CE - Auto interlocutorio 25000232600020080015802

Consejo de Estado

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Título
CE - Auto interlocutorio 25000232600020080015802
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392)

Demandante: VÍCTOR HUGO RAMOS CAMACHO

Demandado: BOGOTÁ DC – ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – INCIDENTE DE

LIQUIDACIÓN - CCA

Asunto: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE

RESOLVIÓ INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA

Decide el despacho1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el 7 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante el cual decidió el incidente de liquidación de condena promovido por esa misma parte (índice no. 136 SAMAI – gestión otros despachos).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y su trámite

  1. Mediante escrito radicado el 17 de abril de 2008 en la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Víctor Hugo Ramos Camacho, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acc ión de controversias contractuales con el objeto de declarar la nulidad de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13

Camacho, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acc ión de controversias contractuales con el objeto de declarar la nulidad de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13 de marzo de 2006, ambas proferidas por la Alcaldía Local de Antonio Nariño de Bogotá – Distrito Capital, mediante las cuales se declaró la cad ucidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 2, lo mismo que el reconocimiento de

1 En los términos de los artículos 146A y 181 del CCA la expedición de la presente providencia es de competencia del magistrado ponente. 2 Negocio jurídico suscrito con el objeto de llevar a cabo la administración, operación y mantenimiento de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, propiedad del Distrito Capital de Bogotá (fl. 6 cdno. 4).Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 2 los perjuicios ocasionados por cuenta de tal decisión (fls. 260 a 271 vlto. cuaderno apelación de sentencia).

  1. Luego del trámite adelantado en primera in stancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión declaró la nulidad de las Resoluciones números 029 de 2005 y 006 de 2006, y denegó las demás pretensiones de la demanda (fls. 260 a 271 vlto. cuaderno ape lación de sentencia), en la medida en que se acreditó en el proceso que el recaudo real por la

demás pretensiones de la demanda (fls. 260 a 271 vlto. cuaderno ape lación de sentencia), en la medida en que se acreditó en el proceso que el recaudo real por la ejecución del contrato fue inferior al estimado por la entidad demanda, pues, en el pliego de condiciones se estableció un monto de $54.000.000 mensuales cuando en realidad se recaudaron $45.547.851 mensuales, circunstancia que no permitió el cumplimiento del Reglamento Operativo de la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo ya que, el contrato de concesión le permitía al concesionario una participación del 21% del total de los ingresos mensuales, el 28% para el Fondo de Desarrollo Local de Bogotá y el 51% restante para cubrir los gastos de operación.

En ese contexto, el tribunal evidenció que los fundamentos aducidos por la Alcaldía Local de Antonio Nariño para declarar la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 no correspondían a la realidad del contrato, lo cual constituye una falsa motivación y vicia de nulidad los actos administrativos demandados; no obstante, no había lugar al reconocimiento de las sumas solicitadas como restablecimiento del derecho en cuanto a la no prórroga automática del contrato y a la inhabilidad sobreviniente, debido a que la cláusula séptima del contrato estableció la prórroga como una posibilidad, lo cual , en sí mismo, no constituye un derecho cierto para el demandante y, además, no se allegó prueba alguna que acreditara la pérdida de oportunidad del demandante de ejecutar contratos.

  1. Inconforme con la decisión la parte actora presentó recurso de apelación en contra

derecho cierto para el demandante y, además, no se allegó prueba alguna que acreditara la pérdida de oportunidad del demandante de ejecutar contratos.

  1. Inconforme con la decisión la parte actora presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia (fls. 274 a 286 cuaderno apelación de sentencia) por cuanto, a su juicio, no existió un debido análisis probatorio, porque el tribunal de primera instancia denegó el reconocimiento de los perjuicios ocasionados con las decisiones ahora nulas sin valorar como correspondía el dictamen pericial debidamente solicitado, decretado y practicado, prueba que además no fue objetada ni tachada por error grave por la entidad demandada, por lo cual, ante la ausencia de oposición a las conclusiones en él presentadas deben tenerse por probados los perjuicios pretendidos con la demanda.Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 3 4) Esta Corporación mediante sentencia del 23 de noviembre de 2022 (índice no. 64

