señaló que la Ley 143 de 1994 , artículo 6, refuerza lo anterior , limitando los eximentes de falla en la prestación del servicio a situaciones, como las interrupciones programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito o por sanciones impuestas a los usuarios por el incumplimiento de sus obligaciones. Además, “[…] los eventos excluidos (sic) exceden la orbita (sic) del Operador de Red […]”.
programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito o por sanciones impuestas a los usuarios por el incumplimiento de sus obligaciones. Además, “[…] los eventos excluidos (sic) exceden la orbita (sic) del Operador de Red […]”.
2.4. Adujo que la CREG sobrepasó sus límites legales al establecer unas causales de no exclusión del cálculo de indicadores de calidad que no están contempladas en las Leyes 142 y 143 de 1994. Era su función regular dentro del marco que el Legislador definió, no crear nuevas reglas que modifiquen los derechos y obligaciones de las empresas y usuarios.
Actuación procesal
Admisión de la demanda
3. En auto del 1° de diciembre de 20235 se admitió la demanda y se notificó, en debida forma, a la parte demandante, al ministro de Minas y Energía – CREG y al Ministerio Público. Asimismo, se ordenó remitir copia electrónica de la providencia, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón electrónico de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
Procedimiento de la solicitud de medida cautelar
4. Este Despacho, mediante auto de 1° de diciembre de 20236, ordenó correr traslado al Ministerio de Minas y Energía – CREG de la solicitud de la medida cautelar
presentada por Jesús Marino Ospina Mena.
5 Samai, archivo: “022_AUTOQUEADMITEDEMANDA.pdf” 6 Samia, archivo: “023_AUTOQUECORRETRASLADOSOLICITUDDEMEDIDACAUTELAR.pdf4
Radicado: 11001-03-24-000-2020-00361-00
6 Samia, archivo: “023_AUTOQUECORRETRASLADOSOLICITUDDEMEDIDACAUTELAR.pdf4
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5. El Ministerio de Minas y Energía – CREG7 se opuso a la medida cautelar, con
fundamento en los siguientes argumentos:
5.1. Afirmó que regulación, establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 y la Circular 063 de 2019, se enfoca en un esquema de incentivos y compensaciones por calidad del servicio, no en indemnizaciones por fallas. En este sentido, las compensaciones, que se materializan como descuentos en las facturas de los usuarios, son mecanismos regulatorios diseñados para mejorar la calidad del servicio; en cambio, las indemnizaciones por fallas, reguladas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994, son de naturaleza cont ractual y solo aplican en ausencia de fuerza mayor o caso fortuito.
5.2. Que actuó dentro de sus facultades legales, basándose en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, que le otorgan la competencia para definir metodologías tarifarias y estándares de calidad. Así, el esquema de incentivos implementado busca que los OR gestionen de manera eficiente las interrupciones del servicio, sin contravenir las disposiciones sobre fallas contractuales establecidas en la Ley 142 de 1994.
esquema de incentivos implementado busca que los OR gestionen de manera eficiente las interrupciones del servicio, sin contravenir las disposiciones sobre fallas contractuales establecidas en la Ley 142 de 1994.
5.3. Advirtió que la parte demandante confunde los ámbitos regulatorio y contractual, y que no existe un perjuicio irreparable que justifique la suspensión de los actos impugnados. Además, resalta que la regulación de la CREG complementa, pero no reemplaza, las disposiciones de la Ley 142.
5.4. Argumentó que no todos los eventos imprevistos califican como fuerza mayor o caso fortuito; en este sentido, la exclusión de ciertos eventos en la Circular 063 de 2019, como condiciones atmosféricas, se basa en criterios de imprevisibilidad e inevitabilidad, evaluados caso por caso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
7 Samai, archivo: “025_MemorialWeb_ContestaciOn”5
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6. Vistos: i) el artículo 125 8 de la Ley 1437 de 2011 , sobre la expedición de las providencias; ii) el numeral 1° del artículo 149 9 ibidem, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y iii) el numeral 1° del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910, sobre distribución de los procesos entre las secciones: este Despacho es competente para resolver la solicitud del asunto.
Consejo de Estado, en única instancia; y iii) el numeral 1° del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910, sobre distribución de los procesos entre las secciones: este Despacho es competente para resolver la solicitud del asunto.
