CE - Auto interlocutorio 25000234100020250135001

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 25000234100020250135001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

Demandante: Asociación Diplomática y Consular de Colombia Demandado: José Roberto Acosta Ramos como embajador extraordinario y plenipotenciario, código 26, grado 25, adscrito a la Embajada de Colombia ante la República Argentina

Temas: Requisito de experiencia profesional relacionada para ser designado como embajador extraordinario y plenipotenciario

AUTO QUE RESUELVE APELACIÓN

La Sección Quinta del Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación que interpusieron el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , el señor José Roberto Acosta Ramos y el Ministerio de Relaciones Exteriores contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C el 15 de septiembre de 2025, mediante el cual se admitió la demanda y se accedió a la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia, actuando a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia, actuando a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con el propósito que se declare la nulidad del Decreto 0793 del 8 de julio de 2025, mediante el cual se designó a l señor José Roberto Acosta Ramos como embajador extraordinario y plenipotenciario adscrito a la Embajada de Colombia ante la

República de Argentina.

1.2. Hechos

2. A través del Decreto 0793 del 8 de julio de 2025 se designó al señor José Roberto Acosta Ramos como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia adscrito a la Embajada de Colombia ante la República de Argentina.

1.3. Concepto de la violación

3. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia aseguró que la designación cuestionada era ilegal, comoquiera que el señor José Roberto Acosta Ramos no acreditó la experiencia profesional relacionada con el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario que se estableció en el Manual Espec ífico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Resolución 1580 de 2015.Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

Demandante: Asociación Diplomática y Consular de Colombia

Demandada: José Roberto Acosta Ramos

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Demandada: José Roberto Acosta Ramos

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4. Precisó que el artículo 2.2.2.4.2. del Decreto 1083 de 2015 establece que, para los cargos grado 25 como el de embajador, se debe acreditar una experiencia profesional relacionada de setenta y dos meses; sin embargo, con las certificaciones que se aportaron no se demuestra ese tiempo.

5. Por otra parte, sostuvo que el artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000 ha sido

utilizado para desconocer los derechos de carrera, toda vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha limitado a un cumplimiento «formal» de la norma y privilegia designaciones discrecionales.

1.4. Medida cautelar

6. En escrito independiente, se solicitó la suspensión de los efectos del decreto cuestionado. Ello, al asegurar que el señor José Roberto Acosta Ramos «no acredita experiencia específica en materia diplomática o consular».

1.5. Actuaciones procesales relevantes

7. El magistrado sustanciador de primera instancia, el 25 de agosto de 2025 , ordenó correr traslado de la solicitud de suspensión provisional al señor José Roberto Acosta

Ramos.

8. Surtidas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes intervenciones:

9. El Ministerio de Relaciones Exteriores , a través de apoderado, se opuso a la medida cautelar y aseguró que no se cumplía con los presupuestos establecidos en los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011 para su decreto.

medida cautelar y aseguró que no se cumplía con los presupuestos establecidos en los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011 para su decreto.

10. Hizo referencia a la naturaleza jurídica del empleo de embajador extraordinario y plenipotenciario y aseguró que se trata de uno de libre nombramiento y remoción, razón por la cual primaba la facultad discrecional del presidente de la república que encuentra como única limitación, el respeto del veinte por ciento al que se refiere el artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000.

11. Sostuvo que el demandado cumplía con los requisitos para ser designado en el referido cargo , conforme se certificó en el Oficio I -GAPT-25-010659 del 8 de abril de

2025.

12. Frente a la experiencia relacionada , se acreditó con los documentos que demostraban que se desempeñó como (i) director general d e Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y (ii) director distrital de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá.

13. El señor José Roberto Acosta Ramos , a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de la suspensión provisional de su designación.

