CE - Auto interlocutorio 25000233600020150125001
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 25000233600020150125001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01250-01 (62195)
Demandante: CONSORCIO INTERCOL
Demandado: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLOFONADE
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: FALTA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – Controversias contractuales del giro ordinario de los negocios del FONADE – Contrato suscrito con posterioridad a la Ley 1450 de 2011 - Aplicación del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
Al entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, el despacho advierte que a esta jurisdicción no le corresponde el conocimiento de la controversia.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 3 de junio de 2015, el CONSORCIO INTERCOL presentó demanda de controversias contractuales en contra del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-, con el objeto de que accediera a las siguientes pretensiones:
controversias contractuales en contra del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-, con el objeto de que accediera a las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 031 de 20 de Diciembre de 2013, expedida por la Subgerente de Contratación de FONADE, a través de la cual se declaró el incumplimiento del Contrato No. 2111950 de 24 de Octubre de 2011, para la ejecución de Diseños, Estudios Técnicos y Construcción del proyecto denominado "Grupo 1: I.E. Sagrado Corazón de Jesús - Sede Principal localizada en el Municipio de Buenavista, en la I.E. Las2
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Delicias, localizada en el Municipio de Tierra Alta y en la I.E. Técnica en Promoción Social el Rosario - Sede Principal localizada en el Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba", según lo consignado en el capítulo de hechos.
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 011 de 25 de Marzo de 2014, expedida por la Gerente de la Unidad de Gestión Contractual Subgerencia de Contratación de FONADE, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 031 de 20 de Diciembre de 2013.
TERCERA. Que se declare que FONADE incumplió el Contrato No. 2111950
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 031 de 20 de Diciembre de 2013.
TERCERA. Que se declare que FONADE incumplió el Contrato No. 2111950 de 24 de octubre de 2011, celebrado con el CONSORCIO INTERCOL, según lo consignado en el capítulo de hechos.
CUARTA. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la demandada FONADE a reconocer y pagar los perjuicios materiales como se indica o lo que resulte probado dentro del proceso, así:
PERJUICIO MATERIAL:
DAÑO EMERGENTE
Valor de estudios y diseños $83.523.300 Valor gastos de oficina. Pasajes aéreos, papelería, teléfono, pasajes Terrestres, Transportes Urbanos, Digitalización Planos y Honorarios judiciales $43.132.108
Valor gastos de obra: Nóminas, Seguridad
Alojamiento, Manutención, Alimentación, Subcontratos Obra Civil, Transportes $16.689.109 Valor honorarios profesionales para estudios y diseños $20.000.000 Valor honorarios de profesionales en la etapa de obra $56.585.000
SUBTOTAL………………………………………………………….$219.929.517
LUCRO CESANTE: Valor dejado de percibir como utilidad ………………………….$405.584.747
TOTAL DAÑO EMERGENTE + LUCRO CESANTE…………..$625.514.264
TOTAL PERJUICIO……………………………………………….$625.514.264
QUINTA. Que las sumas reconocidas a favor de mi poderdante sean actualizadas, teniendo en cuenta la variación del IPC en Colombia, entre las fechas en que se hicieron exigibles y la fecha de pago.
QUINTA. Que las sumas reconocidas a favor de mi poderdante sean actualizadas, teniendo en cuenta la variación del IPC en Colombia, entre las fechas en que se hicieron exigibles y la fecha de pago.
SEXTA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones de los artículos 189 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO. Que se condene en costas a la parte demandada.
Como fundamento fáctico de la demanda, señaló que e l Ministerio de Educación Nacional y el FONADE suscribieron el Convenio No. 117 (210016 en FONADE) del 29 de enero de 2010 y que en el marco de este, el FONADE suscribió el Contrato No. 2111950 del 24 de octubre de 2011 con el CONSORCIO INTERCOL, cuyo objeto es la ejecución de los diseños, estudios técnicos y construcción del proyecto "GRUPO I: I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS - SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, EN LA I.E. LAS DELICIAS LOCALI ZADA EN EL3
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
MUNICIPIO DE TIERRA ALTA Y EN LA I.E. TÉCNICA EN PROMOCIÓN SOCIAL EL ROSARIO -SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVODEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ", conforme a las especificaciones y condiciones
ROSARIO -SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVODEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ", conforme a las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones, los documentos precontractuales y la propuesta presentada.
