CE - Auto interlocutorio 11001030600020250022900 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001030600020250022900 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero de Estado ponente: John Jairo Morales Alzate
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicación: 11001-03-06-000-2025-00229-00.
Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.
Partes: ESE San Bernardo de Filadelfia (Caldas), departamento de Caldas , Dirección Territorial de Salud de
Caldas y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional, por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública. Reiteración.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
I. ANTECEDENTES3
Con base en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dieron origen al conflicto de competencias:
1. El 10 de febrero de 2023 , la ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas) expidió la certificación CETIL núm. 2023028908022230007400074 de los tiempos laborados por la señora Martha Lucía Arcila en dicha entidad desde el 1º de
expidió la certificación CETIL núm. 2023028908022230007400074 de los tiempos laborados por la señora Martha Lucía Arcila en dicha entidad desde el 1º de septiembre de 1979 hasta el 30 de septiembre de 1981 donde aparece como la entidad responsable de dichos tiempos el Patrimonio Autónomo Dirección Territorial de Salud de Caldas.
1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2025-00220-00 que reposa en SAMAI. 4 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI NÚM. Actuación 2. EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 2 de 33
2. El 4 de octubre de 2023 5, Porvenir S.A. solicitó al Patrimonio Autónomo Dirección Territorial de Salud de Caldas el reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Martha Lucía Arcila.
3. Con oficio DTSC -PAT-1354-10-236 del 10 de octubre de 2023, Colfondos S.A., como representante y vocera del Patrimonio Autónomo de la Dirección Territorial
de la señora Martha Lucía Arcila.
3. Con oficio DTSC -PAT-1354-10-236 del 10 de octubre de 2023, Colfondos S.A., como representante y vocera del Patrimonio Autónomo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, objetó la emisión del bono pensional, aduciendo que la señora Martha Lucía Arcila no es beneficiaria del extinto fondo del pasivo prestacional del sector salud ni se encuentra reportada con vinculación laboral con la ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas), por lo tanto, no fue financiada por el contrato de concurrencia y no le corresponde al Patrimonio Autónomo de Caldas proceder con el reconocimiento y pago.
4. El 14 de diciembre de 2023 7, el departamento de Caldas , a través d el Sistema Interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objetó el reconocimiento y pago del bono pensional solicitado, argumentando que la señora Martha Lucía Arcila no se encontraba incluida en los contratos de concurrencia y, por lo tanto, la entidad responsable era el Hospital.
5. El 2 de septiembre de 2024 8, Porvenir S .A. efectuó consulta a la Dirección de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde le solicitó información tendiente a que le indicara si l a afiliada era beneficiaria del pasivo prestacional salud por concepto de pensiones, o si se ha firmado algún contrato de concurrencia entre las entidades. De acuerdo con la información dada por el DGRESS, se evidencia que por medio de la OBP la señora Martha Lucía Arcila se encuentra como no beneficiaria al 31 de diciembre de 1993.
contrato de concurrencia entre las entidades. De acuerdo con la información dada por el DGRESS, se evidencia que por medio de la OBP la señora Martha Lucía Arcila se encuentra como no beneficiaria al 31 de diciembre de 1993.
6. A través de escrito radicado el 21 de abril de 2025 9, Porvenir S .A. solicitó a esta Sala que se determine la entidad responsable de la emisión y pago del bono pensional tipo A modalidad 2 al que tiene derecho la señora Martha Lucía Arcila, en relación con los tiempos laborados en el antiguo Hospital San Bernardo de
Filadelfia (Caldas).
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado,
5 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI núm. Actuación 2. Subcarpeta EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09 6 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI núm. Actuación 2. Subcarpeta 25ADD5328D801104 0BA7D863AE4E1B49 AB42F1FBA1E12456 F1D407AB2246E143o. 7 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI núm. Actuación 2. Subcarpeta EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09 8 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI núm. Actuación 2. Subcarpeta EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09
8 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI núm. Actuación 2. Subcarpeta EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09 9 ibidemRadicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 3 de 33
en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el día 30 de abril de 2025 se fijó edicto núm. 21510 (del 2 al 8 de mayo d e 2025) en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días hábiles, desde el 2 hasta el 8 de mayo de 2025, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.