SAMAI – gestión otros despachos) revocó la providencia apelada y , en su lugar, reconoció el perjuicio ocasionado al actor como consecuencia de la inhabilidad sobreviniente por cuenta de la nulidad de la declara toria de caducidad del contrato de concesión no. 001 de 22 de enero de 2001 y, en atención a que se encontraron demostrados el daño y perjuicio reclamad os pero no el quantum de este último, se condenó en abstracto, para que la parte actora mediante incidente de liquidación determinara el monto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

demostrados el daño y perjuicio reclamad os pero no el quantum de este último, se condenó en abstracto, para que la parte actora mediante incidente de liquidación determinara el monto de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reclamados en la demanda.

Para tales efectos, la decisión en comentó señaló que para resolver el incidente de liquidación de perjuici os se debían tener en cuenta los siguientes elementos o pautas:

“a) En el incidente deberá aportarse o solicitarse la práctica de las pruebas pertinentes e idóneas para establecer el monto exacto de los perjuicios materiales por lucro cesante causados en cabeza del actor Víctor Hugo Ramos Camacho por cuenta de la nulidad de las Resoluciones números 029 de 16 de diciembre de 2005 y 006 de 13 de marzo de 2006 mediante las cuales la Alcaldía Local de Antonio Nariño declaró la caducidad del contrato de concesión no. 001 de 2001.

b) La parte actora deberá aportar copia de los soportes, balances financieros y reparto de utilidades de la unión temporal Licorandes y Asociados en calidad de ejecutora del contrato de concesión no. 001 de 2003 suscrito con el Departamento de Boyacá.

c) La parte actora deberá aportar para su valoración copia de las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición de las resoluciones demandadas, al año de expedición de las mismas y al año siguiente de estas, esto es, al periodo comprendido entre el año 2000 a 2007, para efectos de establecer los reales ingresos y utilidades percibidos durante esos años fiscales que

año de expedición de las mismas y al año siguiente de estas, esto es, al periodo comprendido entre el año 2000 a 2007, para efectos de establecer los reales ingresos y utilidades percibidos durante esos años fiscales que deberán corresponder con las declaraciones realizadas bajo l a gravedad de juramento ante la autoridad tributaria. Tales declaraciones deberán ser aportadas por el actor o solicitadas directamente por el tribunal a la DIAN.

d) Asimismo, en relación con el contrato de concesión no. 001 de 2003 la parte actora deberá aportar copia de las actas de inicio, constancia de ejecución, entrega y recibo de los trabajos a satisfacción del Departamento de Boyacá, lo mismo que las cuentas de cobro, facturas y/o recibos de pagos emitidos con ocasión del referido contrato a los qu e hizo referencia el dictamen financiero.

e) El dictamen pericial practicado en el proceso hará parte del incidente de liquidación de perjuicios, sin perjuicio de la valoración y grado de convicción que ofrezca dicha prueba de conformidad con la valoració n autónoma e independiente que deberá hacer el a quo.

f) El quantum que se llegare a determinar dentro del incidente de liquidación de perjuicios deberá respetar el principio de congruencia, razónExpediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 4 por la cual no podrá ser superior a la suma que se solicitó en la demanda, actualizadas a valor presente a la fec ha en que se resuelva el correspondiente incidente. ” (página 24 de la sentencia – índice no. 64

4 por la cual no podrá ser superior a la suma que se solicitó en la demanda, actualizadas a valor presente a la fec ha en que se resuelva el correspondiente incidente. ” (página 24 de la sentencia – índice no. 64 SAMAI – gestión otros despachos).

2. La providencia objeto de recurso

El 7 de febrero de 20243 (índice 132 SAMAI – gestión otros despachos4), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C liquidó la condena en abstracto impuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de 23 de noviembre de 2022, ejercicio que concluyó con la condena al Distrito de Bogotá - Alcaldía Local de Antonio Nariño en favor del señor Víctor Hugo Ramos Camacho , en los siguientes términos:

“PRIMERO: LIQUIDAR la condena en abstracto impuesta por el Consejo de Estado en sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022, conforme a lo probado en el presente incidente de liquidación de perjuicios, en los siguientes términos:

CONDENAR al Distrito Capital de Bogotá – Alcaldía Local de Antonio Nariño al pago de MIL OCHENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CATROCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($1.080.117.114,91) a favor del señor Víctor Hugo Ramos Camacho, por concepto de lucro cesante, derivado de la inhabilidad sobreviniente originada en la declaratoria ilegal de caducidad del contrato de concesión nro. 001 de 2001.

