CE - Auto interlocutorio 11001030600020250005600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital San José de La Palma (Cundinamarca), Departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) y

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para el reconocimiento y pago de un bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.- La Señora Luz Marina Vega Melo tiene en la actualidad 64 años de edad3 y trabajó en el Hospital San José de La Palma (Cundinamarca), según certificación que aparece en el expediente digital4, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1982 al 21 de marzo de 1988 y se encuentra afiliada al Fondo de Pensiones Porvenir S.A.5, en adelante Porvenir S.A.

en el expediente digital4, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1982 al 21 de marzo de 1988 y se encuentra afiliada al Fondo de Pensiones Porvenir S.A.5, en adelante Porvenir S.A.

2.- Obra en el expediente digital, que el 10 de abril de 2022 Porvenir S.A.6 envió cobro solicitando al departamento de Cundinamarca, la emisión, reconocimiento y pago del bono pensional a favor de su afiliada Luz Marina Vega Melo, de los tiempos certificados por el Hospital San José de La Palma arriba referenciados.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 8ED_9cedulapdf(.pdf) NroActua 2 Cédula de Luz Marina Vega 4 3ED_3CENISSCC20698370pdf(.pdf) NroActua 2 Certificación Laboral del Hospital de La Palma 5 10ED_10AFILIACIONCC206983(.pdf) NroActua 2 Certificación de Porvenir de Afiliación Luz Marina 65ED_5COBROCC20698370pdf(.pdf) NroActua 2 Solicitud de Porvenir a Cundinamarca y otros documentosRadicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 2 de 36

3.- Provenir S.A., manifiesta a su vez en el conflicto de competencias7 que, el día 26 de octubre de 2022, el departamento de Cundinamarca, por medio del aplicativo de la

3.- Provenir S.A., manifiesta a su vez en el conflicto de competencias7 que, el día 26 de octubre de 2022, el departamento de Cundinamarca, por medio del aplicativo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objetó el reconocimiento y pago de los periodos desde el del 01 de diciembre de 1982 al 21 de marzo de 1988, ya que la señora Luz Marina Vega Melo se encontraba retirada der servicio de salud, y quedó inscrita en calidad de beneficiaria retirada en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

Asimismo, ello se encuentra corroborado en el expediente digital, que, con la fecha del 26 de octubre de 2022, en el aplicativo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público8, aparece «OBJECIÓN DE CUOTA PARTES DE BONO POR PARTE DE CONTRIBUYENTES», y se señala «DE CONFORMIDAD CON LA CERTIFICACION SDAF-481 DEL 12-10-2022, EL HOSP. LA PALMA DEBE RESPONDER POR EL CUPÒN PAL BONO PENSIONAL. LA SEÑORA NO ES

BENFICIARIA DEL CONTRATO DE CONCURRENCIA».

4.- Mediante escrito del 19 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dirige respuesta a Porvenir S.A.9, respecto a «Consultas Contrato de Concurrencia», y allí dice que sobre la condición en el Pasivo Prestacional del Sector

Público dirige respuesta a Porvenir S.A.9, respecto a «Consultas Contrato de Concurrencia», y allí dice que sobre la condición en el Pasivo Prestacional del Sector Salud (PPSS) de las personas que relaciona, la condición de la señora Vega Melo en el PPSS es de «RETIRADO» y en las observaciones se registra que «No se ha suscrito contrato de concurrencia»

5.- De conformidad con lo anterior, Porvenir S.A. en el escrito radicado en la Sala de Consulta de fecha 10 de febrero de 2025, a través del cual propuso el conflicto, señala que:

[…] el conflicto suscitado entre el HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA está obstaculizando de manera injustificada el trámite de reconocimiento y pago del bono pensional de nuestro afiliado lo que impide la debida liquidación, emisión y pago del bono pensional, situación que converge en que la historia laboral no se encuentre debidamente certificada y que por tanto, no se hayan asegurado los recursos para financiar la prestación pensional, conforme al artículo 8 de la Ley 100 de 1993, y al artículo 7 del Decreto 510 de 2003.[Negrillas de la sala]

7 2_EXPEDIENTEDIGI_2demanda conflicto de competencia 8 6ED_6OBJECIONCC20698370p(.pdf) NroActua 2Certificacion Labora Minhacienda 9 7ED_7CONSULTADGRESSCC206(.pdf) NroActua 2 Respuesta de Minhacienda a PorvenirRadicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 3 de 36

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3. ° por el artículo 2. ° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 5110 del 13 de febrero de 2025 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, contados del 14 al 20 de febrero de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto. Consta que la Secretaría comunicó el presente asunto11 a la ESE Hospital San José de La Palma (Cundinamarca), al departamento de Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, a Porvenir S.A., a la señora Luz Marina Vega Melo y al señor Juan Camilo Rodríguez Cardona, analista I., de la Dirección de Bonos Pensionales de Porvenir. En informe secretarial del 21 de febrero de 202512 se precisó que, dentro del término de fijación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento de Cundinamarca y el Hospital San José de La Palma Cundinamarca presentaron alegaciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 13

Manifiesta en sus consideraciones que revisada la documentación que contiene la información del pasivo prestacional de las entidades del sector salud del departamento de Cundinamarca, la señora Luz Marina Vega Melo quedó inscrita en calidad de beneficiaria retirada en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo

información del pasivo prestacional de las entidades del sector salud del departamento de Cundinamarca, la señora Luz Marina Vega Melo quedó inscrita en calidad de beneficiaria retirada en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

Que ello se traduce en que, la situación de la señora Vega Melo se encuentra regulada por el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993, que indica que para estas personas no se calculó una reserva pensional, por cuanto se trataba de un pasivo incierto que solo se hace exigible cuando estas personas acceden a su derecho pensional.

