CE - Auto interlocutorio 11001030600020250025300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2025

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00253-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira ) y Comisión Seccional de Disciplina

Judicial de Risaralda.

Asunto: autoridad competente para conocer de una actuación disciplinaria contra un profesional del derecho vinculado a un municipio mediante contrato de prestación de servicios.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1 modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021 2, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del conflicto de competencia son los siguientes:

1. El 10 de noviembre de 2021, mediante derecho de petición, el señor J.C.A.R., la señora L .M.F.S. y 21 personas más solicitaron a la Procuraduría General de la Nación iniciar investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios del municipio de La Virginia (Risaralda), a saber, H.J.V.M. (alcalde), J.A.M.H. (alcaldesa encargada), R.A.R. (gerente del matadero municipal ), L.R.R.Q. (contratista de la

municipio de La Virginia (Risaralda), a saber, H.J.V.M. (alcalde), J.A.M.H. (alcaldesa encargada), R.A.R. (gerente del matadero municipal ), L.R.R.Q. (contratista de la dirección de infraestructura y gestión del riesgo ), J .B.C. (director técnico de infraestructura y gestión del riesgo), E.R.M. (asesor jurídico), J.J.A.C. (secretario de gobierno), L .E.V. (contratista de la secretaría de desarrollo económico y

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relat a en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250025300 que reposa en SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 2 de 22

competitividad-administradora de la plaza de mercado), D .M.O. (secretario de turismo), A.S. (capitán de la policía), entre otros. La queja se fundamentó en que, presuntamente los funcionarios referidos, el 24 de agosto de 2021, adelantaron el desalojo y demolición de los locales de la plaza de mercado de forma abrupta y violenta, recogiendo la mercancía sin realizar ningún tipo de inventario y destruyendo mobiliario que se encontraba en buen estado, todo lo cual pertenecía a los comerciantes que laboraban en dichos locales.

mercado de forma abrupta y violenta, recogiendo la mercancía sin realizar ningún tipo de inventario y destruyendo mobiliario que se encontraba en buen estado, todo lo cual pertenecía a los comerciantes que laboraban en dichos locales.

2. El 27 de mayo de 2022, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) abrió investigación disciplinaria en contra de los señores H.J.V.M., J.A.M.H., R.A.R., L.R.R.Q., J.B.C., E.R.M., J.J.A.C., L.E.V. y D.M.O., en sus respectivas calidades, y asignó a dicho trámite el radicado IUS-E: 2022-142655

IUC-D: 2022-2337557.

Respecto de la actuación disciplinaria a que hubiere lugar en contra del señor A.S., capitán de la policía del municipio de La Virginia (Risaralda), decidió remitir por competencia el asunto a la Procuraduría Regional de Risaralda , sin efectuar ninguna consideración al respecto.

3. El 5 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) ordenó el cierre de la investigación disciplinaria IUS-E: 2022142655 IUC -D: 2022 -2337557, adelantada en contra de los señores H.J.V.M., J.A.M.H., R.A.R., L.R.R.Q., J.B.C., E.R.M., J.J.A.C., L.E. V. y D.M.O. y, corrió traslado del expediente para que los sujetos procesales emitieran sus alegatos precalificatorios.

4. El 25 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de

traslado del expediente para que los sujetos procesales emitieran sus alegatos precalificatorios.

4. El 25 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) declaró la terminación de la actuación disciplinaria IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557, seguida en contra de los señores H.J.V.M., J.A.M.H., R.A.R., L.R .R.Q., J.B.C., E.R.M., J.J.A.C., L.E.V. y D.M.O. , y, en consecuencia, ordenó el archivo definitivo del expediente de los referidos señores4.

5. Ahora bien, respecto del señor E .R.M., asesor jurídico, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) resolvió expedir copias de su expediente con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda,

4 Ello, con fundamento en varias razones, de las cuales la procuraduría resalta las siguientes: i) para el momento en el que se ejecutó el procedimiento de desalojo eran pocas las casetas, - aproximadamente 16 -, cuyos poseedores se negaban a entregar, puesto que, la mayoría (100 casetas) ya habían sido entregadas de forma voluntaria al municipio ii) la administración municipal s e encontraba frente a una situación apremiante, esto es, la posible pérdida de recursos asignados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y, iii) la diligencia de desalojo y demolición se realizó en cumplimiento de lo ordenado e n el Decreto 115 del 23 de agosto de 2021.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 3 de 22

1. la diligencia de desalojo y demolición se realizó en cumplimiento de lo ordenado e n el Decreto 115 del 23 de agosto de 2021.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 3 de 22

para que, si encontraba mérito, continuara con la actuación cont ra el referido profesional del derecho.

Lo anotado, con fundamento en que, el señor E.R.M. no era un sujeto disciplinable por la procuraduría, ya que, el objeto de su contrato de prestación de servicios con el municipio de La Virginia (Risaralda) consistía en el asesoramiento jurídico , representación judicial y extrajudicial de la entidad municipal.