SEGUNDO: se ORDEN dar cumpli miento a esta providencia con

concepto de lucro cesante, derivado de la inhabilidad sobreviniente originada en la declaratoria ilegal de caducidad del contrato de concesión nro. 001 de 2001.

SEGUNDO: se ORDEN dar cumpli miento a esta providencia con observancia de lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA.

TERCERO: De no apelarse la presente decisión, REMITIR el expediente al Consejo de Estado para que se surta el grado jurisdiccional de consulta de la presente providencia, conforme lo establece el artículo 184 del CCA.”

(fl. 29 – índice no. 132 SAMAI – mayúsculas fijas y negrillas del original).

3. Recurso de reposición y en subsidio de apelación

Contra la anterior decisión por medio de la cual se liquidó la condena en abstracto impuesta por esta Corporación en sentencia de 23 de noviembre de 2022 , el 19 de febrero de 2024 (índice no. 136 SAMAI – gestión otros despachos), la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación para que se reponga la decisión y, en su lugar, se tengan en cuenta las pruebas que componen el expediente, en particular las conclusiones del dictamen pericial rendido por el señor

3 Notificado por estado fijado el 13 de febrero de 2024 (índice no. 135 SAMAI – Gestión en otros despachos). 4 El recurso radicado el 19 de febrero de 2024 fue presentado de manera oportuna toda vez que el

3 Notificado por estado fijado el 13 de febrero de 2024 (índice no. 135 SAMAI – Gestión en otros despachos). 4 El recurso radicado el 19 de febrero de 2024 fue presentado de manera oportuna toda vez que el auto impugnado fue notificado por estado fijado el día 13 de febrero de 2024 (índice no. 136 ibidem).Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 5 De la Rosa Salcedo y la certificación del representante legal sobre las utilidades de la concesión ILB hasta el año 20195.

4. Decisión del recurso de reposición y concesión del recurso de apelación

El 1° de abril de 2024 (índice no. 140 SAMAI – gestión otros despachos), el tribunal de primera instancia re chazó por improcedente el recurso de reposición propuesto en contra de la decisión del 7 de febrero de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del CCA y, en su lugar, conced ió el recurso subsidiario de apelación ante esta Corporación, en el efecto suspensivo.

II. CONSIDERACIONES

El despacho 6 confirmará el auto recurrido y actualizará la condena impuesta en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

  1. La parte actora sostiene que en el numeral 3.2 de la providencia impugnada el tribunal señaló que el reconocimiento de las utilidades procede por todo el tiempo de ejecución del contrato no. 001 de 2003, “no obstante , la parte actora solamente

tribunal señaló que el reconocimiento de las utilidades procede por todo el tiempo de ejecución del contrato no. 001 de 2003, “no obstante , la parte actora solamente acreditó el valor de dichas utilidades entre 2006 y 2009, siendo este el periodo indemnizable” (fl. 4 – índice no. 136 SAMAI – gestión otros despachos), decisión que desconoce las pruebas que demuestran que el periodo indemnizable debe corresponder al periodo comprendido “desde la fecha de cesión de sus acciones, 19 de JUNIO DE 2006 HASTA 30 DE JUNIO DE 2019, fecha de entrega de la concesión de licores al [D]epartamento de Boyacá para efecto de la declaratoria de caducidad e inhabilidad sobreviniente ordenada en las [R]esoluciones 029 de 2005 y 006 de 2006, posteriormente declaradas nulas” (fl. 7 ibidem – negrillas del original).

Aduce que se dejaron de valorar las pruebas que conforman el expediente, como los balances, los estados financieros, el dictamen pericial practicado en el proceso y la

5 El recurso de apelación es procedente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil al cual se acude de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el artículo 167 del CCA. 6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146A del CCA, adicionado por la Ley 139 5 de 2010: “Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 del artículo 181 serán de Sala excepto

tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia.”.Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 6 certificación emitida por la representante legal de la com pañía Industria de Licores de Boyacá SA CI.