Indicó que el 15 de diciembre de 2011 suscribió 3 actas de inicio -una por cada institución educativade la etapa de estudios y diseños, adelantó las gestiones de ejecución y tras presentar los diseños, la parte contratante e interventoría manifestaron qu e podrían ajustarse. Afirmó que en el seguimiento del contrato recibió varias observaciones que atendió debidamente, pero por actuaciones de la interventoría y FONADE, no se aprobó una parte del diseño estructural lo que impidió ejecutar la obra.
FONADE tramitó procedimiento sancionatorio en contra del Consorcio y declaró el incumplimiento del contrato e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, mediante la Resolución 031 de 20 de diciembre de 2013, en la cual se afirmó que a la fecha de terminación del contrato no se entregaron los productos completos de la etapa de estudios y diseños, por lo cual existió un incumplimiento imputable al contratista. Esta decisión fue recurrida, y resuelta mediante la Resolución 011 de 25 de marzo de 2014, que decidió de plano y señaló que los estudios y diseños eran un todo, por lo cual, la falta del diseño estructural llevó a que no se pudiera continuar con la ejecución de la obra.
El Consorcio consideró que los argumentos de las resoluciones no eran ciertos porque FONADE aplicó indebidamente una potestad excepcional, sin tener
ejecución de la obra.
El Consorcio consideró que los argumentos de las resoluciones no eran ciertos porque FONADE aplicó indebidamente una potestad excepcional, sin tener competencia ya que al tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado su régimen es exceptuado de la Ley 80 y se rige por el derecho privado. Asimismo, afirmó que FONADE incurrió en un incumplimiento por la omisión en el seguimiento y control de las actuaciones irregulares de la interventoría en la aprobación de los diseños. En estos términos, afirmó que las decisiones que declararon el incumplimiento violan también el debido proceso.
2. Trámite de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por auto del 14 de diciembre de 2015 y ordenó su notificación personal al FONADE y al Ministerio Público1.
1 Exp. Digital. Documento 70.4
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
FONADE contestó oportunamente la demanda 2; se opuso a sus pretensiones y formuló excepciones de legalidad del procedimiento, incumplimiento del contratista y las genéricas. Argumentó que era una Empresa industrial y comercial del Estado, que por expreso mandato del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, para la época en la cual se abrió el proceso de contratación, estaba sometido al estatuto de contratación administrativa, con fundamento en las normas de transición normativa
que por expreso mandato del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, para la época en la cual se abrió el proceso de contratación, estaba sometido al estatuto de contratación administrativa, con fundamento en las normas de transición normativa de la Ley 1150 de 2007 y Ley 80 de 1993.
El 21 de septiembre de 2016 se realizó audiencia inicial, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. La Audiencia de pruebas se desarrolló los días 24 de octubre de 2016 y 6 de febrero de 2018 . En esa última fecha se dio traslado para los alegatos de conclusión. La parte actora en sus alegatos reiteró los argumentos de la demanda3; FONADE reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y el Ministerio Público conceptuó que se debían negar las pretensiones.
3. Sentencia de primera instancia
Surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió sentencia el día 26 de abril de 2018, en la cual negó las pretensiones y fijó agencias en derecho a favor de FONADE4. Como fundamento de su decisión, determinó que el FONADE tenía competencia para emitir los actos demandados y que se acreditó el incumplimiento del contratista.
4. Recurso de apelación y su trámite
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que la decisión del Tribunal está alejada de la realidad fáctica, probatoria y normativa, por tanto, pide que se revoque la sentencia apelada y se concedan las pretensiones de
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que la decisión del Tribunal está alejada de la realidad fáctica, probatoria y normativa, por tanto, pide que se revoque la sentencia apelada y se concedan las pretensiones de la demanda. Su inconformidad s e centra en la valoración de la naturaleza de los actos demandados, los argumentos para atribuirle competencia al FONADE para su expedición, las consideraciones sobre el incumplimiento del contratista y la falta de valoración integral de las pruebas aporta das. El recurrente hizo énfasis en que el FONADE, al momento de expedir los actos, se regía por el derecho privado.
