CE - Auto interlocutorio 50001233300020230036001

Consejo de Estado

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Título
CE - Auto interlocutorio 50001233300020230036001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil

Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

Tema: Medidas cautelares en los procesos declarativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo / Suspensión de una actuación administrativa / Inscripción de la demanda

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra el auto del 6 de agosto de 2024, a través del cual el Tribunal Administrativo del Meta negó el decreto de unas medidas cautelares.

ANTECEDENTES

La demanda principal

1. Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 20231, subsanado el 15 de febrero de 2024 2, el Consorcio CC Carreño 3, formuló demanda de controversias contractuales contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante, la “Aerocivil”), con el propósito de que se acceda a las siguientes

pretensiones:

“PRIMERA: Que se liquide el contrato de obra pública No. 21001048 de 2021, cuyo objeto era “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS, REHABILITACIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y MANTENIMIENTO LADO AIRE Y

cuyo objeto era “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS, REHABILITACIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y MANTENIMIENTO LADO AIRE Y

LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA

(VIGENCIA FUTURA)”, reconociéndosele al contratista una suma a su favor por valor de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.643.000.000), la cual resulta después de sumar las reclamaciones del demandante por perjuicios de incu mplimiento contractual por parte de la AEROCIVIL y desequilibrio económico del contrato, valores a los que se le restó el saldo pendiente de amortización del anticipo, según peritaje que se aporta.

SEGUNDA: Que se declare que la AEROCIVIL incumplió el contrato de obra pública No. 21001048 de 2021, cuyo objeto era “REALIZAR ESTUDIOS,

DISEÑOS, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y

1 Índice 00002 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta. 2 Índice 00008 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta. 3 El Consorcio CC Carreño está integrado por los siguientes sujetos: Carlos Guillermo Suárez Escobar y CAM Ingenieros S.A.S.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

2

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

2

MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE

PUERTO CARREÑO, VICHADA (VIGENCIA FUTURA)”.

TERCERA: Que se declare que en el contrato de obra pública No. 21001048 de 2021, cuyo objeto era “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS,

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA ( VIGENCIA FUTURA)”, se presentó un desequilibrio económico del contrato que afectó al contratista y que, en consecuencia, la AEROCIVIL está en la obligación de reconocer en su favor

el RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

CUARTA: Que la demandada debe reconocer y pagar por concepto de indemnizaciones por incumplimiento y por desequilibrio económico del contrato a favor del contratista, la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.643.000.000), que se discrimina de la siguiente forma:

Por daño emergente: la suma de 6.292 millones.

Por lucro cesante: la suma de 351 Millones por efecto lucro cesante derivado de la diferencia en tiempo entre el pago efectivo por el contratista y la compensación parcial a junio del 2023.

Por lucro cesante: la suma de 351 Millones por efecto lucro cesante derivado de la diferencia en tiempo entre el pago efectivo por el contratista y la compensación parcial a junio del 2023.

Las sumas anteriores serán indexadas conforme las reglas determinadas por la Jurisprudencia.

QUINTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada”.

2. Como sustento de su solicitud, la demandante expuso los siguientes hechos

relevantes:

3. El 30 de diciembre de 2021, el Consorcio CC Carreño (en adelante, el “Consorcio”) celebró con la Aerocivil el Contrato de Obra Pública n.° 21001048, que tenía por objeto “realizar los estudios, diseños y rehabilitación de la infraestructura lado aire y mantenimiento lado aire y lado tierra del aeropuerto de Puerto Carreño, Vichada”

(subsiguientemente, el “ Contrato”). Las partes pactaron que el plazo de ejecución vencería el 31 de julio de 2022 y se acordó un valor de $9.499 ’996.346, incluido el AIU y el IVA sobre la utilidad.

4. Según la demanda, desde los primeros informes de obra, el Consorcio manifestó a la entidad contratante la existencia de inconvenientes relacionados con los estudios que le fueron entregados, pues solo había recibido los geotécnicos, faltando los hidráulicos, topográficos y los denominados “anexos de ayudas visuales”, así como el diseño geométrico de la pista . Indicó que estos solo le fueron remitidos el 6 de abril de 2022.

