CE - Auto interlocutorio 68001233300020250057401
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 68001233300020250057401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
Demandado: Hernán Porras Díaz Rad.: 68001-23-33-000-2025-00574-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel.: 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicado: 68001-23-33-000-2025-00574-01
Demandante: RUBÉN FERNANDO MORALES REY Demandado: HERNÁN PORRAS DÍAZ - RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) - PERÍODO 2025—
2028
Tema: Elección del rector – Conflicto de interés
AUTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 25 de septiembre de 2025, en la que dispuso denegar la suspensión provisional de los efectos del acto de elección del señor Hernán Porras Díaz como rector de la Universidad Industrial de Santander, periodo 2025-2028.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Rubén Fernando Morales Rey , en nombre propio, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, en la cual pretende:
1.1. La demanda
El señor Rubén Fernando Morales Rey , en nombre propio, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, en la cual pretende:
PRIMERO. Que se declare la nulidad del Acuerdo No. 012 del 9 de mayo de 2025, por el cual se designó al señor Hernán Porras Díaz como rector de la Universidad Industrial de Santander para el período 2025-2028.
SEGUNDO. Que en razón a lo anterior, se ordene a la UIS rehacer todo el procedimiento eleccionario para la designación de rector para el mismo periodo, en el que se respeten los principios de publicidad, transparencia, moralidad y debido proceso, para la c oncurrencia y participación de los candidatos en igualdad de condiciones.
1.2. Hechos
El demandante afirmó que, mediante el Acuerdo 007 del 11 de marzo de 2025, se aprobó la convocatoria para el proceso de designación del rector de la UIS y, en su artículo 14, fijó el cronograma con las distintas etapas. Agregó que se presentaronDemandante: Rubén Fernando Morales Rey
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varios candidatos, entre ellos el rector en ejercicio Hernán Porras Díaz.
Advirtió que , por medio de la Resolución 478 del 28 de marzo de 2025, el
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varios candidatos, entre ellos el rector en ejercicio Hernán Porras Díaz.
Advirtió que , por medio de la Resolución 478 del 28 de marzo de 2025, el demandado, en su condición de rector del ente universitario, nombró a la señora Sandra Judith García Vergara como decana de la facultad de Ingenierías Fisicoquímicas.
Sostuvo que la nombrada, por razón de su designación como decana, pasó a integrar el Consejo Académico de la UIS y, posteriormente, fue elegida miembro del Consejo Superior Universitario1, en representación de las directivas académicas.
Explicó que el Consejo Académico integr ó, a su vez , el Comité de Credenciales, organismo encargado de evaluar y calificar los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la rectoría , por lo que tienen una posición privilegiada en materia de decisión.
Por consiguiente, la señora Sandra Judith García Vergara se encontraba impedida para participar, intervenir y elegir al demandado como rector, por cuanto para ese momento se desempeñaba como miembro del Consejo Académico y de l Consejo Superior, y podía acceder a la documentación aportada por los aspirantes.
Adujo que el 28 de abril de 2025 se llevaron a cabo las elecciones internas de la comunidad académica de la UIS, donde el accionado logró la mayor votación2.
Sostuvo que el 30 siguiente se llevó a cabo la sesión de elección del rector en el seno del Consejo Superior Universitario, no obstante, no se debatió ni adelantó la votación para la designación, pese a que está acreditado que el panel directivo se
seno del Consejo Superior Universitario, no obstante, no se debatió ni adelantó la votación para la designación, pese a que está acreditado que el panel directivo se reunió en esa fecha.
Advirtió que el 9 de mayo de 2025 el organismo directivo eligió al demandado, sin haber realizado una convocatoria oportuna con el respectivo orden del día, y sin haber modificado el cronograma establecido para la designación del rector.
1.3. Concepto de la violación
El actor sostuvo que el acto demandado desconoció el artículo 126 de la Constitución Política; 3.° y 11 del CPACA; 23, 40 y 44 de la Ley 1952 de 2019; y 20, 50 y 96 del Estatuto General (Acuerdo 166 del 22 de diciembre de 1993).
1 Organismo encargado de designar al rector de la UIS, según lo prevé el literal f) del artículo 21 del Estatuto General (Acuerdo 166 del 22 de diciembre de 1993). 2 Según el artículo 5.° del Acuerdo 007 del 11 de marzo de 2025, «[p]or el cual se aprueba la convocatoria para el proceso de designación de (sic) rector de la Universidad Industrial de Santander para el periodo 2025-2028», la sesión de elección del rector está precedida por una votación en la que participan los servidores de la universidad y la comunidad egresada. Al tenor del artículo 8.°, concluida esta votación, se conforma una lista de máximo tres candidatos, uno de los cuales debe ser designado por el Consejo Superior Universitario (artículo 12).Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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de máximo tres candidatos, uno de los cuales debe ser designado por el Consejo Superior Universitario (artículo 12).Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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Al respecto, explicó que , por disposición del artículo 126 superior, los servidores públicos no pueden « nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación».
Explicó que, en los términos del literal d) del artículo 22 del Estatuto General, todos los decanos son miembros del Consejo Académico. Además, para ser elegido como representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario, es necesario ser nombrado decano, tal como se desprende del literal d) del artículo 16 ibidem.
Sostuvo que la señora Sandra Judith García Vergara fue nombrada por el acusado como decana, por virtud de lo cual pasó a integrar el Consejo Académico y, con ocasión de ello, fue designada como integrante del órgano elector, y en ejercicio de sus atribuciones intervino, participó y votó en la sesión del Consejo Superior donde se eligió al demandado.
Mencionó que la jurisprudencia de esta sala se ha pronunciado en el sentido de sostener que el texto del artículo 126 superior persigue evitar el intercambio de favores (yo te elijo, tu me eliges) , por lo que el funcionario incurrirá en esta prohibición cuando designe a quienes intervinieron en su postulación o elección, es
sostener que el texto del artículo 126 superior persigue evitar el intercambio de favores (yo te elijo, tu me eliges) , por lo que el funcionario incurrirá en esta prohibición cuando designe a quienes intervinieron en su postulación o elección, es decir, que quien ahora es candidato haya participado en la elección de quien ostenta la calidad de elector, independiente de la incidencia que tuviera el voto3.
Por lo tanto, la consejera Sandra Judith García Vergara debió declararse impedida por tener conflicto de intereses, por cuanto , a partir de su nombramiento como decana por parte del demandado, intervino en sesiones previas relacionadas con el proceso electoral de que se trata, tuvo acceso a documentos, y participó en la sesión donde se eligió al acusado.
Advirtió que es dudoso que el demandado haya designado a la señora García Vergara, a pocos días de finalizar el calendario electoral, e insistió en que la consejera debió declararse impedida para participar en la ponderación y análisis de los requisitos de los candidatos , y para votar en la sesión donde se eligió a accionado.
Añadió que el artículo 96 del Estatuto General dispone que los empleados públicos y el rector están sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades legales, y que al tenor de los artículos 47 y 50 ibidem, el decano de la facultad es nombrado por el rector, funge como su representante y debe mantenerle informado del funcionamiento de la facultad.
Por otra parte, advirtió la violación del artículo 3° del CPACA, por desconocimiento
3 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 11 de mayo de 2017. Exp: 11001-03-28-000-2016-00072Por otra parte, advirtió la violación del artículo 3° del CPACA, por desconocimiento
3 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 11 de mayo de 2017. Exp: 11001-03-28-000-2016-0007200. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez.Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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de los principios de publicidad y transparencia, toda vez que no se respetó el cronograma electoral en el que se estableció el 30 de abril de 2025 como fecha para la junta de elección. Lo anterior por cuanto el Consejo Superior decidió continuar la sesión el 9 de mayo de 2025, sin modificar el cronograma, lo que deja un manto de duda sobre si los consejeros tuvieron conocimiento previo de la nueva sesión, y que en ella se realizaría la elección del rector , lo que a su turno acarreó que la comunidad no conociera la nueva fecha, y la imposibilidad de veeduría y participación de los órganos de control.
Destacó que esta sala, en pronunciamiento del 27 de marzo de 2025 4, señaló que la finalidad de la publicación del cronograma recae en que quienes integran el órgano electoral, los participantes, e incluso los interesados en el trámite, tengan conocimiento del mismo y la oportunidad para presentar reclamaciones o peticiones a los entes de control. También se refirió a un a decisión de esta sección, sobre
órgano electoral, los participantes, e incluso los interesados en el trámite, tengan conocimiento del mismo y la oportunidad para presentar reclamaciones o peticiones a los entes de control. También se refirió a un a decisión de esta sección, sobre reanudación de sesiones de los órganos electores5, transcribiendo lo pertinente.
Advirtió dudas sobre el sistema de votación electrónica , en cuanto a la garantía de transparencia frente a las a ctas electorales y el cómputo de las votaciones del 28 de abril de 2025, pues no se publicaron en la página de la universidad.
1.4. La solicitud de suspensión provisional
La pretensión cautelar se sustentó en los cargos por violación del artículo 126 constitucional y el desconocimiento de los principios de publicidad y transparencia por no modificar el cronograma ni publicar la nueva fecha en la que se realizaría la sesión de elección.
1.5. Traslado de la medida cautelar
Es necesario aclarar que el asunto se radicó ante esta corporación , y que el ponente, por auto del 15 de julio de 2025, dispuso el traslado de la medida cautelar6. Sin embargo, a través de proveído del 5 de agosto de 2025, se declaró la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer del caso en única instancia, y se ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Santander.
El tribunal , a través del auto apelado, consideró que la actuación de esta corporación conservaría su validez, en los términos del artículo 138 del Código General del Proceso, por lo que se pronunció sin necesidad de reponer el trámite.
En ese orden, durante el traslado dispuesto en esta corporación, se presentaron las
corporación conservaría su validez, en los términos del artículo 138 del Código General del Proceso, por lo que se pronunció sin necesidad de reponer el trámite.
En ese orden, durante el traslado dispuesto en esta corporación, se presentaron las siguientes intervenciones.
El Consejo Superior Universitario de la UIS, a través de l apoderado designado
4 Exp: 11001-03-28-000-2025-00026-00. 5 Exp: 11001-03-28-000 2024-00038-00. 6 Exp: 11001-03-28-000-2025-00118-00.Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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por su presidente, advirtió que la señora Sandra Judith García Vergara se abstuvo de votar en la sesión en la q ue fue elegido el demandado , tal como se puede apreciar en el acta correspondiente.
Aclaró que el ingreso de la referida señora al servició público en la UIS se produjo al superar un concurso de méritos , en el ca rgo de profesora, categoría auxiliar, adscrita a la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas, sin intervención del rector elegido.
Agregó que, una vez vinculada a la UIS, presentó su candidatura a la decanatura ante el consejo de la facultad y, previa evaluación de sus méritos, fue incluida en
Agregó que, una vez vinculada a la UIS, presentó su candidatura a la decanatura ante el consejo de la facultad y, previa evaluación de sus méritos, fue incluida en una terna que se presentó al rector, según el procedimiento que prevé el artículo 50 estatutario. De este modo, su designación como decana no obedeció al arbitrio del elegido.
Advirtió que el rector de la UIS no elige al decano representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario pues , según los estatutos, tal designación corresponde al Consejo Académico. Por lo tanto, la condición de decana de la señora García Vergara no le confiere, per se, el derecho de integrar el Consejo Superior Universitario, pues para ello se requiere de su previa designación por parte de un órgano colegiado, y no directamente del regente de la institución.
Señaló que la interpretación del artículo 126 constitucional debe abordarse de forma restrictiva, por lo que no es posible incluir en los supuestos de hecho de la prohibición situaciones o conductas no contempladas en la norma , por lo que su alcance no resulta aplicable a este caso.
Sostuvo que la participación de la decana en el comité de credenciales no acarrea un impedimento, por cuanto ello deviene precisamente de tal condición, seg ún el marco estatutario, particularmente el artículo 28, que asigna al Consejo Académico esa labor.
Destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU -261/21, interpretó el alcance del artículo 126 superior, y expuso que para que se configure la prohibición allí prevista deben concurri r dos supuestos, a saber, la intervención en el nombramiento o designación como servidor público de un ciudadano por parte de
alcance del artículo 126 superior, y expuso que para que se configure la prohibición allí prevista deben concurri r dos supuestos, a saber, la intervención en el nombramiento o designación como servidor público de un ciudadano por parte de una persona con dicha facultad, y la posterior participación del servidor público en la elección de quien lo nombró , lo que no ocurre en este caso porque la decana accedió al servicio público con ocasión de haber superado un concurso de méritos.
El demandado, a través de apoderad a, advirtió que el supuesto de la prohibición del artículo 126 superior no se configura en este caso, toda vez que no se cumplen los supuestos decantados en la sentencia SU-261/21. En efecto, la señora Sandra Judith García Vergara no ingresó al servicio público por conducto de su designación reciente como decana, sino de tiempo atrás cuando superó un concurso docente deDemandante: Rubén Fernando Morales Rey
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méritos en el año 2008 , nombrada en propiedad por el rector de ese entonces mediante la Resolución 1148 del 8 de julio de 2009, en el cargo de profesora auxiliar.
Señaló que la decana García Vergara no tenía el potencia l para incidir en la designación acusada. Además, para el momento de la elección se abstuvo de participar con su voto, lo que se demuestra con el Acta 004 de 2025.
designación acusada. Además, para el momento de la elección se abstuvo de participar con su voto, lo que se demuestra con el Acta 004 de 2025.
Destacó que el Acuerdo 007 del 11 de marzo de 2025 (convocatoria), designó al Consejo Académico , integrado por los decanos, para actuar como Comité de Credenciales, y en tal condición es que actuó la señora García Vergara.
Sostuvo que la elección no se concretó el 30 de abril de 2025, como estaba previsto en el cronograma, dada la necesidad de suspender la sesión de esa fecha para que la Procuraduría General de la Nación se ocupara de resolver las recusaciones presentadas contra los miembros del Consejo Superior Universitario.
El Ministerio de Educación, a través de apoderado, sostuvo que por virtud de la autonomía universitaria que protege la Constitución Política, a dicha cartera no le corresponde interferir en el desarrollo de las actividades de la s instituciones de educación superior. Agregó que, de decretarse la medida cautelar en los términos solicitados, lesionaría el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, por lo que resulta necesario agotar las etapas procesales para resolver lo pertinente.
1.6. La providencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de auto del 25 de septiembre de 2025, admitió la demanda y negó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, con los siguientes argumentos.
En primer lugar, recalcó la interpretación del artículo 126 de la Constitución Política, decantada por la Corte Constitucional en la sentencia SU -261/21, en la que se
acusado, con los siguientes argumentos.
En primer lugar, recalcó la interpretación del artículo 126 de la Constitución Política, decantada por la Corte Constitucional en la sentencia SU -261/21, en la que se precisó que la prohibición allí prevista exige dos presupuestos concurrentes, a saber, i) un acto de nombramiento efectuado por un servidor público (x) en favor de (y), y ii) la posterior intervención de (y), en cualquier forma, ya sea votando, postulando o participando en un proceso, para que se designe a (x).
Luego destacó el pronunciamiento del caso concreto de ese asunto, donde la corte concluyó que aun cuando la designada en el cargo de rectora de un ente universitario, participó en el nombramiento de quien posteriormente fungió como su elector, lo cierto es que este últi mo ya ostentaba la condición de servidor público porque la relación legal y reglamentaria se había configurado de tiempo atrás, cuando ingresó como profesor de tiempo completo a la planta del centro de estudios superiores. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia que anuló la elección de la designada rectora.Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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Lo anterior, por cuanto, como lo expuso el tribunal constitucional, dicha corporación «ha distinguido claramente entre el acto de designación para ocupar un cargo público y designar, a quien ya ostenta la calidad de servidor público, una tarea o
Lo anterior, por cuanto, como lo expuso el tribunal constitucional, dicha corporación «ha distinguido claramente entre el acto de designación para ocupar un cargo público y designar, a quien ya ostenta la calidad de servidor público, una tarea o una función dentro de una corporación pública», refiriéndose al primero como la designación que hace el Estado, por conducto del funcionario competente, a una persona para ejercer funciones y responsabilidades públicas, las cuales adquiere a partir de su posesión, mientras que, en el segundo, se trata de atribuir , a quien ya ostenta la condición se servidor estatal, una tarea dentro de la entidad donde presta el servicio, sin que ello implique el cambio de su estatus laboral o la modificación de su vinculación.
Al aplicar tales derroteros al caso concreto, el tribunal sostuvo que el nombramiento de la señora Sandra Judith García Vergara, como decana de la Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas de la UIS, no la convirtió en empleada o trabajadora del Estado, porque la relación legal y reglamentaria ya se había configurado mediante la Resolución 1148 del 8 de julio de 2009, cuando el rector de ese entonces la nombró profesora de carrera por haber superado un concurso de méritos.
De ahí que no se cumpliera el primer supuesto de la norma, por cuanto la señora García Vergara no se vinculó en el servicio público con ocasión del nombramiento que le hizo el demandado; y tampoco el segundo, pues al revisar el Acta 004 del 30 de abril de 2025, se dejó constancia de que la decana en cuestión se abstuvo de participar con su voto en la elección del demandado.
que le hizo el demandado; y tampoco el segundo, pues al revisar el Acta 004 del 30 de abril de 2025, se dejó constancia de que la decana en cuestión se abstuvo de participar con su voto en la elección del demandado.
En cuanto concierne al reparo que cuestiona el incumplimiento del cronograma, y la ausencia de convocatoria para la sesión posterior de elección, destacó que, en criterio de esta sala 7, no cualquier irregularidad puede tener el efecto de invalidar una decisión administrativa, pues no todas las formas tienen el mismo alcance y valor.
A partir de esta precisión, indicó que en el Acta 004 del 30 de abril de 2025, consta que esa sesión se suspendió para dar paso al trámite de las recusaciones formuladas contra el Consejo Superior Universitario, y la remisión del trámite a la Procuraduría General de la Nación para que resolviera sobre el particular, al cabo de lo cual se acordó su reanudación, por lo que no se presentó una alteración arbitraria del cronograma.
1.5. El recurso de apelación
El demandante presentó oportunamente8 recurso de apelación, en el que cuestionó que el a quo haya realizado un análisis insuficiente de los cargos, sin tener en cuenta las normas invocadas y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
7 Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp: 15-001-23-33-000-2022-00600-02. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
8 La providencia recurrida se notificó por estado del viernes 26 de septiembre de 2025. La alzada se presentó al día hábil siguiente, el lunes 29 de septiembre de 2025. Índice 00010 del sistema de gestión judicial SAMAI.Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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Reiteró sus reparos frente al conflicto que recaía en la señora Sandra Judith García Vergara en la designación del demandado, dado que su nombramiento como decana dio lugar a que participara con voz y voto en las sesiones de los órganos de dirección.
