CE - Auto interlocutorio 11001030600020250005500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez ( Cundinamarca), departamento de Cundinamarca , Unidad Administrativa Especial de pensiones (UAEP) y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito

Púbico.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración .

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Mauricio Enrique Iannini Obregón tiene 67 años de edad, puesto que nació el 14 de agosto de 19573.

2. El 18 de diciembre de 2019, la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez

(Cundinamarca) expidió certificación de los tiempos laborados por el señor Mauricio Enrique Iannini Obregón en dicha entidad, desde el 1° de enero de 1980

(Cundinamarca) expidió certificación de los tiempos laborados por el señor Mauricio Enrique Iannini Obregón en dicha entidad, desde el 1° de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 19804.

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento “3ED_031CEDULACC19284951p(.pdf)”. 4Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento “5ED_053CETILCC19284951pd(.pdf)”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 2 de 37

No obstante, en el mismo certificado refiere que: i) respecto de los aportes a pensión, salud y riesgos, no obra registro; y ii) que, la «entidad responsable» de dichos aportes es el departamento de Cundinamarca.

3. El 31 de enero del 2020, Porvenir S.A, al advertir que el señor Mauricio Iannini cumplía los requisitos para pensionarse, solicitó al departamento de Cundinamarca el reconocimiento y pago del bono pensional a favor del citado señor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1980 hast a el 31 de diciembre de 19805: Esta solicitud se hace con fundamento en el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015,

señor, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1980 hast a el 31 de diciembre de 19805: Esta solicitud se hace con fundamento en el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 3 del C.C.A, y del artículo 7, del Decreto 510 de 2003 en atención a que del reconocimiento y pago del presente bono por parte de su entidad, depende el reconocimiento del beneficio pensional del solicitante y la dilación en su pago puede conllevar al pago de intereses moratorios conforme el artículo 12 del Decreto 1748 de 1995.

4. El 3 de marzo del 2020, el departamento de Cu ndinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 19806.

5. El 7 de febrero de 2025 7, Porvenir S.A realizó la consulta del contrato de concurrencia respecto del señor Iannini Obregón, en el que se advierte que la fecha de retiro fue el 31 de diciembre de 1980; así, el «[e]stado en concurrencia» es «retirado».

6. El 7 de febrero del 2025, Porvenir S.A promovió conflicto negativo de competencia administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, con el fin de que esta autoridad determine cuál es la autoridad responsable «de la emisión y pago del bono pensional [del señor Mauricio Enrique Iannini]»8.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado

bono pensional [del señor Mauricio Enrique Iannini]»8.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 50 del 13 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, contados desde

5Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento “7ED_075COBROCC19284951pd(.pdf)”. 6Samai, Expeidente Digital, actuación núm. 002, documento “8ED_086OBJECIONCC1928495(.pdf)”. 7Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, “9_EXPEDIENTEDIGI_097CONSULTACONCURREN_8_20250213153721509.pdf”. 8 Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento «2ED_02DEMANDACONFLICTODE(.pdf)».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 3 de 37

el 14 al 20 de febrero del 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto9. Consta, en informe secretarial del 13 de febrero de 2025, que la Secretaría comunicó el presente conflicto a la E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez , al departamento de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, a la Sociedad Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías – Porvenir,

Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, a la Sociedad Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías – Porvenir, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, al señ or Juan Camilo Rodríguez Cardona (Analista I -Dirección de Bonos Pensionales -Porvenir), y al señor Mauricio Enrique Iannini Obregón10. En informe secretarial del 21 de febrero de 202511 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto , el departamento de Cundinamarca presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, en un informe secretarial adicional , del 21 de febrero de 2025 12, se precisó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones a través de la apoderada, abogada Luisa Fernanda Cuellar Cogollo.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Departamento de Cundinamarca13

Dentro del término fijado para presentar alegatos y consideraciones, el departamento de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud , informó que, revisados los archivos que reposan en esa Secretaría, se encontró registrado en los formularios 10, 11 y 18 del Cálculo Actuarial del Ministerio de Salud (CAMISA), al señor Mauricio Enrique Iannini Obregón.

En ese orden, precisó que, el señor Iannini Obregón está reportado como beneficiario retirado y su situación se regula por el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993.

