CE - Auto interlocutorio 11001030600020250046700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00467-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

(Cundinamarca), departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de Cundinamarca y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: autoridad administrativa competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.

Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 1 modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al conflicto:

1. La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), en calidad de entidad certificadora, expidió la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL núm. 202412860020094000990003 del 28 de diciembre de 2024, correspondiente a la señora Sonia Isabel Wilches Hernández, en la que indicó: i) que

laborados CETIL núm. 202412860020094000990003 del 28 de diciembre de 2024, correspondiente a la señora Sonia Isabel Wilches Hernández, en la que indicó: i) que estuvo vinculada como «Médico Servicio Social Obligatorio » de esa institución en el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 1986 y el 31 de julio de 1987; ii) que no se efectuaron los respectivos descuentos por concepto de seguridad social ; y iii) que la entidad responsable por dicho período es el departamento de Cundinamarca.

2. El 12 de agosto de 2025, mediante oficio HNSC-G2025-178 dirigido a Colfondos SA, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) declaró su falta de competencia para el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto 11001030600020250046700 que reposa en SAMAI.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 2 de 20

Sonia Isabel Wilches Hernández y manifestó que la entidad responsable del mismo es el departamento de Cundinamarca.

3. El 10 de septiembre de 2025, en respuesta a la petición elevada por Colfondos4 SA,

Sonia Isabel Wilches Hernández y manifestó que la entidad responsable del mismo es el departamento de Cundinamarca.

3. El 10 de septiembre de 2025, en respuesta a la petición elevada por Colfondos4 SA, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que la señora Wilches Hernández quedó inscrita en calidad de beneficiaria retirada del pasivo prestacional del sector salud, y que, al no haberse suscrito contrato de concurrencia para financiar el pasivo del personal retirado de las entidades hospitalarias, corresponde a l empleador, en este caso, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

(Cundinamarca) atender la solicitud de bono pensional en favor de la solicitante.

4. A través de escrito de junio de 2025, Colfondos SA propuso conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, con la finalidad de determinar la autoridad competente para reconocer y pagar el bono pensional de la

señora Sonia Isabel Wilches Hernández.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó, en la Secretaría de la Sala, el edicto 433 del 7 de octubre de 2025, por el término de cinco días hábiles (desde el 9 hasta el 16 de octubre de 2025) , con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 7 de octubre de 202 5, la Secretaría de la Sala comunicó la

involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 7 de octubre de 202 5, la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del conflicto de competencias administrativas de la referencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección de Regulación Económica) , al departamento de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca (UAEPC) , a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), a Colfondos SA, a su apoderado Juan Fernando Granados Toro y a la señora Sonia Isabel Wilches Hernández.

De acuerdo con informe secretarial de fecha 17 de octubre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de Cundinamarca (UAEPC) presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público5

4 Documento «1_110010306000202500467002DemandaWeb202510715656» 5 Documento «10_110010306000202500467002MemorialWeb20251015192936» Recibe memoriales onlineConflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 3 de 20

En escrito del 15 de octubre de 2025, m anifestó no tener obligaciones pensionales

onlineConflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 3 de 20

En escrito del 15 de octubre de 2025, m anifestó no tener obligaciones pensionales frente a la señora Sonia Isabel Wilches Hernández , dado que no ostenta calidad de empleador ni de administrador de pensiones.

Indicó que la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado no implica la creación de una nueva persona jurídica , y por lo tanto estos no pueden desconocer los derechos laborales de sus trabajadores y extrabajadores. Por lo anterior, expone que en virtud del artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, en armonía con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) deberá seguir presupuestando y pagando el pasivo de sus trabajadores y extrabajadores «hasta tanto no se termine el corte de cuentas y se suscriba el convenio de concurrencia».

2. Departamento de Cundinamarca6

En escrito del 15 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud del departamento de Cundinamarca indicó que la señora Sonia Isabel Wilches Hernández fue reportada como «beneficiario retirado», y, que para este caso no se calculó una reserva pensional a fin de financiar el pasivo.

Manifestó que en virtud de lo previsto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), en su calidad de entidad empleadora , debe presupuestar y pagar el bono pensional en favor de la señora Wilches Hernández, mientras se suscriben nuevos convenios de concurrencia

Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), en su calidad de entidad empleadora , debe presupuestar y pagar el bono pensional en favor de la señora Wilches Hernández, mientras se suscriben nuevos convenios de concurrencia en los que se incluya a los extrabajadores reportados como retirados.

3. ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca)7

En comunicación de fecha 15 de octubre de 2025, expresó que adquirió personería jurídica a partir de la Ordenanza 243 del 15 de octubre de 2008 y que, con anterioridad a esa fecha, funcionaba como una dependencia del entonces Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca. En consecuencia, consideró no estar llamada a asumir las obligaciones previstas en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para la época en que la señora Sonia Isabel Wilches Hernández prestó sus servicios, esa institución de salud era una dependencia del departamento de Cundinamarca.

4. Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de

Cundinamarca (UAEPC)8

Manifestó que, el convenio de sustitución pensional número 001 de 2003, destinado a la administración y al pago del pasivo pensional a favor de los beneficiarios exclusivos del sector salud, no financió ni entregó recursos para el pago de la deuda del personal retirado a 31 de diciembre de 1993 o no registrado en dicho instrumento contractual.

6 Documento «11_110010306000202500467002MemorialWeb20251015204158» Recibe memoriales online 7 Documento «14_110010306000202500467002MemorialWeb2025101614442» Recibe memoriales online

6 Documento «11_110010306000202500467002MemorialWeb20251015204158» Recibe memoriales online 7 Documento «14_110010306000202500467002MemorialWeb2025101614442» Recibe memoriales online 8 Documento «17_110010306000202500467002MemorialWeb20251016181026» Recibe memoriales onlineConflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 4 de 20

Agregó que, el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, como administrador de los recursos entregados con fundamento en el contrato de concurrencia número 204 de 2001 suscrito entre el Ministerio de Salud y el departamento de Cundinamarca, no permite atender pagos distintos a los allí establecidos.

Indicó que, solo hasta el momento en que se realice el recálculo de la deuda «y se sitúen los recursos adicionales en este fondo de pensiones», se podrían asumir nuevas obligaciones que incluyan el pago del pasivo pensional al personal retirado de las entidades hospitalarias.

Manifestó que, si bien las empresas sociales del Estado no existían como tales antes de la Ley 100 de 1993, eran instituciones hospitalarias que prestaban servicios de salud, por lo cual, su transformación conllev a que sus activos sean utilizados para respaldar sus pasivos y , por consiguiente, asumir las obligaciones adquiridas por el antiguo hospital.

IV. CONSIDERACIONES

1. La competencia de la Sala en el caso concreto

De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021,

De conformidad con lo previsto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asun to de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos toda vez que: i) una de las autoridades en conflicto es del orden nacional; esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; las otras entidades son del orden territorial, esto es la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), el departamento de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, relacionada con la solicitud de reconocimiento del bono pensional de la señora Sonia Isabel Wilches Hernández, por el período comprendido entre el 1° de agosto de 1986 y el 31 de julio de 1987; y iii) las autoridades involucradas han negado la competencia, sucesivamente, para adelantar o continuar la actuación correspondiente.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer del presente asunto.

2. Términos legales

sucesivamente, para adelantar o continuar la actuación correspondiente.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer del presente asunto.

2. Términos legales

El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, losConflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 5 de 20

cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva9.

3. Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.

Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

De conformidad con los antecedentes relacionados en el presente asunto, corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Sonia Isabel Wilches Hernández, por el período laborado en el Hospital Nuestra Señora del Carmen

corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Sonia Isabel Wilches Hernández, por el período laborado en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca), hoy ESE, comprendido entre el 1° de agosto de 1986 y el 31 de julio de 1987.

El conflicto surge porque la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio , consideró no ser la autoridad competente para atender la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Wilches Hernández, bajo el argumento que, las deudas por concepto de pasivo prestacional y pensional del sector salud no deben imputarse a esa autoridad, por cuanto, para la fecha en que la solicitante laboró en ella, tal institución no tenía personería jurídica y dependía del departamento de Cundinamarca.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público alegó que, al no haberse suscrito convenio de concurrencia para financiar el pasivo del personal retirado de las instituciones hospitalarias, le corresponde al Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio, en calidad de empleador, presupuestar y pagar el bono pensional a favor de la señora Sonia Isabel Wilches Hernández.