5. Con ocasión de lo anterior e inconvenientes relacionados con la obtención de

el diseño geométrico de la pista . Indicó que estos solo le fueron remitidos el 6 de abril de 2022.

5. Con ocasión de lo anterior e inconvenientes relacionados con la obtención de autorizaciones ambientales, el 22 de noviembre de 2022, el contratista le comunicó a la interventoría que era necesario actualizar el balance financiero, dado que los recursos previstos, $9.499’996.346, no eran suficientes para ejecutar la totalidad de las actividades acordadas, pues requería un total de $17.032’327.682.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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6. El 31 de julio de 2022, se suscribió el modificatorio n.° 1 al Contrato, el cual tuvo por objeto prorrogar el plazo de ejecución hasta el 23 de noviembre de 2022, pero sin adición de recursos.

7. Posteriormente, las partes acordaron –previo concepto de aprobación de la interventoría– suspender el contrato entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre de 2022, por lo que su término se extendió hasta el 23 de diciembre del mismo año.

8. El 1 de diciembre de 2022, el contratista y la interventoría suscribieron el “Formato 63 Acta de Suspensión” del Contrato entre el 2 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023. Esta última estuvo fundada en los tiempos para la expedición del

63 Acta de Suspensión” del Contrato entre el 2 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023. Esta última estuvo fundada en los tiempos para la expedición del permiso ambiental de funcionamiento de la planta de asfaltos por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoq uía -Corporinoquia, la falta de disponibilidad de los materiales e inconvenientes referentes a la entrega de los diseños por parte de la entidad contratante. Sin embargo, el referido documento no fue suscrito por la Aerocivil, a pesar de encontrarse justif icados los motivos para detener temporalmente la ejecución contractual.

9. Más adelante, mediante comunicación del 16 de marzo de 2023, la Secretaría de Asuntos Aeroportuarios de la Aerocivil convocó al contratista a la diligencia de toma de posesión de la obra. Esta decisión fue recurrida por el contratista y confirmada por la entidad mediante resolución del 5 de abril de 2023.

10. El representante del Consorcio manifestó que se abstendría de firmar el acta de recibo final que le fue remitida por la contratante, dado que (i) en ella no constaban las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito y otros hechos imprevisibles que se presentaron durante la ejecución del Contrato y (ii) no quedaron consignados los motivos por los que se suspendió la ejecución contractual, ni las razones técnicas, jurídicas y económicas para no prorrogarlo.

La demanda de reconvención

11. El 3 de mayo de 2024, la Aerocivil formuló demanda de reconvención contra el Consorcio y sus integrantes (la persona natural Carlos Guillermo Suárez Escobar y la sociedad CAM Ingenieros S.A.S.), con el fin de que se les declare solidariamente

11. El 3 de mayo de 2024, la Aerocivil formuló demanda de reconvención contra el Consorcio y sus integrantes (la persona natural Carlos Guillermo Suárez Escobar y la sociedad CAM Ingenieros S.A.S.), con el fin de que se les declare solidariamente responsables por el incumplim iento del Contrato 4. Para el efecto, formuló las

siguientes pretensiones:

“1. Se declare que el CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4, y a (sic) sus integrantes CARLOS GUILLERMO SUÁREZ ESCOBAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 7167398, y CAM INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT. 901519074 -2, son solidariamente responsables por el incumplimiento del contrato de obra No. 21001048 H4 de 2021 cuyo objeto fue REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS, REHABILITACIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y MANTENIMIENTO LADO AIRE

Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA.

4 Índice 00019 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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2. En consecuencia, se declare civil y solidariamente responsables a (sic) CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4, y a sus integrantes

4

2. En consecuencia, se declare civil y solidariamente responsables a (sic) CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4, y a sus integrantes CARLOS GUILLERMO SUÁREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 7167398 y CAM INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT. 901519074-2, a pagar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AER ONÁUTICA CIVIL, a título de daño emergente, la suma de SEISCIENTOS VEINTIDÓS

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($622.295.311,54), debidamente indexados desde el día 24 de diciembre de 2022, a la fecha en la que se efectúe el pago respectivo.

3. Se declare civil y solidariamente responsables (sic) CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4 y a sus integrantes CARLOS GUILLERMO SUÁREZ ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7167398 y CAM INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT. 901519074-2, a pagar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, a título de lucre (sic) cesante, los intereses derivados de la anterior suma de dinero, a la tasa legalmente establecida.

4. Se declare civil y solidariamente responsables (sic) CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4 y a sus integrantes CARLOS GUILLERMO SUÁREZ ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía

4. Se declare civil y solidariamente responsables (sic) CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4 y a sus integrantes CARLOS GUILLERMO SUÁREZ ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7167398 y CAM INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT. 901519074-2, por los daños y perjuicios causados a la UN IDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, por haberle hacho

(sic) perder la oportunidad de explotar el aeropuerto GERMÁN OLANO del municipio de Puerto Carreño, con las mejoras que se esperaba obtener con las obras contratadas, pero no entregadas por el mencionado consorcio, en la cuantía que se establezca mediante la pru eba pericial que se solicitará adelante.

5. Se declare civil y solidariamente responsables (sic) CONSORCIO CC CARREÑO, con NIT 901.553 -048-4 y a sus integrantes CARLOS GUILLERMO SUÁREZ ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7167398 y CAM INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT. 901519074-2, por el daño social causados (sic) a la comunidad por haberle hacho (sic) perder la oportunidad de explotar el aeropuerto GERMÁN OLANO del municipio de Puerto Carreño, con las mejoras que se esperaba obtener con las obras contratadas, pero no entregadas por el mencionado consorcio, en la cuantía que se establezca mediante la prueba pericial que se solicitará adelante.

6. Que se condene en costas a (sic) parte demandada en reconvención”.

con las obras contratadas, pero no entregadas por el mencionado consorcio, en la cuantía que se establezca mediante la prueba pericial que se solicitará adelante.

6. Que se condene en costas a (sic) parte demandada en reconvención”.

12. La demandante en reconvención efectuó la siguiente exposición fáctica:

13. Señaló que el 30 de diciembre de 2021, la Aerocivil y el Consorcio celebraron el Contrato, con un plazo de ejecución de siete (7) meses y un valor de

$9.499’996.346.

14. Indicó que el 21 de febrero de 2022, la interventoría le entregó al contratista los estudios y anexos hidráulicos, topográficos y geotécnicos, así como el informe y anexos de ayudas visuales, y que el día 23 del mismo mes y año las partes suscribieron el acta de inicio.

15. Sostuvo que, en diferentes oportunidades, la interventoría requirió al contratista paraRadicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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que informara sobre: (i) las gestiones adelantadas ante Corporinoquia para obtener las autorizaciones de tipo ambiental; (ii) la entrega de un estudio de alternativas de diseño, informe del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la guía ambiental “PAGA”; y (iii) la agilización del suministro y transporte de materiales y equipos.

diseño, informe del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la guía ambiental “PAGA”; y (iii) la agilización del suministro y transporte de materiales y equipos.

16. Añadió que el 31 de julio de 2022 las partes suscribieron un modificatorio al Contrato, prorrogando el plazo hasta el 23 de noviembre de 2022, pero sin adición de recursos. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2022, pactaron una suspensión del plazo por 30 días, de modo que la duración del Contrato se extendió hasta el 23 de diciembre del mismo año.

17. Posteriormente, el 19 de octubre de 2022, la interventoría solicitó al Consorcio presentar un plan de contingencia que contemplara la ejecución total de las actividades en los meses que le restaban de vigencia al Contrato, pero el contratista no dio respue sta. La interventoría informó a la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria de la Aerocivil sobre dicha situación y, además, que el contratista no había reiniciado actividades de obra, a pesar de que el plazo se había reanudado.

