CE - Auto interlocutorio 11001032800020250017800
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032800020250017800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre del dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
Demandante: Carlos Mario Rojas Centeno
Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís, magistrado de la Corte Constitucional
Temas: Requisitos para la admisión de la demanda – presupuestos para la suspensión provisional de los efectos del acto demandado
AUTO QUE ADMITE DEMANDA Y RESUELVE MEDIDA CAUTELAR
La Sala procede a pronunciarse sobre: i) la admisibilidad de la demanda presentada contra el acto de elección del señor Carlos Ernesto Camargo Assís, como magistrado de la Corte Constitucional contenido en la sesión plenaria del Senado de la República celebrada el 3 de septiembre de 20251 y ii) la solicitud de suspensión provisional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda2
1. Carlos Mario Rojas Centeno , en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el fin que se declare la nulidad del acto de elección del señor Carlos Ernesto Camargo Assís como magistrado de la Corte Constitucional.
1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control
se declare la nulidad del acto de elección del señor Carlos Ernesto Camargo Assís como magistrado de la Corte Constitucional.
1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control
2. El demandado se desempeñó como defensor del pueblo en el periodo «2020 -2024» lapso en el que vinculó de forma personal o a través de sus subalternos a familiares de al menos «6 magistrados» de la Corte Suprema de Justicia , esto es: Gerson Chaverra Castro3 Fernando León Bolaños 4, Octavio Augusto Tejeiro 5, Myriam Ávila Roldán 6, Luis
Benedicto Herrera7, Diego Eugenio Corredor8.
3. En sesión ordinaria del 14 de agosto de 2025, la Sala Plena de la Corte Suprema integró la terna de candidatos a magistrado de la Corte Constitucional la cual quedó
1 Publicado en la gaceta ( del congreso de la República )1990 del 17 de octubre de 202 5.La cual se encuentra cargada, en el perfil de YouTube de la institución y puede ser consultada a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=lU8ENJVWo1E de la sesión plenaria del Senado de la República del día 03 de septiembre de 2025, minuto: 2:04:19. 2 Índice 0021 SAMAI. 3 Helber Rudecindo Mosquera Castro, hermano. 4 Álvaro Javier Bolaños, hermano 5 Afirmó que sus hijos a través una sociedad suscribieron contrato con la Defensoría del Pueblo sin indicar nombres o documento que
3 Helber Rudecindo Mosquera Castro, hermano. 4 Álvaro Javier Bolaños, hermano 5 Afirmó que sus hijos a través una sociedad suscribieron contrato con la Defensoría del Pueblo sin indicar nombres o documento que lo acredita. Indicó que su plazo fue entre el 17 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y desde el 22 de marzo de 2024 hasta el 30 de junio de 2024. 6 A Juan David Ávila Roldán, hijo. 7 Afirmó que un pariente en tercer grado, sin especificar su nombre. 8 Catalina Rodríguez Buenahora, nuera (esposa del hijo).Demandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformada, entre otros, por Carlos Ernesto Camargo Assís, sin que los postulantes de la citada corporación manifestaran causal de impedimento.
4. El 3 de septiembre de 2025 el Congreso de la República eligió a Carlos Ernesto
Camargo Assís.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5. El acto de elección transgrede lo dispuesto en el artículo 126 9 de la Constitución Política que pretende «eliminar toda forma de nepotismo, clientelismo y tráfico de favores, por lo que se prohíbe no solamente que contratar con parientes del servidor público como tal sino, además, designar a las personas que participaron en su elección o nombramiento y a quienes se
que se prohíbe no solamente que contratar con parientes del servidor público como tal sino, además, designar a las personas que participaron en su elección o nombramiento y a quienes se relacionan con ellos por ciertos grados de consanguinidad, afinidad y civiles» (sic).
6. Señaló que el Consejo de Estado 10, en el caso donde fungió como demandado el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, reiteró que el artículo 126 se refiera a: «(a) prohibición de nombrar a parientes propios (nepotismo clásico); (b) prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”; (c) prohibición del “tú nombras a mis familiares, yo te nombro/postulo/elijo”. Y enfatizó que el propósito es “erradicar del ámbito estatal ese intercambio recíproco de favores que caracteriza al clientelismo y el favorecimiento a parientes que caracteriza al nepotismo”, evitando la “transacción de cuotas personales” en el acceso a cargos públicos».
