CE - Auto interlocutorio 11001031500020220220700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 6 ESPECIAL DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas Autoridad: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA DECISIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – procedencia restringida a aquellas que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular en ejercicio del cargo, o cuando, pese a no estar en el desempeño de sus funciones, se les limite n sus derechos políticos. SENTENCIA C -030 de 2023 – declara inexequibles las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y les devuelve la naturaleza administrativa a sus decisiones. AUTO DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – fija reglas sobre la procedencia y el trámite del recurso extraordinario de revisión formulado contra decisiones de la Procuraduría General de la Nación. AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO – la decisión objeto de revisión afecta el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos.

AUTO QUE SANEA EL PROCESO Y NO AVOCA CONOCIMIENTO

El Despacho procede a efectuar el control de legalidad de que trata el artículo 207

la decisión objeto de revisión afecta el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos.

AUTO QUE SANEA EL PROCESO Y NO AVOCA CONOCIMIENTO

El Despacho procede a efectuar el control de legalidad de que trata el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA) y a adoptar las medidas de saneamiento del caso, en los términos de las reglas de u nificación fijadas en el auto proferido el 3 de diciembre de 2024 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

I. ANTECEDENTES

1. El proceso disciplinario en el que se profirió la decisión objeto de revisión

1.1. El 12 de marzo de 2018, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia rindió informe sobre el cumplimiento del artículo 4º de la Ley 581 de 2000 por parte de las entidades públicas. Sobre el particular, señaló que la Alcaldía Municipal de Soacha era uno de los entes que no acataba lo establecido en dicha norma, toda vez que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio no estaban ocupados por mujeres1.

1 Informe del 12 de marzo de 2018, junto con sus anexos, documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificado D438FE75153C00FD 5C8D320B87C7A0EF 081217B01BC8CA2E

2B4D286A8867B3A2, ubicado en el índice 38 de SAMAI, archivo “Cuaderno 1 Folio 1 a l 312”, páginas 4 a 32.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

2

1.2. El 5 de febrero de 2019, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá inició indagación preliminar en contra de Eleazar González Casas, alcalde de Soacha para la época de los hechos investigados, con la finalidad de verificar si existió un desconocimiento de la mencionada ley de cuota s, y si ello era constitutivo de falta disciplinaria2.

1.3. El 4 de diciembre de 2019, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá declaró probado el único cargo imputado a Eleazar González Casas y, en consecuencia, lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 30 días.

Consideró que el disciplinado incumplió el deber dispuesto en la Ley 581 de 2000, relativo a que mínimo el 30% de los cargos del máximo nivel decisorio debían ser desempeñados por mujeres, y que ello se subsumía en la descripción típica establecida en el n umeral 49 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. En esa línea, concluyó que Eleazar González Casas incurrió en una falta gravísima con culpa grave3.

1.4. El 4 de diciembre de 2019 , Eleazar González Casas interpuso recurso de apelación contra la decisión de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. Insistió

grave3.

1.4. El 4 de diciembre de 2019 , Eleazar González Casas interpuso recurso de apelación contra la decisión de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. Insistió en que el artículo 2 de la Ley 581 de 2000 debía interpretarse en conjunto con lo dispuesto en el artículo 3 ibidem, de manera que no era posible entender que la expresión “ niveles decisorios ” hacía referencia únicamente a las secretarías de despacho, sino que allí debían incluirse los otros cargos del nivel directivo. Bajo esa óptica, aseguró que cumplió a cabalidad con la citada norma4.

1.5. El 3 de marzo de 2022, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y modificó la sanción impuesta a Eleazar González Casas, en el sentido de suspenderlo por 15 días en el ejercicio del cargo. Sin embargo, como aquel no se encontraba en desempeño de sus funciones, convirtió la suspensión en multa de $6.253.806.

