CE - Sentencia 11001031500020230615003
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020230615003
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA – APELACIÓN DE SENTENCIA Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
Demandante: WILFRAND CUENCA ZULETA
Congresista:
FLORA PERDOMO ANDRADE - REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL PERIODO 2022 – 2026
Temas: Tráfico de influencias debidamente comprobado – artículo 183-5 de la Constitución Política. Valoración probatoria.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Wilfrand Cuenca Zuleta1 en contra de la sentencia proferida el 6 de diciembre de 20242 por la Sala Veinte Especial de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de pérdida de investidura. Fue planteada por el accionante en los siguientes términos:
2. El señor Wilfrand Cuenca Zuleta solicitó la pérdida de investidura de la
1.1. Solicitud de pérdida de investidura. Fue planteada por el accionante en los siguientes términos:
2. El señor Wilfrand Cuenca Zuleta solicitó la pérdida de investidura de la representante a la Cámara por el departamento del Huila Flora Perdomo Andrade del partido liberal para el periodo 2022 - 2026, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, «por tráfico de influencias debidamente comprobado»3.
3. Estimó que la congresista debe perder la investidura porque «intercambió sus votos en el Congreso de la República por puestos y/o contratos en el Fondo Nacional del Ahorro 4», considerando que así lo demuestran: i) múltiples investigaciones y publicaciones periodísticas sobre dicho «escándalo de corrupción», ii) las denuncias penales que de esos hechos se realizaron ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia y iii) la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el señ or Gilberto Rondón González, ex presidente del citado Fondo.
1 SAMAI, Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 03. Índice 00002. 2 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00146. 3 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00002. 4 En adelante FNA.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
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4 En adelante FNA.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
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4. Indicó que los anteriores hechos son notorios 5 y prueban que la congresista traficó influencias indebidamente, conducta contraria al decoro y al buen nombre del Congreso de la República, con la cual se defrauda la voluntad popular que la eligió para ser representante a la Cámara por el departamento del Huila.
1.2. Trámite en primera instancia
5. Por autos del 3 de noviembre de 2023 el consejero conductor admitió la solicitud de pérdida de investidura6 y ordenó el traslado de la medida cautelar7. Las dos decisiones se notificaron personalmente a la congresista y al agente del Ministerio Público8, así como al señor Cuenca Zuleta. La representante a la Cámara se opuso a la solicitud de pérdida de investidura y medida cautelar9.
6. Mediante providencias del 30 de noviembre de 2023 el magistrado sustanciador, por un lado, negó el decreto de la medida cautelar 10, y, por otro, resolvió las postulaciones probatorias realizadas por las partes del proceso11.
7. Inconforme con el auto que negó la práctica de algunas pruebas , el demandante presentó el recurso de apelación y en subsidio de queja y solicitó la aplicación del inciso 2º del artículo 121 del CGP sobre la pérdida automática de
7. Inconforme con el auto que negó la práctica de algunas pruebas , el demandante presentó el recurso de apelación y en subsidio de queja y solicitó la aplicación del inciso 2º del artículo 121 del CGP sobre la pérdida automática de competencia. Así mismo, presentó recusación en contra del consejero ponente e interpuso el recurso de súplica en contra del auto que negó la medida cautelar12.
8. En el trámite de la instancia, el señor Cuenca Zuleta presentó sendos memoriales de desistimien to del proceso y de recusación contra el magistrado ponente13. La Sala Veinte Especial de Decisión del Consejo de Estado rechazó la recusación formulada al consejero ponente 14 y negó la solicitud de desistimiento 15.
A su vez concedió el recurso de apelació n presentado contra la decisión que resolvió sobre las pruebas del proceso y la medida cautelar.
9. En providencias de segunda instancia, se confirmó la decisión que resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y se rechazó el recurso de queja interpuesto como subsidiario 16, así mismo, se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que negó las medidas cautelares 17. Posteriormente, se corrió traslado de la prueba documental allegada al plenario 18, y se resolvió la solicitud de nulidad19 presentada por el accionante20.
5 SAMAI, Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00009. Escrito que subsanó la solicitud, página 3. Señaló: (…)
solicitud de nulidad19 presentada por el accionante20.
5 SAMAI, Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00009. Escrito que subsanó la solicitud, página 3. Señaló: (…) «HECHOS NOTORIOS QUE OBRAN EN PUBLICACIONES INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS DE LA REVISTA SEMANA, DIARIO LA NACIÓN DEL HUILA, PERIÓDICO EL UNIVERSAL DE CARTA GENA, CARACOL TV, RCN T.V, EL ESPECTADOR, EL TIEMPO, (…)». 6 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00011. 7 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00012. 8 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índices 00017, 00018, 00019 y 00020. Notificación efectuada el 7 de noviembre de 2023. 9 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00022. Presentada el 15 de noviembre de 2023. 10 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00025. 11 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00024. 12 SAMAI. Expediente 1001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00032.
13 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00046. Radicadas el 18 de diciembre de 2023. 14 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00045. 15 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00069. Providencia del 15 de febrero de 2024. 16 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00091. 17 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00118. 18 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00092. 19 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00119. 20 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00108.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
10. El 24 de septiembre de 202421 se fijó fecha para la realización de la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018. La audiencia se surtió el 7 de octubre de 202422 con la asistencia de los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, la accionada, su apoderado y el
surtió el 7 de octubre de 202422 con la asistencia de los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, la accionada, su apoderado y el Procurador de Intervención 9: Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado. El accionante no asistió a la diligencia.
11. El Ministerio Público23, luego de indicar los elementos que se requieren para que se configure la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, manifestó que, si bien se encuentra probada la calidad de congresista de la señora Flora Perdomo Andrade, no se probó de qué manera o en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar, la congresista demandada ejerció ese influjo psíquico o presión sobre el funcionario público, en este caso, quien se desempeñaba como presidente del Fondo Nacional del Ahorro, así como tampoco se probó de qué manera la congresista se hizo dar, prometer o recibir alguna dádiva o un beneficio, consistente en puestos en dicha entidad.
12. Señaló que la causal de tráfico de influencias se configura cuando un congresista, haciendo un uso indebido de su inv estidura, ejerce presión sobre un funcionario público, del cual depende una decisión determinada, con el fin de obtener un provecho. Lo censurable, entonces, es el uso indebido de la condición de congresista, independientemente de que exista o no una relación jerárquica. En este caso, consideró que dicha conducta no fue la planteada por el peticionario, quien, por el contrario, afirmó que fue el presidente del Fondo Nacional del Ahorro quien ofreci ó supuestas dádivas a la congresista - consistentes en cargos en la
este caso, consideró que dicha conducta no fue la planteada por el peticionario, quien, por el contrario, afirmó que fue el presidente del Fondo Nacional del Ahorro quien ofreci ó supuestas dádivas a la congresista - consistentes en cargos en la entidad - para obtener su beneplácito en el apoyo a ciertas iniciativas del Gobierno.
13. Manifestó que el proceso de pérdida de investidura tiene naturaleza sancionatoria y, por lo tanto, no admite interpretaciones extensivas ni analógicas, ni tampoco la in tervención del sujeto activo previsto en la causal, que corresponde exclusivamente al congresista.
14. Concluyó que, si bien los informes periodísticos dan cuenta de la existencia de investigaciones penales o disciplinarias en c ontra de la representante a la Cámara, por sí solos no constituyen prueba suficiente para configurar los elementos de la causal de pérdida de investidura invocada. En consecuencia, solicitó negar la petición, pues no se acreditó el elemento objetivo de la causal.
15. En la audiencia, la representante a la Cámara negó haber incurrido en la causal de tráfico de influencias y s eñaló la interposición de la acción judicial como parte de la persecución emprendida en su contra por el peticionario.
16. El apoderado de l a congresista señaló que no existen pruebas que demuestren el ejercicio de algún tipo de influencia por parte de su representada
21 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00128. 22 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00138.
21 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00128. 22 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00138. 23 SAMAI, Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00. Índice 00138. Minuto 10:00.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sobre el señor Gilberto Rondón González. Agregó que los informes periodísticos aportados no pueden considerarse como prueba dir ecta, ni siquiera como indicios para acreditar los elementos de la causal y c oncluyó que las afirmaciones del peticionario son temerarias.
1.3. Sentencia de primera instancia24
17. Tras explicar los elementos necesarios para la configuración de l tráfico de influencias, se analizó el material probatorio decretado25 y obrante en el expediente,
correspondiente a:
- Artículo de la Revista «Semana», cuyo título es «[…] ATENCIÓN: presidente del Fondo Nacional del Ahorro declara ante la corte en investigación que salpica a 19 congresistas del Partido Liberal […]» - Artículo de la Revista «Semana» titulada «[…] Gilberto Rondón sigue al frente del FNA, pese a escándalo por entrega de puestos a cambio de apoyo para reformas de Gobierno Petro […]» - La nota periodística titulada «[…] Flora Perdomo bajo la mira de la Corte (…)
del FNA, pese a escándalo por entrega de puestos a cambio de apoyo para reformas de Gobierno Petro […]» - La nota periodística titulada «[…] Flora Perdomo bajo la mira de la Corte (…) por La Nación 16 junio, 2023 […]» - La nota periodística de «Colprensa» que titula «[…] Denuncian penalmente al director del Fondo Nacional del Ahorro, ¿por qué? […]»
18. Se concluyó, con forme a la jurisprudencia de la Corporación sobre el valor probatorio de las publicaciones periodísticas 26 que no acredit ó la incursión de la demandada en la causal endilgada.
19. Es que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la congresista presuntamente habría invocado su condición ante el entonces presidente del F ondo Nacional del Ahorro, señor Gilberto Rondón González, ejerciendo sobre él algún influjo psíquico. Tampoco se probó quiénes fueron los beneficiarios de los su puestos cargos públicos, ni se precisó cuáles fueron los empleos asignados en el Fondo a cambio del apoyo de la congresista a las iniciativas legislativas del Gobierno Nacional.
1.4. Recurso de apelación27
20. El demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia por considerar que vulneró los artículos 4, 23, 29, 86, 113, 183.5, 209, 228, 229, 236 y 237 de la Constitución Política y los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Alegó la existencia de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la providen cia e indicó que no se decretaron ni
237 de la Constitución Política y los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Alegó la existencia de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la providen cia e indicó que no se decretaron ni practicaron las pruebas solicitadas en la demanda, numerales 3 a 7 del acápite probatorio28, especialmente la inspección ocular a los expedientes de la Sala Penal
24 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00146. 25 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00024. 26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 29 de mayo de 2012. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI). 27 SAMAI. Expediente 11001 03 15 000 2023 06150 00; Índice 00150. 28 En varios apartes del recurso de apelación, el impugnante se refiere indistintamente a los numerales 3 a 7 y 4 a 7. Al respecto se aclara que se negó las pruebas relacionadas en los numerales 3 y 5 y se decretó parcialmente las del numeral4.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, relacionadas con los mismos hechos del proceso de pérdida de investidura.
21. Señaló que el fallo desconoció los enlaces de videos de YouTube aportados en la demanda, relacionados con el escándalo de corrupción en el Fondo Nacional del Ahorro por el intercambio de cargos y contratos a cambio de apoyo político al Gobierno de Gustavo Petro Urrego, lo cual calificó como hecho notorio, de público conocimiento.
22. Calificó la sentencia c omo una vía de hecho al proferi rse antes de que se resolviera la acción de tutela número 11001 03 15 000 2024 05249 00 e indicó que la decisión desestimó sus alegatos de conclusión presentados por escrito, toda vez que la asistencia a la audiencia no era obligatoria. Añade que en esa oportunidad acreditó otro presunto caso de tráfico de influencias de la congresista Flora Perdomo Andrade en el INPEC , según una denuncia del Noticiero Caracol en la sección Código Caracol 1, 2, 3 , l o cual se demostraba con copia de la resolución de nombramiento de Karol Ortigoza en el INPEC.
23. Finalmente, solicitó en segunda instancia la práctica de una inspección ocular al proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia, conforme lo ordenado en el auto de esa corporación, prueba que anexó a su recurso.
1.5. Trámite del recurso de apelación
al proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia, conforme lo ordenado en el auto de esa corporación, prueba que anexó a su recurso.
1.5. Trámite del recurso de apelación
24. Una vez resuelta l a recusación presentada por el peticionario 29. En providencia del 8 de julio de 2025 30 se admitió el recurso de apelación, se ordenó correr traslado y se negaron las pruebas solicitadas en segunda instancia.
1.6. Concepto del Ministerio Público31
25. Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que, la decisión mediante la cual se negaron las pruebas en primera instancia , no constituyó un acto arbitrario, igual que la decisión que negó su decreto en segunda instancia.
26. Indicó que los reportes periodísticos provenientes de distintos medios de comunicación, tales como El Espectador , Revista Semana , Noticias Caracol , Noticias RCN y W Radio , no configuran un medio probatorio autónomo , pues únicamente constituyen registros de hechos presuntos, cuya eficacia probatoria exige ser corroborada mediante otros mecanismos de convicción que permitan verificar con certeza su ocurrencia.
27. Si bien de dichos reportajes se desprende que «presuntamente miembros de un partido político, incluida la demandada, habrían sostenido algún tipo de vínculo
29 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-06150-03; Índice 00004. 30 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-06150-03; Índice 00039.
29 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-06150-03; Índice 00004. 30 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-06150-03; Índice 00039. 31 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-06150-03; Índice 00046.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con un exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, a través del cual obtuvieron cargos en esa entidad a camb io de votos en el Congreso de la República» , de tales afirmaciones no se derivan los elementos constitutivos de la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, ya que esta exige acreditar el uso indebido de la condición de congresista para coaccionar o ejercer un influjo psíquico sobre el entonces director del F ondo Nacional del Ahorro a fin de obtener un beneficio personal o para terceros.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia la solicitud de pérdida de investidura, según lo previsto en los artículos 184 y 237 numeral 5º de la Constitución Política, 2 y 14 de la Ley 1881 de 2018, 111 numeral 6 y 107 de la Ley 1437 de 2011, 37 numeral 7 de la Ley 270 de 1996 32, y 34 del Acuerdo 080 de
Constitución Política, 2 y 14 de la Ley 1881 de 2018, 111 numeral 6 y 107 de la Ley 1437 de 2011, 37 numeral 7 de la Ley 270 de 1996 32, y 34 del Acuerdo 080 de 201933 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
29. Con fundamento en lo establecido en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso 34, aplicables por rem isión del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunciará exclusivamente sobre los reparos concretos formulados en el recurso de apelación.
30. En ese orden, corresponde determinar si pro cede revocar la sentencia que negó la solicitud de pérdida de investidura por tráfico de influencias de la representante a la Cámara Flora Perdomo Andrade, bajo el argumento de no haberse valorado las pruebas consistentes en notas periodísticas allegadas p or el peticionario, así como por la negativa a decretar las pruebas solicitadas en relación con el proceso judicial en curso contra el entonces presidente del F ondo Nacional del Ahorro y la congresista.
31. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala examinará los siguientes ejes temáticos: i) la pérdida de investidura de congresistas; ii) la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias; y iii) el caso concreto: violación al debido proceso y acceso a la administración de justicia; valoración errónea de la prueba; y, presunta contradicción entre la parte considerativa y resolutiva del fallo.
al debido proceso y acceso a la administración de justicia; valoración errónea de la prueba; y, presunta contradicción entre la parte considerativa y resolutiva del fallo.
32 Artículo 37. De la sala plena de lo contencioso administrativo. (…) 7. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. (…). 33 Artículo 34.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los integrantes de la Sala Especial de Decisión que profirió la sentencia impugnada, conocerá del recurso de apelación que se interponga contra la sentencia que resuelva en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura de los congresistas. 34 En adelante CGP.Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Pérdida de investidura de los congresistas
32. La pérdida de investidura es una acción jurisdiccional pública y autónoma 35, de raigambre constitucional, que constituye un mecanismo de control político, para que todo ciudadano pueda demandar a los miembros de las corporaciones de elección popular, en especial frente a aquellos comportamientos que resultan contrarios a la digni dad del cargo, a la ética pública, al buen servicio y al interés general. Su finalidad última es salvaguardar la moralidad de la actividad política, la dignidad y probidad del cargo y la confianza depositada por el electorado en los
contrarios a la digni dad del cargo, a la ética pública, al buen servicio y al interés general. Su finalidad última es salvaguardar la moralidad de la actividad política, la dignidad y probidad del cargo y la confianza depositada por el electorado en los dignatarios que representan la voluntad popular.
33. El proceso de pérdida de investidura es sancionatorio jurisdiccional, en el que se debe efectuar un juicio objetivo de configuración de la causal y uno subjetivo de responsabilidad del congresista, aplicando los principios, reglas y garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018.
