CE - Auto interlocutorio 11001030600020250005000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de 2025

Número único: 11001 03 06 000 2025 00050 00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Inspección de Policía de Arauca y Policía Nacional - Estación de Policía del municipio de Arauca.

Asunto: Autoridad competente para conocer y tramitar una acción preventiva por perturbación.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 , numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

Con base en la documentación que consta en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 8 de mayo de 2023, el abogado Hugo Montoya Zuluaga, «en representación de los propietarios de dos predios rurales de la vereda Bogotá Jurisdicción del Municipio de Arauca», instauró ante la Policía Nacional - Estación de Policía del Municipio de Arauca una «acción preventiva por pertur bación a la posesión», conforme a lo establecido por el artículo 81 de la Ley 1801 del 2016 «[p]or la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana».

Municipio de Arauca una «acción preventiva por pertur bación a la posesión», conforme a lo establecido por el artículo 81 de la Ley 1801 del 2016 «[p]or la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana».

2. El 16 de mayo del 2023, la Policía Nacional - Estación de Policía de Arauca remitió, por competencia, a la Inspección de Policía de Arauca la acción interpuesta por el señor Montoya Zuluaga a la Inspección de Policía de Arauca3.

3. El 17 de mayo de 2023, la Inspección de Policía de Arauca devolvió el asunto a la Policía Nacional - Estación de Policía de Arauca, al considerar que la «Policía Uniformada» es la autoridad competente para conocer, en primera instancia, las acciones preventivas por perturbación a la posesión.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020250005000 que reposa en SAMAI. 3 No se advierte en el expediente los motivos por los cuales se remitió el asunto.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 2 de 19

4. El 29 de mayo de 2023, la Policía Nacional - Estación de Policía de Arauca remitió, por segunda vez, la acción interpuesta por el señor Montoya Zuluaga a la

4. El 29 de mayo de 2023, la Policía Nacional - Estación de Policía de Arauca remitió, por segunda vez, la acción interpuesta por el señor Montoya Zuluaga a la Inspección de Policía de Arauca «toda vez que se trata de una zona rural, ya habían transcurrido más de 48 horas y la competencia de la policía se encuentra extinguida».

5. El 6 de junio de 2023, la Inspección de Policía de Arauca solicitó al Tribunal Administrativo de Arauca dirimir el conflicto de competencia suscitado entre esa autoridad y la Policía Nacional - Estación de Policía de Arauca, en relación con la acción preventiva por perturbación interpuesta por el señor Montoya Zuluaga.

6. El 24 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró su falta de competencia para dirimir el conflicto suscitado entre la Policía Nacional - Estación de Policía de Arauca y la Inspección de Policía de Arauca, y remitió el asunto a la

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Lo anterior, dado que el artículo 112 del CPACA establece que a la Sala de Consulta le corresponde dirimir los conflictos de competencias administrativas en los que una de las partes es una entidad del orden nacional, como la Policía Nacional.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 46 del 11 de febrero de 2025 en la Secretaría de la Sala de Consulta por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares

11 de febrero de 2025 en la Secretaría de la Sala de Consulta por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus consideraciones o alegatos en el trámite del conflicto.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Inspección de Policía de Arauca, a la Policía Nacional, a la Estación de Policía del municipio de Arauca, al Tribunal Administrativo de Arauca y al señor Hugo Montoya Zuluaga.

Obran constancias de la Secretaría de la Sala según las cuales, durante la fijación del edicto, solamente la Policía Nacional - Departamento de Policía Arauca presentó consideraciones sobre el presente asunto.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Policía Nacional - Departamento de Policía Arauca

En sus alegatos, indicó que el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016 le otorga a la Policía Nacional cuarenta y ocho horas para que impida los actos de perturbación sobre bienes inmuebles de uso público o privados y expulse a sus responsables.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 3 de 19

En este sentido, explica que cuando la Policía Nacional conoció la acción preventiva por perturbación por lo ocurrido en la vereda Bogotá, zona rural del municipio de Arauca, ya habían transcurrido más de las cuarenta y ocho horas que establece el referido artículo 81, por lo tanto, le corresponde a la Inspección de Policía de Arauca desplegar las acciones tendientes a cesar dicha perturbación.

