CE - Auto interlocutorio 11001030600020250019000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: E.S.E Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca), departamento de Cundinamarca , Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC) y la Nación – Ministerio

de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La señora Yolima Stella Acosta Torres tiene 58 años de edad, puesto que nació el 22 de marzo de 1967.

2. El 5 de abril de 2022 , la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca) expidió certificación de los tiempos laborados por la señora Yolima Stella Acosta Torres en dicha entidad, desde el 25 de marzo de 1994 hasta 30 de julio de 19943.

expidió certificación de los tiempos laborados por la señora Yolima Stella Acosta Torres en dicha entidad, desde el 25 de marzo de 1994 hasta 30 de julio de 19943.

No obstante, en el mismo certificado refiere que: i) respecto de los aportes a pensión y salud, no obra registro; y ii) que, la «entidad responsable» de dichos aportes es el departamento de Cundinamarca.

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3Samai, Expediente Digital, actuación núm. 004, documento “3_EXPEDIENTEDIGI_3CETIL …”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 2 de 36

3. El 14 de mayo de 2024, Porvenir S.A, solicitó al departamento de Cundinamarca el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Yolima Stella Acosta Torres, por el periodo comprendido entre el 25 de marzo de 1994 hasta 30 de julio de 19944.

4. El 17 de junio del 202 4, el departamento de Cu ndinamarca objetó el reconocimiento y pago del bono pensional por el periodo comprendido entre el 25 de marzo de 1994 hasta 30 de julio de 1994, por cuanto, la solicitante no se encuentra registrada en los formularios del cálculo actuarial del Ministerio de

Salud-CAMISA5.

de marzo de 1994 hasta 30 de julio de 1994, por cuanto, la solicitante no se encuentra registrada en los formularios del cálculo actuarial del Ministerio de Salud-CAMISA5.

5. El 19 de marzo del 2025, Porvenir S.A promovió conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, entre el Hospital San Antonio de Sesquilé, departamento de Cundinamarca y Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, con el fin de que esta autoridad determine cuál es la autoridad responsable «de la emisión y pago del bono pensional [de la señora Yolima Stella Acosta Torres]»6.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3.° por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 176 del 1° de abril de 2025 en la secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, contados desde el 4 al 10 de abril del 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto7. Consta, en informe secretarial del 1° de abril de 2025, que se comunicó el presente conflicto a la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé; al departamento de Cundinamarca; al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica ; a la Sociedad Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías – Porvenir; a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, y a la señora Yolima Stella

Sociedad Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías – Porvenir; a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, y a la señora Yolima Stella Acosta Torres8.

4Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento “2_EXPEDIENTE DIGI_02 …”. 5Samai, Expeidente Digital, actuación núm. 002, documento “6ED_6OBJECIONCC42088745(.pdf)”. 6 Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento «2ED_02DEMANDACONFLICTODE(.pdf)». 7Samai, Expediente digital, 18POR EDICTO_14Edictopdf.pdf 8Samai, Expediente digital, 14ED_15Informecomunicacio.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 3 de 36

En informe secretarial del 21 de febrero de 20259 se precisó que, dentro del término de fijación del edicto , el departamento de Cundinamarca-Secretaría de Salud, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca y la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, en un informe secretarial adicional , del 21 de abril de 2025, se precisó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del d epartamento de

Cundinamarca10

Dentro del término fijado para presentar alegatos y consideraciones, la entidad informó

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del d epartamento de

Cundinamarca10

Dentro del término fijado para presentar alegatos y consideraciones, la entidad informó que, es la responsable de la administración del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud conforme al contrato de concurrencia núm. 204 de 2001, suscrito entre la Nación y el Sector Salud del departamento de Cundinamarca en la vigencia 2001. Posteriormente, se suscribió el Convenio núm. 001 de 2003.

En ese orden, precisó que, de acuerdo con la «Certificación de Beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional y Cumplimiento de Requisitos » emitida el 19 de noviembre de 1998 por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del Ministerio de Salud, el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca no sería responsable de la emisión ni el pago del bono pensional solicitado por la señora Yolima Stella Acosta Torres. Ello debido a que no fue incluida entre los beneficiarios exclusivos del Pasivo Prestacional Sector Salud y de conformidad con el contrato de concurrencia núm. 204 de 2001, suscrito entre el Ministerio de Salud y e l Departamento de Cundinamarca, no está permitido atender pagos distintos a los ahí establecidos.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 11

En escrito del 11 de abril del 2025, solicitó su desvinculación del trámite del conflicto de competencias, al no existir obligación por parte de ese ministerio frente a la pretensión de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Yolima Stella Acosta Torres

competencias, al no existir obligación por parte de ese ministerio frente a la pretensión de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Yolima Stella Acosta Torres por los tiempos laborados en la ahora ESE Hospital San Antonio de Sesquilé. Manifestó que, al no ser beneficiaria de los recursos del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector

9Samai, Expediente digital, 26_AL DESPACHO POR_InformeSecretarialRa.pdf 10Samai, Expediente digital, 020_MemorialWeb202521819373.pdf 11Samai, Expediente digital, 26_MemorialWeb2025421162220.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 4 de 36

Salud, por concepto de pensiones y cesantías, no puede ser beneficiaria de los convenios de concurrencia.

Aclaró que, son los hospitales y/o las entidades de salud las que responden por el pasivo de las personas no incluidas como beneficiarias, de conformidad con el inciso quinto del artículo 242 de la Ley 100 de 1993. Por esa razón, para el ente ministerial es claro que, la obligación de la Nación y las entidades territoriales de pagar el pasivo nace con la suscripción de contratos de concurrencia y , mientras se suscriben, debe la institución hospitalaria, en calidad de empleador, presupuestar y pagar su pasivo prestacional.

Agregó que, en la certificación CETIL se menciona que la institución hospitalaria efectuó aportes a la Caja de Previsión de Cundinamarca, afirmación que, adujo, deberá comprobase, para que dado el caso sea aquella la que concurra con el financiamiento del pasivo. En caso contrario, será la ESE, en su condición de empleadora quien deba

comprobase, para que dado el caso sea aquella la que concurra con el financiamiento del pasivo. En caso contrario, será la ESE, en su condición de empleadora quien deba asumir su pago, ante la omisión oportuna del reporte.

3. Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca

La entidad arguyó que, al revisar los formularios 10, 11 y 18 del Cálculo Actuarial Ministerio de Salud (CAMISA), se encontró que, para el periodo del 25 de marzo de 1994 al 30 de julio de 1994, la señora Acosta Torres no se encuentra inscrita como beneficiaria por parte de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé en la certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, y en consecuencia, su pasivo prestacional no puede ser financiado a través de los contratos de concurrencia.

4. Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca)12

En escrito de abril de 2025, adujo que, el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 estableció la creación del Fondo Prestacional del Sector Salud para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud.

En adición, señaló que, a diciembre de 1993, las ESE no tenían vida jurídica, por tanto, no hicieron descuentos para abonar a estas prestaciones. En ese sentido, adujo que no es competente para efectuar el reconocimiento y pago del pasivo prestacional.

Finalmente, enfatizó que, respecto de la señora Yolima Stella Acosta Torres, le corresponde cubrir el pasivo pensional al departamento de Cundinamarca, a través del fondo de pensiones públicas de Cundinamarca, por virtud de la sustitución pensional

Finalmente, enfatizó que, respecto de la señora Yolima Stella Acosta Torres, le corresponde cubrir el pasivo pensional al departamento de Cundinamarca, a través del fondo de pensiones públicas de Cundinamarca, por virtud de la sustitución pensional derivada de la certificación de beneficiarios del fondo del pasivo prestacional del departamento de Cundinamarca, expedida por el Ministerio de Salud el 19 de noviembre de 1998.

12Samai, Expediente Digital, actuación núm. 002, documento “5ED_053CETILCC19284951pd(.pdf)”.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 5 de 36

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

En virtud del artículo 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales son: i) Que se trate de una actuación o asunto de n aturaleza administrativa, particular y concreta. ii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo. y iii) Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, cual es la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Yolima Stella Acosta

Estos requisitos se encuentran cumplidos en el presente caso, debido a que: (i) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, cual es la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Yolima Stella Acosta Torres, por el periodo de tiempo comprendido entre el 25 de marzo de 1994 hasta el 30 de julio de 1994 durante el cual laboró en el Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca); (ii) las autoridades en conflicto son: del orden nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección de Regulación Económica y del orden territorial, el Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca; y (iii) todas ellas negaron la competencia para resolver de fondo la solicitud.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva13.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos

13 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en

13 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 6 de 36

que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho p ara decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional generado por el tiempo que la señora Yolima Stella Acosta Torres laboró en el Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca) hoy ESE, esto es, entre el 25 de marzo de 1994 hasta 30 de julio de 1994.

El presunto conflicto surge porque el departamento de Cundinamarca , a través de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, consideró no ser la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, señalando como responsable a la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca). Ello debido a que no fue incluida

consideró no ser la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, señalando como responsable a la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca). Ello debido a que no fue incluida entre los beneficiarios exclusivos del Pasivo Prestacional Sector Salud y no está permitido atender pagos distintos a los establecidos en el contrato de concurrencia núm. 204 de 2001, suscrito entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Cundinamarca. Por tal razón, adujo que, quien debe asumir tal obligación es la ESE.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que al no incluirse el pasivo correspondiente de los beneficiarios retirados, son los hospitales y/o las entidades de salud las que respondan por este pasivo, de conformidad con el inciso quinto del artículo 242 de la Ley 100 de 1993.

Por su parte, la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé (Cundinamarca) adujo que el reconocimiento y pago del bono pensional le corresponde al departamento de Cundinamarca a través del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, por virtud de la sustitución pensional derivada de la certificación de beneficiarios del fondo del pasivo prestacional del departamento de Cundinamarca, expedida por el Ministerio de Salud el 19 de noviembre de 1998. En adición, agregó que, a diciembre de 1993, las ESE no tenían vida jurídica y por ende, no recibió recursos para cubrir la seguridad social de la señora Acosta Torres.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 7 de 36

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes

de la señora Acosta Torres.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 7 de 36

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas:

1. Los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud; Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud; Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud; Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Los bonos pensionales; Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.

5. Consideraciones de fondo

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración14

Decreto Ley 2470 de 196815

Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1 .º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2.°).

Al definir los niveles del sistema 16, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado

este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.

14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06-000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001 -03-06-0002019-00041-00, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 15 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 16 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuá les compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 8 de 36

La Ley 9ª de 197317

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para

La Ley 9ª de 197317

La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para: i) adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público; ii) suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros orga nismos del Estado las actividades no específicas del sector salud; iii) dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación d e servicios de salud; iv) determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y v) elaborar el Esta tuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.

De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197518

El artículo 1.° de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad

Decreto Ley 056 de 197518

El artículo 1.° de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y

17 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 18 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 9 de 36

personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten

(artículo 2).

Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de

de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 350 de 197519

Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Es pecial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975. Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud.

19 Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 10 de 36

Decreto Ley 356 de 197520

Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud.

Estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información, personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al sistema nacional de salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema nacional de salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organism os del sistema los proyectos de

una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organism os del sistema los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad reciba aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12). En su junta directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del Jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).

20 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Radicación: 11001-03-06-000-2025-00190-00 Página 11 de 36

Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguían rigiéndose por sus propios estatutos, los cuales debían ser ajustados a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artícul o 14).

Estableció las diferentes categorías de hospitales para la organización de los niveles de