34. En la configuración objetiva de la causal debe garantizarse el principio de legalidad, de manera que el juez determina con un criterio restrictivo de interpretación36, si la conducta endilgada se ajusta a las causales taxativas previstas en la Constitución y, superado este análisis, verificará el aspecto subjetivo, esto es, si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, pues de lo contrario, el comportamiento no resulta sancionable según el artículo 1º de la Ley 1881 de 201837
35. En virtud del principio de legalidad, las causales invocadas deben estar consagradas en el «Estatuto del Congresista», artículos 179 a 182 de la Constitución Política, donde el Constituyente estableció: i) Restricciones de acceso al cargo (inhabilidades); ii) Prohibiciones para quienes están en ejercicio del mismo
(incompatibilidades), y iii) La exigencia de manifestar expresamente cualquier situación particular que pueda reñir con el interés público con el que deben ejercer
al cargo (inhabilidades); ii) Prohibiciones para quienes están en ejercicio del mismo (incompatibilidades), y iii) La exigencia de manifestar expresamente cualquier situación particular que pueda reñir con el interés público con el que deben ejercer su función (conflicto de intereses)38.
36. Dado el carácter sancionatorio de la pérdida de investidura 39, la Corte Constitucional en sentencia SU 424 de 2016 sostuvo que esta figura, «está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia
35 Corte Constitucional. Sala Plena, Sentencias C-280 del 25 de junio de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero; C-437 del 25 de septiembre de 1997. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de septiembre de 1992 MP Guillermo Chaín Lizcano. PI Expediente AC-175. Sentencia del 28 de marzo de 2017, MP Rafael Francisco Suárez Vargas. PI Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI). 36 No admiten interpretación extensiva o analógica, motivo por el cual deben configurarse todos los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la norma para aplicar la consecuencia que ella determi na. Así las cosas, la declaración de pérdida de investidura solo procede frente a las conductas del congresista que se adecuen a la descripción realizada por el constituyente. 37 Modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política. 38 Los conceptos de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés están previstos en los artículos 279, 281 y 286 de la Ley 5ª de 1992. Específicamente sobre la diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00. 39 Ley 1881 de 2018 “Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política.”Pérdida de Investidura Radicado: 11001-03-15-000-2023-06150-03
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co penal, con las modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines constitucionales...».
37. Dicha providencia agregó que, por la gravedad de la sanción que se impone, el proceso de pérdida de investidura debe observar el debido proceso y en especial
sus fines constitucionales...».
37. Dicha providencia agregó que, por la gravedad de la sanción que se impone, el proceso de pérdida de investidura debe observar el debido proceso y en especial los principios pro homine, in dubio pro reo , legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), tipicidad, congruencia, non bis in idem, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
38. Para efectos de la decisión que más adelante se adoptará, se deben destacar
los principios de:
- Legalidad, conforme al cual se debe verificar que la conducta imputada se encuentre consagrada previamente en una ley como una causal de pérdida de investidura, toda vez que dichas causales son ta xativas y, de interpretación restrictiva.
- Tipicidad, en virtud del cual, el funcionario judicial debe verificar que la conducta cuestionada se adecúe en efecto a la descrita en la causal invocada en la
Constitución.
- Congruencia, consistente en un juici o de identidad entre las pretensiones y la decisión.
39. Acorde con lo expuesto, en este caso centraremos el estudio de la pérdida de investidura en la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.
2.4. Causal de tráfico de influencias debidamente comprobado
40. Se encuentra consagrada en el artículo 183 numeral 5 de la Constitución Política, reproducida en el 296 numeral 5 de la Ley 5ª de 199240, así:
Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: (…)
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Política, reproducida en el 296 numeral 5 de la Ley 5ª de 199240, así:
Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: (…)
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
41. Esta Corporación ha sostenido que dicha causal exige anteponer la investidura de Congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita41. Es decir, se establece una relación en la que el congresista, gracias a su posición, ejerce influencia sobre el servidor público para que este intervenga en la toma de decisiones según lo solicitado 42. Así, para que se es tructure la causal,
resulta necesario demostrar43:
40 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes». 41 Consejo de Estado, Sa la Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de noviembre de 2000, radicado AC11349, MP Olga Inés Navarrete Barrero. 42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de septiembre de 2021, MP Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 11001-03-28-000-2015-01129-00 (PI). 43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 1001 -03-15-000-2023-04924-02, sentencia del 1° de abril de 2025, CP Milton Chaves García. En la cual se reiteran los criterios desarrollados en las sentencias de 8 de
agosto de 2001 (Expedientes acumulados AC-10966 y AC-11274, CP Reinaldo Chavarro Buriticá), 29 de julio de 2003 y 15 de mayo de 2007 (Expedientes PI -00522, PI-2006-01268, CP Gabriel Eduardo Mend
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