CE - Auto interlocutorio 11001032600020250001600

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001032600020250001600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

1. El despacho se pronuncia sobre la solicitud de medida cautelar de urgencia de suspensión provisional del numeral 16.2 de la Circular Externa Única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023.

ANTECEDENTES

Demanda

2. El 10 de febrero de 2025 1, Santiago Ariza Quintero, Joel David Gaona Lozano, Sebastián Rojas Sánchez y Juan José Gómez Urueña presentaron demanda de nulidad contra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (en adelante, CCE), con el fin de que se declare la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Única, versión n.° 3 del 27 de diciembre de 2023, cuy as frases y secciones cuestionadas son las que se destacan a continuación:

“16.2. Restricción para celebrar convenios y contratos interadministrativos

El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los gobernadores,

frases y secciones cuestionadas son las que se destacan a continuación:

“16.2. Restricción para celebrar convenios y contratos interadministrativos

El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden Municipal, Departamental o Distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección, sin importar la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad contratante.

Esta restricción es aplicable tanto a los convenios como a los contratos interadministrativos, toda vez que, al no existir definición legal que diferencie el concepto de convenio del concepto de contrato, la denominación prevista por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 para tal fin se entenderán en el m ismo sentido. Es así como el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 trata indistintamente a los convenios y contratos interadministrativos, al establecer la contratación directa como la modalidad de selección para la contratación entre entidades públicas a través de estas dos figuras jurídicas.

No obstante, por vía jurisprudencial se ha establecido que en los contratos interadministrativos existe una contraprestación directa a favor de la entidad que ha entregado el bien o prestado el servicio a la Entidad contratante, habilitado para ello por su objeto legal como entidad ejecutora, como quiera que las obligaciones asignadas legalmente a aquella entidad pública están directamente

1 Índice 2 SAMAI Consejo de Estado.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

obligaciones asignadas legalmente a aquella entidad pública están directamente

1 Índice 2 SAMAI Consejo de Estado.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

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relacionadas con el objeto contractual. Por su parte, en los convenios interadministrativos las entidades se asocian con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, sin q ue exista una contraprestación para ninguna de las entidades ni la prestación de un servicio a cargo de alguna de ellas y en favor de la otra parte del convenio.

En el contexto de la Ley de Garantías, las restricciones , además de propender por la igualdad de los candidatos están encaminadas a evitar que por medio de la contratación se altere la voluntad popular, lo cual se puede lograr a través de contratos o convenios. En este sentido, la prohibición que establece el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías consiste en evitar que los recursos del Estado se ejecuten para lograr apoyos indebidos mediante la suscripción de contratos y/o convenios, que para efectos de la Ley de Garantías tienen la misma connotación y propósito.

En cuanto a la aplicación temporal de las restricciones de la Ley de Garantías, debe tenerse en cuenta que ambas restricciones no son excluyentes, pues en el período preelectoral para elección de Presidente de la República, a todos los entes del Estado, in cluidos los territoriales, les aplican las restricciones del

debe tenerse en cuenta que ambas restricciones no son excluyentes, pues en el período preelectoral para elección de Presidente de la República, a todos los entes del Estado, in cluidos los territoriales, les aplican las restricciones del artículo 33 con sus excepciones, así como las del parágrafo del artículo 38. Por lo que las restricciones de la Ley de Garantías pueden aplicarse de manera simultánea”.

3. De acuerdo con los demandantes, CCE expidió el acto sin competencia porque, al hacer extensiva la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 20052 a los contratos interadministrativos, reguló un asunto que le corresponde al Congreso de la República mediante la expedición de una ley estatutaria, según el literal f) del artículo 152 de la Constitución Política.

4. Indicó que CCE es una unidad administrativa especial del orden nacional, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, cuyo decreto de creación estableció que su

2 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.” El artículo 38 señala al respecto: “Artículo

38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está prohibido: || 1.

Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. || 2. Difundi r propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión

campaña o controversia política. || 2. Difundi r propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley. || 3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos. || 4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto. || 5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera. || La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima. || Parágrafo. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretari os, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. || Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas

social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipa les o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. || No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. || La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

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objetivo es orientar la política de compras y contratación del Estado, sin que ello implique que se encuentra facultada para establecer nuevas prohibiciones en materia contractual en época electoral, menos aún, si se tiene en cuenta que el presidente de la República no ha ejercido su potestad reglamentaria en este aspecto, según el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política3.

contractual en época electoral, menos aún, si se tiene en cuenta que el presidente de la República no ha ejercido su potestad reglamentaria en este aspecto, según el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política3.

5. Afirmó que el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 es de interpretación restrictiva, por lo que la aplicación analógica y extensiva de esa norma a los contratos interadministrativos desconoce el artículo 31 del Código Civil, toda vez que se trata de dos figuras distintas.

6. Al respecto, explicó que las prohibiciones previstas en la Ley de garantías “no admiten una interpretación amplia y, al contrario, debe ser restrictiva. La Corte Constitucional ha indicado que en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos interpretaciones alternativas posibles de una norma prohibitiva, se debe pre ferir aquella que menos limita el derecho de las personas”.

7. Manifestó que el segmento normativo demandado reprodujo parcialmente el contenido del numeral 16.2 de la Circular Externa Única de 2022 (versión 02), cuyos efectos fueron suspendidos por la Sección Tercera -Subsección B - de esta Corporación mediante auto de 4 de oc tubre de 2024, lo que configura una infracción a lo previsto en los artículos 9.6 y 237 de la Ley 1437 de 2011, que proscriben la reproducción de actos suspendidos o anulados.

8. En auto del 7 de mayo de 20254, el despacho remitió el expediente al consejero Fredy Ibarra Martínez de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación para que estudi ara la procedencia de su acumulación con el proceso con radicado n.°

Ibarra Martínez de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación para que estudi ara la procedencia de su acumulación con el proceso con radicado n.° 11001-03-26-000-2023-00139-00 (70.313); sin embargo, mediante proveído del 24 de julio de 20255, negó la acumulación y ordenó la devolución del expediente al suscrito funcionario para resolver lo pertinente.

9. En providencia del 13 de agosto de 2025 6, el despacho inadmitió la demanda de la referencia para que los accionantes: (i) precisen y aclaren si su pretensión se refiere la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Única de 2023 o si lo que se cuestiona, en realidad, es la reproducción de un acto administrativo suspendido; (ii) alleguen la copia de la constancia de la publicación del acto demandado o indiquen el lugar donde se encuentra publicado; y (iii) acrediten el envío de copias del escrito inicial y sus anexos a la entidad accionada.

10. En el escrito de subsanación, la parte actora aclaró que su pretensión se dirige a que se disponga la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023 y no a que se dé aplicación la figura prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), concerniente a la reproducción de un acto suspendido.

11. Agregó que, aunque se hizo mención a que ante esta Corporación cursa otro proceso en el que se decretó una medida cautelar de suspensión provisional, lo cierto es que

Administrativo (CPACA), concerniente a la reproducción de un acto suspendido.

11. Agregó que, aunque se hizo mención a que ante esta Corporación cursa otro proceso en el que se decretó una medida cautelar de suspensión provisional, lo cierto es que

3 Al respecto, se indicó: “Por otra parte, debe recordarse que CCE fue creada por el Decreto Ley 4170 de 2011, como una unidad administrativa especial, descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. En ese decreto se determi nó que su objetivo sería orientar la política de compras y contratación del Estado. // Sin embargo, de la lectura del Decreto Ley 4170 de 2011, no hay ninguna disposición que habilite a CCE para que expida normas dirigidas a establecer nuevas restricciones en materia contractual en época electoral”. 4 Índice 4 ibidem. 5 Índice 45 SAMAI Consejo de Estado del proceso con radicado n.° 11001-03-26-000-2023-00139-00. 6 Los demás requisitos de la demanda fueron examinados y se encontraron acreditados. Índice 9 SAMAI Consejo de Estado.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

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dicha decisión se adoptó respecto de un acto diferente, esto es, la Circular Externa Única de 2022, cuya mención se hizo únicamente a modo de antecedente.

Petición de medida cautelar

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dicha decisión se adoptó respecto de un acto diferente, esto es, la Circular Externa Única de 2022, cuya mención se hizo únicamente a modo de antecedente.

Petición de medida cautelar

12. En el escrito inicial, también se solicitó la suspensión provisional del numeral 16.2 de la Circular Externa Única, versión n.° 3 del 27 de diciembre de 2023, como medida cautelar de urgencia, con fundamento en que CCE se arrogó una competencia que no tiene, al crear una nueva restricción en materia contractual durante la época electoral, consistente en prohibir la suscripción de contratos interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección, a pesar de que el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 únicamente se refiere a los convenios interadministrativos.

13. Se afirmó que dicha disposición resulta contraria al literal f) del artículo 152 de la Constitución Política, por cuanto ese tipo de limitaciones tiene reserva de ley estatutaria, cuya expedición le corresponde al Congreso de la República.

