CE - Auto interlocutorio 17001233100020020152602
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 17001233100020020152602
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
RADICACIÓN: 17001-23-31-000-2002-01526-02 (72148)
DEMANDANTE: DANIEL ALFONSO GALLEGO OROZCO
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
REFERENCIA: APELACIÓN AUTO-PROCESO EJECUTIVO
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto proferido el 21 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio del cual se negó el mandamiento ejecutivo por caducidad de la acción.
I. ANTECEDENTES
1.1. El 8 de mayo de 2024, el señor Daniel Alfonso Gallego Orozco promovió proceso ejecutivo contra la Nación - Ministerio de Defensa -Ejército Nacional para materializar la obligación de hacer prevista en el ordinal primero de la sentencia proferida el 14 de julio de 2016 por el Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa, con radicado 17001233100020020152600 (37533), en la cual se ordenó:
De igual manera, CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a suministrar a DANIEL ALFONSO GALLEGO OROZCO la prótesis que la lesión por él sufrida hace exigible para el normal
De igual manera, CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a suministrar a DANIEL ALFONSO GALLEGO OROZCO la prótesis que la lesión por él sufrida hace exigible para el normal desarrollo de su vida, dentro de los actuales altos está ndares de calidad, técnicos y funcionales aplicables sobre el particular; así como también, todo lo necesario para el futuro proceso de adaptación, ajuste, corrección y buen funcionamiento de la misma, de conformidad con el concepto del Comité Técnico Científico conformado al efecto por la Entidad Prestadora de Salud que atiende al Ejército Nacional, en casos de lesiones semejantes a la del demandante sufridas por sus servidores, o por aquella Institución especializada que la demandada determine, la cual, e n todo caso, deberá tener la más alta idoneidad científica y técnica. Asimismo, se garantizará el cubrimiento de todos los gastos de transporte y alojamiento del demandante, en caso de hacerse imprescindible para el cumplimiento de esta condena, y toda la atención médica y paramédica que el suministro ordenado haga necesaria.2
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
Para tal efecto, narró que el 8 de julio de 2022 radicó petición en la entidad ejecutada para el cumplimiento de dicha orden, ante lo cual recibió respuesta el 11 de septiembre de 2022, en la que se manifestó la intención de cumplir la condena y se
para el cumplimiento de dicha orden, ante lo cual recibió respuesta el 11 de septiembre de 2022, en la que se manifestó la intención de cumplir la condena y se remitió la solicitud al Hospital Militar para obtener información acerca del procedimiento médico que dicha institución podría suministrarle al señor Daniel Alfonso Gallego; sin embargo, para el momento de la presentación de esta demanda, no ha recibido respuesta, situación agravada por el deterioro de salud del accionante, quien al no contar con la prótesis se ve imposibilitado para ejercer actividades cotidianas y ha desarrollado otras patologías como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, junto con problema s psicológicos derivados de la imposibilidad de caminar (Índice 37 SAMAI Tribunal).
2. Auto objeto del recurso de apelación
El 21 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas negó el mandamiento ejecutivo por caducidad de la acción (Índice 40 SAMAI Tribunal):
En este asunto la demanda de reparación directa que dio lugar al ejecutivo presente, quedó debidamente ejecutoriada el día 2 de septiembre de 2016, y los 18 meses con que contaba el Ministerio de Defensa Ejército Nacional para realizar el pago transcurrieron entre el 3 de septiembre de 2016 y el 3 de marzo de 2018; de manera que, a partir del 4 de marzo de 2018 empezaban a contabilizarse los 5 años con que contaba la parte demandante para ejecutar las condenas allí impuestas; término que se cumplió el 4 de marzo de 2023; y en este caso, el ejecutivo a continuación se presentó el día 8 de mayo de 2024, esto es, por fuera del término para ello, de manera que, caducó en este caso el
en este caso, el ejecutivo a continuación se presentó el día 8 de mayo de 2024, esto es, por fuera del término para ello, de manera que, caducó en este caso el tiempo para interponer la acción ejecutiva.
La anterior decisión fue notificada el 24 de junio de 2024 (Índice 43 SAMAI Tribunal).