Y continúa diciendo que en estos casos la obligación de la Nación y de las entidades territoriales de pagar el pasivo descrito nace con la suscripción de los contratos de

10 17POREDICTO_13Edictopdf(.pdf) NroActua 3 EDICTO 11 19ED_14Informecomunicacio(.pdf) NroActua 2 Constancia secretarial de comunicación a las partes e interesados 1237ALDESPACHOPOR_InformeSecretarialRa(.pdf) NroActua 9 Constancia secretarial de quienes presentaron consideraciones. 13 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestacionconflic(.pdf) NroActua 5 Consideraciones MinhaciendaRadicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 4 de 36

concurrencia y mientras éstos se suscriben, debe la institución hospitalaria, en calidad de empleador, presupuestar y pagar el mismo.

Asegura entonces que, el encargado de pagar la cuota parte pensional:

concurrencia y mientras éstos se suscriben, debe la institución hospitalaria, en calidad de empleador, presupuestar y pagar el mismo.

Asegura entonces que, el encargado de pagar la cuota parte pensional:

será la ESE Hospital San José de la Palma Cundinamarca, en su calidad de empleador, lo cual no implica que dicha institución sea concurrente, sino que debe cumplir sus obligaciones hasta tanto no se suscriba el nuevo contrato que financie el personal retirado al 31 de diciembre de 1993, con el fin de que no le sean vulnerados los derechos a su ex trabajador, tal y como lo dispone el artículo 42 del Decreto 1748 de 1995

2. Departamento de Cundinamarca14

Esta autoridad, a través de la Secretaria de Salud, manifestó su objeción, en el sentido de indicar que la señora Luz Marina Vega Melo fue reportada como beneficiaria retirada y que ello indica que se encuentra regulada por el artículo 9 del Decreto 3061 de 1997, reglamentario de la Ley 60 de 1993, y que para estas personas no se calculó una reserva pensional para financiar dicho pasivo, por cuanto es incierto, exigible sólo cuando acceda a su derecho pensional por haber acreditado los requisitos para la pensión de vejez.

Y que de conformidad con la Ley 100 de 1993, en su artículo 242, «al no incluirse el pasivo correspondiente de los beneficiarios retirados, serán los hospitales y/o las entidades de salud las que respondan por este pasivo».

Señala además, que a los servidores que estaban retirados al 31 de diciembre de 1993, como es el caso de Luz Marina Vega Melo, no los cobijan los contratos de concurrencia

entidades de salud las que respondan por este pasivo».

Señala además, que a los servidores que estaban retirados al 31 de diciembre de 1993, como es el caso de Luz Marina Vega Melo, no los cobijan los contratos de concurrencia firmados entre la Nación, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales y que en estos casos es al empleador Hospital San José de La Palma, a quien le corresponde presupuestar y pagar el mismo, por lo que en el presente caso solicitan que en la decisión que se tome no se declare obligación a cargo del departamento de Cundinamarca.

3. ESE Hospital San José de La Palma (Cundinamanarca)15

Esta autoridad, señala que antes del 31 de diciembre de 1993, los hospitales públicos desarrollaban su actividad como dependencias de los entes territoriales y eran financiados por el Ministerio de Salud, por los departamentos y municipios, y que solo en virtud de la Ley 100 de 1993 fueron creadas las Empresas Sociales del Estado.

14 21_MemorialWeb_Respuesta-2025016989RTACONFL(.pdf) NroActua 4 Consideraciones Cundinamarca 15 30_MemorialWeb_Alegatos-20250005600PRONUN(.pdf) NroActua 7 Consideraciones del hospitalRadicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 5 de 36

Hace un recorrido de los cargos que ocupó en el Hospital San José de La Palma, la señora Luz Marina Vega Melo, haciendo énfasis en los periodos de tiempo, así:

Desde el 18 de agosto de 1980 ocupó el cargo de ayudante de servicios odontológicos,

señora Luz Marina Vega Melo, haciendo énfasis en los periodos de tiempo, así:

Desde el 18 de agosto de 1980 ocupó el cargo de ayudante de servicios odontológicos, el 19 de diciembre de 1982 se le hace un nombramiento como cajera y el 1 de junio de 1987 se hace un ascenso al cargo de auxiliar de contabilidad, y finalmente renuncia a partir del 22 de marzo de 1988, señalando que para esos momentos el Hospital San José de La Palma, era una dependencia del extinto Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca.