Problema jurídico
7. De acuerdo con la solicitud de la medida cautelar, el problema jurídico consiste en determinar si los actos acusados violan o no las normas de carácter superior invocadas y, en consecuencia, si se subsumen dentro de los supuestos fácticos previstos en los artículos 229, 230 y 231 de la Ley 1437 de 2011, para decretar o no la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos indicados en la solicitud.
Marco normativo y el desarrollo jurisprudencial de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
8. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 establece que las medidas cautelares son procedentes incluso antes de la notificación del auto admisorio de la demanda y en cualquier etapa del proceso. Su finalidad es proteger y garantizar de manera provisional el objeto del proceso, asegurando así la efectividad de la sentencia.
9. En desarrollo de lo anterior, el artículo 230 de la misma ley que estas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión; así el juez o magistrado ponente, podrá ordenar, entre otras, la de suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
8 “[…] Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se
8 “[…] Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica […]” (Norma vigente para la fecha en que se presentó la solicitud de medida cautelar). 9 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. […] 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]” (Norma vigente para la fecha en que se presentó la solicitud de medida cautelar). 10 Reglamento interno del Consejo de Estado.6
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10. Por su parte, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 precisa que, si la demanda sólo busca la nulidad del acto, basta acreditar la violación de las disposiciones
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10. Por su parte, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 precisa que, si la demanda sólo busca la nulidad del acto, basta acreditar la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
11. Conforme a lo expuesto en líneas anteriores, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando esta se fundamente en la violación de las disposiciones superiores que se invoquen, bien sea en la demanda o en escrito separado, necesariamente se le impone al juez un deber de análisis de las normas en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
12. Con el fin de verificar los requisitos previstos para el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, esta Sección, en auto de 19 de junio de 202011, consideró que el legislador dividió el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 en tres partes: la primera, hace referencia a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida caut elar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares
decretar una medida caut elar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, como son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.
13. Adicionalmente, la Sección Primera de la Corporación, en la providencia citada supra, consideró que, cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y se constata que el acto acusado contraviene el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se satisfacen los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris porque en un Estado Social de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020160029500.7
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Derecho estos elementos siempre concurren cuando se trata de la transgresión del ordenamiento jurídico por las autoridades públicas12.
14. Conforme a la normativa indicada supra, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Los actos acusados
15. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:
14. Conforme a la normativa indicada supra, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Los actos acusados
15. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:
15.1. El numeral 5.2. del anexo general de la Resolución 015 de 3 de febrero de 201813, por medio del cual la CREG estableció el sistema de medición de calidad del Servicio en Sistemas de Distribución Local (SDL) dentro de la actividad de distribución de energía eléctrica.
15.2. Los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 062 de 29 de agosto de 201814, que establecieron que establecieron unas causales de no exclusión para el registro y reporte de la información de eventos programados y no programados en los SDL.
15.3. Los numerales los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 063 de 13 de agosto de 2019 15, que reiteraron en su integridad lo dispuesto en la Circular CREG 062 de 2018.
Análisis del caso concreto
16. De conformidad con la solicitud de medida cautelar presentada por la parte demandante y atendiendo el marco normativo y los criterios jurisprudenciales indicados supra, este Despacho analizará el problema jurídico p lanteado, y concluirá
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 24 de febrero de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020210042100.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 24 de febrero de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020210042100. 13 “Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.” 14 Por medio de la cual se “publica el listado de causas de eventos que debe utilizarse para el registro y reporte de la información de eventos programados y no programados en los Sistemas de Distribución Local, SDL”. 15 Por medio de la cual se reemplazó lo dispuesto en la Circular CREG 062 de 2018, en el sentido de suprimir las causas 5, 6 y 21 y adicionar 43, 44 y 45.8
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si se cumplen o no los requisitos previstos para decretar la medida de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado.
17. La parte demandante solicit a, en el caso sub examine, la suspensión provisional de los efectos de los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 063 de 2019, al estimar que la CREG i) excedió sus facultades legales estableciendo unas causales de no exclusión del cálculo de indicadores de calidad que no estaban contempladas en las Leyes 142 y 143 de 1994 ; y ii) desconoció normas en las que
causales de no exclusión del cálculo de indicadores de calidad que no estaban contempladas en las Leyes 142 y 143 de 1994 ; y ii) desconoció normas en las que debió fundarse, pues las causales acusadas contradicen expresamente los artículos 136 y 139 de la Ley 142 de 1994, que reconocen estos eventos como eximentes de falla en el servicio y el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 , que limita los eximentes de falla en la prestación del servicio a situaciones a interrupciones técnicas programadas, fuerza mayor, caso fortuito o sanciones por incumplimiento de usuarios.