3. Recurso de apelación
El 27 de junio de 2024, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación, bajo la consideración que no ha operado el fenómeno de la caducidad, debido a que dicho término se había interrumpido con la presentación de una petición el 8 de julio de 2022 ante el Ministerio de Defensa para lograr el cumplimiento del suministro de la prótesis.
Luego de promover un mecanismo constitucional de protección, en septiembre de 2022, la entidad reconoció la existencia de la obligación y solicitó información al3
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
Hospital Militar respecto de la capacidad instalada para iniciar el cumplimiento de la sentencia.
Trajo a colación el artículo 94 del Código General del Proceso para resaltar que el término de prescripción también se interrumpe con el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor; en esa medida, la solicitud cumplió con todos r equisitos y se efectuó antes del vencimiento de la oportunidad procesal, aunado a que el deudor reconoció la obligación y desplegó acciones positivas para
al deudor directamente por el acreedor; en esa medida, la solicitud cumplió con todos r equisitos y se efectuó antes del vencimiento de la oportunidad procesal, aunado a que el deudor reconoció la obligación y desplegó acciones positivas para su cumplimiento (Índice 44 SAMAI Tribunal).
4. Resolución del recurso de reposición y concesión de la apelación
El 27 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas negó el recurso de reposición reiterando los mismos argumentos expuestos en el auto por el cual se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo. Agregó que la petición elevada por el ejecutante ante el Ministerio de Defensa el 11 de julio de 2022 no interrumpió el término de caducidad para presentar la demanda, porque la norma no incluye consideraciones adicionales. Paralelamente, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación (Índice 49 SAMAI Tribunal).
5. Trámite en segunda instancia
Mediante auto del 14 de enero de 2025, se requirió a la parte ejecutante para que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esa providencia, explicara las razones por las cuales se presentó la demanda ejecutiva el 8 de mayo de 2024, a sabiendas de que el título ejecutivo, esto es, la sentencia de reparación directa proferida el 14 de julio de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cobró ejecutoria el 2 de septiembre de esa misma anualidad (Índice 3 SAMAI); no obstante, dicho término transcurrió en silencio de la parte demandante.
Consejo de Estado, cobró ejecutoria el 2 de septiembre de esa misma anualidad (Índice 3 SAMAI); no obstante, dicho término transcurrió en silencio de la parte demandante.
Adicionalmente, en la misma providencia se requirió a la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional para que informara las medidas adoptadas y el estado del procedimiento para suministrarle a Daniel Alfonso Gallego Orozco la prótesis de su pierna; sin embargo, únicamente se recibió un memorial el 3 de febrero de 2025 en el cual se remite por competencia a la dependencia encargada del cumplimiento de las sentencias – grupo de reconocimiento de obligaciones litigiosas (Índice 10
SAMAI).4
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
CONSIDERACIONES
1. Procedencia del recurso de apelación y competencia para conocerlo
De conformidad con el numeral 1 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el auto proferido el 21 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas es pasible del recurso de apelación, debido a que negó el mandamiento ejecutivo.
El recurso fue interpuesto de manera oportuna, como lo señala el artículo 244 del CPACA, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, dado que la decisión fue notificada el 24 de junio de 2024 y la apelación radicada el día 27 siguiente.
CPACA, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, dado que la decisión fue notificada el 24 de junio de 2024 y la apelación radicada el día 27 siguiente.
Por lo anterior, se procede a resolver la controversia, de conformidad con la competencia asignada por el artículo 150 del CPACA, en consonancia con el literal g), numeral 2° del artículo 125 ibídem.
2. Caso concreto
En aras de garantizar el interés general y la seguridad jurídica1, especialmente con la finalidad de impedir que las controversias permanezcan indefinidas en el tiempo, el legislador estableció términos objetivos e invariables para accionar el sistema judicial2, durante estos los administrados se encuentran habilitados con el fin de presentar cualquiera de los medios de control procedentes ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en caso contrario, operará el instituto jurídico procesal de la caducidad, cuyo efecto principal es la pérdida del derecho de acción que conlleva la imposibilidad de obtener una decisión de fondo sobre lo pretendido en la demanda3.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 27 de noviembre de 2017, radicación No. 15001 -23-33-000-2013-00492-01(51415), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 23 de junio de 2011, radicación No. 23001 -23-31-000-1998-09155-01(21093), C.P. Hernán Andrade Rincón.
providencia del 23 de junio de 2011, radicación No. 23001 -23-31-000-1998-09155-01(21093), C.P. Hernán Andrade Rincón. 3 Corte Constitucional, sentencia C -832 de 2011, exp: D -3388, M.P. Rodrigo Escobar Gil. “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. //(…) La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación5
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Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
En el caso concreto, la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Administración se fundamentó en que el 14 de septiembre de 2002, un soldado profesional que se encontraba efectuando requisas en la ciudad de Manizales inició una persecución en contra de dos sujetos y, en un intento por disuadirlos, disparó
Administración se fundamentó en que el 14 de septiembre de 2002, un soldado profesional que se encontraba efectuando requisas en la ciudad de Manizales inició una persecución en contra de dos sujetos y, en un intento por disuadirlos, disparó su arma de dotación oficial, pero el proyectil rozó en el borde de un andén, rebotó e impactó en la extremidad inferior del menor Daniel Alfonso Gallego, generando su amputación por encima de la r odilla y una pérdida de capacidad laboral del 44.75%.
El presente asunto requiere de una perspectiva constitucional, en tanto involucra derechos de raigambre fundamental como la salud, la dignidad y la reparación integral de quien para la época de los hechos era un menor de edad, víctima de un daño antijurídico imputable al Estado que generó la necesidad de una prótesis de su extremidad inferior, siendo un sujeto de especial protección de conformidad con los artículos 47 de la Constitución Política y 11 de la Ley 1751 de 2015.
Por su parte, la Corte Constitucional ha protegido en diversas ocasiones los derechos de las personas que requieren algún tipo de prótesis. En sentencia T-941 de 2000 indicó:
En el caso en que nos encontramos, si bien la entrega de las prótesis de extremidades no reúne las características de una urgencia vital para el demandante, sí resultan ser artículos que se requieren de manera inmediata a fin de lograr para el actor un ade cuado desenvolvimiento personal, la integración social que pretende la Carta, y el mecanismo necesario para realizar sus actividades normales como ciudadano. Es importante reconocer que la facultad de desplazamiento, de movilidad y de actividad física, res ulta ser una
integración social que pretende la Carta, y el mecanismo necesario para realizar sus actividades normales como ciudadano. Es importante reconocer que la facultad de desplazamiento, de movilidad y de actividad física, res ulta ser una opción necesaria para que una persona con una discapacidad como la suya, pueda continuar con una calidad de vida digna e idónea, dada su evidente debilidad. Bajo esas específicas consideraciones, debe concluir esta Sala que en atención a la protección constitucional a las personas con discapacidad, las prótesis inferiores de extremidades que requiere el actor para volver a caminar, resultan ser un elemento indispensable para asegurar la calidad de vida digna a que aspira el actor, dada su específica condición.
Recientemente, en sentencia T -351 de 2024, el máximo Tribunal Constitucional consideró:
Las personas en situación de discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, lo que incluye, entre otras cosas, el acceso a servicios médicos y sociales y la prohibición de discriminación en la prestación de seguros de salud y de vida. Asimismo, estas personas son titulares del derecho a la habilitación y rehabilitación integral de su salud, de acuerdo con sus
de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones , transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”.6
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”.6
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
requerimientos especiales de salud y evitando cualquier medida que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud. Bajo este marco, la Corte Constitucional ha ordenado a los prestadores de servicios de salud la entrega de prótesis anatómicas u ortopédicas, o de elementos destinados a suplir o mejorar una determinada función corporal. Esto, en el entendido que el acceso a los servicios médicos y sociales incluye los aparatos ortopédicos, que garantizan y promueven la autonomía, independencia e integración e inclusión social de las personas en situación de discapacidad.
En el caso bajo estudio se adujo como título ejecutivo la sentencia proferida el 14 de julio de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que incluía la siguiente condena:
De igual manera, CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a suministrar a DANIEL ALFONSO GALLEGO OROZCO la prótesis que la lesión por él sufrida hace exigible para el normal desarrollo de su vida, dentro de los actuales altos está ndares de calidad, técnicos y funcionales aplicables sobre el particular; así como también, todo lo necesario para el futuro proceso de adaptación, ajuste, corrección y buen funcionamiento de la misma, de conformidad con el concepto del Comité
técnicos y funcionales aplicables sobre el particular; así como también, todo lo necesario para el futuro proceso de adaptación, ajuste, corrección y buen funcionamiento de la misma, de conformidad con el concepto del Comité Técnico Científico conformado al efecto por la Entidad Prestadora de Salud que atiende al Ejército Nacional , en casos de lesiones semejantes a la del demandante sufridas por sus servidores, o por aquella Institución especializada que la demandada determine, la cual, en todo caso, deberá tener la más alta idoneidad científica y técnica. Asimismo, se garantizará el cubrimiento de todos los gastos de transporte y alojamiento del demandante, en caso de hacerse imprescindible para el cumplimiento de esta condena, y toda la atención médica y paramédica que el suministro ordenado haga necesaria (Subrayado fuera del texto).
Nótese entonces que el suministro de la prótesis y su atención médica estaban condicionados al “concepto del Comité Técnico Científico conformado al efecto por la Entidad Prestadora de Salud que atiende al Ejército Nacional” y a la fecha no se tiene conocimiento que dicho comité se haya conformado y mucho menos que haya conceptuado sobre el caso específico del joven Daniel Alfonso Gallego Orozco.
En efecto, la parte actora radicó el 11 de julio de 2022 ante el Ministerio de DefensaEjército Nacional solicitud de cumplimiento de la sentencia aludida (fls. 44-45 Índice 37 SAMAI Tribunal); ante la falta de respuesta, el 29 de agosto de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales profirió decisión de tutela amparando el
37 SAMAI Tribunal); ante la falta de respuesta, el 29 de agosto de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales profirió decisión de tutela amparando el derecho fundamental de petición de Daniel Alfonso Gallego Orozco y ordenando a la coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa para que dent ro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia emitiera respuesta clara, precisa, congruente y consecuente a la petición formulada (fls. 8-15 Índice 44 SAMAI).7
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
El 16 de septiembre siguiente, el director de asunto legales del Ministerio de Defensa reiteró su voluntad de cumplir con lo ordenado por el Consejo de Estado, razón por la cual remitieron oficio a la directora del Hospital Militar solicitando información y, una vez se recibiera respuesta, se comunicarían con el demandante a fin de continuar con el trámite del reconocimiento de la obligación (fls. 46-47 índice 37 SAMAI Tribunal). En el oficio dirigido a la directora del Hospital Militar se informaba que a l a fecha el Ministerio de Defensa se encontraba realizando las gestiones necesarias para el reconocimiento y la autorización de la medida ordenada:
Razón por la cual, atendiendo al reconocimiento con que cuenta el Hospital Militar, su tecnología y destacada experiencia de sus profesionales en materia de prótesis y considerando que el Ejército Nacional es coobligado en las obligaciones derivadas de la providencia judicial en mención, muy
Militar, su tecnología y destacada experiencia de sus profesionales en materia de prótesis y considerando que el Ejército Nacional es coobligado en las obligaciones derivadas de la providencia judicial en mención, muy respetuosamente me permito solicitarle información acerca del procedimiento médico que sus institución podría brindarle al señor Daniel Alfonso Gallego en relación con lo ordenado en la sentencia del Consejo de Estado y a referida anteriormente” (fls. 21-22 índice 37 SAMAI Tribunal).
El mismo 16 de septiembre de 2022, el señor Daniel Alfonso Gallego envió comunicación al Ministerio de Defensa actualizando sus datos de contacto (fl. 17 índice 37 SAMAI Tribunal).
El 27 de septiembre de 2022, la asesora de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa envió correo electrónico a Juan David Molina Pabón y Diana Carolina Arango Duarte, en el cual remitía los datos del señor Daniel Alfonso Gallego Orozco y solicitaba “la citación del paciente en el servicio de amputados y prótesis para así evaluarlo y determinar las necesidades que presente el paciente (…) se analice la posibilidad de realizarse una valoración en su lugar de residencia. Si no es posible solic itamos nos informen los días en que deberá trasladarse a la ciudad de Bogotá, las condiciones de su traslado y requerimientos para su valoración” (fl. 16 Índice 37 SAMAI Tribunal).