18. Con ocasión de lo anterior, la interventoría solicitó a la entidad iniciar un procedimiento sancionatorio contractual con ocasión del incumplimiento por parte del Consorcio, para lo cual presentó un informe en el que señaló que: (i) a la fecha de terminación del contrato, el 23 de diciembre de 2022, las obras solo alcanzaron el 8.24% de ejecución; (ii) el incumplimiento se concretó con la inejecución de las actividades del componente de “rehabilitación de la pista y demarcación” y la no presentación oportuna de la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas para la

actividades del componente de “rehabilitación de la pista y demarcación” y la no presentación oportuna de la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas para la planta de asfalto ante Corporinoquia; y (iii) del valor total del Contrato solo se ejecutaron $783’030.375,00.

19. Finalmente, señaló que el 10 de abril de 2023 la Aerocivil tomó posesión de las obras y que el 22 de septiembre de la misma anualidad citó al contratista y la aseguradora para dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, con el fin de hacer efectivas las garantías presentadas por el contratista.

La medida cautelar solicitada por el Consorcio

20. Mediante escrito presentado el 30 de abril de 20245, el apoderado del demandante solicitó que se decretara la suspensión del procedimiento sancionatorio contractual adelantado en su contra por la Aerocivil, en el que busca declarar el incumplimiento del Contrato por atraso en la ejecución del cronograma de obra y por la amortización incompleta del anticipo. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230.2 del CPACA, según el cual el juez podrá suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual.

21. Sostuvo que la entidad demandada inició audiencia de incumplimiento, en la que el contratista y la aseguradora rindieron descargos. Sin embargo, la diligencia fue

5 Índice 00015 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica

Civil-Aerocivil

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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suspendida para que la Aerocivil analizara las pruebas presentadas.

22. Señaló que el 1 ° de abril de 2024 solicitó a la Aerocivil la terminación del procedimiento sancionatorio iniciado en su contra, porque el Tribunal Administrativo del Meta profirió auto admisorio de la demanda de controversias contractuales de la referencia y dicha provide ncia ya le fue notificada, por lo que la entidad perdió competencia para declarar el incumplimiento del Contrato.

23. Finalmente, indicó que el 29 de abril de 2024 la Aerocivil le comunicó su decisión de no dar por terminado el procedimiento sancionatorio y lo citó a la reanudación de la audiencia de incumplimiento que se llevaría a cabo el día 30 del mismo mes y año.

La solicitud de medida cautelar de la Aerocivil

24. A través de escrito radicado el 3 de mayo de 2024 6, el apoderado de la Aerocivil solicitó el decreto de la medida cautelar de inscripción de la demand a sobre los siguientes bienes inmuebles de propiedad del señor Carlos Guillermo Suárez,

integrante del Consorcio:

“- Bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 400 -423, ubicado en la KR 11 # 7 - 60 7 62 de Leticia - Amazonas. - Bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 400 -9384

ubicado en la KR 11 # 7 - 60 7 62 de Leticia - Amazonas. - Bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 400 -9384 ubicado en la CALLE 15A # 5B-30 del municipio de Leticia - Amazonas. - Bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 166 - 28514 LT 3 ubicado en el municipio de La Mesa Cundinamarca”.

25. Para el efecto, solicitó que se oficiara a las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes para que efectuaran la respectiva inscripción.

Auto objeto de apelación

26. A través de proveído del 6 de agosto de 2024 7, el Tribunal Administrativo del Meta negó el decreto de las medidas cautelares. Sobre el particular, explicó lo siguiente:

27. En relación con la suspensión del procedimiento sancionatorio contractual adelantado por la Aerocivil contra el Consorcio, el a quo sostuvo que no era procedente su decreto, por cuanto la parte no sustentó su petición, sino que se limitó a afirmar que la entidad accionada había perdido competencia para adelantar el procedimiento debido a la admisión de la demanda.

28. Además, el solicitante no presentó documentación, información, argumentos ni justificaciones que permitieran concluir que resultaría más gravoso negar la medida cautelar que decretarla, o que se causaría un perjuicio irremediable, o que los efectos de la sentencia serían nugatorios. Tampoco justificó que la cautela tuviera relación directa con las pretensiones y que no exista otra posibilidad de conjurar o

6 Índice 00020 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta.

efectos de la sentencia serían nugatorios. Tampoco justificó que la cautela tuviera relación directa con las pretensiones y que no exista otra posibilidad de conjurar o

6 Índice 00020 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta. 7 Índice 00045 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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superar la situación que dé lugar a su adopción, presupuestos señalados en el numeral 2° del artículo 230 del CPACA.

29. Frente a la solicitud de inscripción de la demanda formulada por la Aerocivil, el Tribunal indicó que esta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA, previstos para medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de actos administrativos.

30. Lo anterior, por cuanto la entidad no aportó la documentación, información, argumentos y justificación necesaria para determinar que, en un juicio de ponderación de intereses, resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que concederla o que los efectos de la sentencia serían nugatorios. Señaló que en la solicitud no se justificó ni se aportó prueba ni siquiera sumaria referente a que, en caso de no acceder a la inscripción de la demanda, se causaría un perjuicio irremediable, máxime cuando el contrato cuenta con pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual a favor de la Aerocivil.

que, en caso de no acceder a la inscripción de la demanda, se causaría un perjuicio irremediable, máxime cuando el contrato cuenta con pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual a favor de la Aerocivil.

31. Finalmente, agregó que los bienes sobre los que se pretende la inscripción de la demanda no guardan relación con ella y tampoco se pudo comprobar que son de propiedad del Consorcio o de sus integrantes, dado que no se aportaron los certificados de tradición y libertad que lo acrediten.

Los recursos de las partes

32. El consorcio demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión del a quo de negar la suspensión provisional del procedimiento sancionatorio contractual adelantado por la Aerocivil con ocasión del Contrato8. Sobre el particular, argumentó que la decisión recurrida debe ser revocada y, en su lugar, debe decretarse la medida cautelar deprecada, toda vez que la Aerocivil continuó con el mencionado trámite administrativo, pese a que perdió competencia para ello, cuando el Tribunal Administrativo del Meta admitió el presente asunto. Además, adujo que no tiene sentido que la entidad demandada adelante un proceso sancionatorio y , simultáneamente, se formule una demanda de reconvención en la que solicita al juez contencioso declarar el incumplimiento.

33. A lo anterior agregó los siguientes argumentos: (i) no existe otra vía para conjurar la situación puesta de manifiesto (que la entidad adelante el procedimiento y sancione al contratista sin competencia); (ii) si se profiere sentencia a favor del demandante, esta carecería de eficacia si existe un acto administrativo

la situación puesta de manifiesto (que la entidad adelante el procedimiento y sancione al contratista sin competencia); (ii) si se profiere sentencia a favor del demandante, esta carecería de eficacia si existe un acto administrativo sancionatorio que se presume legal y presta mérito ejecutivo; (iii) en caso de que llegare a proferirse un acto de ese tipo, la medida cautelar que debe decretarse es la suspensión de sus efectos; y (iv) debe accederse a la suspensión del procedimiento administrativo, en tanto la demanda se encuentra debidamente fundada en derecho y, de no decr etarse la referida cautela, la sentencia carecería de eficacia .

8 Índice 00049 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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34. La Aerocivil, por su parte, interpuso recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de negar la inscripción de la demanda resulta procedente en los procesos declarativos y aquella no se rige por el CPACA, sino por el artículo 590 del CGP, el cual no exige fundamentar la solicitud. A lo anterior añadió que la medida cautelar deprecada es procedente, porque en el proceso se persigue e l pago de perjuicios derivados de la responsabilidad civil contractual del Consorcio.