En ese orden, precisó que, el señor Iannini Obregón está reportado como beneficiario retirado y su situación se regula por el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993.

Adicionalmente, señaló que la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3061 de 1998, no avaló

9Samai, Expediente digital, 017POR EDICTO_13Edictopdf.pdf 10Samai, Expediente digital, 13ED_14Informecomunicacio.pdf 11Samai, Expediente digital, 22_AL DESPACHO POR_InformeSecretarialRa.pdf 12Samai, Expediente digital, 24INFORMESECRETA_INFORMESECRETARIAL20.pdf 13Samai, Expediente digital, 020_MemorialWeb202521819373.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 4 de 37

valor alguno por concepto de reserva pensional del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 (Formulario No. 18 CAMISA).

Esta autoridad c itó al respecto el Título VI «disposiciones complementarias », inciso cuarto, artículo 242 de la Ley 100 de 1993, y el considerando 11 del Decreto 586 del 5 de abril de 2017, presupuestos normativos bajo los cuales solicitó que se declare que «ni la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca ni el Departamento de Cundinamarca están obligados al reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales y en consecuencia se or dene su desvinculación, por el contrario, la E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez si lo está».

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 14

en consecuencia se or dene su desvinculación, por el contrario, la E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez si lo está».

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 14

Solicitó su desvinculación del trámite del conflicto de competencias , al no existir obligación por parte de ese ministerio frente a la pretensión de reconocimiento y pago del bono pensional del señor Mauricio Enrique Iannini por los tiempos laborados en la ahora E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez . Manifestó que , su situación, como beneficiario retirado, se encuentra regulada mediante lo establecido en el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993, en el sentido de que, al haber sido reportado como retirado, no se calculó una reserva pensional para financiar el pasivo de aquellas personas, pues se trata de un pasivo incierto, exigible sólo cuando las personas acceden a su derecho pensional por haber acreditado la totalidad de los requisitos exigidos legalmente para ese efecto.

Aclaró que, al no incluirse el pasivo correspondiente de los beneficiarios retirados, son los hospitales y/o las entidades de salud las que respondan por este pasivo, de conformidad con el inciso quinto del artículo 242 de la Ley 100 de 1993. En esa razón, para el ente ministerial es claro que, la obligación de la Nación y las entidades territoriales de pagar el pasivo nace con la suscripción de contratos de concurrencia y , mientras se suscriben, debe la institución hospitalaria, en calidad de empleador, presupuestar y pagar su pasivo prestacional.

En este orden de ideas, señaló que, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha suscrito

suscriben, debe la institución hospitalaria, en calidad de empleador, presupuestar y pagar su pasivo prestacional.

En este orden de ideas, señaló que, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha suscrito un contrato de concurrencia que permita financiar el pasivo del personal retirado de las instituciones hospitalarias, y que la sol icitud proviene de una persona que ostenta esta calidad, le corresponde a estas responder por ese pasivo (presupuestar y pagar) , sin perjuicio de que, al efectuar el corte o cruce de cuentas para determinar lo adeudado por los concurrentes, estos pagos puedan ser devueltos a la institución hospitalaria con el contrato de concurrencia, si a ello hay lugar.

14Samai, Expediente digital, 22_MemorialWeb2025221211936.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 5 de 37

Evidenció que, hasta este momento, la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez, a pesar de tener conocimiento de la solicitud de certificación y pago del bono pensional ante la AFP y de la petición de pago del bono pensional por el periodo laborado en el hospital, por parte del señor Iannini Obregón, no efectuó el procedimiento descrito en el Decreto 586 de 2017, violando así la normativa que les es aplicable y los derechos fundamentales del beneficiario.

Por lo tanto, hasta que la E.S.E. no haya efectuado el corte de cuentas , ni suscrito el contrato de concurrencia, se debe aplicar el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, siendo esta la entidad que deberá seguir presupuestando y pagando las pensiones de quienes les prestaron sus servicios.

contrato de concurrencia, se debe aplicar el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, siendo esta la entidad que deberá seguir presupuestando y pagando las pensiones de quienes les prestaron sus servicios.

3. Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca)15

Esta entidad no presentó consideraciones. En el expediente, s ólo obra el certificado CETIL expedido el 18 de diciembre de 2019, en el que certificó que el señor Mauricio Enrique Iannin Obregón laboró en el Hospital San Antonio de Arbeláez, en condición de médico, en el periodo que va del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 1980.