7. El demandado cuando se desempeñó como defensor del Pueblo nombró y contrató a familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tenían la potestad de postularlo para conformar la terna para ocupar un lugar en la Corte Constitucional, por lo que teniendo en cuenta que los togados se vieron beneficiados por los nombramientos a sus familiares debieron declararse impedidos para participar en las rondas en donde se sometía a consideración su nombre , por lo que se debieron haber abstenido de votar , sin embargo, afirmó que esto no ocurrió.
8. Bajo los mismos cuestionamientos, indicó que el acto demandado fue expedido con
sometía a consideración su nombre , por lo que se debieron haber abstenido de votar , sin embargo, afirmó que esto no ocurrió.
8. Bajo los mismos cuestionamientos, indicó que el acto demandado fue expedido con infracción a norma superior y desviación de poder lo que, en su sentir, conllevan a la nulidad del acto de elección
1.4. Solicitud de medida cautelar
9. En el escrito de la demanda, la parte actora señaló: «Esta petición se presenta, debido a que, como se ha expuesto suficientemente en esta demanda, la actuación acusada, viola los
9 ARTICULO 126. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Los ser vidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentes co hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingres o o ascenso por méritos en cargos de carrera. Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco po drá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido <sic> de sus funciones: <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados , Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil. 10 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia de unificación del 6 de septiembre de 2016 radicado: Rad.11001 -03-15-000-2013-0199800, M.P. Rocio Araújo OñateDemandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículos 126, 209 de la Constitución Política. Para decretar la solicitud de medida provisional de suspensión solicito (sic) tener en cuenta las prohibiciones establecidas en el (…) artículo 126 de la Constitución tienen como propósito prevenir y preservar la confianza en la administración. En igual sentido, este precepto constitucional busca proteger los principios de imparcialidad y transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos».
1.5. Trámite procesal
10. El 16 de octubre de 202511 se resolvió el impedimento presentado dentro del presente proceso12 y se realizó el respectivo cambio de ponente. El 23 de ese mes y año se inadmitió la demanda 13, la cual fue subsanada por la parte actora el 27 de octubre de
2025.
11. El 31 de octubre de 2025 14 corrió traslado de la medida cautelar por el término de 5 días hábiles al demandado, al Senado de la República, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, plazo durante el cual se presentaron las siguientes intervenciones:
12. El demandado15: Se opuso a la solicitud de suspensión provisional del acto demandado, al considerar que, conforme a lo previsto en el artículo 231 del CPACA, dicha medida únicamente procede cuando la violación normativa invocada resulta ostensible del análisis directo del acto y su confrontación con las normas superiores, o del estudio de las pruebas allegadas con la
considerar que, conforme a lo previsto en el artículo 231 del CPACA, dicha medida únicamente procede cuando la violación normativa invocada resulta ostensible del análisis directo del acto y su confrontación con las normas superiores, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Señaló además que no se acreditaron los presupuestos exigidos para su decreto, en particular la apariencia de buen derecho, esto es, que de los argumentos y pruebas aportadas se evidencie la vulneración alegada, ni el peligro en la mora, entendido como la existencia de un perjuicio irremediable o la posibilidad de que la ausencia de la medida torne ineficaz la sentencia que se profiera.
13. Indicó que la pretensión cautelar se dirige realmente contra la conformación de la terna efectuada por la Corte Suprema de Justicia, la cual constituye un acto preparatorio y, por ende, no susceptible de control judicial. En consecuencia, el acto efectivamente demandable —la elección realizada por el Senado de la República — no evidencia por sí mismo ninguna de las irregularidades invocadas por el actor, lo que hace improcedente la medida de suspensión provisional.
14. Argumentó que el alcance de dicha disposición debe entenderse de forma estricta y conforme con la jurisprudencia constitucional (Sentencias C -106 de 2018 16 y SU-261 de 202117), según la cual las prohibiciones allí previstas: i) No crean inhabilidades automáticas para ser elegido; ii) Solo aplican cuando, con posterioridad a la elección, el servidor público nombra o postula a quien participó en su designación y iii) No pueden extenderse a hechos anteriores a la elección, ni a relaciones indirectas o meramente conjeturales.
servidor público nombra o postula a quien participó en su designación y iii) No pueden extenderse a hechos anteriores a la elección, ni a relaciones indirectas o meramente conjeturales.