CONSIDERACIONES

Jurisdicción y competencia

35. El Consejo de Estado ostenta jurisdicción para conocer del asunto, de conformidad

derivados de la responsabilidad civil contractual del Consorcio.

CONSIDERACIONES

Jurisdicción y competencia

35. El Consejo de Estado ostenta jurisdicción para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 104 del CPACA –en vigencia del cual fue radicado el asunto9–, toda vez que se trata de un proceso en el que se debate la responsabilidad contractual de una entidad pública y, a su vez, de un contratista de ésta última.

36. Además, esta Corporación es competente en segunda instancia, en atención a lo señalado en el artículo 150 del CPACA, según el cual le corresponde decidir los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el numeral 5° del artículo 243 ibidem10 prevé que el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar es apelable y, según el literal h) del numeral 2° del artículo 125 de dicha codificación11, la decisión deberá ser adoptada por la Sala.

Régimen aplicable

37. Al proceso le resultan aplicables el CPACA, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, y el CGP –éste último por remisión del artículo 306 del CPACA–, por ser las normas vigentes al momento de la radicación de la demanda principal y la demanda de reconvención formuladas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

38. Por otro lado, comoquiera que la decisión recurrida fue emitida el 6 de agosto de 202412, notificada por estado del día 8 del mismo mes y año, y dado que los escritos contentivos de los recursos de apelación de las partes se radicaron los días 8 y 12

202412, notificada por estado del día 8 del mismo mes y año, y dado que los escritos contentivos de los recursos de apelación de las partes se radicaron los días 8 y 12 de agosto de 202413, estos fueron oportunos.

Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de medida cautelar presentada por

9 La demanda principal fue radicada el 5 de diciembre de 2023 (Índice 00002 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta) y la demanda de reconvención fue presentada el 3 de mayo de 2024 (índice 00019 ibidem). 10 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. 11 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. 12 Índice 00045 del Samai del Tribunal Administrativo del Meta. 13 Índices 00049 y 00052 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo del Meta.Radicación: 50001-23-33-000-2023-00360-01 (72.121)

Demandante: Consorcio CC Carreño

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

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la parte demandante —consistente en la suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la Aerocivil por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública n.º 21001048 — cumple con la carga argumentativa exigida para demostrar que se satisfacen, de manera concurrente, los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 231 del CPACA.

40. Así mismo, deberá determinar si la inscripción de la demanda se rige

argumentativa exigida para demostrar que se satisfacen, de manera concurrente, los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 231 del CPACA.

40. Así mismo, deberá determinar si la inscripción de la demanda se rige exclusivamente por las reglas del CGP o si resulta aplicable la regulación prevista en el CPACA. A continuación, establecerá si la solicitud presentada en ese sentido por la Aerocivil cumple con los requisitos previstos en las normas que regulan esa tipología de medida cautelar.

Suspensión del procedimiento administrativo contractual

41. El artículo 229 del CPACA establece que en los procesos declarativos que se tramitan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el magistrado ponente podrá decretar las medidas cautelares necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Lo anterior, en cualquier etapa del proceso y siempre que medie solicitud de parte debidamente sustentada.

42. Dentro de las medidas cautelares que pueden ser decretadas se encuentra la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual, a la cual solo podrá acudirse cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción (art. 230.2 del CPACA).

Esta busca evitar “la finalización de un procedimiento o trámite administrativo en curso que sea contrario al ordenamiento jurídico, hasta tanto el juez contencioso administrativo adopte una decisión definitiva”14.

43. En tal caso, el decreto estará supeditado a que se acredite el cumplimiento concurrente de los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 231 ibidem, aplicable a las solicitudes de medidas cautelares diferentes a la suspensión

43. En tal caso, el decreto estará supeditado a que se acredite el cumplimiento concurrente de los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 231 ibidem, aplicable a las solicitudes de medidas cautelares diferentes a la suspensión

provisional de actos administrativos:

“ARTÍCULO 231. REQUISITO

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