6. El 14 de febrero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda declaró su falta de competencia para conocer del asunto y, ordenó la devolución del expediente del señor E.R.M. a la Procuraduría General de la Nación

(Provincial de Instrucción de Pereira), porque en su análisis, la materia denunciada tiene relación con las presunta s irregularidades cometidas en el marco del cumplimiento del contrato celebrado con el municipio de La Virginia (Risaralda), y no con el ejercicio de la profesión de abogado y su correlación frente a los deberes contemplados en la Ley 1123 de 2007.

Manifestó a la procuraduría que, de no estar de acuerdo con el criterio aplicado, formulara conflicto negativo de competencias administrativas.

7. El 7 de abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) declaró el conflicto de competencias administrativas

formulara conflicto negativo de competencias administrativas.

7. El 7 de abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) declaró el conflicto de competencias administrativas planteado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y ordenó la remisión del expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para la resolución del asunto.

II. ACTUACIÓN PROCESAL5

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3º, por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 239 del 14 de mayo de 2025, por el término de 5 días hábiles en la secretaría de la Sala, es decir, entre el 16 y el 22 de mayo de 2025, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

En el expediente consta, según informe secretarial del 14 de mayo de 2025, que se comunicó la presentación del conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda , mientras que, la comunicación del disciplinado se dejó a consideración del despacho ponente, de conformidad a la reserva legal de las actuaciones disciplinarias contemplada en el art ículo 115 de la Ley 1952 de 2019.

5 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al

las actuaciones disciplinarias contemplada en el art ículo 115 de la Ley 1952 de 2019.

5 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250025300 que reposa en SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 4 de 22

De acuerdo con informe secretarial del 23 de mayo de 2025, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante auto del 23 de julio de 2025, el despacho ponente solicitó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira allegar documentos. De igual forma, solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda el envío de sus consideraciones o alegatos sobre el asunto puesto a consideración de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Según informe secretarial del 1° de agosto de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira allegó la documentación requerida. No obstante, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda guardó silencio.

Revisada la totalidad de los documentos que integran el expediente de la actuación disciplinaria sobre la cual versa el presente trámite , y, de conformidad con lo previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley 1952 de 2019, y en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de

con lo previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley 1952 de 2019, y en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, el despacho ponente consideró necesario comunicar la existencia del trámite del conflicto de competencias al señor E.R.M., en su condición de sujeto procesalinvestigadodentro del proceso disciplinario IUS-E: 2022 -142655 IUC-D: 20222337557. Lo anterior, fue ordenado en auto para mejor proveer del 23 de septiembre de 2025.

Ahora bien, revisados los documentos del expediente no se encontró el pliego de cargos o providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación 6, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva para el quejoso.

Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»7, el despacho ponente determinó que la comunicación del presente asunto a los quejosos se realice a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse contra el señor E.R.M., en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Se reitera, en atención a la reserva de dicho procedimiento disciplinario.

Mediante informe secretarial del 2 de octubre, se informó al despacho que el señor E.R.M. emitió sus consideraciones en este trámite.

6 Artículo 115, Ley 1952 de 2019.

Mediante informe secretarial del 2 de octubre, se informó al despacho que el señor E.R.M. emitió sus consideraciones en este trámite.

6 Artículo 115, Ley 1952 de 2019. 7 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 5 de 22

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES Y DE TERCEROS

INTERVINIENTES 8

1. Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda)

Mediante escrito del 20 de mayo de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda) indicó que al revisar el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre el señor E.R.M. y el municipio de La Virginia (Risaralda), se verificó que el objeto contractual consistió en:

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la entidad en el fortalecimiento a los procesos, asesorías jurídicas y representación judicial, extrajudicial y acompañamiento jurídico integral al señor alcalde, Secretarios de Despacho y funcionarios en general de la administración central municipal, en temas relacionados con el desarrollo y administración del Municipio de La Virginia, Risaralda.

De ello concluye que, el municipio de La Virginia (Risaralda) requirió los servicios del señor E.R.M. para ejercer , mediante contrato de prestación de servicios su profesión de abogado , a través de asesorías jurídicas, para el caso particular, en «la ejecución de un procedimiento de desalojo y demolición de los locales que, para

del señor E.R.M. para ejercer , mediante contrato de prestación de servicios su profesión de abogado , a través de asesorías jurídicas, para el caso particular, en «la ejecución de un procedimiento de desalojo y demolición de los locales que, para el 24 de agosto de 2021, aún estaban en pie en la plaza de mercado de esa municipalidad».

Para fundamentar lo anterior, trajo a colación la Sentencia C -899 de 2011 de la Corte Constitucional y transcribió lo siguiente:

[…] Para la Sala es clar o que independientemente de la relación que una persona pueda tener con el Estado, bien como servidor público bien como particular en ejercicio de función administrativa y las responsabilidades que por esa especial sujeción puedan surgir, aquella debe responder por la forma como ejerce su actividad profesional si esta es la razón de su vínculo con el ente estatal, no entenderlo así, sería entronizar un trato discriminatorio entre los individuos que ejercen una determinada profesión u oficio, en desmedro del derecho a la igualdad que consagra el artículo 13 constitucional, por cuanto algunos individuos por razón de su relación con el Estado y pese a estar desplegando o desarrollando su profesión, quedarían excluidos de ser investigados y sancionados por su incorrecto ejercicio […].

