CE - Auto interlocutorio 11001032800020250001300
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032800020250001300
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
Demandado: Raúl Alfonso Gutiérrez Romero Rad: 11001-03-28-000-2025-00013-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2025-00013-00
Demandante: ANSTRONGH POLANÍA DUCUARA
Demandados: RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO –
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA ENCARGADO
Tema: Auto que resuelve excepciones previas, fija el litigio, decreta pruebas y dispone dictar sentencia anticipada.
AUTO
Corresponde al despacho continuar con el trámite del proceso, en los términos de los artículos 175 parágrafo 2 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021; 180 y 182 A, adicionado por el artículo 42 de la misma norma.
1. Excepciones previas
1. Revisadas las contestaciones de las demandas presentadas, se tiene que el señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero y los apoderados del Ministerio de Defensa y
norma.
1. Excepciones previas
1. Revisadas las contestaciones de las demandas presentadas, se tiene que el señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero y los apoderados del Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República interpusieron las siguientes excepciones previas.
1.1. Raúl Alfonso Gutiérrez Romero
2. En su escrito de contestación de la demanda señaló como excepciones previas
las que se explicarán y decidirán a continuación:
a. Indebido medio de control invocado
3. Afirmó que el demandante sustentó sus pretensiones en el procedimiento del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , pese a que la decisión consignada en el Decreto 259 de 2024 se trató de un encargo de funciones, proferido en ejercicio de atribuciones administrativas y no electorales.Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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4. Argumentó que el nombramiento se realizó en ejercicio de funciones administrativas y no de funciones electorales y que, por tanto, no es procedente que el trámite del proceso de la referencia se adelante a través del medio de control de nulidad electoral.
5. Para resolver la excepción propuesta, es procedente revisar lo dispuesto en el
administrativas y no de funciones electorales y que, por tanto, no es procedente que el trámite del proceso de la referencia se adelante a través del medio de control de nulidad electoral.
5. Para resolver la excepción propuesta, es procedente revisar lo dispuesto en el artículo 139 del CPACA, norma que dispone expresamente:
ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
(…). (Negrillas fuera de texto).
6. Esta sección ha explicado que, aunque los actos de nombramiento se profieren en ejercicio de la función administrativa, al haber sido enlistados como actos electorales en el artículo 139 del CPACA, la Sección Quinta del Consejo de Estado los conoce como tales.
7. Específicamente, mediante auto del 30 de agosto de 20181, la sala consideró:
Es de advertir que aunque los actos de nombramiento son expresión propia de la función administrativa, como el legislador los enlistó como acto electoral la Sala los conoce como tal, pese a que no responden a la lógica de la función electora l. Ahora bien, debido a esta “doble naturaleza” que el ordenamiento jurídico quiso asignarle al acto de nombramiento, la Sala Electoral ha establecido que, aquel, en principio, puede controlarse mediante dos vías distintas, dependiendo de la pretensión de la demanda.
Así las cosas, será procedente la nulidad electoral “ cuando la pretensión es discutir
acto de nombramiento, la Sala Electoral ha establecido que, aquel, en principio, puede controlarse mediante dos vías distintas, dependiendo de la pretensión de la demanda.
Así las cosas, será procedente la nulidad electoral “ cuando la pretensión es discutir la legalidad del acto declaratorio de elección o acto electoral propiamente dicho y, la nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el propósito sea la obtención de un restablecimiento, expreso si se solicita por postula ción de parte, o tácito, implícito o automático, cuando el planteamiento de la causa petendi así se advierta”2.
8. Para determinar si el medio de control de nulidad electoral es procedente para revisar la legalidad del Decreto 259 de 2024, es necesario determinar, inicialmente si se trata de un acto de nombramiento y, posteriormente, revisar lo pretendido por el demandante para verificar si busca o no un restablecimiento.
1 Auto dictado en el expediente 25000 -23-41-000-2018-00165-01 con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro. 2 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 30 de junio de 2016 con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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9. Al revisar el Decreto 259 de 2024, se constata que en este se designó al señor
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9. Al revisar el Decreto 259 de 2024, se constata que en este se designó al señor Gutiérrez Romero como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en atención a la vacancia definitiva de dicho empleo y, de los antecedentes administrativos, se pudo verificar que el demandado tomó posesión del empleo en la modalidad de encargo.
10. Para el despacho, la vacancia definitiva y la toma de posesión por parte del demandado en ese empleo evidencian que a través del acto demandado se proveyó, de manera temporal, el cargo de superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, lo que implica un verdadero acto de nombramiento y no un simple encargo de funciones.
11. Ahora bien, al verificar las pretensiones de la demanda, para el despacho es claro que se dirige a cuestionar la legalidad del acto de nombramiento en encargo del demandado, sin que de este se desprenda un restablecimiento expreso o tácito.
12. En atención a todo lo expuesto, el despacho considera que el medio de control de nulidad electoral es el procedente para atacar el Decreto 259 del 4 de marzo de 2024, mediante el cual se nombró como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en encargo, al señor Gutiérrez Romero y, por tanto, la excepción de previa de indebida escogencia del medio de control no está llamada a prosperar.
b. Caducidad del medio de control
13. El señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero explicó que el demandante fundamentó sus pretensiones en un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial que al estudiar una acción de tutela, explicó que el medio de control
13. El señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero explicó que el demandante fundamentó sus pretensiones en un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial que al estudiar una acción de tutela, explicó que el medio de control procedente era el de nulidad electoral y debía contabilizarse el término para interponerlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA.
14. Sostuvo que la decisión que sustenta la demanda es un pronunciamiento qu e tiene efectos entre las partes.
15. Estos argumentos serán analizados posteriormente, cuando se estudien las excepciones propuestas por el Ministerio de Defensa.
c. No agotamiento del requisito de procedibilidad
16. El demandado considera que en el presente caso no se agotó el requisito de procedibilidad correspondiente, el cual, en el caso en estudio es obligatorio teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por el actor se basan en las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA, esto es, que el Decreto 259 de 2024 fue expedido de manera irregular por falta de motivación y con infracción de las normas en que debía fundarse.Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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17. El artículo 161 del CPACA establece que las demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa debe n someterse al cumplimiento de los requisitos
previos en los siguientes casos:
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17. El artículo 161 del CPACA establece que las demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa debe n someterse al cumplimiento de los requisitos
previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.
Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en los términos del artículo 8o de la Ley 393 de 1997.
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago.
18. En aplicación de la norma antes transcrita, el despacho considera que la conciliación extrajudicial es facultativa en los casos del proceso de nulidad electoral y su obligatoriedad radica exclusivamente en que el medio de control sea el de nulidad y restablecimiento del derecho, el de reparación directa y el de controversias contractuales.
19. Es del caso aclarar que la demanda de nulidad electoral se puede sustentar en las causales establecidas en el artículo 275 el CPACA y en los eventos previstos en el artículo 137 del CPACA, esto es, cuando el acto demando haya sido expedidos con infracción de las normas en que debería fundarse, o sin competencia, o enDemandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
20. En virtud de lo expuesto, el despacho considera que la excepción alegada no está llamada a prosperar.
1.2. Ministerio de Defensa Nacional
21. Mediante apoderado judicial, la entidad contesta la demanda y propone las
siguientes excepciones previas:
a. Indebida escogencia del medio de control
22. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada alega que el acto demandado no es un acto de elección sino que se trata de un acto administrativo de encargo interinstitucional, esto es, regula una situación jurídica de carácter temporal distinta al nombramiento en propiedad o provisional de un cargo, por lo que el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
23. Esta excepción ya fue analizada en párrafos anteriores y se consideró que la misma no está llamada a prosperar.
b. Falta de legitimación en la causa por activa
24. La entidad alega que la legitimación en la causa la tiene aquella persona que, de conformidad con la ley, se encuentra jurídicamente habilitada para formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, por ostentar la condición de sujeto activo o pasivo en una relación jurídica.
25. Expuso que, como el acto demandado no es de naturaleza electoral sino que
contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, por ostentar la condición de sujeto activo o pasivo en una relación jurídica.
25. Expuso que, como el acto demandado no es de naturaleza electoral sino que se trata de un encargo institucional, un acto de carácter particular y concreto no existe prueba que demuestre la legitimación en la causa del demandante para buscar su nulidad.
26. El despacho reitera que el medio de control elegido por el demandante es el adecuado para demandar el Decreto 259 de 2024 al considerar que este es un acto de nombramiento.
27. En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 139 del CPACA, la legitimación para pedir la nulidad de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden está en cabeza de cualquier persona.Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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28. En consecuencia, el demandante sí cuenta con legitimación en la causa por activa para demandar el Decreto 259 de 2024 y, por tanto, la excepción propuesta no está llamada a prosperar.
c. Caducidad
29. El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional señaló que en el caso en estudio ha operado la caducidad del medio de control porque el acto administrativo demandado fue expedido el 4 de marzo de 2024 y, comunicado en debida forma a
29. El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional señaló que en el caso en estudio ha operado la caducidad del medio de control porque el acto administrativo demandado fue expedido el 4 de marzo de 2024 y, comunicado en debida forma a los interesados.
30. Expuso que, a pesar de lo anterior, se indujo en error a las autoridades judiciales y, mediante un fallo de acción de tutela, se ordenó la publicación de este en el Diario Oficial , lo que generó la reactivación de los términos jurídicos para interponer los medios de control procedentes.
31. El demandado, manifestó que la parte actora fundamentó sus pretensiones en un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial que al estudiar una acción de tutela, explicó que el medio de control procedente era el de nulidad electoral y debía contabilizarse el término para interponerlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA , pese a que ese pronunciamiento solo es vinculante para aquellos que participaron en ese proceso.
32. Revisados los documentos allegados por el demandante, se constató que la Sala Segunda de Decisión Laboral d el Tribunal Superior de Bogotá , dentro de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de tutela, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados y ordenó al DAPRE que suministrara una copia del Decreto 259 de 2024 y que publicara el referido acto administrativo en el Diario Oficial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.
33. También se constata que el Decreto 259 de 2024 , «por el cual se acepta una
y que publicara el referido acto administrativo en el Diario Oficial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.
33. También se constata que el Decreto 259 de 2024 , «por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo en la planta de personal de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada» fue publicado en el Diario Oficial 52.986 del 31 de diciembre de 2024.
34. El despacho considera, previo a determinar si el medio de control de nulidad electoral está o no caducado, que en el caso en estudio lo decidido en por el Tribunal Superior de Bogotá no es el sustento de las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Anstrongh Polanía Ducuara y, si bien se hizo referencia a ese pronunciamiento, lo cierto es que este es el sustento de la publicación del acto demandado en el Diario Oficial.
35. Respecto de la caducidad de la vía judicial interpuesta, el artículo 164 del CPACA establece expresamente:Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1o del artículo 65 de este Código.
En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación;
(…). (Negrillas fuera de texto).
36. Para el caso de los actos de nombramiento, d e acuerdo con lo establecido en la norma transcrita, el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral empieza a contar al día siguientes de la publicación de este.
37. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, el Decreto 259 de 2024 fue publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2024, por tanto, el término para interponer la demanda empezó a correr el 13 de enero de 2025, en virtud de la vacancia judicial.
38. Siendo esto así, el demandante podía presentar la demanda hasta el 21 de febrero de 2025 y la presentó , por la ventanilla virtual, el 28 de enero del presente año, mediante solicitud número 15200.
39. En atención a lo anterior, es claro que al momento de la radicación de la
febrero de 2025 y la presentó , por la ventanilla virtual, el 28 de enero del presente año, mediante solicitud número 15200.
39. En atención a lo anterior, es claro que al momento de la radicación de la demanda, el medio de control de nulidad electoral no se encontraba caducado, por lo que la excepción propuesta por el demandado y por el Ministerio de Defensa Nacional no está llamada a prosperar.
1.3. Presidencia de la República
40. La Presidencia de la República interpuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y alegó que, en el presente caso, la parte demandante no satisfizo plenamente las exigencias dispuestas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto de los requisitos que debe contener la demanda.
41. Explicó que no se presentó de manera clara y suficiente las normas presuntamente transgredidas y el concepto de la violación , puesto que en los apartes del escrito inicial no se realizó un análisis de los motivos que llevan aDemandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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concluir el desconocimiento de las normas transcritas en el acápite de normas violadas.
42. De acuerdo con el segundo inciso del parágrafo 2 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando se
concluir el desconocimiento de las normas transcritas en el acápite de normas violadas.
42. De acuerdo con el segundo inciso del parágrafo 2 del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando se presenten excepciones previas se decidirán de acuerdo con lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del CGP.
43. La norma establece textualmente:
ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
(…)
3. Las excepciones.
(…)
PARÁGRAFO 2o. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.
Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resol verá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.
(…). (Negrillas fuera de texto).
inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resol verá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.
(…). (Negrillas fuera de texto).
44. Por su parte que el numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, dispone como excepción previa la ineptitud sustantiva de la demanda, en dos
eventos:
I. Por indebida acumulación de pretensiones.
II. Por falta de requisitos formales.
45. Respecto del segundo supuesto, es necesario analizarlo en virtud de los requisitos establecidos en el artículo 162 del CPACA, que comprende específicamente «los fundamentos de derecho de las pretensiones» y que «cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicar el concepto de la violación».Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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46. En consecuencia, para que una demanda cumpla los requisitos formales, entre otros, debe existir argumentos en torno a las razones por las cuales se pretende la nulidad del acto.
47. Esto, sin perjuicio de que el medio de control de nulidad electoral sea una acción pública, lo que significa que puede ser ejercida por cualquier persona, en defensa del interés general y con el fin de hacer prevalecer la legalidad del acto de elección
47. Esto, sin perjuicio de que el medio de control de nulidad electoral sea una acción pública, lo que significa que puede ser ejercida por cualquier persona, en defensa del interés general y con el fin de hacer prevalecer la legalidad del acto de elección o nombramiento3, lo que lleva consigo que se refuercen las atribuciones del juez contencioso administrativo para «interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto», tal y como lo establece el artículo 42 del Código General del Proceso.
48. Al estudiar la demanda, se pudo constatar que el acto demandado es el Decreto 259 del 4 de marzo de 2024, por medio del cual se encargó al señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual, a juicio del demandante, se profirió con infracción de las normas en que debía fundarse y con falta de motivación al no haber establecido un término para el desarrollo de dicho encargo.
49. En atención a lo anterior, el despacho considera que, contrario a lo afirmado por la Presidencia de la República, la demanda sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 164 del CPACA, pues de su lectura se puede constatar las normas presuntamente violadas y el concepto de tal afirmación.
50. En atención a lo expuesto, el despacho considera que no se encuentra probada la excepción de inepta demanda propuesta por la Presidencia de la República, más aún cuando los cargos resultan comprensibles y permitieron el derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.
2. Excepciones de mérito
51. Ahora bien, estudiadas las contestaciones de las demandas presentadas, se
aún cuando los cargos resultan comprensibles y permitieron el derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.
2. Excepciones de mérito
51. Ahora bien, estudiadas las contestaciones de las demandas presentadas, se tiene que el demandado y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada presentaron las excepciones denominadas legalidad, validez y debida motivación del acto demandado, fundamento de las normas en que debía fundarse, inexistencia de falta de motivación, inaplicabilidad de la analogía con el encargo ordinario , ausencia de vulneración a la seguridad jurídica, legalidad y constitucionalidad del encargo interinstitucional sin término definido e improcedencia de la nulidad , las cuales, por ser del fondo del asunto, y no previas, serán resueltas en la sentencia.
3 Postura reiterada del auto proferido el 31 de agosto de 2020, en el radicado 11001 -03-28-000-2019-00007900 y referenciada en la providencia del 26 de octubre de 2021 en el proceso 11001-03-28-000-2021-00032-00.Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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3. Audiencia inicial
52. Resuelto lo anterior, le correspondería al despacho fijar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 283 del Código de
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3. Audiencia inicial
52. Resuelto lo anterior, le correspondería al despacho fijar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 283 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, sin embargo, se advierte que en este caso es posible dictar sentencia anticipada de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la referida
codificación que dispone:
Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
(…). (Negrillas fuera del texto original)
53. Así las cosas, procederá el despacho a pronunciarse sobre las pruebas aportadas y solicitadas por el demandante, el demandado y las entidades debidamente vinculadas al proceso , para determinar si reúnen los requisitos de
53. Así las cosas, procederá el despacho a pronunciarse sobre las pruebas aportadas y solicitadas por el demandante, el demandado y las entidades debidamente vinculadas al proceso , para determinar si reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.
4. Pruebas
4.1. Parte actora
54. Con el valor legal que les corresponda, ténganse como pruebas los documentos aportados con la demanda, visibles en el expediente electrónico que obra en el sistema de información Samai.Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
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4.2. Parte demandada
55. Con el valor legal que les corresponda, ténganse como pruebas los documentos aportados con la contestación de la demanda, visibles en el expediente electrónico que obra en el sistema de información Samai.
4.3. Presidencia de la República
56. Con el valor legal que les corresponda, ténganse como pruebas los documentos aportados con la contestación de la demanda, visibles en el expediente electrónico que obra en el sistema de información Samai.
4.3. Ministerio de Defensa Nacional
57. Con el valor legal que les corresponda, ténganse como pruebas los documentos aportados con la contestación de la demanda, visibles en el ex
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