CE - Auto interlocutorio 11001032600020140011700
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032600020140011700
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., 7 (siete) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
Ejecutante: Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica
Extinto Departamento Administrativo de Seguridad y su Fondo Rotatorio
Ejecutado: Jorge Aurelio Noguera Cotes
Referencia: Ejecutivo
1. El despacho 1 procede a pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar formulada por la parte ejecutante en el asunto de la referencia.
ANTECEDENTES
Proceso de repetición promovido contra el señor Jorge Aurelio Noguera Cotes
2. Mediante sentencia de única instancia del 29 de noviembre de 2018 2, la Subsección A de la Sección Tercera accedió parcialmente a las pretensiones de repetición formuladas por el Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad y su Fondo Rotatorioen adelante PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica DAS - contra el señor Jorge Aurelio Noguera Cotes, con el fin de que se le restituyera la suma de dinero que tal entidad pagó a causa de l fallo condenatori o de segundo grado dictado el 18 de noviembre de 2010 por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca3.
entidad pagó a causa de l fallo condenatori o de segundo grado dictado el 18 de noviembre de 2010 por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca3.
3. En el referido fallo, se dispuso: (i) declarar patrimonialmente responsable, a título de dolo, al señor Noguera Cotes por expedir , en su calidad de director del Departamento Administrativo de Seguridad -en adelante DAS-,el acto administrativo por medio del cual se declaró vacante el empleo de detective que ostentaba un servidor de la referida entidad, decisión que fue anulada por esta jurisdicción, y (ii) condenar al accionado a pagar a favor de la entidad demandante $177’054.716, así como las correspondientes costas que se hubiesen causado, para lo cual se fijó por concepto de agencias en derecho el 5% del valor de las pretensiones de la demanda.
1 El presente asunto es de conocimiento del magistrado ponente, según lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado con el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, por lo que verificará si se cumplen los requisitos pertinentes p ara proceder al decreto de la respectiva medida cautelar. 2 Providencia dictada con ponencia de la entonces consejera de estado Marta Nubia Velásquez Rico. Folios 206 a 220 del cuaderno principal. 3 Providencia dictada en el marco del litigio de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Rodolfo Enrique Benítez Quintana promovió contra el DAS, con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución por medio de la cual se declaró la vacancia d el empleo que él ostentaba como
Rodolfo Enrique Benítez Quintana promovió contra el DAS, con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución por medio de la cual se declaró la vacancia d el empleo que él ostentaba como detective de la referida entidad.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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Rotatorio
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4. A través de auto del 21 de marzo de 20194, fue aprobada la liquidación de costas efectuada por la Secretaría de la Sección, según la cual, las agencias en derecho equivalían a $21’728.126, sin que se encontraran causadas sumas adicionales por algún otro concepto.
Solicitud de ejecutivo a continuación
5. El 28 de junio y el 18 de septiembre de 20195, el PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica DAS pidió que se iniciara acción ejecutiva contra el señor Jorge Aurelio Noguera Cotes por: (i) la suma de la condena impuesta en la sentencia del 29 de noviembre de 2018, y (ii) el valor de las costas aprobadas en providencia del 21 de marzo de 2019.
6. Por medio de proveído del 1 de julio de 20206, se dispuso: (i) librar mandamiento de pago en los términos solicitados por la ejecutante; (ii) ordenar al ejecutado que pagara la mencionada obligación en el término máximo de cinco (5) días, y (iii)
de pago en los términos solicitados por la ejecutante; (ii) ordenar al ejecutado que pagara la mencionada obligación en el término máximo de cinco (5) días, y (iii) notificar personalmente de dicha decisión al señor Noguera Cotes.
7. Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor Jorge Aurelio Noguera Cotes7, mediante auto del 9 de diciembre de 2021, se designó al abogado Edwin Andrés Pinzón Mora como curador ad litem8 del ejecutado. Aunque el señor Pinzón Mora fue posesionado y notificado del auto por medio del cual se libró mandamiento de pago el 21 de febrero de 20229, lo cierto es que no allegó memorial alguno y, por ende, optó por guardar silencio, motivo por el cual , a través de providencia del 14 de marzo de 202210, se ordenó: (i) seguir adelante con la ejecución; (ii) practicar la liquidación de crédito, y (iii) condenar en costas al accionado por $5’963.485.