En ese sentido, manifestó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para determinar si el señor E.R.M. incurrió en alguna falta disciplinaria en ejercicio de su profesión de abogado.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda

8 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al

alguna falta disciplinaria en ejercicio de su profesión de abogado.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda

8 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250025300 que reposa en SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 6 de 22

Esta autoridad no presentó alegatos ni consideraciones en el trámite adelantado por esta Sala. No obstante, su posición en torno a la competencia en el presente asunto se encuentra en el auto del 14 de marzo de 2025, en el cual indicó que «la situación planteada en el asunto tiene más relación con las presuntas irregularidades cometidas por el denunciado en el cumplimiento de un contrato que lo ata a la entidad pública» pero no con el ejercicio de la profesión y su correlación con el incumplimiento de deberes contenidos en la Ley 1123 de 2007 (artículos 19 y 4°).

Así, consideró que la competencia para conocer la investigación disciplinaria mencionada recae en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira.

3. E.R.M.- investigado

Mediante escrito sin fecha, allegado al despacho el 2 de octubre de 2025, el disciplinado manifestó que, por su condición de contratista no es sujeto disciplinable por la Procuraduría, toda vez que, para el momento de los hechos, no ejercía funciones públicas , ni de forma permanente ni de forma transitoria , y tampoco manejaba recursos públicos, los cuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, son requisitos para ser sujeto disciplinable por dicho ente de control.

funciones públicas , ni de forma permanente ni de forma transitoria , y tampoco manejaba recursos públicos, los cuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, son requisitos para ser sujeto disciplinable por dicho ente de control.

Concluyó que, el juez natural para que investigue sus actuaciones, es el «Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias, suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio, debido a que las partes de este proceso, esto es, la Procuraduría General de la Nación (Provincial de Instrucción de Pereira) y la Comisión Seccional de Disciplina Judici al de Risaralda , no tienen un superior común, dado que son autoridades del orden nacional, autónomas e independientes.

En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA y, en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 7 de 22

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011,

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 º y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos por cuanto: i) la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda son autoridades del orden nacional ; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con la actuación disciplinaria IUS-E: 2022 -142655 IUC -D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor E.R.M.; y iii) las autoridades involucradas han negado, sucesivamente, su competencia para adelantar o continuar con la actuación correspondiente.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las

en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa

La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este s entido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la

9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 8 de 22

autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor E.R.M., abogado vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda), para prestar servicios de asesoría jurídica.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira señaló que la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, pues el municipio de La Virginia (Risaralda) requirió los servicios del señor E.R.M. para ejercer , mediante contrato de prestación de servicios, su profesión de abogado.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda manifestó que la competencia recae en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira , debido a que el actuar del señor E.R.M. se relaciona con el cumpl imiento de un contrato de prestación de servicios más no con el ejercicio de la profesión.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas. Reiteración; ii) Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas .

Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los abogados en ejercicio. Reiteración; iv) El principio de non bis in idem. Reiteración. v) Caso concreto

Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los abogados en ejercicio. Reiteración; iv) El principio de non bis in idem. Reiteración. v) Caso concreto

5. Análisis normativo y consideraciones jurídicas

5.1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas. Reiteración10

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00, y, decisión del 22 de abril de 2024, radica ción 11001-03-06-0002024-00042-00.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 9 de 22

Los artículos 69 y 70 de Ley 1952 de 2019 «[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario […] » señalan el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de los particulares, así:

ARTÍCULO 69. NORMAS APLICABLES. El régimen d isciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.

ARTÍCULO 70. SUJETOS DISCI PLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión

ARTÍCULO 70. SUJETOS DISCI PLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Direc tiva, según el caso. [Resalta la Sala]

De acuerdo con las disposiciones transcritas, es dable concluir que son sujetos disciplinables por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Ahora, los artículos 91 y 92, ibidem, este último modificado por el artículo 13 de la

disciplinables por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria.

Ahora, los artículos 91 y 92, ibidem, este último modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 , señalan los factores que determinan la competencia en el régimen disciplinario para los particulares, así:

ARTÍCULO 91. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 10 de 22

En los casos en que resu lte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuradur ía General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este

elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexa s intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable. [Resalta la Sala].

Es decir, de conformidad con el Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación.

5.2. Contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas . Reiteración11.

El contrato de prestación de servicios es uno de los contratos estatales que define la Ley 80 de 199312 en el artículo 32, numeral 3º, así:

11Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00.

11Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00. 12 Ley 80 de 1993 (octubre 28) “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00253-00 Página 11 de 22

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]

3o. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades