CE - Auto CCA2024168 0 20240730112030847

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá D.C., diez (10) de julio de 2024

Número único: 11001-03-06-000-2024-00168-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción de Santander.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra un árbitro del comité de reclamos de Ecopetrol.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 14 de febrero de 2023 3, el señor Andrés Cristancho Carvajal presentó ante la Gerencia de Instrucción Disciplinaria de Ecopetrol S.A. , una queja en contra de los árbitros del comité de reclamos designados por Ecopetrol S.A. (Indeterminados), por presuntamente obstaculizar el trámite procesal de las reclamaciones conocidas por dicho órgano al no permitir la comparecencia del quinto árb itro (designado por el Ministerio del Trabajo), imponer arbitrariamente la inclusión de conceptos jurídicos

dicho órgano al no permitir la comparecencia del quinto árb itro (designado por el Ministerio del Trabajo), imponer arbitrariamente la inclusión de conceptos jurídicos dentro de las providencias y por negar la posibilidad de consignar observaciones en las actas elaboradas al interior del comité.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2024-00168-00 que reposa en SAMAI. 3 SAMAI, Expediente digital. Índice 1. Capeta: 2Reparto y Radic_02 OneDrive_1_12-4-2(.rar) NroActua 1. Documento “QUEJA”. FL. 6-8.Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 2 de 29

2. El 6 de marzo de 20234, la Gerencia de Instrucción Disciplinaria de Ecopetrol S.A. argumentó no ser competente para adelantar el proceso disciplinario contra los árbitros del comité de reclamos designados por Ecopetrol S.A. Lo anterior en virtud de que:

[E]l ejercicio de la función de administración de justicia a cargo de los árbitros del comité de reclamos, no tiene ninguna relación con los deberes, prohibiciones, funciones, actividades, omisiones o extralimitaciones que puedan llegar a ser objeto de reproche por parte de este despacho a los servidores públicos de Ecopetrol S.A., lo que de plano

de reclamos, no tiene ninguna relación con los deberes, prohibiciones, funciones, actividades, omisiones o extralimitaciones que puedan llegar a ser objeto de reproche por parte de este despacho a los servidores públicos de Ecopetrol S.A., lo que de plano descarta la posibilidad de adelantar una actuación disciplinaria por estos hechos.

Teniendo en cuenta lo anterior, resolvió, en virtud del artículo 2.° de la Ley 1952 de 2019, poner en conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander la denuncia presentada por el señor Cristancho Carvajal en contra de los árbitros del comité de reclamos designados por Ecopetrol S.A.

3. El 3 de mayo de 2023, a través de auto5, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander decidió avocar conocimiento y dar apertura a la etapa de indagación previa, bajo el radicado núm. 2023.00383.00(A).

4. El 5 de marzo de 2024 6, la Comisión Seccional de D isciplina Judicial de Santander declaró su falta de competencia para adelantar la actuación disciplinaria contra los árbitros designados por Ecopetrol S.A. en el comité de reclamos. En la misma decisión expuso las razones por la cuales considera que la aut oridad competente es la Procuraduría General de la Nación y ordenó remitir a esa entidad la compulsa de copias.

Asimismo, promovió conflicto negativo de competencias en caso de que la Procuraduría General de la Nación no avocará competencia.

6. El 3 de abril de 2024, mediante oficio, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander declaró su falta de competencia para conocer la queja presentada por el

General de la Nación no avocará competencia.

6. El 3 de abril de 2024, mediante oficio, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander declaró su falta de competencia para conocer la queja presentada por el señor Cristancho Carvajal. Lo anterior, porque consideró que en virtud de la Ley 1952 de 2019 corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander asumir la competencia para el ejercicio de la acción disciplinaria respecto de árbitros del comité de reclamos de Ecopetrol S.A.

En el mismo oficio, elevó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el presente conflicto de competencias7.

4 SAMAI, Expediente digital. Índice 1. Capeta: 2Reparto y Radic_02 OneDrive_1_12-4-2(.rar) NroActua 1. Documento “QUEJA”. FL.9-16. 5 SAMAI, Expediente digital. Índice 1. Capeta: 2Reparto y Radic_02 OneDrive_1_12-4-2(.rar) NroActua 1. Documento “006AutoindagacionPrevia”. FL.1-4 6 SAMAI, Expediente digital. Índice 1. Capeta: 2Reparto y Radic_02 OneDrive_1_12-4-2(.rar) NroActua 1. Documento “010Autoquedclarafaltadecompetencia”. FL.1-6 7 SAMAI, Expediente digital. Índice 1. Capeta: 2Reparto y Radic_02 OneDrive_1_12-4-2(.rar) NroActua 1.

Documento “2024-3550088 Conflicto Negativo”.Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 3 de 29

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 163 por el término de cinco días , contados desde el 9 de mayo hasta el 16 de mayo de 2024, para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su in ciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Mediante informe secretarial se dejó constancia sobre la comunicación del inicio de este trámite a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander y al Señor Andrés Cristancho Carvajal . Adicionalmente, en el mismo informe se indicó que las autoridades involucradas y los terceros interesados no presentaron consideraciones a la Sala.

Dentro del término de fijación, según informe secretarial del 17 de mayo de 2024 8, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander no presentó sus consideraciones a la Sala. No obstante, los argumentos sobre los que sustenta su falta

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander no presentó sus consideraciones a la Sala. No obstante, los argumentos sobre los que sustenta su falta de competencia pueden ser extraídos del Auto del 5 de marzo de 2024, mediante el cual remitió el asunto a la Procuraduría General de la Nación.

En dicha oportunidad manifestó que, por disposición constitucional del artículo 257A, su competencia se restringe a los procesos disciplinarios en contra de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como aquellos que deben adelantarse en contra de los abogados por las faltas disciplinarias que cometan en el ejercicio de su profesión, mientras la ley no entregue esta última competencia a los colegios de abogados.

Señaló, que la competencia atribuida por el Código General Disciplinario para conocer de disciplinarios contra particulares que administren permanente o transitoriamente justicia, es contraria a la norma constitucional. Conforme lo anterior, expuso:

8 SAMAI, Expediente digital. 9_ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa_20240517155033.Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 4 de 29

En ese sentido, para la suscrita no puede darse aplicación en este caso al inciso 6° del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 ni al artículo 239 ibidem, respecto de la competencia para investigar disciplinariamente a particulares que administren justicia, de manera transitoria u ocasional, pues estas disposiciones, itérese, resultan contrarias a la cláusula general de competencia que consagró el Constituyente en el artículo 257A para la

para investigar disciplinariamente a particulares que administren justicia, de manera transitoria u ocasional, pues estas disposiciones, itérese, resultan contrarias a la cláusula general de competencia que consagró el Constituyente en el artículo 257A para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus respectivas seccionales.

La Comisión Seccional concluyó que en virtud del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 corresponde a la Procuraduría General de la Nación adelantar los procesos disciplinarios contra los particulares que adelanten funciones jurisdiccionales de manera transitoria.

b. Procuraduría Regional de Instrucción de Santander

La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander no presentó sus alegatos durante el término fijado por la Sala para ello. Sin embargo, las consideraciones sobre su competencia pueden ser extraídas del Auto del 14 de febrero de 2023, mediante el cual propuso el presente conflicto de competencias.

En el citado proveído, la Procuraduría manifestó que según el inciso 6.° del artículo 2.° del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los particulares y autoridades que administren justicia de manera temporal o permanente.

Así mismo, señaló lo siguiente:

En dicho compendio normativo (Ley 1952 de 2019), dentro del título XI denominado "Régimen de los Funcionarios de la Rama Judicial", se establece de manera categórica y especifica la competencia para investigar y disciplinar a las autoridades que administren justicia de manera excepcional, temporal o permanente de manera exclusiva

"Régimen de los Funcionarios de la Rama Judicial", se establece de manera categórica y especifica la competencia para investigar y disciplinar a las autoridades que administren justicia de manera excepcional, temporal o permanente de manera exclusiva a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Comisiones Seccionales así:

"(...) Artículo 239. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de l a función jurisdiccional disciplinaria, se tramitarán y resolverán los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía Genera l de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforma esta ley, y demás autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan fuero especial. (...)"

Artículo 240. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción jurisdiccional corresponde al Estado y se ejerce por la Comisión Nacional de DisciplinaRadicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 5 de 29

Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. (...)"

Por lo anterior, considera que debe tenerse en cuenta la normativa señalada, la cual dispone que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la s comisiones seccionales ejercen acciones disciplinarias contra funcionarios y empleados judiciales de la Fiscalía y también contra particulares disciplinables que administren justicia de manera permanente o transitoria.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

y también contra particulares disciplinables que administren justicia de manera permanente o transitoria.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20199, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Regional de Instrucción de Santander, y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general contenidas en el

Santander, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

9 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario ».Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 6 de 29

2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»10 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 202111, conforme el cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o po r solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del

también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territorial es, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

10 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes

actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Pa rte Primera del Código». 11 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 7 de 29

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander han negado tener competencia para conocer la queja disciplinaria presentada en contra de los árbitros del comité de reclamos des ignados por Ecopetrol S.A. (indeterminados), por presuntamente obstaculizar el trámite procesal de las reclamaciones conocidas por dicho órgan o, además de supuestamente, realizar maniobras para evitar la comparecencia del quinto árbitro (designado por el Ministerio del Trabajo), imponer la inclusión de conceptos jurídicos dentro de las providencias y por negar la posibilidad de consignar observaciones en las actas elaboradas al interior del comité.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un

observaciones en las actas elaboradas al interior del comité.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional, a saber: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander , y la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander), mientras que la otra, en el mismo evento, ejercería función administrativa 12 (Procuraduría Regional de Instrucción de Santander).

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función jurisdiccional y otras que cumplen función administrativa, la Sala ha manifestado las siguientes consideraciones13:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241

12 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de

autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241

12 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. 13 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 8 de 29

numeral 11, de la Constitución Política 14, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala, 15 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente c aso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda s obre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal.

imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda s obre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo d e competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto lo anterior, la Sala ha considerado16 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los proc edimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

14 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las sigu ientes

14 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las sigu ientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala]

15Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; d ecisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 16 Decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014 -00168); decisión del 16 de mayo de 2018 , radicación 2017-00200; decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras.Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 9 de 29

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos

de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuant o el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer de la queja presentada en contra los árbitros del comité de reclamos designados por Ecopetrol S.A.

17La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 10 de 29

(indeterminados), por, presuntamente, obstaculizar el trámit e procesal de las reclamaciones conocidas por dicho órgano al no permitir la comparecencia del quinto árbitro (designado por el Ministerio del Trabajo), al supuestamente imponer la inclusión de conceptos jurídicos dentro de las providencias y por negar la posibilidad de consignar observaciones en las actas elaboradas al interior del comité.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Santander señaló que la competencia atribuida por el Código General Disciplinario para conocer de disciplinari os contra particulares que administren permanente o transitoriamente justicia, es contraria al artículo 257ª constitucional.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander manifestó que, de conformidad con el inciso 6.° del artículo 2.° del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los particulares y autoridades que

de 2019), corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los particulares y autoridades que administren justicia de manera temporal o permanente.

Para resolver el problema jurídico la Sala analizara:

1. Arbitraje en derecho laboral. ii) Naturaleza de las funciones de los árbitros. iii) La competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura frente a particulares que transitoria u ocasionalmente administran justicia. iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a los particulares que administran justicia de manera ocasional o transitoria. Reiteración. v) El régimen disciplinario de los particulares que administran justicia de manera ocasional o transitoria con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración. vi) El régimen disciplina rio de los particulares que ocasional o transitoriamente administran justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. vii) La competencia disciplinaria de los conciliadores de conformidad con la Ley 2220 de 2022. viii) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable. ix) El caso concreto.

6. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

6.1. Arbitraje en derecho laboral El arbitraje es una figura procesal que constituye un mecanismo alternativo de solución

de conflictos, heterocompositivo, regido por el principio de voluntariedad o de libreRadicación 11001-03-06-000-2024-00168-00 Página 11 de 29

habilitación, de carácter temporal y excepcion