Advirtió que el a quo perdió de vista que la participación de la señora García Vergara en la sesión donde resultó elegido el demandado, es suficiente para configurar la prohibición, comoquiera que ello no implica necesariamente el voto favorable, sino que efectivamente hubiera contado con voz , de manera que, para evitar la prohibición, debió retirarse del recinto, sin embargo, con su presencia se conformó el cuórum, y aunque se abstuvo de votar, lo cierto es que se le tuvo en cuenta durante la actuación administrativa.
Frente al segundo cargo de la solicitud cautelar, reiteró el desconocimiento de los principios previstos en el artículo 3.° del CPACA, entre ellos el de publicidad transparencia, participación y debido proceso , toda vez que el Consejo Superior Universitario decidió continuar con el orden del día el 9 de mayo de 2025, sin haber
principios previstos en el artículo 3.° del CPACA, entre ellos el de publicidad transparencia, participación y debido proceso , toda vez que el Consejo Superior Universitario decidió continuar con el orden del día el 9 de mayo de 2025, sin haber modificado el cronograma para ello y convocado la sesión.
Con ello, se impidió que los consejeros y la comunidad tuvieran conocimiento previo de la nueva reunión para la elección, y acarreó la imposibilidad de garantizar una veeduría y participación por parte de los órganos de control.
Cuestionó que el tribunal no tuviera en cuenta la jurisprudencia citada, ni se pronunciara sobre el desconocimiento de los principios aludidos.
Advirtió que la irregularidad deprecada no es cualquier inconsistencia, pues tratándose de la elección del regente de una institución de educación superior, implicaba un mayor respeto de tales principios, independiente de los efectos que pudiera tener la presentación de una recusación contra los miembros del Consejo Superior Universitario, pues por virtud de ella, la sesión fue suspendida para darle el trámite correspondiente, sin embargo, se reanudó el 9 de mayo de 2025, sin que se hubiera convocado y publ icado con una antelación razonable para que la comunidad universitaria tuviera conocimiento.
Reiteró la posición jurisprudencial de esta sala9, sobre la obligación de modificar el cronograma cuando se suspende una elección, la importancia de su publicación para que el órgano electoral, los participantes e interesados tengan conocimiento de este, y la posibilidad de presentar recusaciones y la intervención de las entidades públicas con competencias para la vigilancia del proceso electoral.
para que el órgano electoral, los participantes e interesados tengan conocimiento de este, y la posibilidad de presentar recusaciones y la intervención de las entidades públicas con competencias para la vigilancia del proceso electoral.
9 Auto del 27 de marzo de 2025. Exp: 11001-03-28-000-2025-00026-00. Sentencia del 24 de octubre de 2024.
Exp: 11001-03-28-000-2024-00038-00. Sentencia del 12 de diciembre de 2024. Exp: 11001-03-28-000-202400039-00.Demandante: Rubén Fernando Morales Rey
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso de apelación, interpuesto por el demandante contra el auto del 25 de septiembre de 2025 , por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander denegó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, conforme a lo establecido en los artículos 125, numeral 2º, literal h) 10, 277, inciso final 11 y 152, numeral 7º literal c)12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así como lo preceptuado en el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así como lo preceptuado en el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2 Oportunidad, procedencia y trámite del recurso de apelación contra el auto que resuelve la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto en el contencioso electoral.
Tratándose del contencioso de nulidad electoral, regulado en forma especial en los artículos 275 y siguientes del CPACA, se tiene que en el inciso final del artículo 277 se establece la procedencia del recurso de apelación en contra de las decisiones que se adopten en el curso de la primera instancia en relación con la providencia que resuelva la solicitud de suspensión provisional del acto. Sin embargo, el legislador no se ocupó de la oportunidad y el trámite de dicho mecanismo de impugnación para este tip o de procesos, por lo que, en virtud de la cláusula remisoria del artículo 296 del citado estatuto, debe acudirse a la regla prevista para el procedimiento general, en el cual se contempla:
10 Artículo 125. De la expedición de providencias. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente.
h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. 11 Artículo 277 (…) En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación. 12 «Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular , y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo , asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan e
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