15. En tal sentido, el artículo 126 no resulta vulnerado por actuaciones o designaciones efectuadas durante el ejercicio de otro cargo público antes de la elección, como las realizadas en la Defensoría del Pueblo , asimismo señaló que el actor no sustentó
11 Índice 0009 Samai 12 Magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez 13 Índice 00016 Samai. 14 Índice 00024 Samai. 15 Índice 00031 Samai 16 Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO 17 Magistrado JOSÉ FERNANDO REYES CUARTASDemandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adecuadamente la violación del artículo 209, pues no explicó qué principio de la función administrativa se habría desconocido ni cómo el acto cuestionado afectó el interés general. Tampoco se demostró la existencia de un conflicto de intereses, y conforme al artículo 275 del CPACA, tal situación no afecta per se la validez del acto electoral.
16. Además, las pruebas aportadas carecen de fuerza demostrativa para acreditar la violación del artículo 126, adujo que tampoco se acreditan los elementos del artículo 126
16. Además, las pruebas aportadas carecen de fuerza demostrativa para acreditar la violación del artículo 126, adujo que tampoco se acreditan los elementos del artículo 126 por lo que solicitó se niegue la medida cautelar.
17. Senado de la República 18: si bien el secretario general del Senado de la República descorrió el traslado de la medida cautelar, no aportó el acto de delegación del funcionario competente, de manera que no se tiene certeza de si está facultado para representarla judicialmente.
18. La Corte Suprema de Justicia19: sostiene que la suspensión provisional del acto de elección no cumple los requisitos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto no se evidencia violación alguna de la Constitución ni de la ley. A su juicio, la petición carece de la apariencia de ilegalidad exigida por la norma, y las pruebas allegadas no permiten establecer que el acto de elección contraríe el orden jurídico.
19. Frente al argumento del demandante, quien invoca la violación de los artículos 126 y 209 de la Constitución, el apoderado explica que la prohibición contenida en el artículo 126 —según la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado — aplica únicamente a los casos de reelección en el mismo cargo, donde podría configurarse la práctica del “yo te elijo, tú me eliges”. En consecuencia, dicha norma no resulta aplicable al caso del doctor Camargo, quien pasó de desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo a ser elegido magistrado de la Corte Constitucional.
20. Agrega que diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia se declararon
Camargo, quien pasó de desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo a ser elegido magistrado de la Corte Constitucional.
20. Agrega que diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia se declararon impedidos por razones de transparencia y posibles conflictos de interés, pero tales impedimentos fueron negados por no alcanzar la mayoría requerida, conforme al reglamento interno. Además, destaca que las pruebas presentadas por el actor no demuestran los vínculos familiares o contractuales que sustentarían la supuesta infracción constitucional.
21. En conclusión, el apoderado solicita negar la medida cautelar, al considerar que la elección del doctor Carlos Camargo se ajustó al ordenamiento jurídico y que el acto demandado debe conservar su ejecutoriedad durante el trámite del proceso.
22. La delegada del Ministerio Público: luego de referirse a los hechos de la demanda y de la procedencia de la medida cautelar indicó que el procedimiento para la elección de magistrados de la Corte Constitucional se encuentra en el artículo 239 que establece que el Senado elige a los magistrados de ternas enviadas por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Además, no hay procedimiento especial para integrar las ternas más allá de los requisitos constitucionales del cargo.
18 Indice 00033 Samai 19 Índice 00038 SamaiDemandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
23. Señaló que existen dos interpretaciones del artículo 126 superior, así: La primera sostiene que dicha disposición establece una prohibición de carácter objetivo y atemporal, configurando una inhabilidad automática bajo la lógica de “yo te elijo, tú me eliges”. En consecuencia, su desconocimiento acarrea la nulidad del acto, sin que resulte relevante la incidencia que ello tenga en el número de votos obtenidos.