14. Aseguró que las afirmaciones de la demandante carecían de soporte, comoquiera que su hoja de vida demostraba que había ejercido funciones similares a las del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario.Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

Demandante: Asociación Diplomática y Consular de Colombia

Demandada: José Roberto Acosta Ramos

de embajador extraordinario y plenipotenciario.Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

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15. Transcribió las competencias que tenía cuando fungió como director distrital de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá y director general de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

16. Sostuvo que no se desconoció lo dispuesto en el artículo 1 .° de la Resolución 1580 de 2015, mediante la cual se estableció el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de

Relaciones Exteriores.

17. Consideró que la medida cautelar no cumplía con lo determinado en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que no se demostró que con su designación se hubiera transgredido algún mandato legal o reglamentario.

18. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , a través de apoderado, se opuso a la medida cautelar al advertir que carecía de carga argumentativa propia y no se indicaba el fin que pretendía preservar.

19. Señaló que los cargos de nulidad formulados no se encontraban acreditados, por el contrario, el Oficio I -GAPT-25-010659 del 8 de abril de 2025 daba cuenta que el señor José Roberto Acosta Ramos cumplía con todos los requisitos para ser designado como

contrario, el Oficio I -GAPT-25-010659 del 8 de abril de 2025 daba cuenta que el señor José Roberto Acosta Ramos cumplía con todos los requisitos para ser designado como embajador extraordinario y plenipotenciario.

1.5.1 Auto que admite y decide la medida cautelar

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, mediante auto del 15 de septiembre de 2025, admitió la demanda y accedió a la suspensión provisional solicitada.

21. De manera preliminar, aseguró que no existía norma alguna que impidiera sustentar la medida cautelar con los mismos argumentos expuestos en el concepto de la violación de la demanda, razón por la cual no compartía la afirmación relacionada con la insuficiencia argumentativa.

22. En cuanto al fondo del asunto, hizo referencia a las pruebas aportadas por las partes y describió el concepto de experiencia relacionada, para advertir que:

(…) al tiempo del nombramiento no se probaron las funciones que desempeñó el demandado con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos del cargo. Solo con posterioridad se anexaron certificados completos de funciones. Por ende, a la fecha del nombramiento no estaba acreditado el presupuesto indispensable para emitir el acto administrativo demandado.

Además de lo anterior, para la Subsección, las funciones contenidas en la Resolución 1580 de 16 de marzo de 2015 para el empleo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 36, grado 25, no guardan relación con las desempeñadas por José Roberto Acosta Ramos como Director Técnico en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni como

código 36, grado 25, no guardan relación con las desempeñadas por José Roberto Acosta Ramos como Director Técnico en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni como Técnico, código 009, grado 08 en el despacho del Director Distrital de Crédito Público de la Secretaría Distrital de Hacienda, porque en los dos empleos aplicó su experticia en Hacienda y Crédito público, mientras que para el empleo de embajador se requiere manejo de relaciones internacionales y servicio diplomático, lo anterior porque el propósito principal del empleo es: “Proteger los intereses del país y los de sus nacionales, representando al Gobierno Nacional ante los Gobiernos extranjeros y los organismos internacionales, de acuerdo con los lineamientos de política exterior en asuntos bilaterales o multilaterales”.Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

Demandante: Asociación Diplomática y Consular de Colombia

Demandada: José Roberto Acosta Ramos

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23. En ese orden ideas, advirtió que de una «simple confrontación» era posible concluir que se desconoció el ordenamiento jurídico, razón por la cual era necesario decretar la suspensión provisional del acto demandado para proteger el interés público de la representación internacional de Colombia.

24. El juez colegiado de primera instancia el 2 de octubre de 2025, negó una solicitud de aclaración que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada con que la designación fue en la modalidad de libre nombramiento remoción y no en provisionalidad, al concluir que ello no constituía un motivo de duda.

de aclaración que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada con que la designación fue en la modalidad de libre nombramiento remoción y no en provisionalidad, al concluir que ello no constituía un motivo de duda.

25. Sin embargo, corrigió de oficio la parte considerativa del auto del 15 de septiembre de 2025 para especificar que el nombramiento del demandado fue en «propiedad».