Como fundamento, explicó que Eleazar González Casas obró descuidadamente y con falta de diligencia, pues no estuvo atento a cumplir el mandato contenido en el literal a) del artículo 4 de la Ley 581 de 2000, y con ello contrarió el principio de

2 Decisión del 5 de febrero de 2019, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado D438FE75153C00FD 5C8D320B87C7A0EF 081217B01BC8CA2E

2 Decisión del 5 de febrero de 2019, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado D438FE75153C00FD 5C8D320B87C7A0EF 081217B01BC8CA2E 2B4D286A8867B3A2, ubicado en el índice 38 de SAMAI, archivo “Cuaderno 1 Folio 1 al 312”, páginas 33 a 36. 3 Decisión del 4 de diciembre de 2019, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado D438FE75153C00FD 5C8D320B87C7A0EF 081217B01BC8CA2E 2B4D286A8867B3A2, ubicado en el índice 38 de SAMAI, archivo “Cuaderno 1 Folio 1 al 312”, páginas 236 a 264. 4 Apelación, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado D438FE75153C00FD 5C8D320B87C7A0EF 081217B01BC8CA2E 2B4D286A8867B3A2, ubicado en el índice 38 de SAMAI, archivo “Cuaderno 1 Folio 1 al 312”, páginas 265 a 286.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

3

eficiencia al no garantizar la igualdad de las mujeres en materia de participación y de representación en los cargos del máximo nivel decisorio5.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 18 de abril de 2022, Eleazar González Casas formuló recurso extraordinario de revisión contra la decisión dictada el 3 de marzo de 2022 por la Sala Disciplinaria

2. El recurso extraordinario de revisión

El 18 de abril de 2022, Eleazar González Casas formuló recurso extraordinario de revisión contra la decisión dictada el 3 de marzo de 2022 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación6.

Invocó las causales 1° , 2°, 4° y 5° del artículo 238C de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021.

En sustento, afirmó que la Procuraduría General de la Nación: (i) violó los artículos 17 y 74 de la Ley 2094 de 2021 y 8 de la Ley 1952 de 2019; (ii) interpretó indebidamente el artículo 2 de la Ley 581 de 2000 ; (iii) desconoció que, tratándose de un proceso disciplinario adelantado contra un servidor público de elección popular, las etapas de investigación y de juzgamiento debían ser instruidas por funcionarios distintos; y (iv) no tuvo en cuenta todos los nombramientos en cargos directivos, sino únicamente en las secretarías de despacho.

En consecuencia, solicitó que se revis ara integralmente el proceso disciplinario censurado, que se declarara la ilegalidad de la decisión de segunda instancia y que se le absolviera de toda responsabilidad.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

3.1. El 27 de abril de 2022, el entonces magistrado sustanciador Carlos Enrique Moreno Rubio expresó impedimento para conocer del asunto. El 6 de febrero de 2023, la Sala 6 Especial de Decisión declaró fundada su manifestación, al encontrar

3.1. El 27 de abril de 2022, el entonces magistrado sustanciador Carlos Enrique Moreno Rubio expresó impedimento para conocer del asunto. El 6 de febrero de 2023, la Sala 6 Especial de Decisión declaró fundada su manifestación, al encontrar que se configuraba el supuesto contenido en el numeral 3 del artículo 130 7 del

CPACA8.

3.2. El 23 de febrero de 2023 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación9.

5 Decisión del 3 de marzo de 2022, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E1474F9883C75F3A A96D4EFBE8FF54CA 8F5E25E70A5CCE72 EED38AA94F8C6A2C, ubicado en el índice 2 de SAMAI, archivo “05CuadernoCuatro”, páginas 301 a 352. 6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 3F9C422B6F6F0F43 4D038A1D8818594E 7AD9635332E0D698 547FD09F48D51FC9, ubicado en el índice 2 de SAMAI, páginas 1 a 41. 7 “Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […] 3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una

de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado”. 8 Índices 5 y 26 de SAMAI. 9 Índice 31 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

4

3.3. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda de revisión. Estimó que: (i) la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular tenía plena competencia para resolver la apelación formulada por Eleazar González Casas; (ii) en el curso del proceso disciplinario quedó probado que el recurrente omitió el deber dispuesto en la Ley 581 de 2000, en relación con el porcentaje mínimo de mujeres en los cargos del nivel decisorio del municipio; (iii) no se evidenció la configuración de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002; y (iv) la dosificación de la sanción guardó correspondencia con lo acreditado en el trámite y con la modalidad de culpa calificada10.

III. CONSIDERACIONES

Para dar aplicación a las reglas de unificación fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo , el Despacho abordará los siguientes aspectos : (1) competencia, (2) control de legalidad, (3) consideraciones generales de la revisión automática de decisiones disciplinarias y (4) caso concreto.

Contencioso Administrativo , el Despacho abordará los siguientes aspectos : (1) competencia, (2) control de legalidad, (3) consideraciones generales de la revisión automática de decisiones disciplinarias y (4) caso concreto.

