CE - Sentencia 11001031500020250170800

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250170800
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: GLADYS BEJARANO MÉNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – De la inconformidad de la parte actora con la condena en costas impuesta por resultar vencida en el proceso ordinario no da cuenta de una verdadera cuestión constitucional; por el contrario, evidencia que persigue un fin netamente económico.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Gladys Bejarano Méndez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 21 de marzo de 2025, la señora Gladys Bejarano Méndez , por intermedio

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 21 de marzo de 2025, la señora Gladys Bejarano Méndez , por intermedio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con motivo de la expedición de la providencia del 18 de septiembre de 2024, en el proceso de n ulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-001-2021-00277-00/01.

Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida el día 18 de septiembre de 2024, en el expediente radicado No. 76111-3333-001-2021-00277-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora GLADYS BEJARANO MÉNDEZ, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR S IN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior, y, proceda a efectuar elRadicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

providencia judicial referida en el numeral anterior, y, proceda a efectuar elRadicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de s alvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Gladys Bejarano Méndez indicó que laboró 1 como docente en múltiples instituciones educativas del Municipio de Guacarí (Valle del Cauca), desde el 15 de octubre de 1975 hasta el 15 de diciembre de 2003 , así como también fue nombrada, en provisionalidad, como docente en la Institución Educativa Simón Bolívar, a través del Decreto 1152 del 2003 , expedida por el gobernador del Departamento del Valle del Cauca, tarea que inició el 16 de diciembre de 2003.

4. Dado que cumplió los 50 años el 3 de febrero de 2020, y que completaba más de 20 de años como docente territorial, el 26 de junio de 2020, la señora Gladys Bejarano Méndez pidió a la U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento y

de 20 de años como docente territorial, el 26 de junio de 2020, la señora Gladys Bejarano Méndez pidió a la U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión de gracia, solicitud que fue negada a través de la Resolución «RDP 026794» del 23 de noviembre de 2020.

5. Inconforme con lo anterior, la accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la UGPP, con el objeto de que se anulara el acto administrativo que le neg ó el reconocimiento de la pensión de gracia.

6. El Juzgado Cuarto Administrativo de Guadalajara de Buga, en sentencia del 8 de agosto de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y le ordenó a la UGPP que reconociera, liquidara y pagara a la señora Bejarano Méndez la respectiva pensión gracia . Contra esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación y, mediante fallo del 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la revocó . En su lugar, negó las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas en segunda instancia a la señora Gladys Bejarano

Méndez.

7. La señora Bejarano Méndez considera que el Tribunal Administrativo del Valle

del Cauca incurrió en: (I) Desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado, según el cual la condena en costas no es automática por «[(i)] la sola denegación de las pretensiones de la demanda o (…) [( ii)] que la parte actora sea vencida (…).

cual la condena en costas no es automática por «[(i)] la sola denegación de las pretensiones de la demanda o (…) [( ii)] que la parte actora sea vencida (…). Tampoco el tiempo de duración del proceso ni la cuantía de las pretensiones son determinadoras de la condena en costas» , sino que está sujeta a la verificación de ciertos requisitos para su imposición. Para tal efe cto, citó como desconocidas las siguientes sentencias:

1 «Unas veces nombrada, y otras veces, por orden de prestación de servicios ».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 11 de febrero de 2021, radicado 63001-23-33-000-2017-00308-01. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado 27001-23-33-000-2016-00025-01. • Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2 024, radicado 05001-23-33-000-2018-00626-01. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 8 de

  • Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2 024, radicado 05001-23-33-000-2018-00626-01. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2024, radicado 52001-33-33-000-2018-000-416-00. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2024, radicado 20001-23-33-000-2013-00352-01. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2024, radicado 25000-23-42-000-2015-0335-01.

(ii) Defecto sustantivo, por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 47 de la Ley 208 0 de 2021, que prevé que «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo cual no ocurrió en el asunto objeto de debate, pues fue condenada en costas únicamente por «ser la parte vencida en juicio».

B. Trámite impartido e intervenciones

8. Mediante auto de 27 de marzo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como tercero con interés, a l director general de la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

del Valle del Cauca, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como tercero con interés, a l director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

9. La UGPP pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, porque la parte accionante busca convertir esta sede de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-0012021-00277-00/01.

10. Luego de explicar aspectos claves para la procedencia del reconocimiento de la pensión de gracia, concluyó que la señora Bejarano Méndez no acreditó que se desempeñó como docente durante 20 años, razón por la cual el Tribunal accionado negó las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.