A su turno, e l departamento de Cundinamarca alegó no ser competente, por cuanto, dada la calidad de retirada que tiene la señora Wilches Hernández y en aplicación de lo preceptuado en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 , corresponde a la entidad hospitalaria presupuestar y pagar el bono pensional de la solicitante.

Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de

lo preceptuado en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 , corresponde a la entidad hospitalaria presupuestar y pagar el bono pensional de la solicitante.

Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de l departamento de Cundinamarca indicó que, aunque antes de la Ley 100 de 1993 las empresas sociales

9 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Conflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 6 de 20

del Estado no existían, los hospitales ya funcionaban y por ende sus activos deben respaldar los pasivos previos, de modo que, en la actualidad corresponde a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio (Cundinamarca) asumir las obligaciones adquiridas antes de su transformación en empresa social del Estado.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas10:

1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. ii) El proceso de descentralización del sector salud. iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. iv) Conclusiones del recuento normativo. v) Análisis del caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 11, y

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud fue definido por el Decreto Ley 2470 de 1968 11, y mediante la Ley 9ª de 1973 12, el Legislador le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para, entre otras, adscribir o vincular a dicho Sistema las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica, y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público. De igual forma, en ejercicio de tales facultades, fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056 y 356, ambos de 1975, que se sintetizan a continuación:

Decreto Ley 056 de 197513

El artículo 1° de este decreto definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».

10 La Sala, en decisiones anteriores (decisión del 28 de mayo de 2025, radicado núm. 11001-03-06-0002025-00187-00; decisión del 2 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00257-00, y decisión del 2 3 de julio de 2025 , radicado núm. 11001 -03-06-000-2025-00299-00) realizó un análisis exhaustivo sobre aspectos jurídicos de asuntos similares al que se estudia en el presente conflicto , en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud , el

exhaustivo sobre aspectos jurídicos de asuntos similares al que se estudia en el presente conflicto , en el que examinó de manera detallada los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud , el proceso de descentralización del sector salud , las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional, y los bonos pensionales. En consecuencia, los aspectos aquí debatidos pueden consultarse con mayor amplitud en tales decisiones, que recogen el análisis normativo y los criterios que la Sala ha venido consolidando en esta materia. 11 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 12 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes». 13 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto -ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 7 de 20

Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4), y dispuso la adscripción a la misma de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud,

de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5).

Indicó, en su artículo 2º, que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala].

También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9). Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respect ivo servicio seccional de salud (artículo 10).

Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).

A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales

programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud ; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).

Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional.

Decreto Ley 356 de 197514

Este decreto estableció que las entidades de derecho público que presten servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al Sistema Nacional de Salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).

14 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), « Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud».Conflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 8 de 20

Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel, las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).

De otro lado, también reafirmó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al Sistema Nacional de Salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).

Asimismo, este decreto prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19).

Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).

5.2. El proceso de descentralización del sector salud

Ahora bien, como lo señaló la Sala15, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 199016 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras disposiciones, ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para

10 de 199016 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, y, entre otras disposiciones, ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º).

También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 16 Ley 10 de 1990 (enero 10) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». // Artículo 52. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y toda s las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera

aplicarán al Ministerio de Sal ud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley .Conflicto 11001-03-06-000-2025-00467-00 Página 9 de 20

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993 17 que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, y en especial, adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del nivel territorial en materia salarial y prestacional, y estableció un mec anismo para identificar el pasivo prestacional del sector salud y definir las responsabilidades que asumirían la Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago.

5.3. Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud

Ley 60 de 1993

Esta disposición creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud 18 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con el fin de garantizar el pago del pasivo prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

En su artículo 33 dispuso, entre otros aspectos, que el Gobierno nacional, por medio de reglamento, establecería la forma en que la Nación y las entidades territoriales concurrirían al pago del pasivo pensional.

Ley 100 de 199319

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social para «garantizar la

concurrirían al pago del pasivo pensional.

Ley 100 de 199319

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social para «garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios» y se refirió al sector salud y al fondo del pasivo, en el artículo 242, en los siguientes términos:

Artículo 242. FONDO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD. El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.

El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de esta Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en esta, será asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que establece la misma Ley.

A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.

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