14. En criterio de los actores, los apartes cuestionados también vulneran el artículo 31 del Código Civil por cuanto el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 es de interpretación restrictiva, por lo que CCE no puede hacer extensiva la prohibición de celebrar convenios interadministrativos a los contratos administrativos, máxime si se tiene en cuenta que se trata de dos figuras distintas.

15. Se indicó que el procedimiento a seguir en el presente asunto es el establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), debido a la proximidad de las elecciones, tanto las atípicas

15. Se indicó que el procedimiento a seguir en el presente asunto es el establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), debido a la proximidad de las elecciones, tanto las atípicas de febrero y marzo de 2025, como las legislativas y presidenciales en marzo y mayo de 20267, lo que implica que a las entidades se les restrinja el ejercicio de la facultad de celebrar ese tipo de negocios jurídicos contemplada en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

16. Por último, se mencionó que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en proveído del 4 de octubre de 2024, suspendió los efectos del numeral 16.2 de “ la versión 2 de la enunciada circular ”, cuyo contenido es idéntico al de la Circular Externa Única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023, “al encontrar acreditados los argumentos aquí expuestos”.

CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con el inciso primero del artículo 104 8 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaci ones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

7 “Ahora bien, como es de su conocimiento, actualmente, estamos próximos a las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán en marzo y mayo de 2026, incluso, así como las atípicas

cuando ejerzan función administrativa.

7 “Ahora bien, como es de su conocimiento, actualmente, estamos próximos a las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán en marzo y mayo de 2026, incluso, así como las atípicas programadas debido a situaciones especiales, como la destitución o renuncia de mandatarios en departamentos como Norte de Santander, Cesar, Putumayo o Nariño que se realizarán entre febrero y marzo de 2025”. Índice 14 SAMAI Consejo de Estado. 8 “Artículo 104. De La Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios orig inados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa (…)”.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

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18. A su vez, la resolución de la medida cautelar le corresponde al magistrado ponente, según lo previsto en el literal h) del numeral 2 del artículo 1259 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 22910 ejusdem.

Naturaleza del acto objeto de control

modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 22910 ejusdem.

Naturaleza del acto objeto de control

19. De conformidad con el inciso tercero del artículo 13711 ejusdem, toda persona puede pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general, así como de las circulares de servicio12 y los actos de certificación y registro.

20. Las circulares de servicio son manifestaciones de la voluntad de la administración que contienen instrucciones o indicaciones dirigidas a la colectividad o a un grupo específico de entidades, servidores públicos o de ciudadanos en relación con un asunto o situaciones concretas de diversa índole como situaciones administrativas, sociales, económicas, laborales, jurídicas, metodológicas, entre muchas otras 13, las cuales, de conformidad con la postura de la Sección Tercera de esta Corporación 14, son susceptibles de control judicial cuando tienen el carácter de actos administrativos, es decir, cuando se trata de decisiones provenientes de autoridad es públicas que producen efectos jurídicos vinculantes. En caso contrario, si la circular se limita a reproducir normas o las decisiones de otras instancias, con el fin de dar instrucciones a determinados funcionarios, tal acto no es pasible de control vía nulidad.

21. En el sub lite se cuestiona la legalidad del numeral 16.2 denominado “restricción para celebrar convenios y contratos interadministrativos ” de la Circular Externa Única, versión n.° 3 del 27 de diciembre de 2023, la cual fue expedida por CCE, unidad

9 “Artículo 125. De la expedición de las providencias. La expedición de las providencias judiciales se

versión n.° 3 del 27 de diciembre de 2023, la cual fue expedida por CCE, unidad

9 “Artículo 125. De la expedición de las providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…).

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…). h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente”. 10 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente suste ntada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”. 11 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general (…).

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”. 12 “Al reproducir la misma regla del artículo 84 del CCA, el propósito del artículo 137 del CPACA, como se deduce de la historia fidedigna de su establecimiento (art. 27 C.C.) fue permitir a la jurisdicción contenciosa el control de aquellas determinaciones qu e adoptaran la forma de circulares y que producen efectos jurídicos, sin catalogar a todas las circulares, de forma general, como actos

contenciosa el control de aquellas determinaciones qu e adoptaran la forma de circulares y que producen efectos jurídicos, sin catalogar a todas las circulares, de forma general, como actos administrativos”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2023, exp. 53492. C.P. Guillermo Sánchez Luque. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 69192. C.P. María Adriana Marín. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 23 de abril de 2021, exp. 56307. C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 69192. C.P. María Adriana Marín. Subsección B, auto del 4 de octubre de 2024, exp. 70313. C.P. Freddy Ibarra Martínez. Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2023, exp.