Bajo ese panorama, a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva no se habían iniciado los trámites previos administrativos, así como los exámenes médicos, toma de paraclínicos y terapias de pre -adaptación con el objetivo de
Bajo ese panorama, a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva no se habían iniciado los trámites previos administrativos, así como los exámenes médicos, toma de paraclínicos y terapias de pre -adaptación con el objetivo de definir el tipo de prótesi s que requiere Daniel Alfonso Gallego Orozco y demás condiciones para su buen funcionamiento.
No puede ignorarse el tiempo transcurrido desde la época de los acontecimientos que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, de modo que durante ese periodo las condiciones anatómicas de Daniel Alfonso Gallego Orozco8
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
han variado, siendo un aspecto a tomar en cuenta a la hora de efectuar el suministro de la prótesis.
Lo único verificado hasta el momento es que la entidad inició algunos trámites administrativos y entabló comunicación con el Hospital Militar para cumplir con su obligación; sin embargo, hasta la fecha dicha entidad no ha citado al demandante para iniciar con su valoración médica.
El literal k) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, norma vigente para el momento en que inició la contabilización del término de caducidad, señalaba:
k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados
decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.
Es relevante aclarar que la sentencia proferida por esta Corporación el 14 de julio de 2016, que funge como título ejecutivo, se originó en un proceso de reparación directa regido por el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo-, de hecho, en la parte resolutiva del fallo se consignó que su cumplimiento se haría en los términos previstos en los artículos 176 y 177 ibidem; por tales motivos, en lo que se refiere al plazo para que la entidad cumpliera con lo ordenado deberá acudirse a esta última disposición, en el entendido de que las condenas impuestas en contra de entidades públicas serían ejecutables dieciocho (18) meses después de su ejecutoria, plazo que transcurrió entre el 3 de septiembre de 2016 y el 3 de marzo de 2018.
A pesar de lo anterior, para esa última fecha la obligación de hacer no era exigible, puesto que ni siquiera se había solicitado a la entidad demandada el suministro de la prótesis, lo cual dependía de las necesidades concretas de Daniel Alfonso Gallego Or ozco, y tampoco se había dado inicio al trámite administrativo correspondiente para definir las condiciones particulares con el fin de cumplir con la condena impuesta.
A juicio de la Sala, el hito temporal para el inicio de contabilización de la caducidad no puede ser otro que el 3 de agosto de 2022, cuando se vencieron los quince (15)
la condena impuesta.
A juicio de la Sala, el hito temporal para el inicio de contabilización de la caducidad no puede ser otro que el 3 de agosto de 2022, cuando se vencieron los quince (15) días contemplados en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 para responder la solicitud de cumplimiento de la sentencia presentada por la parte actora el 11 de julio anterior. En esa fecha se tornó exigible la obligación y se constituyó en mora a la entidad, quien a partir de ese momento debió iniciar los trámites logísticos y9
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
administrativos para definir todo lo concerniente a los exámenes diagnósticos, tratamientos previos, el tipo de prótesis y las atenciones médicas posteriores requeridas por Daniel Alfonso Gallego Orozco para la correcta adaptación y funcionamiento del aparato protésico.
Así las cosas, el término de cinco años para la ejecución de la sentencia que ordenó el suministro de la prótesis al señor Daniel Alfonso Gallego Orozco inició a correr el 4 de agosto de 2022 y se extiende hasta el 4 de agosto de 2027, de manera que al presentarse la demanda el 8 de mayo de 2024, resulta imperioso concluir que no operó el fenómeno de la caducidad.
En consecuencia, se revocará el auto proferido el 21 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se ordenará realizar un nuevo
operó el fenómeno de la caducidad.
En consecuencia, se revocará el auto proferido el 21 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se ordenará realizar un nuevo estudio de los requisitos del título ejecutivo, que acate los argumentos expuestos en la presente providencia.
3. Condena en costas
En atención a la falta de vinculación de la entidad ejecutada y a que el recurso de apelación presentado por la parte ejecutante prosperó, no habrá lugar a condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 21 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se ORDENA efectuar un nuevo estudio de los requisitos del título ejecutivo, que acoja los argumentos expuestos en la presente providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, se ordena su incorporación al expediente electrónico y se dispone su remisión al Tribunal de primera instancia.10
Radicación: 17001233100020020152602 (72148)
Demandante: Daniel Alfonso Gallego Orozco Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
Referencia: Apelación auto - proceso ejecutivo
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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