8. Mediante proveído del 13 de junio de 2022 11, esta Corporación: (i) aprobó la liquidación de costas del proceso ejecutivo efectuada por la Secretaría de la Sección; (ii) modificó y actualizó de oficio la liquidación de crédito presentada por la parte ejecutante, y (iii) fijó como liquidación del crédito la suma de $350’946.973, decisión contra la cual no se interpusieron recursos.
4 Folio 226 del cuaderno principal. 5 Folios 233 a 236 y 239 del cuaderno principal. 6 Folios 249 a 252 del cuaderno principal.
decisión contra la cual no se interpusieron recursos.
4 Folio 226 del cuaderno principal. 5 Folios 233 a 236 y 239 del cuaderno principal. 6 Folios 249 a 252 del cuaderno principal. 7 En efecto, mediante auto del 22 de febrero de 2021, esta Corporación advirtió que la notificación personal a la parte ejecutada no pudo ser entregada en la dirección señalada por la ejecutante, porque fue errada. En consecuencia, se adoptaron las siguiente s medidas correctivas: (i) a través del citado proveído se requirió a la entidad accionante para que informara la dirección física o electrónica del accionado, y (ii) por medio de providencia del 12 de abril de 2021se ordenó el emplazamiento del señor Jorge Aurelio Noguera Cotes. Índices 106 y 112 de Samai. 8 Previamente, mediante auto del 30 de julio de 2021, se designó como curador ad litem al abogado Deison Andrés Hernández Castañeda. Sin embargo, dado que el referido profesional del derecho no había acudido al presente proceso, se optó por designar un nuevo defensor de oficio y compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicia l de Bogotá por la posible falta disciplinaria en la que incurrió el señor Hernández Castañeda. 9 Según la constancia secretarial que obra en el índice 145 de Samai. 10 Índice 150 de Samai. 11 Índice 163 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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9. A través de providencia del 12 de septiembre de 202212, previa solicitud de la entidad actora13, se ordenó oficiar a Datacrédito y Transunión para que allegaran la información que reposara en su base de datos sobre los productos financieros activos que posea el ejecutado . Las referidas instituciones privadas aportaron lo pedido14.
10. Por medio de providencia del 19 de diciembre de 2024 15, este despacho se pronunció respecto de la solicitud presentada por la ejecutante el 20 de agosto de anterior16, según la cual, era necesario que se volviera a librar oficio a las centrales de riesgo. En la referida decisión se advirtió que, aunque previamente se había proferido un auto en similar sentido, no era menos cierto que habían transcurrido más de 2 años desde aquella decisión , por lo que eventualmente la situación financiera del ejecutado varió durante dicho lapso, de ahí que la petición fuera procedente.
11. Por lo anterior, se dispuso, entre otras determinaciones17: (i) oficiar a Datacrédito y Transunión para que informaran sobre los productos financieros del señor Noguera Cotes, y (ii) requerir a la accionante para que, una vez se le corriera traslado de los documentos suministrados, ejerciera los actos procesales que considerara pertinentes para materializar el pago de la acreencia a su favor.
Noguera Cotes, y (ii) requerir a la accionante para que, una vez se le corriera traslado de los documentos suministrados, ejerciera los actos procesales que considerara pertinentes para materializar el pago de la acreencia a su favor.
12. El 28 de enero y 10 de febrero de 2025 18, las citadas centrales de riesgo aportaron los documentos requeridos. Conforme a la información recibida , la PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica DAS solicitó el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en las siguientes cuentas de ahorros del ejecutado:
(i) del Banco Davivienda, y (ii) del Banco BBVA Colombia19. Además, la ejecutante solicitó que se oficiara a la Superintendencia de Notariado y Registro20, con el fin de establecer si el accionado cuenta con bienes sujetos a registro , al considerar que “dicha información goza de reserva y por lo tanto podrá ser suministrada a una autoridad judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, artículo 5 literal c)”21.