Consta, por documento secretarial, que el 3 0 de abril de 202511 se comunicó la actuación, por conducto de la Secretaría de la Sala, a la ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas), a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a Colfondos S.A., representante y vocero del Patrimonio Autónomo Dirección Territorial de Salud de Caldas, al departamento de Caldas, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, a Porvenir S .A., a la doctora Laura Giselle Banoy Becerra, apoderada de Porvenir S.A., y a la señora Martha Lucía Arcila.
Obra informe secretarial del 9 de mayo de 202512, en el que se señala que, dentro del
Giselle Banoy Becerra, apoderada de Porvenir S.A., y a la señora Martha Lucía Arcila.
Obra informe secretarial del 9 de mayo de 202512, en el que se señala que, dentro del término de fijación del edicto, presentaron consideraciones el departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
1. Dirección Territorial de Salud de Caldas
A través de memorial SJ-150 - CU-5007-2025 del 5 de mayo de 2025 13, esta entidad manifiesta:
Así las cosas, además de que no son la Dirección Territorial de Salud de Caldas ni el Patrimonio Autónomo custodiado por delegación, las responsables del bono pensional que pretende la AFP PORVENIR, el asunto impetrado se enmarca en una controversia de tip o netamente económico, y no propiamente de un conflicto de competencias administrativas, razón por la cual, considera esta entidad en principio, que la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de bono pensional realizado por la AF P PORVENIR y relacionado con la señora MARTHA LUCIA ARCILA se encuentra en cabeza del departamento de Caldas en conjunto con la NaciónMinisterio de Hacienda por los periodos desde el 01 de septiembre de 1979 al 30 de septiembre de 1981, por cuanto, son l as entidades responsables del sistema de salud para aquella época, así como también, la entidad territorial posee los recursos y el mecanismos a través de FONPET para financiar pasivos
1979 al 30 de septiembre de 1981, por cuanto, son l as entidades responsables del sistema de salud para aquella época, así como también, la entidad territorial posee los recursos y el mecanismos a través de FONPET para financiar pasivos pensionales causados con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 y no las entidades
10 Consejo de Estado. Expediente Electrónico SAMAI. Núm. Actua ción 4 Subcarpeta
FA2CD822FEFF63F7 62A316B0B7206BC4 AE935E9C14B3E568 DB1CF8E3A0EFB34C
11 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI. Núm. Actuación 2.
Subcareptga: 9F5ED7C2989F7B79 45438F0D3772BED7 D6D8E9E4055E2D59 6FCB8F664B4B3B82 12 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI. Actuación 10. Subcarpeta E811015636E72970
D1F751382FE20F96 5B50CD45105D3186 A4DA36AAB36133A9. 13 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMASI. núm. Actuación7. Subcarpeta 490B471052BD948D 936304C7AA2CB400 EF1B0001D701BDB2 D491E0FA2FDBFD83Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 4 de 33
de salud, que como lo ha señalado el Consejo de Estado, no concurren en el pago de pasivos pensionales. [Mayúsculas en el texto original].
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
de salud, que como lo ha señalado el Consejo de Estado, no concurren en el pago de pasivos pensionales. [Mayúsculas en el texto original].
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esta entidad, mediante oficio 2-2025-027533 del 6 de mayo de 202514, refiere:
1Al Ministerio de Hacienda, no le corresponde el financiamiento del pasivo prestacional de Martha Lucia Arcila identificada con la cédula de ciudadanía No. 24643917 por los tiempos laborados y valores solicitados, ya que estos no son objeto de financiación por parte de los recursos del contrato de la concurrencia, por no haber sido reportados al momento de celebración del contrato, por lo que en los eventos en que no se haya establecido el respectivo acuerdo de concurrencia de que tratan las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, resulta claro que por disposición del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, será la institución de salud correspondiente la que deba asumir la carga prestacional.
2En el presente caso, es la institución hospitalaria la encargada de asumir el pago de la cuota parte pensional objeto de controversia, al establecerse Martha Lucia Arcila identificada con la cédula de ciudadanía No. 24643917 no figura como beneficiaria del pasivo prestacional.