1.6. Recursos de apelación

26. Inconformes con la decisión de suspender provisionalmente el Decreto 0793 del 8 de julio de 2025 , el Departamento Administrativo de la Presidencia, el señor José Roberto Acosta Ramos y el Ministerio de Relaciones interpusieron recursos de

apelación con sustento en las siguientes razones:

1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia

27. Insistió en los argumentos que expuso cuando se pronunció frente a la medida cautelar y, además, sostuvo que el demandado cumplió con todos los requisitos para ser designado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario.

28. Contrastó las funciones del referido empleo con las que ejerció en la dirección distrital de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda de Alcaldía de Bogotá y como director general de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para precisar que se demostró la experiencia relacionada.

29. Sostuvo que no era dable que se exigiera una experiencia «espec ífica» y que se debía determinar el grado de relación entre las funciones ejercidas por el señor José Roberto Acosta Ramos durante su trayectoria profesional.

30. Así las cosas, solicitó que se revocará la decisión de primera instancia y se negara

debía determinar el grado de relación entre las funciones ejercidas por el señor José Roberto Acosta Ramos durante su trayectoria profesional.

30. Así las cosas, solicitó que se revocará la decisión de primera instancia y se negara la suspensión provisional del acto cuestionado.

1.6.2. José Roberto Acosta Ramos

31. Insistió en que las funciones que desempeñó en los empleos que tuvo están relacionadas con las que se establecieron para embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en el artículo 1 .° de la Resolución 1580 de 2015 , porque los conocimientos que adquirió en hacienda y crédito público son de gran importancia para defender los intereses nacionales ante otros gobiernos y organismos internacionales como « el Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo Monetario Internacional; LAC Debt Group, etc.,» que son entidades multilaterales.

32. Consideró que ello le ha permitido «mejorar la gestión diplomática del Gobierno» y, para acreditar esto, aportó un documento del 3 de marzo de 2023 en el que el secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público le inform ó al MinisterioRadicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

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de Relaciones Exteriores, en cumplimiento del artículo del Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, que concedió comisión de servicios al señor José Roberto Acosta Ramos para

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de Relaciones Exteriores, en cumplimiento del artículo del Decreto 397 del 17 de marzo de 2022, que concedió comisión de servicios al señor José Roberto Acosta Ramos para que asistiera a la Reunión Anual de Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y BID Invest que se celebró en Panamá del 16 al 20 de marzo de 2023.

33. Además, allegó otros cuatro documentos que daban cuenta que al demandado se le comisionaba para asistir a reuniones ante órganos internacionales cuando era funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el fin de representar al Gobierno Nacional, esto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 199 de 2024.

34. Por otra parte, aseguró que el juez colegiado de primera instancia incurrió en prejuzgamiento, toda vez que se fundamentó en un «análisis integral de la demanda y del escrito de solicitud de medida cautelar».

35. Indicó que la suspensión provisional decretada resultaba «más lesiva que el interés que supuestamente se pretende proteger», debido a que el señor José Roberto Acosta Ramos ha adelantado «valiosísimas gestiones» como embajador y, para demostrar esto, aportó tres links de notas periodísticas sobre las relaciones entre Colombia y

Argentina.

36. Igualmente, sostuvo que la medida cautelar genera perjuicios fiscales en tanto se debía adelantar un proceso de «repatriación» del demandado.

1.6.3. Ministerio de Relaciones Exteriores

37. Consideró que no se cumplía con el presupuesto de apariencia de buen derecho,

debía adelantar un proceso de «repatriación» del demandado.

1.6.3. Ministerio de Relaciones Exteriores

37. Consideró que no se cumplía con el presupuesto de apariencia de buen derecho, razón por la cual no se podía decretar la medida cautelar , e llo, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente se podía concluir que las funciones que ejerció el señor José Roberto Acosta Ramos en los empleos que desempeñó en su trayectoria profesional tenían relación con las de embajador extraordinario y plenipotenciario.

38. Además, manifestó que el juez colegiado de primera instancia no realizó un estudio de proporcionalidad de la medida cautelar y la afectación en la prestación del servicio en el exterior.

39. En ese orden de ideas, pidió que se revocara la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C y se negara la medida cautelar.