12 Preliminarmente, a través de proveído del 9 de agosto de 2022, se dejó el expediente de la referencia a disposición de la ejecutante para que ejerciera los actos procesales correspondiente, a fin de continuar con el trámite del proceso o que se cumpliera c on el término previsto para que operara el desistimiento tácito. 13 Índice 172 de Samai. 14 Índices 186, 190 y 195 de Samai. 15 Índice 202 de Samai. 16 Índice 200 de Samai. 17 En el citado auto, también se le ordenó a Secretaría que en los oficios de requerimiento se
14 Índices 186, 190 y 195 de Samai. 15 Índice 202 de Samai. 16 Índice 200 de Samai. 17 En el citado auto, también se le ordenó a Secretaría que en los oficios de requerimiento se incluyeran los demás datos de identificación del ejecutado, se adoptaran las medidas necesarias para restringir el acceso a la información suministrada y se corrie ra traslado a las partes de los documentos aportados. 18 Índices 210 y 213 de Samai. 19 El despacho aclara que, si bien las referidas cuentas bancarias fueron debidamente identificadas por las correspondientes centrales de riesgo y la ejecutante, por motivos de reserva legal no se hará mención a ellos de forma detallada, según los principios de administración de datos previstos en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008. Índice 219 de Samai. 20 Índice 220 de Samai. 21 El expediente ingresó al despacho el 25 de febrero de 2025. Índice 222 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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CONSIDERACIONES
Determinación sobre la solicitud de medida cautelar
13. Las medidas cautelares son un instrumentos procesales que tiene por objeto, entre otros, aspectos “garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos ),
Determinación sobre la solicitud de medida cautelar
13. Las medidas cautelares son un instrumentos procesales que tiene por objeto, entre otros, aspectos “garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos ), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otr a forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado”22 (se destaca).
14. De conformidad con el inciso primero del artículo 599 del CGP 23, desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado. En ese sentido, el numeral 10 del artículo 593 ejusdem prevé la procedencia del embargo respecto de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, para lo cual “se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%) . Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo” (se resalta).
15. Bajo ese contexto, el despacho considera que la solicitud de embargo formulada por la entidad ejecutante en el presente caso es procedente, en cuanto recae sobre dineros depositados en establecimientos bancarios . En lo relacionado con la
15. Bajo ese contexto, el despacho considera que la solicitud de embargo formulada por la entidad ejecutante en el presente caso es procedente, en cuanto recae sobre dineros depositados en establecimientos bancarios . En lo relacionado con la delimitación de la cuantía máxima de dicha medida, vale recordar que el crédito objeto de recaudo se fijó en $350’946.973, de ahí que la presente decisión se limitará a $400’000.000 24, monto que , con fundamento en el inciso tercero del artículo 599 del CGP25, resulta suficiente y necesario para la satisfacción del débito.
En criterio del despacho, la referida suma de dinero constituye el límite máximo global de la medida cautelar de embargo que se decretará en el presente asunto, por lo que se deberá tener en en cuenta la sumatoria de todos los valores consignados en los productos financieros del señor Jorge Aurelio Noguera Cotes que serán objeto de dicha orden.
22 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T -788 del 12 de noviembre de 2013, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, exp: T-3.956.130. 23 Aplicable al sub lite, en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 306 del CPACA. 24 En efecto, si bien en auto del 13 de junio de 2022 se fijó como liquidación del crédito la suma de $350’946.973, el despacho no puede desconocer que por cuestiones de i nflación dicho débito ha aumentado su valor. Se advierte que dicha suma se encuentra en el tope máximo que la ley prevé respecto de la presente medida cautelar -$526’420.460-.
aumentado su valor. Se advierte que dicha suma se encuentra en el tope máximo que la ley prevé respecto de la presente medida cautelar -$526’420.460-. 25 A cuyo tenor: “El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la divisió n disminuya su valor o su venalidad (…)” (se destaca).Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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16. El ordenamiento jurídico establece una serie de recursos públicos y privados que no son susceptibles de embargo, bien sea de manera total o parcial , con el fin de proteger unas prerrogativas mínimas fundamentales. En efecto, de conformidad con el numeral 4° del artículo 126 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 1555 de 2012 26, las sumas depositadas en la sección de ahorros no serán embargables hasta la cantidad que determine la entidad competente frente a cada período.
17. Al respecto, se precisa que por medio de la Carta Circular 061 de 2024 27, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó los montos actualizados de los
serán embargables hasta la cantidad que determine la entidad competente frente a cada período.