  1. Al respecto, es necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Como aspecto preliminar, advierte el despacho que la parte actora con el incidente de liquidación propuso el reconocimiento de intereses de mora, pedimento que escapa de las súplicas propuestas con la demanda y por esa razón expresamente el tribunal resolvió no acceder a ello, pues , tampoco fue acogido por la sentencia condenatoria como criterio a tener en cuenta en la liquidación.

Sobre el par ticular, advierte el Despacho que , revisadas las pretensiones de la demanda y el sentido de la decisión adoptada por esta Corporación en segunda instancia, es claro que el reconocimiento de intereses moratorios no fue un asunto puesto en consideración en el d ebate suscitado dentro del proceso , circunstancia que resulta contraria a los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción y se impone confirmar su denegación.

b) Respecto del fondo de la controversia, la parte demandante aportó al incidente de liquidación de condena, entre otros medios de prueba documentales (i) copias de las declaraciones de renta del señor Víctor Hugo Ramos Camacho correspondientes a

b) Respecto del fondo de la controversia, la parte demandante aportó al incidente de liquidación de condena, entre otros medios de prueba documentales (i) copias de las declaraciones de renta del señor Víctor Hugo Ramos Camacho correspondientes a los años gravables 2000 a 2008; (ii) certificación expedida por la representante legal de la compañía Industria de Licores de Boyacá SA CI de 15 de marzo de 2023; (iii) copia de los estados y balances financieros de la referida sociedad correspondientes a los años 2004 a 2019 ; (iv) copia de los informes de gestión de la ejecución del contrato de concesión no. 01 de 2003 para la producción, distribución y venta de los alcoholes y licores destilados de los que es titular el Departamento de Boyacá respecto de los años 2003 a 2009; (v) copia del contrato de prestación de servicios suscrito por el demandante con la compañía Industria de Licores de Boyacá SA CI; (vi) copia de los comprobantes de liquidación y pago de los aportes a la seguridad social y pensión de los años 2003 y 2005, y (vi) los anexos aportados con el dictamen pericial presentado por el economista Carlos Javier De la Rosa Salcedo.

c) El tribunal decretó de oficio la incorporación al incidente de liquidación de condena de las copias de las sentencias de primera y segunda instancias mediante las cuales se resolvieron los dos (2) procesos judiciales que culminaron con la declara ción de nulidad del contrato de concesión no. 01 de 2003 para la producción, distribución yExpediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392)

Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales

nulidad del contrato de concesión no. 01 de 2003 para la producción, distribución yExpediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 7 venta de los alcoholes y licores destilados de los que es titular el Departamento de Boyacá.

En relación con el referido contrato de concesión 01 de 2003 suscrito entre el Departamento de Boyacá y la unión temporal Licorandes, hoy Industria de Licores de Boyacá SA CI, y las decisiones judiciales con incidencia directa con el asunto de la referencia, se advierte lo siguiente:

(i) El 16 de junio de 2011 , el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja (Boyacá), resolvió en primera instancia el proceso de acción popular propuesta por la Procuraduría General de la Nación en contra del Departamento de Boyacá, la unión temporal Licorandes y otros, por considerar que, con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de concesión no. 01 de 2003 para la explotación del monopolio rentístico de licores de Boyacá se habían violado los derechos colectivo s a la moralidad administrativa y afectación al patrimonio público, decisión mediante la cual se declaró la suspensión de l referido negocio jurídico “hasta tanto se defina la legalidad del contrato dentro del proceso contractual adelantado en el Tribunal Administrativo de Boyacá rad. 2007-4[73]” (fl. 104 documento no. 46 SAMAI - gestión otros despachos).

(ii) El 12 de febrero de 2019 , el Tribunal Administrativo de Boyacá modificó

Administrativo de Boyacá rad. 2007-4[73]” (fl. 104 documento no. 46 SAMAI - gestión otros despachos).