24. La segunda interpretación considera que la disposición no tiene carácter inhabilitante, en la medida en que no establece una inhabilidad, sino una prohibición dirigida exclusivamente a los servidores públicos con facultad nominadora. En consecuencia, dado que el elegido no es destinatario de dicha restricción, la norma no le resulta aplicable.
25. Finalmente, se indicó que, en esta etapa preliminar del proceso, no existen pruebas suficientes que permitan adoptar una decisión de fondo, razón por la cual se solicitó negar la medida cautelar.
II. CONSIDERACIONES
2.1 . Competencia
26. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 20 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 20 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 2024, esta Sección es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia.
27. De igual manera, la Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la petición de medida cautelar, conforme con lo dispuesto en el numeral 2, literal f) del artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, y el último inciso del artículo 277 de la citada ley.
2.2. Sobre la admisión de la demanda
28. Para admitir la demanda de nulidad electoral se debe verificar: (i) si fue presentada dentro del término de caducidad, previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; (ii) el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 162 y 163 de la Ley 1437 de 2011, que tratan sobre su contenido, esto es, la designación de las partes, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los fundamentos de derecho de las pretensiones, las normas violadas, el concepto de la violación, la indicación de la dirección de notificación de las partes o que se desconoce esta y el envío del libelo introductorio y sus anexos al demandado, salvo en los casos previstos por el mismo precepto; (iii) lo consagrado en el artículo 166 de la mencionada ley, en relación con los anexos de la misma; (iv) la debida acumulación de pretensiones de conformidad
mismo precepto; (iii) lo consagrado en el artículo 166 de la mencionada ley, en relación con los anexos de la misma; (iv) la debida acumulación de pretensiones de conformidad con los artículos 281 y 282 de la Ley 1437 de 2011 y; (v) ser un acto pasible de control judicial.
20 ARTÍCULO 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo qu e el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, (…).Demandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.1. Oportunidad en el ejercicio del medio de control
29. De conformidad con lo señalado en el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, cuando se pretenda la nulidad de un acto electoral, el término para la presentación oportuna de la demanda es de 30 días. En cuanto a su contabilización, la
misma norma consagra tres escenarios:
- Si la elección se declara en audiencia pública, el referido plazo se contará a partir del día siguiente a la celebración de ésta.
misma norma consagra tres escenarios:
- Si la elección se declara en audiencia pública, el referido plazo se contará a partir del día siguiente a la celebración de ésta. • En los demás casos de elección y nombramiento, se cuenta a partir del día siguiente al de la publicación del acto, de conformidad con lo previsto en el inciso 1.º del artículo 65 de la Ley 1437 de 201121. • Cuando se requiera la confirmación del nombrado o elegido, el término será contado a partir del día siguiente a que ello ocurra.
30. Es de resaltar que esta Sala22 ha entendido la caducidad como el plazo de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actuación judicial, el cual transcurre sin necesidad de alguna acción concreta por parte de la autoridad judicial o de las partes. En otras palabras, es el límite temporal fijado por el legislador en días, meses o años, el cual debe ser atendido por los interesados en obtener la resolución de un conflicto por parte de los jueces, pues de lo contrario, se consideraría que su demanda no fue allegada en tiempo y puede ser objeto de rechazo.
31. En este caso, se concluye que, de conformidad con los elementos obrantes en el expediente, la demanda interpuesta en contra del acto de elección del señor Carlos Ernesto Camargo Assís, como magistrado de la Corte Constitucional, fue presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente.
32. Lo anterior, toda vez que fue electo en la sesión celebrada el 3 de septiembre de 202523, contenido en la gaceta 1990 del 17 de octubre de 2025, y el escrito inicial se presentó el 9 de octubre de 202524, por lo que se tiene como oportuna25.
202523, contenido en la gaceta 1990 del 17 de octubre de 2025, y el escrito inicial se presentó el 9 de octubre de 202524, por lo que se tiene como oportuna25.
2.2.2. Requisitos exigidos en los artículos 162 y 163 de la Ley 1437 del 2011
33. En cuanto a la designación de las partes, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, los fundamentos de derecho, las normas violadas y el concepto de la violación, se evidencia
lo siguiente:
34. La parte actora dirige su escrito inicial contra el señor Carlos Ernesto Camargo Assís como magistrado de la Corte Constitucional , a specto que permite colegir la individualización en debida forma del demandado.
