CE - Auto interlocutorio 88001233300020250002201
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 88001233300020250002201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
Actor: HÉCTOR HERNANDO CASTELLANOS Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y MUNICIPIO DE
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Referencia: APELACIÓN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto No. 069 proferido por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 11 de junio de 2025, por medio del cual resolvió abstenerse de decretar la medida cautelar solicitada por la demandante.
ANTECEDENTES
Demanda1
El Consorcio Junín 8 y sus integrantes, Héctor Hernando Castellanos, Ingeniería Colombia SAS y La Montañita Constructores SAS presentaron demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del Departamento Nacional de Planea ción y el municipio de Providencia y Santa Catalina, cuyas pretensiones apuntan a que se declare que las entidades demandadas incumplieron el Contrato de Obra Pública No. 1501 del 26 de diciembre de 2017, cuyo objeto fue
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
pretensiones apuntan a que se declare que las entidades demandadas incumplieron el Contrato de Obra Pública No. 1501 del 26 de diciembre de 2017, cuyo objeto fue
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FÓRMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO
JUNÍN DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” , que se ordene a las demandadas recibir las obras civiles ejecutadas por el Consorcio Junín 8, que se liquide el contrato y que se condene a
1 SAMAI Tribunal, índice 1.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
Actor: Hernando Castellanos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación y
Municipio de Providencia y Santa Catalina
2 las demandadas a pagar el valor de las actas parciales de obra No. 11, 13 y 14, más intereses moratorios.
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se dio cuenta de la celebración, el 26 de diciembre de 2017, del Contrato de Obra Pública No. 1501 entre el Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas y el Consorcio Junín 8, con un plazo de ejecució n de 18 meses contados a partir del acta de inicio, que se suscribió el 11 de abril de 2018 y por valor inicial de $ 11.100’005. 227.
El contrato fue objeto de múltiples suspensiones y prórrogas por diversas causas,
suscribió el 11 de abril de 2018 y por valor inicial de $ 11.100’005. 227.
El contrato fue objeto de múltiples suspensiones y prórrogas por diversas causas, como dificultades en el transporte de los materiales, el incumplimiento contractual de la interventoría, las circunstancias sanitarias que se presentaban en el país por la llegada del virus COVID-19, etc.
Se expusieron distintas situaciones que se presentaron durante la ejecución del contrato, como la ausencia de interventoría de las obras, los problemas presentados con los recursos de regalías que debía girar el Departamento Nacional de Planeación y que fueron retenidos y la falta de pago de algunas actas de obra por parte de la entidad contratante sin justificación alguna, lo que afectó la correcta ejecución del contrato por insuficiencia del flujo de caja necesario para culminar las obras de infraestructura.
A pesar de esto último, que se produjo por causas imputables a la entidad, ésta abrió proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista por la no culminación de las obras una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, procedimiento respecto del cual, a la fecha de la demanda, no se había resuelto nada aún y las obras ejecutadas no habían sido recibidas formalmente por la entidad, que se limitó a llevar a cabo la toma física de las mismas, sin dejar constancia de su grado de ejecución física y presupuestal.
Agregó que la entidad tiene intenciones de culminar las obras con otro contratista, lo cual dejará en el limbo la situación contractual del negocio jurídico con la demandante al momento de su terminación, por lo que considera necesario que, mientras no se resuelvan esas situaciones, no se haga intervención alguna de las
lo cual dejará en el limbo la situación contractual del negocio jurídico con la demandante al momento de su terminación, por lo que considera necesario que, mientras no se resuelvan esas situaciones, no se haga intervención alguna de las obras.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
Actor: Hernando Castellanos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación y
Municipio de Providencia y Santa Catalina
3 Solicitud de medida cautelar
En la demanda, la parte actora elevó solicitud de medida cautelar en los siguientes términos2:
En atención a lo establecido en las SITUACIONES FÁCTICAS POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1501 DE 2017, en especial a la referidas desde el numeral 8 al numeral 15, donde se refiere a la entrega y recibido de las obras ejecutadas por parte del Consorcio Junín 8, así como de la toma de posesión realizada por la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catali na Islas, sin presencia del Consorcio Junín 8 por las razones justificadas y expuestas en el escrito de solicitud de reprogramación enviada a la entidad el día 9 de octubre de 2024, negada por la entidad el día 21 de octubre de 2024, tiempo después de llev arse a cabo la diligencia, así como la intención la (sic) entidad de realizar posteriores intervenciones en obra para la culminación del proyecto colegio Junín del Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas; se solicita al Tribunal Administrativo, decretar medida cautelar sobre cualquier intervención de las obras realizadas por el Consorcio Junín 8, que provenga de cualquier contrato
Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas; se solicita al Tribunal Administrativo, decretar medida cautelar sobre cualquier intervención de las obras realizadas por el Consorcio Junín 8, que provenga de cualquier contrato de obra y/o consultoría que afecte la intervención realizada por el Consorcio Junín 8.
La anterior petición se eleva, teniendo en cuenta lo establecido en la obligatoriedad que tiene la entidad de recibir las obras de manera total o parcial, así como del derecho que le asiste al Consorcio Junín 8 en su condición de contratista, emanada del acto contractual suscrito y determinada en la cláusula 8 del contrato de obra No 1501 de 2017.
Así mismo, como se ha señalado, la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas, inici ó un proceso administrativo sancionatorio en contra del Consorcio Junín 8 por el presunto incumplimiento del contrato de obra No 1501 de 2017, el cual a la fecha no se ha dado continuidad del mismo, aún habiéndose ejercido una defensa y practicado pruebas s in que se haya culminado el mismo, lo que al permitir intervenciones de cualquier naturaleza sobre las obras ejecutadas, sin que se haya dado una entrega y recibido oficial entre la entidad y el consorcio contratista, ser ía contraproducente para los efectos jurídicos, técnico y financiero de la presente controversia contractual y más cuando una de las pretensiones principales de la presente, es el pago de actas de obra avaladas por la interventoría y recibidas por la entidad.
Por lo anterior, se solicita decretar medida cautelar sobre cualquier intervención que se pretenda realizar por parte de la entidad en las obras del Colegio Junín
actas de obra avaladas por la interventoría y recibidas por la entidad.
Por lo anterior, se solicita decretar medida cautelar sobre cualquier intervención que se pretenda realizar por parte de la entidad en las obras del Colegio Junín 8, mientras la entidad accede a recibir parcialmente del Consorcio Junín 8, de manera formal las obras ejecutadas hasta el momento en que finaliz ó el plazo de ejecución del contrato de obra No 1501 de 2017.
Oposición de la demandada
En la contestación de la demanda 3, el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas se opuso a la solicitud de la medida cautelar por considerar que la misma
2 Mediante auto 061 del 21 de mayo de 2025, se corrió traslado a la parte demandada de la solicitud de medida cautelar. SAMAI Tribunal, índice 11. 3 SAMAI Tribunal, índice 27.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
Actor: Hernando Castellanos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación y
Municipio de Providencia y Santa Catalina
4 resulta extemporánea, toda vez que la entidad territorial, el 11 de octubre de 2024, adelantó la toma de posesión de las obras del Colegio Junín, junto con la Universidad Nacional de Colombia, diligencia que se llevó a cabo ante la necesidad de la entidad contratante de verificar, desde el punto de vista técnico y financiero, el estado actual del contrato de obra 1501 de 2017 y del contrato de Interventoría 002 de 2022, para efectos de establece r las obras y los costos que eventualmente se requieren para la culminación y entrada en operación de los frentes de obra para el funcionamiento del establecimiento educativo.
de 2022, para efectos de establece r las obras y los costos que eventualmente se requieren para la culminación y entrada en operación de los frentes de obra para el funcionamiento del establecimiento educativo.
Sostuvo así mismo, que la solicitud de medida cautelar no se efectuó al amparo de lo dispuesto por el artículo 231 del CPACA para su eventual procedencia, por lo que la misma no debe ser decretada.
Providencia impugnada
Mediante auto proferido el 11 de junio de 2025 4, el Tribunal a-quo negó la anterior petición, por cuanto consideró que no se reúnen los presupuestos legales para la procedencia de la medida cautelar solicitada, ya que no se allegó ningún tipo de medio probatorio dirigido a sustentar las argumentaciones de la petición ni s e acreditó una abierta y flagrante vulneración a las garantías de la parte actora, así como al interés público, a fin de viabilizar la declaratoria de la medida5.
Recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior decisión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de la medida cautelar. 6
4 SAMAI Tribunal, índice 21. 5 Mediante auto No. 077 del 28 de julio de 2025, el Tribunal negó el recurso de reposición, reiterando los argumentos de su decisión inicial, en cuanto a que “como ya se advirtió en el auto recurrido para que proceda medida cautelar el actor tiene la obligación de explicar, probar su argumentos y/o razones de orden jurídico por las cuales considera que de no otorgase la medida cautelar solicitada se estaría frente a un perjuicio mayor, pues la simple
auto recurrido para que proceda medida cautelar el actor tiene la obligación de explicar, probar su argumentos y/o razones de orden jurídico por las cuales considera que de no otorgase la medida cautelar solicitada se estaría frente a un perjuicio mayor, pues la simple conjetura sobre los eventuales resultados negativos que podría tener de no recibir en el caso particular la obra en cuestión no son razón suficiente para obligar a la entidad demanda a que reciba una obra pública en la cual se pactaron mediante contrato todos los presupuestos legales de recibo, pago, tiempo de ejecución entre otros puntos contractuales, ello significa que el solicitante no ha cumplido con los requisitos para la prosperidad de su solicitud, pues se itera no ha demostrado perjuicio alguno, pues no basta con que manifieste eventuales situaciones futuras sino que debe demostrar su afirmación ”. SAMAI Tribunal, índice 33. 6 SAMAI Tribunal, índice 25.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
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5 Agregó que la finalidad de esta figura es la protección provisional que se busca a través de su solicitud y decreto, como lo es la garantía del objeto y efectividad de la sentencia. En el presente caso, se pidió en la demanda la declaratoria de incumplimiento contractual de la entidad contratante, ya que el contrato no se pudo finalizar por circunstancias ajenas a la voluntad del Consorcio Junín 8, situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, como lo fue “la intervención administrativa en un proceso especial de congelamiento de giros por parte del DNP, en la cual solo la
finalizar por circunstancias ajenas a la voluntad del Consorcio Junín 8, situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, como lo fue “la intervención administrativa en un proceso especial de congelamiento de giros por parte del DNP, en la cual solo la entidad tiene injerencia participativa para ser levantada la misma”, sin que a la fecha ello hubiera sido posible. Y que los motivos que dieron lugar a la última suspensión y prórroga, fueron las gestiones administrativas y financieras que la alcaldía municipal de Providencia debía adelantar “para la disposición de los recursos presupuestados en la adición presupuestal, que tenía como finalidad solventar financieramente el contrato de obra, como consecuencia al congelamiento de los recursos de regalías por el DNP, así como poder salvaguardar las obras ejecutadas en viabilizadas (sic) por la entidad como por la interventoría, que fueron afectadas por la pasada del huracán y la llegada de las fuerzas militares que ocuparon la infraestructura del colegio Junín para establecer físicamente la isla (sic)7”.
Adujo que la solicitud de la medida cautelar era procedente, puesto que apuntaba a evitar cualquier intervención, procedimiento o actuación administrativa hasta que las obras ejecutadas por el Consorcio le fueran debidamente recibidas en forma oficial, para establecer las condiciones físicas en que se encontraban, ya que se ejecutaron en un 83% y no se culminaron por razones ajenas a la voluntad del contratista y por un incumplimiento de la entidad contratante como se expuso en la demanda, y teniendo en cuenta que la toma de posesión de las obras por parte de la entidad, apuntó a lograr su culminación, “[l] o que de alguna forma, pudiese alterar las
un incumplimiento de la entidad contratante como se expuso en la demanda, y teniendo en cuenta que la toma de posesión de las obras por parte de la entidad, apuntó a lograr su culminación, “[l] o que de alguna forma, pudiese alterar las condiciones ejecutadas del contrato por parte del contratista demandante”.
7 En la demanda se hizo alusión a estas circunstancias, al dar cuenta del cuestionamiento que efectuó el contratista al informe del supervisor que sirvió de base a la entidad para iniciar un proceso sancionatorio por incumplimiento al contratista: “Conclusiones y objeción al registro fotográfico como soporte de la actualización del informe. // El supervisor basa su argumento de que las actividades cobradas no pertenecen a las ejecutadas, ya que en sus visitas evidencia actividades que estaban en proceso de ejecución pero que aún no finalizaban y las cuales no han sido cobradas en ninguna de las 14 actas de avance de ejecución de obra, tales como fotografías de carpintería metálica en aula tim, bloque aulas 2 y módulo atención 2 páginas 19, 20, 21 respectivamente, así como en otras actividades que ya habían sido ejecutadas antes del paso del huracán que se habían recibido en las actas de avance de ejecución de obra No 10 y 11, pero que por el daño ocasionado por el fenómeno natural y el ejército nacional, quienes se albergaron durante un tiempo se debían ejecutar de nuevo pero no habían sido interv enidas ni cobradas nuevamente; así como fotografías de enchape de pared página 21, mesones página 21, pisos levantados página 20, pañetes en mal estado página 20”. SAMAI Tribunal, índice 1.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
de enchape de pared página 21, mesones página 21, pisos levantados página 20, pañetes en mal estado página 20”. SAMAI Tribunal, índice 1.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
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6 A continuación, explicó por qué considera que sí se reúnen los requisitos de procedencia de la medida cautelar exigidos en el artículo 231 del CPACA, pues:
- La demanda presentada está razonablemente fundada en derecho, toda vez que emana de las situaciones ocurridas con ocasión de un contrato de obra de naturaleza estatal, donde se litiga un incumplimiento contractual por parte de la entidad contratante y se pide que se reciban las obras ejecutadas en virtud del negocio jurídico suscrito y que se realice su liquidación judicial, en el entendido de que a la fecha ésta no se ha generado; pretensiones para cuya resolución por vía judicial se cuenta con la acción contractual.
- Se demostró, así fuera sumariamente, la titularidad del derecho invocado, ya que la actora es una de las partes contratantes y de acuerdo con las circunstancias fácticas y de derecho que sustentan las pretensiones alegadas, es titular de los derechos invocados que se dirimen litigiosamente, en la acción contractual iniciada.
- El demandante presentó los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permiten concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla: expli có, frente a este requisito, que presentó las pruebas
justificaciones que permiten concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla: expli có, frente a este requisito, que presentó las pruebas de que la entidad llevó a cabo la toma de posesión de las obras sin la comparecencia del contratista y sin que se hubiera producido la entrega y recibo de las mismas, “[s]ituaciones que de alguna manera estarían comprometiendo el interés público, pues de ese procedimiento contractual, se desprende razonablemente las condiciones del estado de las obras, con el fin de poder tomar una decisión en la culminación de las obras fa ltantes”, además de que “(…) a pesar de existir diferencias entre ellas, se deben dejar las constancias a lugar, ya que con una toma de posesión de manera unilateral de las obras ejecutadas, se pudiese estar sesgando la realidad de su ejecución, las condiciones físicas en que se encuentran, así como los situaciones y por ende los efectos que produjeron el por qué no se pudieron concluir las obras y la necesidad real para su terminación, en aras de que cumplan su finalidad para lo cual fueron contratadas”.
- Que se dé una de las siguientes circunstancias: Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios: sobre este requisito, explicó que “(…) de permitir alguna intervención física de las obras sin queRadicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
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7
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7 se haya realizado en debida forma su entrega y recibido, las mismas pudiesen ser afectadas en posteriores confusiones en su ejecución por parte del consorcio Junín 8, en el entendido que dentro de la presente acción se debate el incumplimiento por parte de la entidad, emanado de cada una de las alegaciones hechas y por ende nunca se contaría con el estado físico real de las mismas a pesar de su ejecución, después de que no se hiciera intervención alguna con ocasión a los motivos que originaron su deterioro, suspensión y terminación completa; lo que de alguna manera pudiese estar generando un perjuicio irremediable ante las pretensiones declarativas como son la de incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante y la liquidación judicial del co ntrato, ya que en este último es merced contar con una entrega formal de las obras ejecutadas hasta el momento en que se pudo realizar su intervención constructiva, pues es menester traer a colación que la no culminación total de las mismas obedeció a la f alta de eficiencia administrativa de la entidad contratante”.