53492. C.P. Guillermo Sánchez Luque.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

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administrativa especial del orden nacional 15, con destino a todos los partícipes del sistema de compras y contratación pública16.

22. De la evaluación inicial que corresponde realizar en esta etapa del proceso, se

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administrativa especial del orden nacional 15, con destino a todos los partícipes del sistema de compras y contratación pública16.

22. De la evaluación inicial que corresponde realizar en esta etapa del proceso, se advierte que dicho documento constituye un acto administrativo, en tanto que, además de reproducir el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, interpreta que tal restricción también opera los contratos interadministrativos. De esta manera, además de reproducir la restricción legal , el acto acusado introduce un supuesto de hecho que puede considerarse inédito en la ley, y por lo tanto como una manifestación de la voluntad de la administración que produce efectos en derecho.

23. En armonía con lo expuesto, debe tenerse en cuenta que una versión anterior de la circular demandada fue objeto de pronunciamiento en el marco de una medida cautelar conocida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación 17.

En aquella oportunidad, esta fue considerad a susceptible de control jurisdiccional, toda vez que no se limitó a impartir orientaciones generales, sino que adoptó determinaciones específicas en materia de compras y contratación pública, afectando de manera directa a los partícipes del sistema. En estas circunstancias, en ese asunto se concluyó que dicha circular, en ejercicio de la función administrativa, tenía la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y, en particular,

de manera directa a los partícipes del sistema. En estas circunstancias, en ese asunto se concluyó que dicha circular, en ejercicio de la función administrativa, tenía la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y, en particular, pretendía reglamentar el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

24. Con fundamento en lo anterior, el despacho considera que, para esta etapa del proceso, resulta válido conocer de la petición de suspensión provisional de la circular demandada, sin perjuicio de que, al momento de dictar sentencia, se arribe a una conclusión distinta frente a su naturaleza.

Problemas jurídicos

25. En el presente asunto, le corresponde al despacho: (i) determinar si existe una situación de urgencia o inminente peligro que amerite un pronunciamiento frente a la medida cautelar solicitada sin agotar el traslado previo a la contraparte previsto en el artículo 233 del CPACA.

15 Artículo 1 del Decreto Ley 4170 de 2011, “ Créase la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente -, como una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación” . A su vez, esta subsección ha precisado: “ Así, como unidad administrativa especial, con personería jurídica, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente cumple las funciones administrativas asignadas por ley para desarrollar o ejecutar programas propios del Departamento Administrativo al cual quedó adscrita, y su competencia está atada al alcance de las funciones

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente cumple las funciones administrativas asignadas por ley para desarrollar o ejecutar programas propios del Departamento Administrativo al cual quedó adscrita, y su competencia está atada al alcance de las funciones asignadas y a la vigencia de la ley que le dio origen ”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 23 de abril de 2021, exp. 56307. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 16 De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional ”, los partícipes del sistema de compras y contratación pública para efectos del Decreto -Ley 4170 de 2011, son: 1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adqui sición conjunta de bienes, obras y servicios. 2. Colombia Compra Eficiente. 3. Los oferentes en los Procesos de Contratación. 4. Los contratistas. 5. Los supervisores. 6. Los interventores. 7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley ”. 17 Proceso de nulidad con radicado 11001 -03-26-000-2023-00139 00, decisiones del 4 de octubre de

2024, confirmada el 17 de enero de 2025. Índices 27 y 35 SAMAI Consejo de Estado, proceso con radicado 11001-03-26-000-2023-00139 00.Radicación: 11001-03-26-000-2025-00016-00 (72.424)

Demandante: Santiago Ariza Quintero y otros

Demandado: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011)

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26. En caso de que la respuesta sea afirmativa, (ii) establecer si se reúnen los requisitos para suspender de manera provisional los efectos de la Circular Externa Única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023.

Procedencia de las medidas cautelares de urgencia

27. Según el artículo 229 del CPACA 18, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, a petición de parte debidamente sustentada, el juez puede decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, las cuales, de conformidad con el artículo 230 19 ibidem, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión -como la solicitada-, con la condición de que tengan una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

28. De acuerdo con el artículo 233 del CPACA, el procedimiento para la adopción de una medida cautelar formulada junto con el escrito inicial es el siguiente: (i) al admitir la demanda

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