35. Ahora bien, en el escrito inicial y de subsanación se exponen los hechos y omisiones que cimientan el medio de control, así como los fundamentos de derecho de las
21 La mencionada norma, señala «los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso». 22 Auto del 26 de agosto del 2021, Rad. 08001-23-33-000-20201-00275-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. 23 Si bien al momento de presentar la demanda no se tenía la gaceta, lo cierto es que se aportó la certificación en la que se indicó que estaba en elaboración, con todo se aportó la Gaceta 1990 del 17 de octubre de 2025 que da cuenta el acto eleccionario. 24 Índice 0001 de SAMAI.
estaba en elaboración, con todo se aportó la Gaceta 1990 del 17 de octubre de 2025 que da cuenta el acto eleccionario. 24 Índice 0001 de SAMAI. 25 Lo anterior si se tiene en cuenta que el término de caducidad cursa a partir de la publicación del acto; por ende, si este la pso se cuenta a partir de su expedición, es viable concluir que es oportuna, dado que su publicación es posterior.Demandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretensiones, las normas violadas y el concepto de la violación. Además, el demandante dentro de su escrito aportó pruebas y solicitó unas por oficio26.
36. Por otro lado, como se pidió medida cautelar, no se requiere el cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 del 2021, es decir, no se exige para este caso la presentación de la constancia de remisión de la demanda y sus anexos a la parte demandada.
2.2.3. Conclusión
37. La demanda presentada por Carlos Mario Rojas Centeno atiende todos los requisitos de orden formal establecidos en la ley procesal de lo contencioso administrativo (Ley 1437 del 2011), por lo que en la parte resolutiva del presente proveído se dispondrá sobre
37. La demanda presentada por Carlos Mario Rojas Centeno atiende todos los requisitos de orden formal establecidos en la ley procesal de lo contencioso administrativo (Ley 1437 del 2011), por lo que en la parte resolutiva del presente proveído se dispondrá sobre su admisión, así como también se ordenarán las notificaciones del caso.
2.3. Sobre la suspensión provisional de los efectos del acto demandado
38. La Ley 1437 de 2011, a diferencia del Decreto -Ley 01 de 1984 derogado, superó la concepción tradicional de la protección cautelar como mera garantía del control de la legalidad de las actuaciones de la administración, tal y como se circunscribió en su momento a una sola: la suspensión provisional. En su lugar, consagró la facultad en cabeza del juez de lo contencioso administrativo, para decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso.
39. Tratándose de la nulidad electoral, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con el tenor literal del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, se tramita en el mismo auto admisorio de la demanda.
40. Los requisitos para decretar esta medida cautelar fueron consagrados expresamente por el legislador en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
41. De lo anterior se colige, respecto de la suspensión provisional del acto en materia electoral que: (i) la solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales o legales invocadas en el escrito correspondiente; (ii) dicha violación surge del análisis del acto demandado y su cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la misma27.
26 Solicitó: 1. Oficiar al Senado de la República para que allegue el acta de nombramiento y las constancias documentales de la sesión plenaria del Congreso realizada el 3 de septiembre de 2025. 2. Oficiar a los Magistrado de la CSJ para que indiquen si tienen o tuvieron parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil y segundo de afinidad, nombrados, contratados o e legidos por el demandado cuando se desempeñó como defensor del pueblo… 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 15 de noviembre de 2018, C.P: Carlos Enriqu e Moreno Rubio, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00133-00.Demandante: Carlos Mario Rojas Centeno Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
Demandado: Carlos Ernesto Camargo Assís magistrado de la Corte Constitucional Radicación: 11001-03-28-000-2025-00178-00
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
42. Al respecto, la doctrina ha destacado 28 que, con la antigua codificación (Código Contencioso Administrativo), se requería, para la procedencia de la suspensión provisional, la existencia de una manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como violadas, esto es, una transgresión grosera, de bulto, observada a primera vista29.
43. Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, en la demanda o en escrito separado antes de la admisión de esta, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como violadas o, del estudio de las pruebas aportadas por el accionante con su escrito de demanda para que sea procedente la medida
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