17. Al respecto, se precisa que por medio de la Carta Circular 061 de 2024 27, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó los montos actualizados de los beneficios de inembargabilidad y exención de juicio de sucesión para la entrega de dineros durante el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. La referida Superintendencia estableció la inembargabilidad de los dineros depositados en la sección de ahorros y en depósitos hasta en $52’385.727, sumado a ello, de acuerdo con las directrices de la referida entidad, cuando la persona ejecutada sea titular de más de una cuenta de ahorros, deben sumarse los saldos existentes en cada una de las modalidades de ahorro y el valor restante que supere la mencionada suma de dinero será objeto de embargo28.
18. En ese orden de ideas , el despacho ordenará el embargo de las cuentas de ahorro del señor Jorge Aurelio Noguera Cotes del Banco Davivienda y Banco BBVA Colombia, respectivamente , las cuales fueron debidamente identificadas por las centrales de riesgo e individualizadas por la parte ejecutante.
19. Así las cosas, por medio de la Secretaría de la Sección: (i) se librarán los oficios pertinentes a las citadas entidades bancarias para lo cual deberá tener en cuenta los números de cuenta informados por Datacrédito y Transun ión visibles en los índices 210 y 213 de Samai , sumado a ello, se indicarán los demás datos de identificación del señor Noguera Cotes y el número de cuenta de depósito judicial a la cual se consignarán las respectivas sumas de dinero retenidas; (ii) en el
identificación del señor Noguera Cotes y el número de cuenta de depósito judicial a la cual se consignarán las respectivas sumas de dinero retenidas; (ii) en el mencionado documento precisara el límite máximo y de inembargabilidad señalados en los párrafos número 1 5 y 1 7 de esta providencia, y (iii) también advertirá que, en caso de que las entidades oficiadas inobserve la presente orden, incurrirá en multas sucesivas de 2 a 5 smlmv29,
26 A cuyo tenor: “Artículo 126. Normas sobre secciones de ahorro. (…) 4. Inembargabilidad. (Numeral modificado por el artículo 4 de la Ley 1555 de 2012) Las sumas depositadas en depósitos electrónicos a los que se refiere el artículo 2.1.15.1.1. del Decreto 2555 de 2010 o en la sección de ahorros no serán embargables hasta la cantidad que se determine de conformidad con lo ordenado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965” (se destaca). 27 Circular publicada en la página web oficial de la citada Superintendencia, disponible en el siguiente enlace: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10114872/normativanormativageneralcirculares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-cartas-circularescartascirculares-10114872/. Consulta realizada el 21 de marzo de 2025, a las 10:37 a.m. 28 De conformidad con el Concepto 2011014399-003, emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia el 10 de mayo de 2011.
28 De conformidad con el Concepto 2011014399-003, emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia el 10 de mayo de 2011. 29 De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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Respecto de la petición elevada por la parte ejecutante en relación con la Superintendencia de Notariado y Registro
20. Como se explicó, la parte ejecutante solicitó que se librara oficio a la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de establecer si el accionado cuenta con bienes sujetos a registro, en cuanto, a su juicio, dicha información está sujeta a reserva legal.
21. En relación con la información de carácter reservado, el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 estableció que solo tendrán esa connotación los documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, en especial
los siguientes:
“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas,
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos”.
22. De conformidad con el numeral 10 del artículo 78 del CGP, a las partes y sus apoderados les corresponde el deber de “[a]bstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir” (se destaca). A su vez, el inciso quinto del artículo 83 ejusdem prevé que , al momento de solicitar medidas cautelares, la parte demandante determinará las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran , es decir, lo concerniente a la
quinto del artículo 83 ejusdem prevé que , al momento de solicitar medidas cautelares, la parte demandante determinará las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran , es decir, lo concerniente a la identificación del inmueble es una carga que le corresponde agotar a la accionante. Por su parte, el inciso segundo del artículo 173 del citado estatuto procesal dispone que “(…) [e]l juez se abstendrá de ordenar la práct ica de las pruebas que, directamente o por medio de un derecho de petición, hubiere podidoRadicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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conseguir la parte que lo solicite, salvo que la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditar sumariamente” (se resalta).