1.9. Oposición a los recursos de apelación

40. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia se pronunció frente a los recursos de apelación y se opuso a su prosperidad. Al respecto, aseguró que la medida cautelar cumplía con todos los requisitos para ser decretada e insistió en los argumentos en los que sustentó la solicitud de suspensión provisional.

41. Agregó que las pruebas aportadas con los recursos de apelación deben rechazarse, de conformidad con lo dispuesto en el «numeral 2 del artículo 43» de la Ley 1437 de 2011.Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

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1437 de 2011.Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

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1.10. Auto que concede los recursos de apelación

42. El magistrado sustanciador de primera instancia, mediante auto del 22 de octubre de 2025, concedió los recursos de apelación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

43. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación que se interpusieron contra el auto del 15 de septiembre de 2025 que admitió la demanda y accedió a la medida cautelar, en atención a lo dispuesto en el numeral 5.º1 del artículo 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con lo señalado en el literal c2 del numeral 7 del artículo 152 del mismo cuerpo normativo.

2.2. Cuestión previa

44. La Sala advierte que, para efectos de resolver los recursos de apelación contra el auto que decretó l a suspensión provisional, no valorará las pruebas que aportó el apoderado del señor José Roberto Acosta Ramos con el recurso de apelación.

45. Ello, por cuanto la oportunidad para allegar medios de convicción para resolver la medida cautelar se limita a su presentación y a la oposición que de ella se hace en el traslado de aquella, de otro modo , podría resultar comprometida la garantía de

45. Ello, por cuanto la oportunidad para allegar medios de convicción para resolver la medida cautelar se limita a su presentación y a la oposición que de ella se hace en el traslado de aquella, de otro modo , podría resultar comprometida la garantía de contradicción que constituye uno de los núcleos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

46. En consecuencia, solo se tendrán en cuenta las pruebas que aportaron las partes hasta el traslado de la medida cautelar , sin que ello signifique que no puedan ser valoradas en el curso del proceso, según lo determine el fallador de instancia.

2.3. Oportunidad de la interposición y sustentación de los recursos

47. El numeral 53 del artículo 243 en concordancia con el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 prevé que es apelable el auto que niegue o decrete la medida cautelar . En relación con la oportunidad para presentarlo, el numeral 3 .º del artículo 244 4 de ese mismo estatuto señala que en el medio de control electoral debe interponerse y sustentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la decisión.

1 «5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar». 2 «7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o qu e sean

nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o qu e sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado;». 3 «Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…) 5. El que decrete, deniegue o modifique la medida cautelar». 4 «Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas: (…) 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmen te la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días. De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto qu e así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado no procederá cuando se apele el auto que rechaz a la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en cas o de

la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá el recurso en cas o de que sea procedente y haya sido sustentado».Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

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48. En el presente caso, se pone de presente que el auto del 15 de septiembre de 2025 fue objeto de aclaración y la decisión que la resolvió se notificó por estado el 7 de octubre de 2025.

49. Por otra parte, los recursos se interpusieron así:

Apelante Fecha de presentación DAPRE 22 de septiembre de 2025 José Roberto Acosta Ramos 24 de septiembre de 2025 Ministerio de Relaciones Exteriores 8 de octubre de 2025

50. Así las cosas, se advierte que los recursos se interpusieron y presentaron oportunamente.

2.4. Problema jurídico

51. Corresponde a esta Sala determinar si existen argumentos suficientes para confirmar, modificar o revocar el auto del 15 de septiembre de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C admitió la demanda y accedió a la medida cautelar solicitada.

52. Para ello se deberá determinar si , en esta etapa del proceso, se observa que el

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C admitió la demanda y accedió a la medida cautelar solicitada.

52. Para ello se deberá determinar si , en esta etapa del proceso, se observa que el Decreto 0793 del 8 de julio de 2025 desconoció las normas invocadas por la demandante, por cuanto el señor José Roberto Acosta Ramos no acreditó la experiencia profesional relacionada con las funciones de embajador extraordinario y plenipotenciario.