3La ESE Hospital San Bernardo, Filadelfia, Caldas, o en su defecto la entidad territorial, es el llamado a responder por la controversia suscitada por la parte actora.
3. Departamento de Caldas
Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2025 15, esta entidad presentó sus consideraciones aduciendo:
territorial, es el llamado a responder por la controversia suscitada por la parte actora.
3. Departamento de Caldas
Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2025 15, esta entidad presentó sus consideraciones aduciendo:
El Departamento de Caldas no debe responder frente a los periodos laborados por la señora MARTHA LUCIA ARCILA en la E.S.E. Hospital San Bernardo de Filadelfia, toda vez, que el Departamento de Caldas no ha suscrito nuevos contratos de concurrencia, por tanto la obligación sigue siendo de las entidades hospitalarias; pues si bien en principio el pasivo prestacional causado por los servidores del sector salud por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 al 31 de diciembre de 1993, está cubierto en el contrato de concurrencia 0 83 de 2001, dentro del mencionado contrato solo existen reservas presupuestales a favor de las personas certificadas como beneficiarias en calidad de activas o jubiladas a 31 de diciembre de 1993, para bonos pensionales.
De acuerdo a los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como del Consejo de Estado, existe un requisito sine qua non para que tanto la Nación
14 Consejo de Estado. Expediente Electrónico SAMAI. Actuación 5. Subcarpeta: 2B9DCEA2BB7E5C44 9B8D5B50E4A46C52 E44D841DC99F5E50 6DA16A3FD7674D45 15 23_MemorialWeb_Respuesta-2025011CONSIDERACI(.pdf) NroActua 8 Consideraciones departamento de CaldasRadicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 5 de 33
15 23_MemorialWeb_Respuesta-2025011CONSIDERACI(.pdf) NroActua 8 Consideraciones departamento de CaldasRadicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 5 de 33
como la entidad territorial financien ese pasivo, y es el hecho de que la persona debe haber sido reconocida como beneficiaria, y en el presente caso la señora MARTHA LUCIA ARCIAL, NO fue reconocida como beneficiaria del convenio de concurrencia.
[…]
Y en este punto, cabe formular la siguiente pregunta: ¿qué sucede con la persona que tiene derecho a ser beneficiada con los recursos del Fondo pero cuya prestación no ha sido cubierta por el respectivo contrato de concurrencia? La cuestión planteada concierne al eje central de la presente controversia, en la medida en que la imposibilidad en la emisión y pago del bono al que tiene derecho la actora radica en la falta de definición de la entidad cuotapartista que debe asumir el pago por los tiempos laborados en las instituciones de salud, lo que sin duda ocasiona la vulneración de sus derechos fundamentales.
La respuesta, entonces, se encuentra en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el cual dispuso que las entidades del sector salud deberían seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas y se establezca la concurrencia de cada entidad territorial. [Mayúsculas en el texto original].
Así mismo, esta entidad territorial propuso como excepciones el hecho de que el Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas) no hubiese reportado como beneficiaria a la señora Martha Lucía Arcila, la falta de legitimación en la causa por pasiva, el cobro
Así mismo, esta entidad territorial propuso como excepciones el hecho de que el Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas) no hubiese reportado como beneficiaria a la señora Martha Lucía Arcila, la falta de legitimación en la causa por pasiva, el cobro de lo no debido y la prescripción.
4. ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas)
Esta entidad hospitalaria no presentó consideraciones; sin embargo, el 10 de febrero de 2023 expidió la certificación CETIL núm. 20230289080222300074000716 de los tiempos laborados por la señora Martha Lucía Arcila en dicha entidad desde el 1º de septiembre de 1979 hasta el 30 de septiembre de 1981 donde aparece como la entidad responsable de dichos tiempos el Patrimonio Autónomo Dirección Territorial de Salud de Caldas.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa
De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de
16 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI NÚM. Actuación 2. EC15CF6618C9B42F
se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de
16 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI NÚM. Actuación 2. EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 6 de 33
un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.