CONSIDERACIONES
1. Legislación aplicable
Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -7 de abril de 2025-, las cuales, por tratarse de un proceso promovido con posterioridad al 2 de julio de 2012, corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 8 con las modificaciones que le introdujo la Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la
las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 8 con las modificaciones que le introdujo la Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de dichos estatutos.
2. Competencia
Según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conocerá de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
8 En virtud de lo dispuesto en su artículo 308, que prevé: Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a [su] vigencia (…).Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
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8 Por su parte, el numeral 5 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prescribe que será apelable el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, corresponde a las salas, secciones y subsecciones proferir las siguientes providencias: “(…) h) El que resuelve la
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, corresponde a las salas, secciones y subsecciones proferir las siguientes providencias: “(…) h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar (…)”.
3. Caso concreto
El asunto se contrae a determinar si es procedente o no decretar la medida cautelar solicitada por la parte actora, la cual apunta -según se deduce de los términos de la solicituda evitar que se adelanten intervenciones y modificaciones al estado en que quedaron las obras correspondientes al Contrato No. 1501 del 26 de diciembre de 2017 una vez finalizó su plazo de ejecución, y cuyo objeto fue la construcción y adecuación del Colegio Junín del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, mientras la e ntidad procede a recibir oficialmente las obras efectivamente ejecutadas por el contratista.
Al respecto, se observa que el Capítulo XI del CPACA regula lo concerniente a las medidas cautelares que proceden en el proceso contencioso administrativo, estableciendo en el artículo 229 que en los declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción y a petición de parte, el juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
Sobre la finalidad de las medidas cautelares, ha dicho la Corporación: El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) prevé un novedoso y amplio sistema de medidas cautelares, con el objeto de evitar que la duración del proceso judicial afecte de forma negativa a
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) prevé un novedoso y amplio sistema de medidas cautelares, con el objeto de evitar que la duración del proceso judicial afecte de forma negativa a quien acude a la jurisdic ción, hasta el punto de que, a pesar de obtener una decisión favorable, el derecho reconocido se torne ilusorio. De ahí que el artículo 229 señala que “podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que conside re necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”9.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 20 de enero de 2021, rad.: 11001 -03-26-000-2016-00005-00(56155), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
Actor: Hernando Castellanos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación y
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9 El artículo 230 del CPACA establece las clases de medidas cautelares que se pueden decretar y dispone que ellas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y que deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de l a demanda. Es así como dentro de las medidas que puede proferir el juez 10, se hallan i) la orden de que se mantenga la situación y ii) la de suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual -numerales 1 y 2-. No obstante, la norma también establece que, en este
suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual -numerales 1 y 2-. No obstante, la norma también establece que, en este último caso, “A esta medida sólo acudirá el juez o magistrado ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción (…)” (Se resalta).
Por su parte, el artículo 231 de la misma codificación, establece que, para decretar las medidas cautelares distintas a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo11, se deben reunir los siguientes requisitos:
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
10 “(…) el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer”. 11 Caso para el cual la norma dispone: “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del aná lisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.Radicación número: 88001-23-33-000-2025-00022-01 (73408)
Actor: Hernando Castellanos y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación y
Municipio de Providencia y Santa Catalina
10 b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.
Demandado: Departamento Nacional de Planeación y
Municipio de Providencia y Santa Catalina
10 b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.
En el sub-lite, la Sala considera que el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que denegó la medida cautelar solicitada no contiene elementos de juicio que conduzcan a su revocatoria y, por lo tanto, no resulta procedente acceder a la solicitud de medida c autelar consistente en imponer a la entidad demandada la prohibición de adelantar las gestio
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