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el auto de unificación del 3 de diciembre de 202411, en concordancia con los artículos 238F12 de la Ley 1952 de 2019 y 125.313 del CPACA, la magistrada ponente es competente para decidir sobre la procedencia de la revisión automática de la referencia y adoptar las medidas de saneamiento del caso.

2. Control de legalidad

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA, corresponde al juez ejercer el control de legalidad para sanear los vicios que generen nulidades. A su turno, el artículo 42 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP) , en los numerales 5 y 12, establece que el operador judicial debe adoptar las medidas autorizadas por dicho código para corregir los defectos procedimentales, así como realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa.

10 Índice 37 de SAMAI. 11 “[…] una vez se remite el expediente administrativo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez debe proferir auto que “avoca conocimiento”, y no aquel que admite el recurso, como estaba originalmente previsto en la ley. Lo anterior, habida cuenta de que el auto admisorio supone que estamos frente a un recurso formulado a instancia de parte, sujeto a exigencias formales calificadas expresamente por la ley, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proveído de

supone que estamos frente a un recurso formulado a instancia de parte, sujeto a exigencias formales calificadas expresamente por la ley, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proveído de inadmisión, como lo reseñaba el artículo 59 de la ley 2094, lo cual cambió por virtud de la modulación del recurso efectuado por el fallo de constitucionalidad. […]”. 12 “Artículo 238F. Trámite. Adicionado por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021. Una vez radicado el recurso y efectuado el reparto correspondiente, el magistrado al que le corresponda, resolverá sobre su admisión en el término máximo de diez (10) días. […]”. 13 “Artículo 125. De la expedición de providencias. Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de

2021. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja ”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

5

Esta obligación se reitera en el artículo 132 ibidem, que dispone la corrección no solo de las falencias que conlleven nulidades, sino también de otras irregularidades del proceso.

En el caso concreto, se advierte la existencia de particularidades que ameritan la adopción de medidas orientadas a garantizar el debido proceso del disciplinado. Con el fin de evitar cualquier irregularidad procesal que afecte dicha garantía fundamental, resulta necesario precisar el med io de control procedente en este

adopción de medidas orientadas a garantizar el debido proceso del disciplinado. Con el fin de evitar cualquier irregularidad procesal que afecte dicha garantía fundamental, resulta necesario precisar el med io de control procedente en este asunto y, de ser indispensable, adecuar las actuaciones surtidas hasta el momento.

3. Consideraciones generales sobre la revisión automática de decisiones disciplinarias

El control disciplinario de los servidores públicos estaba regulado en la Ley 734 de 2002, “Código Disciplinario Único”, y su propósito fue compilar en un solo estatuto los distintos regímenes de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos . En el año 2019, esta norma fue derogada y se promulgó la Ley 1952, por medio de la cual se expidió el “Código General Disciplinario”14.

A su turno, la Ley 2094 de 202 1, entre otras determinaciones, le otorgó funciones jurisdiccionales en materia disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación, en el juzgamiento de la conducta oficial de los servidores públicos, incluidos los de elección popular 15. Esto, con el ánimo de armonizar el sistema legislativo interno sobre la materia con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, según el cual las autoridades administrativas no pueden restringir

14 Exposición de motivos proyecto de ley número 19 de 2000 Senado de la República : “[…] el legislador debe simplificar la interpretación mediante normas de fácil comprensión y aplicación. El presente proyecto pretende regular la acción disciplinaria en forma detallada, comprensible y, si se quiere, didáctica y pormenorizada en cuanto a faltas, sanciones, derechos, deberes, prohibiciones y

presente proyecto pretende regular la acción disciplinaria en forma detallada, comprensible y, si se quiere, didáctica y pormenorizada en cuanto a faltas, sanciones, derechos, deberes, prohibiciones y trámites, para reducir la imprecisión que afecta a los funcionarios encargados de su aplicación. (…) Se consideró que los regímenes disciplinarios propios que por mandato constitucional debe establecer la ley tanto para los particulares que desempeñen funciones públicas (art. 123) como para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (arts. 217 y 218), pueden incluirse en el Código Disciplinario Único, en un aparte especial. De este modo se preserva la especificidad que requieren estos dos sectores de la función pública en la regulación de los aspectos sustanciales de las normas disciplinarias que les son aplicables (faltas, sanciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades), a la vez que se les garantiza la igualdad respecto de los demás servidores públicos, en la aplicación de los principios rectores y los derechos y garantías procesales. […]” . 15 “Artículo 2o. Titularidad de la potestad disciplinaria y autonomía de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios y empleados judiciales, los particulares y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente es la

los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios y empleados judiciales, los particulares y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente es la jurisdicción disciplinaria. La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.”Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

6

derechos políticos de servidores públicos elegidos democráticamente, pues esto solo puede ordenarlo un juez penal16.