23. En un caso de similares características, esta Subsección consideró que no era procedente acceder a la referida solicitud de medida cautelar elevada por una entidad pública en el marco de una pretensión de repetición. Lo expuesto, en cuanto lo relacionado con la información acerca de los bienes sujetos a registro del demandado corresponde a datos que la parte intere sada está en condiciones de obtener vía petición ante la Administración, para lo cual sostuvo:
“En efecto, la parte actora pidió que se oficiara a las entidades respectivas para que remitieran la información acerca de los bienes
obtener vía petición ante la Administración, para lo cual sostuvo:
“En efecto, la parte actora pidió que se oficiara a las entidades respectivas para que remitieran la información acerca de los bienes sujetos a registro y de las cuentas bancarias que figuraran a nombre del demandado, sin tener en cuenta que le correspondía asumir la carga procesal de denunciar los bienes de propiedad de éste, para la efectividad de las medidas cautelares.
Para el cumplimiento de dicha carga, la parte interesada en el decreto de las medidas cautelares tenía la opción de presentar ante las entidades competentes una petición, a través de la cual podía solicitar la información y los documentos que le permitieran determinar los bienes y las cuentas bancarias que tuviera el demandado.
(…) Sobre el particular, el artículo 78 del Código General del Proceso dispone:
(…) Igualmente, el artículo 173 del mismo Código prevé:
(…) Sin embargo, no se encuentra dentro del expediente constancia alguna de que se hubiera solicitado la referida información a través de una petición y que la misma hubiera sido negada.
Aunado a lo anterior, se advierte que ‘la titularidad de los bienes sujetos a registro pudo haber sido indagada directamente por la parte actora haciendo el correspondiente estudio de títulos en el registro público inmobiliario’.
Así las cosas, es inadmisible que la parte actora solicite el embargo y secuestro de bienes y de cuentas bancarias de cuya existencia ni siquiera tiene certeza y con ello pretenda desgastar a la administración de justicia, para obtener los fines preventivo s que persigue (…)”30 (se destaca).
y secuestro de bienes y de cuentas bancarias de cuya existencia ni siquiera tiene certeza y con ello pretenda desgastar a la administración de justicia, para obtener los fines preventivo s que persigue (…)”30 (se destaca).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 7 de junio de 2016, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 53.728. Sobre la indagación de la titularidad de los bienes sujetos a registro en el marco de solicitudes de medida cautelar, también se puede consultar la providencia proferida el 8 de septiembre de 2014, por la Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 51.764.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00117-00 (51.957)
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24. Comoquiera que lo relacionado con la titularidad de los bienes sujetos a registro no está sujeto a reserva legal en los términos de la Ley 1755 de 2015, ni tampoco en alguna otra disposición especial , le corresponde al PAP Fiduprevisora S.A.
Defensa Jurídica DAS obtener la correspondiente información, para lo cual puede adelantar el respectivo estudio de títulos en el Registro Público Inmobiliario o conseguir dicho reporte en ejercicio del derecho de petición . Comoquiera que al presente caso no se aportó prueba sumar ia de que la citada entidad hubiese
adelantar el respectivo estudio de títulos en el Registro Público Inmobiliario o conseguir dicho reporte en ejercicio del derecho de petición . Comoquiera que al presente caso no se aportó prueba sumar ia de que la citada entidad hubiese agotado este último trámite, se negará la solicitud formulada por la ejecutante.
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
PRIMERO: DECRETAR el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas en las cuentas de ahorro del señor Jorge Aurelio Noguera Cotes en el Banco
Davivienda y Banco BBVA Colombia, respectivamente31.
SEGUNDO: A través de la Secretaría de la Sección, LIBRAR los oficios pertinentes a las referidas entidades bancarias, para lo cual deberá seguir las instrucciones señaladas en el párrafo número 19 de la presente providencia.
TERCERO: ADVERTIR a las entidades oficiadas que el monto total embargable no podrá superar de $400’000.000 y deberá garantizar el tope de inembargabilidad de $52’385.727, para lo cual se tendrá en cuenta el saldo existente en los productos financieros sobre los que recae la presente medida cautelar, según la parte motiva de está providencia.
CUARTO: NEGAR la solicitud formulada por la parte ejecutante concerniente a librar oficio a la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con la parte motiva de este auto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
31 Los números de los productos bancarios se pueden consultar en los índices 210 y 213 de Samai.