CE - Auto interlocutorio 11001032400020190011800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad Número único de radicación: 110010324000 2019 00118 00

Demandantes: Mario Abdón Ovalles Salazar y otros Demandados: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

Asunto: Propone conflicto de competencia

AUTO INTERLOCUTORIO

El Despacho procede a proponer un conflicto negativo de jurisdicciones.

ANTECEDENTES

1. Los señores Emma Rebeca Ovalles Salazar, Dorys María Ovalles Salazar, Mario Abdón Ovalles Salazar, Edith Mabel Ovalles Salazar, Manuel Cecilio Ovalles Salazar, Mery del Carmen Ovalles Salazar 1 presentaron demanda2 contra Rentabien S.A., Ana Cleotilde Hernández viuda de Rojas, Ana Cleotilde Rojas

Hernández de Peña, Josefina Rojas Hernández, Luis Eduardo Rojas Hernández, Jairo Rojas Hernández, Mery Yolanda Rojas Hernández, Olga Patricia Rojas Hernández, Dorys Yaneth Rojas He rnández, Silvia Paola Rojas Sánchez, Shirley Stephani Rojas Sánchez, Claudia Liliana Rojas Eslava, Ramiro Hernández Álvarez, Leopoldina Cruz y Pablo Antonio Bautista, en ejercicio del proceso verbal 3, con las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. Que se decrete la nulidad de las matrículas inmobiliarias y catastrales

Leopoldina Cruz y Pablo Antonio Bautista, en ejercicio del proceso verbal 3, con las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. Que se decrete la nulidad de las matrículas inmobiliarias y catastrales que le correspondan a los números 260 -126542 (la cual se desprende de las 26031690 y 260 -6599); 260-35354 (matrícula que se desprendió de la Nº 260 -18576 y está abierta y vigente con los mismos datos); 260 -18576; 260-126392 y las que se detecten dentro del trámite procesal, así como de las demás actuaciones necesarias para que se dejen sin efecto las escrituras públicas por medio de las cuales se realizó la venta de los bienes inmuebles en mención.

SEGUNDO. Que una vez quede en firme la sentencia que declare la nulidad de las matrículas inmobiliarias antes citadas y las que se detecten dentro del trámite

1 Por intermedio de apoderada. 2 Cfr. índice núm. 19. 3 Previsto en los artículos 368 y siguientes de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.2

Número único de radicación: 110010324000 2019 00118 00

Demandantes: Mario Abdón Ovalles Salazar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procesal, se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Cúcuta – Norte de Santander (IGAC) Registro

www.consejodeestado.gov.co procesal, se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Cúcuta – Norte de Santander (IGAC) Registro Catastral, comunicándoles la cancelación de las matrículas reseñadas y a las notarías donde se encuentran protocolizados sus orígenes.

TERCERO. Que se condene en costas a la parte demandada […]”4.

2. Los demandantes, como fundamentos de derecho de la demanda, manifestaron: “[...] fundo la presente solicitud en las disposiciones que reglamentan la materia en especial los artículos 669, 673, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746-753, 756, 759, 766, párrafo final del 768, del Código Civil Colombiano; artículos 16., 19, 20, 21, 23, 51, 63, 70, 75, 76, 77, 82, 233, 244, 251, 398 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 12-14, 20, 26, 28, 53, 54, 61, 73, 74,75,77, 82, 84, 85, 87-89, 132, 148, 208, 212, 226, 236 -238, 243 y siguientes de la ley 1564 de fecha 12 de julio de 2013 (Código General del Proceso; las demás aplicables que estén vigentes y que versen sobre la materia; artículos 29 (Debido Proceso), 58

(Propiedad Privada) y 228 (Administración de Justicia), de la Constitución Política y demás normas concordantes [...]”5.

3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Los

(Propiedad Privada) y 228 (Administración de Justicia), de la Constitución Política y demás normas concordantes [...]”5.

3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (Norte de Santander) , despacho que, mediante auto de 14 de agosto de 20136, admitió la demanda, precisando que el trámite procesal se adelantaría por el procedimiento ordinario. La mencionada autoridad judicial, mediante sentencia de 24 de mayo de 20187, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

4. Las partes demandante y demandada presentaron recursos de apelación contra la sentencia indicada supra, los cuales fueron concedidos por el a quo.

5. La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante auto de 27 de junio de 2018 , al momento de decidi r dichos recursos declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos del Circuito de Cúcuta, por considerar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del asunto, comoquiera que se pretende la nulidad “[…] de las matrículas inmobiliarias y catastrales […]”.

4 Cfr. Índice 19 de Samai. 5 Cfr. Índice 19 de Samai. 6 Cfr. Índice 19 de Samai. 7 Cfr. Índice 19 de Samai.3

Número único de radicación: 110010324000 2019 00118 00

Demandantes: Mario Abdón Ovalles Salazar y otros

6 Cfr. Índice 19 de Samai. 7 Cfr. Índice 19 de Samai.3

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Demandantes: Mario Abdón Ovalles Salazar y otros

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6. El conocimiento del proceso fue asignado por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, despacho judicial que mediante auto de 31 de enero de 2019 8 resolvió: i) adecuar la demanda al medio de control de nulidad, ii) declarar la falta de competencia, y iii) remitir el expediente a esta Corporación, en aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 1.° del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, al considerar que se pretende la declaración de nulidad de unos actos de registro expedidos por una autoridad del orden nacional.