Es importante reseñar que la Ley 1952 de 2019 entró en vigencia de manera escalonada, así que empezó a regir a partir del 29 de marzo de 2022, salvo algunas normas, como el artículo 2º, relativo a las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación otorgadas por la Ley 2094 de 2021, que entró en vigencia a partir del 29 de junio de 202117.

No obstante, mediante Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional concluyó que la asignación de funciones jurisdiccionales efectuada por la Ley 2094 de 2021 a la Procuraduría General de la Nación vulneró el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución, toda vez que no implicó el traslado de una competencia originariamente atribuida a los jueces, sino la variación en la naturaleza de la potestad administrativa de la que ya era titular dicho organismo de control. Así, la Corte aclaró que la Procuraduría General de la Nación no tiene el carácter de órgano

originariamente atribuida a los jueces, sino la variación en la naturaleza de la potestad administrativa de la que ya era titular dicho organismo de control. Así, la Corte aclaró que la Procuraduría General de la Nación no tiene el carácter de órgano judicial ni puede ostentar funciones jurisdiccionales.

16 Según consta en la exposición de motivos: “El proyecto de la referencia tiene como finalidad esencial dar cumplimiento a la sentencia de 8 de junio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia en la que, entre otros aspectos, señaló la necesidad de generar mayores garantías para los destinatarios de la ley disciplinaria, en aplicación del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. La sentencia en mención, valga enunciarlo, ordena al Estado colombiano adecuar en un plazo razonable e l ordenamiento jurídico interno, debido a que, en su criterio, existen algunas disposiciones que no admiten una interpretación conforme a la Convención. Asimismo, fijó el término de un año para que el Estado colombiano rinda un informe sobre las medidas ad optadas para dar cumplimiento a la sentencia, el cual vence el próximo 19 de agosto de 2021. En ese orden de ideas, el proyecto de la referencia, en el marco de la mencionada decisión y, como una respuesta del Estado colombiano a los requerimientos de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se propone, sin desfigurar su tradición institucional: i) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; ii) Garantizar la

1. El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; ii) Garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación y el juzgamiento en el proceso disciplinario y, iii) Garantizar la doble instancia y conformidad” 17 Ley 1952 de 2019. “ Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación.

Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. (…) PARÁGRAFO 1º. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

7

De modo que , en una interpretación sistemática, armónica y ponderada de los mandatos superiores contenidos en los artículos 29 18, 40.119, 9220, 9321 y 277.622 de la Constitución y 8 23 y 23.2 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Constitucional advirtió que la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación correspondía a una función administrativa y que, en tal sentido, no le era dable imponer sanciones disciplinarias definitivas de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular

Procuraduría General de la Nación correspondía a una función administrativa y que, en tal sentido, no le era dable imponer sanciones disciplinarias definitivas de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular en ejercicio del cargo. En concreto, el máximo tribunal constitucional resolvió:

18 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. […]”. 19 “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido”. 20 “Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”. 21 “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta , se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adopta do el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento

en el Estatuto de Roma adopta do el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias s ustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. 22 “Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. 23 “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientr as no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o n o habla el

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o n o habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e)Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inc ulpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3.La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia ”. 24 “Artículo 23. Derechos Políticos. […] 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,

24 “Artículo 23. Derechos Políticos. […] 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-02207-00 (3395)

Sancionado: Eleazar González Casas

8

(i) Declarar la inexequibilidad de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional”, contenidas en los artículos 1º 25, 5426, 7327 y 7428 de la Ley 2094 de 2021, y de la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 54;

(ii) Declarar la exequibilidad condicionada del artículo 1º ibidem (que modificó el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019), en el entendido de que la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección

25 “Artículo 1. Modificase el artículo 2o de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 2o. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e

conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en los términos establecidos en esta Ley. Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario inter no y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y en