Más adelante señala que:

[…] atendiendo lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 la entidad del sector salud que debió seguir presupuestando y pagando el pasivo prestacional causado hasta el 31 de diciembre de 1993 hasta tanto no se realice el corte de cuentas, era justamente el SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE CUNDINAMARCA, NIT 99.999.113, o la entidad que lo haya sustituido, para el caso el Departamento de Cundinamarca, y no la ESE Hospital San José De La Palma , quien no tenía vida jurídica para ese momento, tal como se ha reconocido legalmente en el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011.[…]

IV. CONSIDERACIONES

1. La competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conflictos de competencia administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo»; a su vez, el Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales»

Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo»; a su vez, el Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de Competencia Administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […].Radicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 6 de 36

En el mismo sentido, el numeral 10. ° del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, es la siguiente:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, es la siguiente:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de un asunto o actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

En el presente caso, se trata de una actuación administrativa, particular y concreta, toda vez que se refiere a la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Luz Marina Vega Melo, durante el tiempo que laboró en el Hospital San José de la Palma (Cundinamarca), en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 1982 al 21 de marzo de 1988 ii) Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La ESE Hospital San José de La Palma (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca (gobernación), y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, niegan tener competencia para reconocer y pagar el bono pensional de la señora Luz Marina Vega Melo.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente conflicto de competencias se ha configurado efectivamente entre una

administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente conflicto de competencias se ha configurado efectivamente entre una autoridad del orden nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dos entidades del nivel territorial: la ESE Hospital San José de La Palma (Cundinamarca), y el departamento de Cundinamarca.

Por lo anterior, se concluye que la Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 7 de 36

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «[m]ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no cor ren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6. ° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el

autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6. ° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3. ° por el artículo 2. ° de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, por lo tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

16 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 8 de 36

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional generado por el tiempo que la señora Luz Marina Vega Melo laboró en el Hospital San José de La Palma (Cundinamarca), esto es, del 01 de diciembre de 1982 al 21 de marzo de 1988.

El presunto conflicto surge en virtud de la respuesta dada por las entidades involucradas a la petición presentada, en su momento, por Porvenir S.A., respecto de su afiliada Vega Melo en relación al reconocimiento y pago de su bono pensional y a la solicitud presentada ante la Sala, teniendo en cuenta que la ESE Hospital San José de La Palma consideró no ser la competente para pronunciarse sobre reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, señalando como responsable al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al departamento de Cundinamarca.

consideró no ser la competente para pronunciarse sobre reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, señalando como responsable al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al departamento de Cundinamarca.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señala que la señora Vega Melo aparece como beneficiaria retirada, y que ello se traduce en que para estas personas no se calculó una reserva pensional, por cuanto se trataba de un pasivo incierto que solo se hace exigible cuando estas personas acceden a su derecho pensional y que en estos casos la obligación de la Nación y de las Entidades Territoriales de pagar el pasivo descrito nace con la suscripción de los contratos de concurrencia y mientras éstos se suscriben, debe la institución hospitalaria, en calidad de empleador, presupuestar y pagar el mismo.

El departamento de Cundinamarca señala que en el caso de la señora Vega Melo, beneficiaria retirada, no se calculó una reserva pensional para financiar dicho pasivo, por cuanto era incierto, exigible sólo cuando acceda a su derecho pensional por haber acreditado los requisitos para la pensión de vejez, y que estas personas retiradas al 31 de diciembre de 1993, como es el caso de Luz Marina Vega Melo, no los cobija los contratos de concurrencia, y que en estos casos es al empleador Hospital San José de La Palma, la autoridad que le corresponde presupuestar y pagar el mismo.

El Hospital San José de La Palma señala que, antes del 31 de diciembre de 1993 los hospitales públicos desarrollaban su actividad como dependencias de los entes territoriales y eran financiados por el Ministerio de Salud y por los departamentos y municipios, y que para esos momentos el Hospital San José de La Palma era una

hospitales públicos desarrollaban su actividad como dependencias de los entes territoriales y eran financiados por el Ministerio de Salud y por los departamentos y municipios, y que para esos momentos el Hospital San José de La Palma era una dependencia del extinto Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca, que por ello no podría responder por esta obligación y que solo en virtud de la Ley 100 de 1993 fueron creadas las Empresas Sociales del Estado.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 9 de 36

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

(i) Los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. (ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. (iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. (iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. (v) Los bonos pensionales. Reiteración. (vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración17

Decreto Ley 2470 de 196818

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1.º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema19, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y

seccional y territorial (artículo 2°).

Al definir los niveles del sistema19, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

La Ley 9ª de 197320 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 1100103-06-000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001 -03-06-0002019-00041-00, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 18 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 19 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema

regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 20 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00056-00 Página 10 de 36

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para: i) adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público; ii) suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud; iii) dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud; iv) determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las

las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud; iv) determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y v) elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197521

El artículo 1. ° de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por enti