En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) una de las autoridades en conflicto, esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Martha Lucía Arcila por el tiempo que laboró para el antiguo Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas); y iii) todas las autoridades negaron la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar con la actuación administrativa.
2. Términos legales
El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva17.
3. Aclaración previa
competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva17.
3. Aclaración previa
La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.
Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.
4. Problema jurídico y síntesis del conflicto
De conformidad con los antecedentes relacionado s en el presente asunto , le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional en favor de la señora Martha Lucía Arcila , correspondiente al periodo laborado en el antiguo Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas), comprendido entre el 1º de septiembre de 1979 y el 30 de septiembre de 1981.
17 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 7 de 33
2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 7 de 33
La ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas) expidió el 10 de febrero de 2023 la certificación CETIL núm. 20230289080222300074000718 de los tiempos laborados por la señora Martha Lucía Arcila en dicha entidad desde el 1º de septiembre de 1979 hasta el 30 de septiembre de 1981 , donde aparece como la entidad responsable de dichos tiempos el Patrimonio Autónomo Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Por su parte, el departamento de Caldas indica que la ESE Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas) no incluyó a Martha Lucía Arcila dentro de los beneficiarios del Fondo de Pasivo Prestacional del Sector Salud en el convenio de concurrencia 083 de 2001, y, por no haber sido reportada como beneficiaria , los periodos de controversia deben ser asumidos por la entidad hospitalaria.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aduce que no le corresponde el financiamiento del pasivo prestacional de Martha Luc ía Arcila por los tiempos laborados y valores solicitados, toda vez que estos no son objeto de financiación por parte de los recursos del contrato de la concurrencia, por no haber sido reportados al momento de celebración del contrato, por lo que en los eve ntos en que no se haya establecido el respectivo acuerdo de concurrencia de que tratan las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, resulta claro que por disposición del artículo 242 de la Ley 100 de 1993,
establecido el respectivo acuerdo de concurrencia de que tratan las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, resulta claro que por disposición del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, será la institución de salud correspondiente la que deba asumir la carga prestacional.
La Dirección Territorial de Salud de Caldas señala que la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de bono pensional realizado por Porvenir S.A. y relacionado con la señora Martha Lucía Arcila se encuentra en cabeza del departamento de Caldas, en conjunto con la NaciónMinisterio de Hacienda, por los periodos desde el 1 º de septiembre de 1979 al 30 de septiembre de 1981, por cuanto, son las entidades responsables del Sistema de Salud para aquella época, así como también, la entidad territorial posee los recursos y el mecanismos a través de FONPET, las encargadas de financiar pasivos pensionales causados con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 y no las entidades de salud, que como lo ha señalado el Consejo de Estado, no concurren en el pago de pasivos pensionales.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:
- Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración. ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración. iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración. v) Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.
18 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI NÚM. Actuación 2. EC15CF6618C9B42F
- Los bonos pensionales. Reiteración. vi) Análisis del caso concreto.
18 Consejo de Estado. Expediente electrónico SAMAI NÚM. Actuación 2. EC15CF6618C9B42F 1C6BE0CC37943A88 437623A089380D1D 75C2BAC117340D09Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 8 de 33
5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas
5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración19
- Decreto Ley 2470 de 196820
Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º). Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y territorial (artículo 2°).
Al definir los niveles del sistema 21, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción.
- La Ley 9ª de 197322
La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:
- adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que
reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En concreto, dichas facultades se otorgaron para:
- adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público;
- suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud;
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 19 de noviembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00609-00; decisión del 13 de diciembre de 2022, con radicado 1100103-06-000-2022-00098-00; decisión del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001-03-06-000-201900041-00, decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213-00. 20 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 21 Decreto Ley 2470 de 1968. Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar,
los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artíc ulo 5º. El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 22 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 9 de 33
- dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud;
- determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y
- elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los empleados oficiales que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.
De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los
prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.
De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación:
- Decreto Ley 056 de 197523
El artículo 1º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».
Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).
Igualmente, definió, para efectos del Sistema Nacional de Salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2).
Indicó que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas
asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales».
También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como
23 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Radicación núm.:11001-03-06-000-2025-00229-00 Página 10 de 33
dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10).
Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).
A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la polí
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