18. En consecuencia, este Despacho deberá determinar si la CREG, al emitir los numerales 9, 13, 14, 15, 18, 19 y 30 del anexo de la Circular 063 de 2019, excedió las competencias que le confiere el marco legal y si dichos numerales vulneran lo dispuesto en los artículos 136 y 139 (numerales 1 y 2) de la Ley 142 de 1994, así como el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, específicamente al establecer como “no excluibles” para el cálculo de los indicadores de calidad ciertos eventos que las leyes mencionadas reconocen como eximentes de falla. Para ello, se analizará si dichas disposiciones se ajustan al marco legal vigente o si, por el contrario, introdujeron restricciones indebidas a las causales de exclusión reconocidas legalmente.
Falta de competencia
19. El artículo 3 65 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
Falta de competencia
19. El artículo 3 65 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Señala que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vig ilancia de dichos servicios.9
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20. Por su parte, al artículo 150 ( numeral 23) ibidem preceptúa que corresponde al Congreso expedir leyes para la prestación de los servicios públicos. Por su parte, el artículo 189 (numeral 22) ejusdem dispone que el presidente de la República ejercerá la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
21. Así, en el artículo 124 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 16 dispone que la determinación de fórmulas tarifarias se rige por las normas del régimen tarifario de servicios públicos y el Código Contencioso Administrativo, siguiendo reglas especiales: i) la coordinación ejecutiva de la comisión de regulación respectiva impulsará toda la actuación; sin embargo, cuando corresponda a la comisión como autoridad nombrar
servicios públicos y el Código Contencioso Administrativo, siguiendo reglas especiales: i) la coordinación ejecutiva de la comisión de regulación respectiva impulsará toda la actuación; sin embargo, cuando corresponda a la comisión como autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la comisión misma; y ii) si la actuación se inicia de oficio, la comisión debe disponer de estudios suficientes para definir la fórmula de que se trate; si se inicia por petición de una empresa de servicios públicos, el solicitante debe acompañar tales estudios. Son estudios suficientes, los que tengan la misma clase y cantidad de información que haya empleado cualquier comisión de regulación para determinar una fórmula tarifaria.
22. De otra parte, el artículo 23 (literal e) de la Ley 143 de 1994 17 preceptúa que la Comisión de Regulación de Energía y Gas con relación al servicio de electricidad deberá definir la metodología para el cálculo de las tarifas aplicables a los usuarios regulados del servicio de electricidad.
23. Así, el artículo 1° de la Resolución 015 de 3 de febrero de 201818, la CREG estipuló que el objeto de dicho acto era adoptar “la metodología, fórmulas tarifarias y otras disposiciones para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.
24. Particularmente, el artículo 4 establece los criterios para calcular ingresos y cargos por uso en el Sistema de Transmisión Regional (STE) y los Sistemas de Distribución
16 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
por uso en el Sistema de Transmisión Regional (STE) y los Sistemas de Distribución
16 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” 17 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.” 18 La Resolución 015 de 3 de febrero de 2018 fue modificada parcialmente por la Resolución 36 de 15 de abril de 2019.10
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Local (SDL), entre otros, que los ingresos y cargos de los SDL varían según los índices de calidad del servicio prestado, en aplicación del principio de integralidad de la tarifa establecido en el artículo 87.8 de la Ley 142 de 1994.
25. Asimismo, el artículo 10 ibidem estableció los criterios para evaluar la calidad del servicio de distribución eléctrica, diferenciando entre el STR (Sistema de Transmisión Regional) y los SDL (Sistemas de Distribución Local). Para el STR, la calidad se mide mediante la duración de indis ponibilidades reportadas por el Centro Nacional de Despacho (CND), aplicando reducciones a la remuneración de los Operadores de Red
(OR) cuando incumplan las metas. En los SDL, se evalúa anualmente la calidad media del servicio comparándola con metas específicas por OR, determinando ajustes en sus
Despacho (CND), aplicando reducciones a la remuneración de los Operadores de Red (OR) cuando incumplan las metas. En los SDL, se evalúa anualmente la calidad media del servicio comparándola con metas específicas por OR, determinando ajustes en sus ingresos (incentivos o penalizaciones) y obligando a compensar a los usuarios cuando no se alcancen los estándares mínimos de calidad establecidos por la CREG para cada grupo de usuarios.