El a quo, en auto del 13 de julio de 2018, concedió el recurso de apelación y esta Corporación lo admitió el 17 de septiembre de 2018; el 16 de octubre del mismo año
2 Exp. Digital. Documento 75. 3 Exp. Digital. Documento 121. 4 Exp. Digital. Documento 24.5
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
corrió traslado para los alegatos de conclusión. La parte demandante guardó silencio. Por su parte, el FONADE presentó alegatos finales en los que reitera los argumentos de la contestación y el Ministerio Público allegó concepto con solicitud de confirmar la sentencia recurrida5.
II. CONSIDERACIONES
En el presente asunto, el despacho advierte que a esta jurisdicción no le
argumentos de la contestación y el Ministerio Público allegó concepto con solicitud de confirmar la sentencia recurrida5.
II. CONSIDERACIONES
En el presente asunto, el despacho advierte que a esta jurisdicción no le corresponde el conocimiento de la presente controversia, por las razones que pasan a exponerse a continuación:
La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, en su artículo 104 estableció la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los actos, contratos y, en general, de las actuaciones de las entidades públicas sujetas al derecho administrativo. Asimismo, amplió el objeto jurisdiccional al precisar que conocería de otros procesos, en los cuales incluyó las controversias contractuales, con independencia del régimen jurídi co aplicable, en los que sea parte una entidad pública, así: Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…).
2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.
Sin embargo, el artículo 105 del ibídem prescribió que las controversias surgidas en los contratos que celebren las entidades financieras de carácter público cuando
una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. Sin embargo, el artículo 105 del ibídem prescribió que las controversias surgidas en los contratos que celebren las entidades financieras de carácter público cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades se exceptúan de esta jurisdicción y corresponden, por lo tanto, a la jurisdicción ordinaria, así: Artículo 105. Excepciones . La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:
1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos [negrilla fuera de texto].
5 Exp. Digital. Documento 44.6
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Conforme a lo anterior, el objeto de la jurisdicción reafirma un criterio materialactuaciones sujetas al derecho administrativo - y orgánico, el cual se complementa con los asuntos específicos previstos en el listado enunciativo del artículo 104 del CPACA. Asimismo, la excepción del artículo 105 ibidem, numeral 1, se fundamenta en un criterio orgánico y material, este último dependiendo de si la actividad hace parte o no del giro ordinario de los negocios de las entidades cobijadas bajo la
CPACA. Asimismo, la excepción del artículo 105 ibidem, numeral 1, se fundamenta en un criterio orgánico y material, este último dependiendo de si la actividad hace parte o no del giro ordinario de los negocios de las entidades cobijadas bajo la excepción.
En el caso concreto, el FONADE -Hoy ENTERRITORIOes una de las instituciones financieras de carácter público que se rige por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto Ley 663 de 1993 y sus modificaciones, artículo 286), prevista como una empres a industrial y comercial del Estado de carácter financiero. En efecto, FONADE fue creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3068 de 1968 como un establecimiento público adscrito al Departamento Nacional de Planeación. En desarrollo de las atribuciones otorgadas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, el Presidente de la República expidió el Decreto 2168 de 1992, en virtud del cual reestructuró la entidad, que pasó a tener la naturaleza de una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación. Según lo dispuesto en el artículo 11 de ese Decreto, la Superintendencia Bancaria –hoy Superintendencia Financiera– ejerce las funciones de vigilancia y control de la entidad6.
Las disposiciones del Decreto 2168 de 1992 fueron incorporadas al capítulo XII del Decreto 663 de 1993, mediante el cual se actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuyo artículo 286 reiteró que FONADE tiene la naturaleza ya indicada. Posteriormente, el presidente de la República expidió el Decreto 288 de 2004 y,
Financiero, cuyo artículo 286 reiteró que FONADE tiene la naturaleza ya indicada. Posteriormente, el presidente de la República expidió el Decreto 288 de 2004 y, luego, el Decreto 495 de 20 de marzo de 2019, mediante el cual modificó su estructura interna y cambió su denominación, pero conservó su naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado con carácter financiero7.
6 En el artículo 1º del Decreto 4327 de 2005 se dispuso lo siguiente: “Fusionase la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia”. 7 Decreto 495 de 2019. “Artículo 1°.Denominación, Naturaleza y Domicilio. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vincula da al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia Financiera, se denominará, en adelante, Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) y tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C.”. “A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias y/o disposiciones legales o reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), se entenderán hechas a la Empresa Nacional Promo tora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio)”.7
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
(ENTerritorio)”.7
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
La Corporación también ha precisado que FONADE es una entidad o institución financiera de carácter público, pues además de que así se estableció en los actos que definieron su naturaleza jurídica, a esa misma conclusión se arriba según lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 45 de 19908 que establece: “[p]ara los efectos de la presente ley se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros (…) ”9. En estos términos, se acredita el primer criterio para que el asunto se excluya del conocimiento de esta jurisdicción.
El segundo criterio para la aplicación de la excepción es que la controversia corresponda al giro ordinario de los negocios de dichas entidades. Esta Corporación ha precisado que este concepto incluye las siguientes actividades 10: (i) las realizadas en cumplimiento del objeto social o de las funciones principales expresamente definidas en la ley –Estatuto Orgánico del Sistema Financiero– y (ii) todas aquellas actividades o negocios que son conexos con ellas y que se realizan para desarrollar la función principal.
Las competencias y funciones de FONADE, que demarcan el giro ordinario de sus actividades, fueron señaladas inicialmente en el artículo 2 del Decreto 2168 de 1992 que estableció que la entidad tendría “ por objeto principal ser agente en el ciclo de proyectos de desarrollo mediante la financiación y administración de estudios, y la
actividades, fueron señaladas inicialmente en el artículo 2 del Decreto 2168 de 1992 que estableció que la entidad tendría “ por objeto principal ser agente en el ciclo de proyectos de desarrollo mediante la financiación y administración de estudios, y la coordinación y financiación de la fase de preparación de proyectos de desarrollo ”. Esta disposición fue reglamentada por el Decreto 2606 de 1998, que en su artículo 1º dispuso que el ciclo de proyectos comprendía tres etapas: la de preparación, que “incluye los estudios que sustenten de manera clara y suficiente la decisión y compromiso institucional de realizar la mejor alternativa o rechazar un proyecto de inversión previamente identificado”; la de ejecución, “consistente en el desarrollo y realización de todas las actividades para la obtención de los objetivos y metas a que hace referencia el proyecto de desarrollo”; y la de evaluación, en la que “se realizan los análisis posteriores acerca del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el proyecto de desarrollo”.
Posteriormente, a través del Decreto 288 de 2004 -que se encontraba vigente en la fecha de celebración del contrato en el que se sustentaron las pretensiones de este proceso-, se amplió el objeto de FONADE. Así, el artículo 1º de este Decreto
8 Por medio de la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones. 9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013. Rad. 2135. C.P. Augusto Hernández Becerra. 10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 17 de junio de 2015. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Exp. 505268
C.P. Augusto Hernández Becerra. 10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 17 de junio de 2015. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Exp. 505268
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
estableció que la entidad tendría por “ objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas”. Por su parte, el artículo 3 indicó que, para el desarrollo de su objeto, FONADE podría, entre otras actividades, “promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo fina nciados con recursos de fuentes nacionales o internacionales” y “ celebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos”.
En estos términos, la actividad de FONADE se extiende a actividades propias de la banca de desarrollo y a la gerencia de proyectos, tal como se ha explicado en anteriores oportunidades:
Si se mira con cuidado el objeto definido para FONADE en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se entiende que a esa entidad le corresponde una función de la denominada banca de desarrollo, cuya actividad es diferente de la que ordinariamente realiza un banco comercial (la actividad bancaria de servicio al público en general se conoce como banca de primer piso).
función de la denominada banca de desarrollo, cuya actividad es diferente de la que ordinariamente realiza un banco comercial (la actividad bancaria de servicio al público en general se conoce como banca de primer piso).
De esa apreciación se advierte que la gestión de la banca de desarrollo se asemeja más al objeto ordinario de las sociedades de servicios financieros, que a las de entidades bancarias, sin perjuicio de su particular condición de constituir un instrumento d e gestión directa en materia de los planes y programas públicos.
Dentro del objeto propio de FONADE, que se corresponde con una actividad de servicios financieros, se encuentra prevista la gerencia y ejecución de proyectos de desarrollo, en la cual, con recursos de presupuestos públicos y privados, FONADE despliega una capacidad ejecutora, que puede expresarse a través de la denominada contratación derivada, de la más diversa índole.