7. El Despacho, mediante auto de 31 de enero de 20 2410, requirió a los demandantes para que indicaran las pretensiones de la demanda, quienes, dentro del término legal 11, precisaron que: “[…] lo que se pretende en la demanda impetrada, es cuestionar la validez de las escrituras Públicas , mediante las cuales se vendieron algunos de los bienes inmuebles que formaban parte del primigenio denominado “Narúa”, como consecuencia de ello, se pretende la nulidad de las actuaciones jurídicas realizadas paralelamente sobre los inmuebles de propiedad de la parte actora, tanto las escrituras públicas y las matrículas

primigenio denominado “Narúa”, como consecuencia de ello, se pretende la nulidad de las actuaciones jurídicas realizadas paralelamente sobre los inmuebles de propiedad de la parte actora, tanto las escrituras públicas y las matrículas inmobiliarias que surgieron de manera irregular y que se encuentran afectadas de nulidad […]”. (se resalta)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

8. La Corte Constitucional, en auto A-241 de 202212, al dirimir un conflicto entre jurisdicciones, resolvió: “[…] Regla de decisión. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas en las que pretende declarar la nulidad de una escritura pública, si el contenido de dicha escritura contiene un acto administrativo o un acuerdo de voluntades en el que intervenga una entidad estatal. En caso contrario, el conocimiento de la acción corresponderá a la jurisdicción ordinaria en aplicación de la regla general o residual de competencia prevista en el artículo 15 del Código General del Proceso […]”. (se resalta)

9. Así las cosas, se resalta que la parte demandante presentó la demanda en ejercicio del proceso verbal previsto en los artículos 368 y siguientes de la Ley 1564

8 Cfr. Índice núm. 19 de Samai. 9 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 10 Cfr. índice núm. 21 de Samai. 11 Cfr. índice núm. 25 de Samai. 12 Corte Constitucional, auto A-241 de 3 de marzo de 2022, MP. Paola Andrea Meneses Mosquera, expediente CJU1404

11 Cfr. índice núm. 25 de Samai. 12 Corte Constitucional, auto A-241 de 3 de marzo de 2022, MP. Paola Andrea Meneses Mosquera, expediente CJU1404

Número único de radicación: 110010324000 2019 00118 00

Demandantes: Mario Abdón Ovalles Salazar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2012, con la finalidad de “[…] cuestionar la validez de las escrituras Públicas, mediante las cuales se vendieron algunos de los bienes inmuebles que formaban parte del primigenio denominado “Narúa” […]”13. Se resalta también que las escrituras públicas demandadas no corresponden a actos administrativos o acuerdos de voluntades en los que hayan intervenido entidades estatales y, por el contrario, incorporan negocios jurídicos celebrados entre particulares.

10. Nótese que el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios en la sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda ,

ordenando, entre otros asuntos, lo siguiente:

“[…] 4) En consecuencia Declarar la nulidad de la Escritura No. 707 de 15 de febrero de 2013 de la notarla 2 de Cúcuta , suscrita entre RENTABIEN S.A. por compraventa a GUILLERMO BELTRAN MURILLO. Y su consecuente la nulidad del registro en el folio de matrícula inmobiliaria 260-126542. Por lo expuesto.

compraventa a GUILLERMO BELTRAN MURILLO. Y su consecuente la nulidad del registro en el folio de matrícula inmobiliaria 260-126542. Por lo expuesto.

1. Declarar la nulidad de la Escritura Pública No. 456 del 14 de Octubre de 2008.

De la Notaría 5 de Cúcuta , Dación en pago de Maruja Gómez Fuentes a RAMIRO HERNANDEZ ALVAREZ. Y su consecuente la nulidad del registro en el folio de matrícula inmobiliaria 260-126392. Por lo expuesto […]”14. (se resalta)

11. Así las cosas, y de conformidad con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional indicado supra y la temática del asunto, el Despacho considera que, por tratarse de una solicitud de nulidad de unos negocios jurídicos elevados a varias escrituras públicas, la competencia para conocerl a está atribuida a la Jurisdicción Ordinaria, por lo que, en consecuencia, se declarará la falta de jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para conocer del proceso de la referencia.

12. Ahora bien, en tanto se considera que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para asumir el conocimiento del asunto y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta declaró la falta de jurisdicción para conocer del mismo; e l Despacho propondrá conflicto negativo de competencia entre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Ordinaria y ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación remitir el expediente a la Corte Constitucional par a lo de su competencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

Ordinaria y ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación remitir el expediente a la Corte Constitucional par a lo de su competencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

13 Cfr. índice núm. 25 de Samai. 14 Cfr. índice núm. 19 de Samai.5

Número único de radicación: 110010324000 2019 00118 00

Demandantes: Mario Abdón Ovalles Salazar y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: PROPONER conflicto negativo de jurisdicciones entre La Sala CivilFamilia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(firmado electrónicamente)

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado