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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., catorce (14) de junio del 2024

Número único: 11001 03 06 000 2024 00157 00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Quindío y Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de

Instrucción de Armenia.

Asunto: Autoridad competente para investigar disciplinariamente a un juez de instrucción penal militar.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación recibida se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 1° de noviembre de 2023, la Fiscalía 24 Penal Militar compulsó copias a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, para que investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su calidad de juez de instrucción penal militar, «por la omisión en el cumplimiento de las disposiciones procesales al momento de practicar diligencias de carácter virtual; por el

calidad de juez de instrucción penal militar, «por la omisión en el cumplimiento de las disposiciones procesales al momento de practicar diligencias de carácter virtual; por el incumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por esta Fiscalía; y por la mora que con su conducta omisiva causó».

Lo anterior, dentro del proceso radicado con el núm. 1467-F24PM «seguido en contra del [soldado] ORTEGA VIDAL ERICK SAHIR, por el delito de DESERCIÓN».

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020240015700 que reposa en SAMAI.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 2 de 18

2. El 3 de diciembre de 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia declaró su falta de competencia para investigar disciplinariamente a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su calidad de juez de instrucción penal militar, y ordenó remitir el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, con fundamento en lo establecido (solo citó las normas) en los artículos 2°, 239 y 240 de la Ley 1952 de 2019, modificados, respectivamente, por los artículos 1°, 61 y 62 de la Ley 2094 de 2021.

la Ley 1952 de 2019, modificados, respectivamente, por los artículos 1°, 61 y 62 de la Ley 2094 de 2021.

3. El 9 de febrero de l 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío negó su competencia para investigar disciplinariamente a la señora Rengifo Mosquera, en su calidad de juez de instrucción penal militar, y propuso un conflicto de competencia administrativa ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado.

Al respecto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío manifestó que, el artículo 257A de la Carta Política, le asigna función disciplinaria únicamente sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y , adicionalmente, el artículo 86 de la Ley 1765 de 2015 dispone que la Procuraduría General de la Nación es la competente para disciplinar a los miembros del cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 152 del 18 de abril de 2024 en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto3.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, a la Fiscalía 24 Penal Militar, al Juzgado 55 de

Judicial del Quindío, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, a la Fiscalía 24 Penal Militar, al Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar y a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto, solo la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera presentó consideraciones sobre el presente asunto.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío

3 Archivo Samai, archivo 9.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 3 de 18

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío no intervino en la etapa de alegatos. Sus argumentos se toman del escrito mediante el cual promovió el conflicto, en el que manifiesta que carece de competencia para investigar disciplinariamente a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su condición de juez de instrucción penal militar, por lo siguiente:

a. El artículo 257A de la Carta Política establece que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales tienen competencia disciplinaria únicamente sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial.

b. Los miembros del cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial hacen parte de la rama ejecutiva del poder público; y

c. El artículo 86 de la Ley 1765 de 2015 le asigna expresamente a la Procuraduría General de la Nación competencia para disciplinar a los miembros del cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial.

c. El artículo 86 de la Ley 1765 de 2015 le asigna expresamente a la Procuraduría General de la Nación competencia para disciplinar a los miembros del cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia tampoco intervino en la etapa de alegatos. Sus argumentos se toman del escrito mediante el cual negó su competencia para investigar disciplinariamente a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su condición de juez de instrucción penal militar, por los hechos motivo de la compulsa de copias efectuada por la Fiscalía 24 Penal Militar, en el cual sustenta su posición con la simple transcripción de los artículos 2°, 239 y 240 de la Ley 1952 de 2019, modificados, respectivamente, por los artículos 1°, 61 y 62 de la Ley 2094 de 2021, que, en lo pertinente, disponen:

Artículo 1. Modificase el Artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria. funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

[…]

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal e permanente.

[…].

y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal e permanente.

[…].

Artículo 61. Modificase el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 4 de 18

Artículo 239. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitarán y resolverán los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se a delanten contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley, y demás autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan fuero especial.