53. Con el fin de resolver ese interrogante se estudiarán los siguientes temas (i) las medidas cautelares en el proceso de nulidad electoral; (ii) los requisitos que se deben acreditar para ser designado embajador extraordinario y plenipotenciario; y (iii) caso concreto.

2.5. Las medidas cautelares en el proceso de nulidad electoral

54. El artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 establece una fórmula innominada para la adopción de medidas cautelares, clasificándolas en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, admitiendo en esta tipología cualquier clase de mecanismo que el juez encuentre necesario para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia e impedir que el ejercicio del medio de control respectivo pierda su finalidad.

55. En este amplio catálogo, se contempló en el ordinal 3.º5 la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, como herencia del anterior estatuto, esto es, el Decreto 01 de 1984, el cual dedicaba el título XVII a regular esta figura como la única cautela posible. Así las cosas, al coexistir en la actualidad diferentes modalidades de

los efectos de los actos administrativos, como herencia del anterior estatuto, esto es, el Decreto 01 de 1984, el cual dedicaba el título XVII a regular esta figura como la única cautela posible. Así las cosas, al coexistir en la actualidad diferentes modalidades de medidas cautelares, concurren también distintos presupuestos para ordenarlas, teniendo siempre presente que la interpretación de los requisitos procesales para su procedencia debe hacerse a la luz de la tutela judicial efectiva, la cual parte de reconocer que no solo

5 Ley 1437 de 2011. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: (…) 3. Suspender provisionalme nte los efectos de un acto administrativo (…)Radicación: 25000-23-41-000-2025-01350-01

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las personas tienen el derecho de acudir a los órganos judiciales para formular su demanda, sino a que el objeto del litigio, se le proteja desde el inicio del trámite a fin de asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido.

56. Según el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto

asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido.

56. Según el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, el solicitante debe cumplir los requisitos señalados en el inciso primero de

dicha norma que dispone:

Artículo. 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos, procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud (…).

57. Sobre el particular, esta Corporación ha destacado, que la actual regulación de esta herramienta procesal no exige la «manifiesta infracción» de la norma superior, como lo ordenaba la legislación anterior, por lo que se advierte una variación significativa para su prosperidad. En efecto, en el antiguo régimen, para el decreto de la suspensión provisional del acto acusado, la jurisprudencia de esta alta corte exigía que la contrariedad con el ordenamiento superior debía ser ostensible, clara, manifiesta, flagrante o grosera, lo cual promovió que, en no pocas ocasiones, esta circunstancia hiciera casi imposible su viabilidad, afectando sustancialmente el propósito de la medida cautelar y el derecho a la tutela judicial efectiva.

58. Esta Sección, en providencia de 12 de diciembre de 20196, indicó lo siguiente:

viabilidad, afectando sustancialmente el propósito de la medida cautelar y el derecho a la tutela judicial efectiva.

58. Esta Sección, en providencia de 12 de diciembre de 20196, indicó lo siguiente:

30. Al respecto, la doctrina ha destacado que, con la antigua codificación, -Código Contencioso Administrativo-, se requería para la procedencia de la suspensión provisional, la existencia de una manifiesta infracción de las disposiciones invocadas, esto es, infracción grosera, de bulto, observada prima facie. Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como transgredidas o, del estudio de las pruebas aportadas por el accionante con su escrito introductorio para que sea procedente la medida cautelar.

31. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo debe efectuar un estudio y análisis de los argumentos expuestos por el demandante y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados a esta etapa del proceso para efectos de proteger la efectividad de la sentencia, basado en los requisitos y en los criterios de admisibilidad de la medida cautelar de la cual se trata.

59. De acuerdo con lo anterior, en la actualidad, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, el juez administrativo está habilitado para confrontar el acto demandado y las normas invocadas como transgredidas, a partir de la interpretación de la ley y la jurisprudencia y la valoración de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer un estudio amplio,

invocadas como transgredidas, a partir de la interpretación de la ley y la jurisprudencia y la valoración de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer un estudio amplio, analítico y razonado, para verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista q

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