11. Afirmó que la parte accionante no acreditó (i) que el fallo cuestionado incurrió en uno de los defectos señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y

(ii) la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por parte del TribunalRadicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 accionado. Además, resaltó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está «en firme» e «hizo tránsito a cosa juzgada».

www.consejodeestado.gov.co 4 accionado. Además, resaltó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está «en firme» e «hizo tránsito a cosa juzgada».

12. Agregó que no se probó la existencia de un daño grave que afectara sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, pues, de hecho, se encontró que, a la fecha, se encuentra pensionada por el Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

13. Resaltó que tampoco se probó que la providencia cuestionada haya incurrido en un defecto fáctico, pues se tuvieron en cuenta las pruebas obrantes en el expediente ordinario, análisis que concluyó en que la señora Bejarano Méndez no cumplió con los requisitos para acceder a la respectiva pensión de gracia.

14. Además, la parte accionante podía acudir al recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

15. El magistrado Andrés González Arango , integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, pues, luego de abordar el estudio realizado por la sentencia del 18 de septiembre de 2024 —fallo en cuestión—, concluyó que la señora Bejarano Méndez no acreditó «más de 20 años como docente territorial», por tanto, se revocó la sentencia de primera instancia e impuso la condena en costas a aquella equivalente a un (1) smlmv.

16. Resaltó que el monto fijado por concepto de agencias en derecho se ajusta a

sentencia de primera instancia e impuso la condena en costas a aquella equivalente a un (1) smlmv.

16. Resaltó que el monto fijado por concepto de agencias en derecho se ajusta a las disposiciones establecidas en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura , pues «fue la parte vencida dentro del proceso», por lo que no es cierto que se trasgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

17. Además, el fallo cuestionado se encuentra ajustado a derecho y no viola los derechos fundamentales de la accionante.

18. De otra parte, sostuvo que lo pretendido por la actora es convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. Finalmente, señaló que si la demandante considera que en el proceso cuestionado se cometió alguna irregularidad procesal, puede acudir a los recursos extraordinarios dispuestos por la ley para tal fin.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Co nsejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

21. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

E. Análisis de la Sala

22. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

23. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 2 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índol e patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se

ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índol e patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

24. En el caso bajo estudio, la señora Gladys Bejarano Méndez alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al condenarl a en costas en segunda instancia, incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

25. En la sentencia del 18 de septiembre de 2024, en relación con la condena en costas, la autoridad judicial demandada consideró lo siguiente (transcripción literal):

59. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 regula la condena en costas y prevé que la sentencia debe disponer sobre su imposición conforme a la regulación prevista en el Código General del Proceso. El numeral 1 del artículo 365 de este último código señala que se condenará en costas a la parte vencida en juicio, que es la parte demandante.

60. En aplicación del numeral 4° del artículo 366 del Código General del Proceso en concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan las agencias en derecho en el equivalente a 1 SMMLV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y se liquidarán por Secretaría.

2 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103

de esta sentencia y se liquidarán por Secretaría.

2 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01708-00

Demandante: Gladys Bejarano Méndez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

26. De entrada, la Sala advierte que lo pretendido por la accionante carece de relevancia constitucional. En efecto, aunque la demandante pretenda darle el cariz de vicios o defectos a sus argumentos, incluidos los relativos a la supuesta inobservancia del precedente, es evidente que se encuentra inconforme con la decisión del Tribunal accionado de condenarla en costas, inconformidad que, en últimas, tiene un móvil económico, pues, como se sabe, la condena en costas procesales implica el reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en que incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los honorarios de abogado

(agencias en derecho).

27. En suma, se infiere que la parte actora pretende que se le releve de pagar los gastos derivados de la condena en costas que le impusieron por haber sido vencida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, circunstancia que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por ende, escapa el ámbito de protección del juez de tutela.

28. En definitiva, la acción de tutela interpuesta por la señora Gladys Bejarano

que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por ende, escapa el ámbito de protección del juez de tutela.

28. En definitiva, la acción de tutela interpuesta por la señora Gladys Bejarano Méndez carece de relevancia constitucional, porque las pretensiones encaminadas a la exoneración del pago de la condena en costas están desprovistas del carácter iusfundamental, lo que impide su estudio de fondo.

29. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Gladys Bejarano Méndez, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe e n forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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