Se denomina contratación derivada, en cuanto se trata de contratos que se originan en convenios interadministrativos, convenios de financiación, convenios de cooperación y cualquier otro tipo de contrato que funciona como acuerdo matriz o principal”11.
En el subjudice las partes suscribieron el Contrato 2111950 el 24 de octubre de 2011, cuyo objeto fue el diseño, estudios técnicos y construcción de infraestructura educativa, el cual le estaba permitido al FONADE dentro de las funciones que le fijó el Decreto 288 de 200 412 de gerencia de proyectos como se señala en los considerandos de este contrato, al estipular que se suscribe en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio 117 (210016 en FONADE) de fecha 29 de
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de agosto de 2017. Exp.
compromisos asumidos en el Convenio 117 (210016 en FONADE) de fecha 29 de
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de agosto de 2017. Exp. 52.531. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 12 Artículo 3. Decreto 288 de 2004 “Funciones: En desarrollo de su objeto, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, podrá realizar las siguientes funciones: “3.1. Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales e internacionales. […] “3.6. Celebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos.” [Negrilla fuera de texto]9
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
enero de 2010, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el FONADE, cuyo objeto fue: "ejecutar la Gerencia Integral de Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Física y Dotación escolar Oficial, financiado con recursos provenientes del recaudo de la Ley 21 de 1982, presen tados por el Ministerio de Educación Nacional"13.
Conforme a lo anterior, el contrato de la litis fue suscrito en el giro ordinario de los negocios y funciones de la entidad financiera estatal. Además, el vínculo contractual se enmarco en la agenda del Ministerio de Educación de mejoramiento y dotación
Conforme a lo anterior, el contrato de la litis fue suscrito en el giro ordinario de los negocios y funciones de la entidad financiera estatal. Además, el vínculo contractual se enmarco en la agenda del Ministerio de Educación de mejoramiento y dotación de infraestructura educativa, en el cual FONADE a ctuó como gerente integral del proyecto, tal como se pactó en ese convenio y como podía hacerlo en desarrollo de su objeto social y sus funciones previstas en el Decreto 288 de 2004, de “promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de des arrollo financiados con recursos de fuentes nacionales” (en este caso del Ministerio de Educación Nacional) y “administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos” (artículo 3 del Decreto 288 de 2004).
Este contexto acredita los presupuestos del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 para excluir de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de esta controversia. Si bien, en algunas ocasiones esta Corporación ha precisado que a pesar d e la normatividad procesal le asiste competencia para juzgar litigios contractuales del FONADE 14, tales pronunciamientos se limitaron a los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, sin embargo, este evento no se materializa en la presente litis.
En el caso concreto, el contrato 2122950 fue suscrito el día 24 de octubre de 2011, fecha para la cual el FONADE estaba expresamente excluido del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública por la expedición de la Ley 1450 el día 16 de ju nio de 2011. En efecto, sobre el régimen jurídico contractual aplicable al
fecha para la cual el FONADE estaba expresamente excluido del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública por la expedición de la Ley 1450 el día 16 de ju nio de 2011. En efecto, sobre el régimen jurídico contractual aplicable al FONADE como entidad financiera se encuentra que el parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 prescribió que los contratos que celebrara en el giro ordinario de las actividades propias de su objeto social se regían por las normas del derecho común. Posteriormente, el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que FONADE se regiría por las normas de contratación contenidas en la Ley 80 de 199315; artículo que fue derogado por la Ley 1450 de 2011 y que no previó un
13 Contrato 2111950 del 24 de octubre de 2011 suscrito entre FONADE y el Consorcio Intercol. Exp. Digital. Documento 131. 14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 3 de agosto de 2017 C.P. Marta Nubia Velásquez. Exp.52.531. 15 En el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 se dispuso lo siguiente: “ El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE se regirá por las normas del Estatuto General de Contratación10
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00078-01 (63.765)
Actor: María Dolores Cataño Lopera y otros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
tránsito normativo frente a su entrada en vigencia que se prescribió para el día de su publicación, el 16 de junio de 2011.
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
tránsito normativo frente a su entrada en vigenc
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