26. Frente a la calidad del servicio de los SDL, el numeral 5.2 del anexo general de la referida disposición indicó que este se medirá mediante indicadores de duración y frecuencia de eventos percibidos por los usuarios, aplicándose un esquema de incentivos y compensaciones para el OR según el cumplimiento de metas regulatorias de calidad media e individual. Los usuarios pueden reclamar discrepancias en los datos bajo la Ley 142 de 1994, y el OR debe evitar situaciones como incentivos negativos, excesos en comp ensaciones, incumplimiento de plazos o requisitos, o no reducir la cantidad de usuarios compensados.
27. Asimismo, la normativa anterior estableció que la clasificación de eventos en los SDL y las exclusiones aplicables al esquema de incentivos y compensaciones se
regirían por los siguientes criterios:
27.1. El numeral 5.2.1 ejusdem clasifica los eventos que hayan sido previstos o no por el OR, en i) no programados como aquellos no previstos por el OR y causados por situaciones imprevistas y en ii) programados como intervenciones planificadas como mantenimientos, ampliaciones o mejoras, que deben notificarse con al menos 48 horas de antelación mediante medios masivos y mensajes automáticos a los usuarios, extendiéndose a 72 horas con comunicación escrita para cargas industriales.11
mantenimientos, ampliaciones o mejoras, que deben notificarse con al menos 48 horas de antelación mediante medios masivos y mensajes automáticos a los usuarios, extendiéndose a 72 horas con comunicación escrita para cargas industriales.11
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27.2. El numeral 5.2.2 ibidem, precisó que para el cálculo de los indicadores de calidad se excluían eventos menores o iguales a 3 minutos, racionamientos programados o de emergencia del sistema eléctrico nacional, fallas en activos del STN/STR, solicitudes de seguridad ciudadana o autoridades competentes, daños en equipos de usuarios (hasta su reposición ), catástrofes naturales, actos de terrorismo, suspensiones por incumplimiento contractual o limitación programada, traslados de infraestructura exigidos por entidades públicas, y trabajos de reposición o modernización en subestaciones. También se excluían eventos fuera del horario de continuidad en zonas especiales y aquellos por riesgo a la vida human a. Finalmente, l os OR deb ían conservar soportes para validación y solo se aceptaban exclusiones adicionales si son declaradas como fuerza mayor o caso fortuito por una autoridad competente.
28. Ahora, frente al registro de la información de los eventos, el numeral 5.2.11.2 de la normativa señalada dispone que la causa de cada evento se seleccione de un listado definido por la CREG por medio de Circular, el cual será propuesto inicialmente por el
28. Ahora, frente al registro de la información de los eventos, el numeral 5.2.11.2 de la normativa señalada dispone que la causa de cada evento se seleccione de un listado definido por la CREG por medio de Circular, el cual será propuesto inicialmente por el CNO e incluirá todas las posibles causas de fallas en los SDL, clasificándolas según su naturaleza (programadas o no programadas) y su elegibilidad como excluibles de acuerdo a los eventos señalados en el numeral 5.2.2.
29. En suma, la Resolución 015 estableció un sistema para evaluar la calidad del servicio en los SDL, basado en indicadores de duración y frecuencia de interrupciones, esquemas de incentivos y compensaciones, y criterios para clasificar y excluir eventos.
30. A partir de este marco regulatorio, la CREG expidió la Circular 063 de 2019 , que derogó la Circular 062 de 2018, en la cual establecieron causales específicas de no exclusión para el cálculo de indicadores de calidad.
31. Así las cosas, en este momento procesal el Despacho no encuentra vicio de incompetencia en la Circular 063 de 2019, pues la CREG actuó dentro de sus facultades regulatorias al precisar criterios técnicos para medir la calidad del servicio, conforme al numeral 5.2.11.2 de la Resolución 015 de 2018.12
Radicado: 11001-03-24-000-2020-00361-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
32. Entonces, la CREG se habría limitado a desarrollar el marco establecido en la
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32. Entonces, la CREG se habría limitado a desarrollar el marco establecido en la Resolución 015, clasificando eventos excluibles y no exclu
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