No obstante, en el mismo certificado refiere que: i) respecto de los aportes a pensión, salud y riesgos, no obra registro; y ii) que, la «entidad responsable» de dichos aportes es el departamento de Cundinamarca.

IV. CONSIDERACIONES

1. La competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conflictos de competencia administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de Competencia Administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada . La

por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de Competencia Administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada . La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente;

15Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento “5ED_053CETILCC19284951pd(.pdf)”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 6 de 37

si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […].

En el mismo sentido, el numeral 10.° del artículo 112, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la

cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de un asunto o actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

En el presente caso, se trata de una actuación administrativa, particular y concreta, toda vez que se refiere a la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional del señor Mauricio Enrique Iannini Obregón, durante el tiempo que laboró en la E.S.E. Hospital San Antonio Arbeláez (Cundinamarca), en el periodo comprendido entre el el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 1980. ii) Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , niegan tener competencia para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional del señor Iannini Obregón.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 7 de 37

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente conflicto de competencias se ha configurado entre una autoridad del orden nacional: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las siguientes entidades del nivel

no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente conflicto de competencias se ha configurado entre una autoridad del orden nacional: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las siguientes entidades del nivel territorial: la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de pensiones (UAEP).

Por lo anterior, se concluye que la Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

2. Suspensión de los términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «[m]ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuacio nes administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6.° de la Constitución Polític a y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

artículos 6.° de la Constitución Polític a y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del proce dimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la

16 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 8 de 37

autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por lo tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídico s o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o d el asunto de que se

caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o d el asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional generado por el tiempo que el señor Mauricio Enrique Iannini Obregón laboró en el Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), esto es, entre el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 1980.

El presunto conflicto surge porque el departamento de Cundinamarca consideró no ser la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, señalando como responsable a la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca).

El departamento de Cundinamarca alegó que no tiene a cargo el reconocimiento y pago del bono pensional, máxime cuando el beneficiario estuvo vinculado con el Hospital San Antonio de Arbeláez antes de 1993 y el mismo no ha sido reportad o para el cruce de cuentas y firma de co ntrato de concurrencia; por tal razón quien debe asumir tal

Antonio de Arbeláez antes de 1993 y el mismo no ha sido reportad o para el cruce de cuentas y firma de co ntrato de concurrencia; por tal razón quien debe asumir tal obligación es la ahora Empresa Social del Estado que actuó como empleador del señor Mauricio Enrique Iannini Obregón.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que existe una falta de legitimación por pasiva, teniendo en cuenta que esa cartera ministerial no tiene la facultad ni la competencia para expedir certificaciones laborales de personas que no han trabajado para esa entidad, por lo cual , en el caso concreto esta obligaci ón recae única y exclusivamente en el empleador, que sería la referida entidad hospitalaria.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 9 de 37

Por su parte, la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez (Cundinamarca), en el certificado CETIL del 18 de diciembre de 2019 certificó que, respecto de los aporte s a pensión, salud y riesgos, no obra registro en favor del señor Mauricio Enrique Iannini Obregón para el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 1980 y que , la «entidad responsable» de dichos aportes es el departamento de Cundinamarca.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. Los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud; Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud; Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Los bonos pensionales; Reiteración.

1. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud; Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Los bonos pensionales; Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración17

Decreto Ley 2470 de 196818

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1 .º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2.°).

Al definir los niveles del sistema 19, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que

17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06-000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001 -03-06-0002019-00041-00, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 18 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 19 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud

18 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 19 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 10 de 37

directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hos pitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

La Ley 9ª de 197320

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para: i) adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público; ii) suprimir, fusionar, sustituir

dichas facultades se otorgaron para: i) adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público; ii) suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividade s no específicas del sector salud; iii) dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud; iv) determ inar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y v) elaborar el Estatuto de Personal y escala salari al para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otro s, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197521

El artículo 1.° de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles

especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

20 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dic tan otras disposiciones pertinentes». 21 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00055-00 Página 11 de 37

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de der echo público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de

asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de der echo público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunid ad, reciban o no aportes estatales».

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