(ii) El 12 de febrero de 2019 , el Tribunal Administrativo de Boyacá modificó parcialmente la decisión emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja del 16 de junio de 2011, en el sentido de declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión no. 01 de 2003 y ordenar al gobernador de Boyacá expedir el correspondiente acto administrativo de terminación del referido negocio jurídico y determinar la f orma de explotación económica del monopolio de licores que más convenga para el departamento (documento 44 SAMAI – gestión otros despachos).

(iii) El 17 de julio de 2007, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió en primera instancia el proceso de acción de controversias contractuales promovid o por la Procuraduría General de la Nación en contra del Departamento de Boyacá, de la unión temporal Licorandes y Asociados , hoy Industria de Licores de Boyacá SA CI, decisión a través de la cual declaró la nulidad absoluta del referido contrato y ordenó hacer la devolución de los bienes recibidos para la ejecución del mismo, por cuanto se evidenció que el Gobernador de Boyacá con la expedición de los decretos que fundamentaron l a celebración del referido contrato de concesión, desconoció la función que por mandato legal le correspondía a la asamblea departamental, deExpediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 8

función que por mandato legal le correspondía a la asamblea departamental, deExpediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 8 manera que usurpó las competencias atribuidas a dicho cuerpo colegiado concernientes a la regulación del monopolio de licores como arbitrio rentístico (documento 45 SAMAI – gestión otros despachos).

(iv) El 21 de junio de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación con ponencia de Jaime Enrique Rodríguez Navas revocó la sentencia del 17 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, declaró, de oficio, configurada la excepción de cosa juzgada, ordenó estarse a lo resuelto en la decisión del 12 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (ibidem).

En los términos del tribunal de primera instancia, el hecho de que el contrato de concesión no. 01 de 2003 hubiera sido declarado nulo mediante providencia judicial apareja la necesidad de establecer con mayor profundidad y determinación la debida ejecución del referido negocio jurídico.

Al respecto, evidencia el Despacho que al incidente de liquidación no fueron aportadas las pruebas con las que se acreditaría la debida ejecución del contrato de concesión, así como tampoco los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos al referido contrato de concesión, conforme lo dispuesto en el inciso final del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 19937.

concesión, así como tampoco los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos al referido contrato de concesión, conforme lo dispuesto en el inciso final del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 19937.

  1. En ese contexto es preciso señalar que, si bien la parte actora aportó al incidente de liquidación, entre otros medios de prueba, la certificación expedida por la representante legal de la compañía Industria de Licores de Boyacá SA CI de 15 de marzo de 2023 y la copia de los informes de gestión de la ejecución del contrato de concesión no. 01 de 2003 para la producción, distribución y venta de los alcoholes y licores destilados de los que es titular el Departamento de Boyacá, lo cierto es que los informes con los que se soporta la prueba de la ejecución del referido negocio solo acredita lo ocurrido entre los años 2003 y 2009.
  1. En los mismos términos aducidos por el tribunal de primera instancia , para el Despacho es claro que a la parte actora le correspondía la carga de “aportar las constancias de ejecución, entrega y recibo s de los trabajos a satisfacción del

[D]epartamento de Boyacá ” (fl. 22 – índice no. 132 SAMAI – gestión otros

7 En inciso final del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, dispone expresamente lo siguiente: “En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión”.Expediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 9

Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 9 despachos), información que no se suple con una certificación emitida por la revisora fiscal de la compañía contratista.

Adicionalmente, la parte actora en el incidente de liquidación y en el recurso de apelación sostiene que la ejecución del contrato de concesión no. 01 de 2003 culminó en junio de 2019 cuando “se realizó la entrega de la concesión de licores de la ILB al departamento, fecha esta final que se debe tener en cuenta para determinar el periodo indemnizable ” (fl. 8 – índice no. 136 SAMAI – gestión otros despachos ), situación fáctica que resulta contradictora al hecho de que la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró nulo el contrato quedó ejecutoriada en febrero de 2019, sin que en modo alguno se hubiera aportado medio probatorio alguno que demostrara lo afirmado.