2. Inspección de Policía de Arauca

referido artículo 81, por lo tanto, le corresponde a la Inspección de Policía de Arauca desplegar las acciones tendientes a cesar dicha perturbación.

2. Inspección de Policía de Arauca

No presentó alegatos. Sus argumentos se toman del escrito del 6 de junio de 2023, mediante el cual solicitó al Tribunal Administrativo de Arauca que dirimiera el conflicto de competencias suscitado con la Policía Nacional - Estación de Policía del municipio de Arauca.

En dicho escrito, manifestó que los inspectores de policía son competentes para conocer en segunda instancia la acción preventiva por perturbación, mientras que la Policía Nacional tiene competencia en primera instancia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de

actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada,Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 4 de 19

o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El caso objeto de análisis involucra a dos autoridades administrativas que han negado su competencia para conocer y tramitar una actuación preventiva por perturbación de la propiedad : de un lado, la Estación de Policía del municipio de Arauca, órgano perteneciente a la Policía Nacional, entidad de carácter nacional conforme al artículo 218 4 de la Constitución Política y adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, según el artículo 45 del Decreto Ley 1932 de 19996; y del otro, la Inspección de Policía de Arauca, dependencia que, según lo dispuesto en el artículo 3207 del Decreto Ley 1333 de 1986 8, forma parte de la estructura administrativa municipal y se encuentra bajo la dirección del alcalde.

Importante precisar que la Sala de Consulta también ha establecido que la función que ejercen los inspectores de policía en los procesos por perturbación a la posesión, la tenencia y la servidumbre es de naturaleza jurisdiccional 9. Asimismo, ha señalado que los conflictos que se presenten entre una autoridad que ejerce

4 Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 5 Artículo 4º. Estructura del Ministerio de Defensa Nacional. La estructura del Ministerio de Defensa

Nacional será la siguiente: […].

libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 5 Artículo 4º. Estructura del Ministerio de Defensa Nacional. La estructura del Ministerio de Defensa

Nacional será la siguiente: […].

6. Policía Nacional […]. 6 «[P]or el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones». 7 Artículo 320. La creación de Inspecciones Municipales de Policía corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede y área de jurisdicción.

Las Inspecciones que se creen conforme al presente artículo dependen del respectivo Alcalde. […]. [Se destaca]. 8 «Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal». 9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de marzo de 2025, expediente 11001-03-06-000-2024-00709.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 5 de 19

funciones administrativas y otra que actúa en el ámbito jurisdiccional deben ser resueltos por esta Sala10.

Ahora bien, en el presente caso no se configura un conflicto entre una autoridad que ejerza funciones jurisdiccionales y otra que desarrolle funciones administrativas, dado que el asunto particular y concreto que involucra a la Inspección de Policía de Arauca y a la Es tación de Policía del municipio de Arauca se refiere a una acción preventiva por perturbación, la cual tiene naturaleza eminentemente administrativa, como se explicará más adelante.

En consecuencia, la Sala tiene competencia para dirimir el presente asunto.

2. Términos legales

preventiva por perturbación, la cual tiene naturaleza eminentemente administrativa, como se explicará más adelante.

En consecuencia, la Sala tiene competencia para dirimir el presente asunto.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, con su modificación, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión. Así se declarará en la parte resolutiva.11

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y tramitar la acción preventiva por perturbación presentada por el abogado Hugo Montoya Zuluaga, «en representación de los propietarios de dos predios rurales» de la vereda Bogotá Jurisdicción del Municipio de Arauca.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 21 de abril de 2024, expediente

rurales» de la vereda Bogotá Jurisdicción del Municipio de Arauca.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 21 de abril de 2024, expediente núm. 11001-03-06-000-2024-00031-00. 11 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que, el ejercicio de funciones administrativas por parte de autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 6 de 19

La Policía Nacional argumenta que, según el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, la Policía Nacional tiene un plazo de 48 horas para intervenir y evitar actos de perturbación sobre bienes inmuebles, ya sean públicos o privados. Dado que en el caso de la vereda Bogotá, en la zona rural del municipio de Arauca, dicho plazo ya había expirado cuando la Policía tuvo conocimiento del hecho, la competencia para actuar recae ahora en la Inspección de Policía de Arauca, quien debe tomar las medidas necesarias para cesar la perturbación.

Por su parte, la Inspección de Policía de Arauca manifiesta que los inspectores de policía son competentes para conocer en segunda instancia la acción preventiva por perturbación, mientras que la Policía Nacional tiene competencia en primera instancia.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes aspectos:

1. Poder, función y actividad de policía. Reiteración.

por perturbación, mientras que la Policía Nacional tiene competencia en primera instancia.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes aspectos:

1. Poder, función y actividad de policía. Reiteración.

1. Las competencias de las autoridades de policía previstas en la Ley 1801 de 2016.

Reiteración.

1. El proceso policivo por perturbación a la tenencia, la posesión y la servidumbre, y su carácter jurisdiccional.

1. La acción preventiva por perturbación.

1. El caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Poder, función y actividad de policía. Reiteración12

En diversos pronunciamientos la Sala de Consulta y Servicio Civil ha distinguido entre poder, función y actividad de policía, conceptos que resultan de vital importancia, dado que permiten establecer la forma como se distribuyen las competencias de policía para el mantenimiento y conservación del orden público en sus diversos componentes de seguridad, tranquilidad y salubridad pública. Al respecto ha sostenido:

a) Poder de policía

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 25 de enero de 2024, expediente núm. 11001-03-06-000-2023-00621-00 y Decisión del 10 de julio de 2024, expediente núm. 1100103-06-000-2024-00171-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 7 de 19

El poder de policía corresponde a la facultad normativa de policía, esto es la

03-06-000-2024-00171-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 7 de 19

El poder de policía corresponde a la facultad normativa de policía, esto es la competencia estatal de «regulación de la libertad con actos de carácter general e impersonal con fines de convivencia social». Es, en otros términos, «la facultad de hacer la ley policiva mediante la expedición de normas jurídicas objetivas de carácter general e impersonal dictadas por el órgano representativo con el fin de limitar los derechos individuales en función del bienestar general». […]// Así que, de acuerdo con la Corte Constitucional, sólo ejercen poder d e policía el Congreso de la República y excepcionalmente las Asambleas Departamentales de conformidad con el artículo 3008 de la Constitución, […].

b) Función de policía

La función de policía corresponde ya no al dictado de las normas generales de policía, sino a la gestión administrativa concreta del poder de policía, ejercida por las autoridades administrativas a través de los medios de policía autorizados por el legislador y dentro del marco fijado por éste […)] //Se trata así del ejercicio de funciones típicamente administrativas que carecen, por tanto, del carácter material y formal de ley. Los titulares naturales de esta función son el Presidente de la República a quien le compete «conservar en todo el territorio nacional el orden público» (art.189-4 C.P.), los gobernadores (art.303 C.P.) y los alcaldes (art.315-2), quienes ejercen la función de policía dentro del marco constitucional, legal y reglamentario. // En esa medida, las autoridades administrativas tendrán los medios

quienes ejercen la función de policía dentro del marco constitucional, legal y reglamentario. // En esa medida, las autoridades administrativas tendrán los medios de policía autorizados por el legislador, tales como órdenes, prohibiciones, medidas correctivas, permisos y reglamentos de para su utilización. […].

c) Actividad de Policía

[…] Esta se refiere ya a la actividad material de los cuerpos de policía, que tienen a su cargo la ejecución concreta e inmediata de mantenimiento del orden público (Art.218 C.P) […] // En ese sentido, el cuerpo de policía tiene una misión de ejecución material, que en cualquier caso, en virtud del principio de legalidad, está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por su naturaleza ejecutora, la actividad de policía «no está orientada a la producción de actos jurídicos» y «tampoco es reglamentaria ni reguladora de la libertad.»13.

Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C -492 de 2002 también diferenció en tres dimensiones el concepto de policía, el cual se ha utilizado de forma generalizada en la jurisprudencia para determinar la competencia del legislador y de las autoridades administrativas en relación con el control y mantenimiento del orden público, así:

[E]n síntesis, se puede afirmar que la Corte Constitucional frente a la función de proteger el orden público tiene como criterio de distinción:

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de mayo de 2010, radicado interno: 1999. Criterio reiterado en la decisión del 23 de noviembre de 2015, radicación 11001 -0313 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de mayo de 2010, radicado interno: 1999. Criterio reiterado en la decisión del 23 de noviembre de 2015, radicación 11001 -0306-0002015-00132-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 8 de 19

El poder de policía lo ejerce, de manera general, el Congreso de la República por medio de la expedición de leyes que reglamentan el ejercicio de la libertad cuando éste trasciende el ámbito privado e íntimo. Este poder también es ejercido en forma excepcional, por el Presidente de la República en los estados de guerra exterior, conmoción interior y emergencia.

La función de policía es ejercida por las autoridades de la rama ejecutiva (como los alcaldes e inspectores) en cumplimiento de competencias determinadas por la ley.

La actividad de policía es ejercida por los miembros de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su obligación de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y conjurar las alteraciones del orden público.

Revisadas las anteriores nociones, procede la Sala a analizar las competencias de las autoridades de policía, de conformidad con la Ley 1801 de 2016 «Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana».

5.2. Las competencias de las autoridades de policía previstas en la Ley 1801 de 2016. Reiteración14

El artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 «Código Nacional de Seguridad y

5.2. Las competencias de las autoridades de policía previstas en la Ley 1801 de 2016. Reiteración14

El artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 «Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana», establece que son autoridades de policía:

1. El Presidente de la República.

2. Los gobernadores.

3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.

4. Los inspectores de Policía y los corregidores.

5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional. [Se destaca].

Ahora bien, el artículo 204 de la Ley 1801 de 2016 dispone que la primera autoridad de policía de los municipios es el alcalde, el cual cuenta con las siguientes atribuciones (art. 205):

1. Dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio o distrito.

2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.

3. Velar por la aplicación de las normas de Policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan.

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 10 de julio de 2024, expediente

ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan.

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 10 de julio de 2024, expediente núm. 11001-03-06-000-2024-00171-00.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 9 de 19

[…].

8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad especial de Policía en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de Policía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia.

[…].

13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación de este Código.

14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de Policía, en primera instancia, cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las autoridades especiales de Policía.

[…].

17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución de playa y terrenos de baja mar. […].

A su vez, el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 establece que corresponde a los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores la aplicación de las siguientes medidas:

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión,

medidas:

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.

4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos

[…].

Finalmente, el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 establece las atribuciones en materia policiva de los comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de la Policía Nacional, así:

Artículo 209. Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de la Policía Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer:

1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.

2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas. a) Amonestación. b) Remoción de bienes.Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 10 de 19

c) Inutilización de bienes. d) Destrucción de bien. e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas. f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

3. Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad. [Se destaca].

complejas. f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

3. Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad. [Se destaca].

De las normas transcritas, se concluye que son autoridades de policía, entre otros, los alcaldes, los inspectores de policía , los corregidores , así como también los comandantes de estación, subestación y centro de atención inmediata de la Policía Nacional, quienes, en su respectiva jurisdicción, están facultados para conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia, conforme a las competencias que les asigna la ley.

5.3. El proceso policivo por perturbación a la tenencia , la posesión y la servidumbre, y su carácter jurisdiccional

La Ley 1801 de 2016, instituida con el objeto de promover, preservar y conservar la convivencia ciudadana, protege la posesión, la mera tenencia y la servidumbre de bienes inmuebles, reconociendo su importancia como manifestaciones legítimas del derecho a la propiedad y al uso pacífico de los bienes.

En su artículo 77 15, la Ley 1801 de 2016 establece una serie de comportamientos que constituyen infracciones contra la posesión, la tenencia y la servidumbre de bienes inmuebles, y que por tanto afectan la tranquilidad y la seguridad jurídica de los poseedores y tenedores.

Entre estos comportamientos se encuentran: i) perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente; ii) causar daños materiales o realizar hechos que alteren la posesión o tenencia, así como no

Entre estos comportamientos se encuentran: i) perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente; ii) causar daños materiales o realizar hechos que alteren la posesión o tenencia, así como no reparar averías o deterioros que perjudiquen o pongan en peligro a los vecinos; iii) instalar servicios públicos en inmuebles ocupados ilegalmente; iv) omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones, lo cual puede

15 ARTÍCULO 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes:

1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.

2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.

3. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente.

4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones.

5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho […].Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 11 de 19

5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho […].Radicación: 11001 03 06 000 2025 00050 00 Página 11 de 19

generar riesgos para la comunidad; y v) impedir el ingreso, uso o disfrute del inmueble al titular de la posesión o tenencia.

Para proteger a los poseedores , a los tenedores de bienes inmu