[…].

Parágrafo 1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es titular del ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, investigación o juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parte […].

Artículo 62. Modificase el artículo 240 de la ley 1952 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 240. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción jurisdiccional corresponde al Estado y se ejerce por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

3. Edna Yamile Rengifo Mosquera

Artículo 240. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción jurisdiccional corresponde al Estado y se ejerce por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

3. Edna Yamile Rengifo Mosquera

La señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su condición de juez de instrucción penal militar, presentó escrito de consideraciones en el cual explica a la Sala que los hechos que le imputó la Fiscalía Penal Militar 24 no los cometió, motivo por el cual no puede endilgársele «comportamiento alguno a título de dolo o culpa».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por la norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato,Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 5 de 18

con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), e n particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»4 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20215, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La

modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20215, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá i nmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del ord en departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

4 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no p revisto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 5 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 6 de 18

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

En este caso, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío han negado tener competencia para investigar disciplinariamente a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su calidad de juez de instrucción penal militar.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional, a saber: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la seccional del Quindío,

un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional, a saber: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la seccional del Quindío, y la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa de manera particular frente a la competencia para investigar disciplinariamente a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, juez de instrucción penal militar, por las presuntas faltas en las que habría incurrido en tal calidad dentro del proceso radicado con el núm. 1467 -F24PM «seguido en contra del [soldado] ORTEGA VIDAL ERICK SAHIR, por el delito de DESERCIÓN».

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que e l conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente,Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 7 de 18

ejercería función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío), mientras que la otra, en el mismo evento, ejercería función administrativa 6 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia).

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función jurisdiccional y otras que cumplen función administrativa, la Sala ha manifestado las siguientes consideraciones7:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que

jurisdiccional y otras que cumplen función administrativa, la Sala ha manifestado las siguientes consideraciones7:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 8, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala 9 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resu lta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención

6 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de

y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención

6 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. 7 Decisión del 25 de enero de 2023 radica ción 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 8 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala]

9Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 8 de 18

al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto lo anterior, la Sala ha considerado 10 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»11.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de compet encias administrativas prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de compet encias administrativas prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

10 Decisión del 18 de septiembre de 2014 radicación 2014 -00168; Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 2017-00200; Decisión del 18 de junio de 2019 radicación 2019-00063, entre otras. 11 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 9 de 18

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solici tud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la

definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solici tud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de h echo y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del caso y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para investigar disciplinariamente a la señora Edna Yamile Rengifo Mosquera, en su calidad de juez penal militar de instrucción, por la presunta falta en que incurrió dentro del proceso radicado con el núm. 1467-F24PM «seguido en contra del [soldado] ORTEGA VIDAL ERICK SAHIR, por el delito de DESERCIÓN».

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío niega competencia, porque, a su juicio, el artículo 86 de la Ley 1765 de 2015 le asigna expresamente a la Procuraduría General de la Nación competencia para disciplinar a los miembros del cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial.

Por su parte, l a Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia se ampara en lo

Procuraduría General de la Nación competencia para disciplinar a los miembros del cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial.

Por su parte, l a Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia se ampara en lo establecido en los artículos 2°, 239 y 240 de la Ley 1952 de 2019, modificados, respectivamente, por los artículos 1°, 61 y 62 de la Ley 2094 de 2021.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración.

1. Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración.

1. La justicia penal militar

1. Autoridad competente para investigar disciplinariamente a un juez penal militar.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 10 de 18

1. El caso concreto

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración15

La potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa16.

La Ley 1952 de 2019 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria. A sí mismo, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en

La Ley 1952 de 2019 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria. A sí mismo, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales17.

5.2. Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración18

En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador dis ciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad.

En relación con el sujeto disciplinable, el inciso sexto del artículo 2.° de la citada ley prevé que «[a] la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente».

los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente».

Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.Radicación: 11001 03 06 000 2024 00157 00 Página 11 de 18

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías munici