  1. De otra parte, el recurrente se opone a la decisión del tribunal consistente en no acoger las conclusiones emitidas por el economista Carlos Javier De La Rosa Salcedo en condición de perito ; sin embargo, pasa por alto que en la decisión contentiva de la deci sión condenatoria emitida por esta Corporación se determinó, que expresamente “revisados las conclusiones y resultados a los que llegó el perito no es posible determinar de modo cierto, específico e inequívoco el monto de los perjuicios generados en cabeza de la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente ocasionada con las [resoluciones demandadas], máxime si se tiene en cuenta que, no se tiene claridad acerca de la motivación para la renuncia al cargo

perjuicios generados en cabeza de la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente ocasionada con las [resoluciones demandadas], máxime si se tiene en cuenta que, no se tiene claridad acerca de la motivación para la renuncia al cargo que ocupaba como gerente comercial de plan eación y proyectos en la Industria de Licores de Boyacá SA CI” (fl. 23 – índice no. 64 SAMAI – gestión otros despachos).

La Sala de Decisión sostuvo que las conclusiones arrojadas en el dictamen pericial no daban claridad acerca de la motivación que tuvo el señor Víctor Hugo Ramos Camacho para renunciar al cargo de gerente de la compañía Industria de Licores de Boyacá SA CI; no obstante, dentro de los criterios o elementos que debía tener en cuenta el tribunal al momento de resolver el incidente de liquidación de la condena en abstracto señaló explícitamente que “[e]l dictamen pericial practicado en el proceso hará parte del incidente de liquidaci ón de perjuicios, sin perjuicio de la valoración y grado de convicción que ofrezca dicha prueba de conformidad con la valoración autónoma e independiente que deberá hacer el a quo” (página 24 ibidem).

El tribunal en el auto recurrido objeto de análisis puso de presente que era deber de la parte actora superar la falta de claridad del dictamen pericial practicado en elExpediente: 25000-23-26-000-2008-00158-02 (71.392) Actor: Víctor Hugo Ramos Camacho Controversias contractuales Apelación de auto 10 proceso ya identificada por parte de esta Corporación; sin perjuicio de lo anterior, la parte actora no se esmeró en la acreditación y demostración de los motivos de la

Controversias contractuales Apelación de auto 10 proceso ya identificada por parte de esta Corporación; sin perjuicio de lo anterior, la parte actora no se esmeró en la acreditación y demostración de los motivos de la renuncia.

  1. De otra parte, la parte actora no logró acreditar que el hecho de la inhabilidad sobreviniente surgida como consecuencia de la declara ción de caducidad del mencionado contrato de concesión no. 01 de 2001 hubiera sido la causa que condujo a la renuncia de la parte actora al cargo de gerente de la compañía contratista del contrato de concesión de licores no. 01 de 2003 y, si bien el recurrente sostiene que la renuncia al cargo en comento fue inducida, esa precisa circunstancia carece de soporte probatorio que permita su confirmación.
  1. Adicionalmente, si bien la parte actora aportó al incidente una certificación emitida por la representante legal de la compañía Industria de Licores de Boyacá SA CI en la que se señala que el señor Víctor Hugo Ramos Camacho “presentó renuncia irrevocable al cargo el 01 de abril de 2006, aduciendo motivos de impedimentos de carácter legal, surgido por decisión judicial apelada, originada en el contrato suscrito con la Alcaldía Local Antonio N ariño de Bogotá ” (fl. 17 – índice no. 136 SAMAI – gestión otros despachos), lo cierto es que este supuesto de hecho no se enmarca en los eventos de inhabilidad determinados en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, para el Despach o es claro que la parte actora no logró demostrar que la causa de la renuncia al cargo de gerente de la compañía Industria

los eventos de inhabilidad determinados en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, para el Despach o es claro que la parte actora no logró demostrar que la causa de la renuncia al cargo de gerente de la compañía Industria de Licores de Boyacá SA CI hubiera sido precisamente la decisión de caducidad del contrato de concesión de licores no. 01 de 2003 , así como tampoco acreditó , en forma alguna , que su voluntad al momento de comunicar dicha renuncia hubiera estado viciada de algún modo que permitiera arribar al reconocimiento de los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante solicitados con la demanda.

  1. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el recurrente, el tribunal no dejó de valorar las pruebas que conforman el expediente, solo q

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