CE - Auto interlocutorio 11001032400020250023300 de 2025

Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

(Decreto 0639 de 2025) Radicado: 11001-03-24-000-2025-00233-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-24-000-2025-00233-00

Demandante: MARÍA FERNANDA CABAL MOLINA

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – DECRETO 0639 DE 2025

Tema: Resuelve solicitud de medida cautelar.

AUTO

La Sala se pronuncia sobre la solicitud de suspensión provisional formulada por la parte actora en contra del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025 a través del cual el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, convocó una consulta popular y se dictaron otras disposiciones.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora María Fernanda Cabal Molina, actuando en nombre propio, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, en contra del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025 a través del cual el presidente de la República, con la

previsto en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, en contra del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025 a través del cual el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, convocó una consulta popular y dictó otras disposiciones; en la que formuló la siguiente pretensión:

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, respetuos amente solicito a los Honorables Magistrados de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, declarar la nulidad integral por inconstitucionalidad del Decreto 639 de 2025 expedido por La Nación – Presidente de la República –Ministros del Despacho.

En este sentido, solicito respetuosamente señor Juez indicar de forma precisa que el Decreto 639 de 2025 por el cual se convoca una consulta popular es abiertamente inconstitucional al desconocer el mandato constitucional del artículo 104 en e l entendido de que la consulta popular solo puede ser convocada con el concepto previo favorable del Senado.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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1.2. Los hechos

Señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 639 del 11 de junio de 2025 mediante el cual se convoca al pueblo colombiano a una consulta popular nacional. Además, que dicho decreto contiene 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral.

Señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 639 del 11 de junio de 2025 mediante el cual se convoca al pueblo colombiano a una consulta popular nacional. Además, que dicho decreto contiene 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral.

Indicó que el referido decreto fue firmado por el presidente de la República y todos sus ministros, en ejercicio de la función de refren dar los actos presidenciales conforme al artículo 115 de la Constitución Política.

Manifestó que el artículo 104 de la Carta Política en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1757 de 2015 establece expresamente que, para convocar a una consulta popular, se requiere del concepto previo y favorable de la corporación pública correspondiente, para el caso, el Senado de la República.

Mencionó que, el 14 de mayo de 2025, el Senado de la República votó negativamente la solicitud presentada por el presidente de la República para convocar a una consulta popular de carácter nacional.

Adujo que, pese a dicha decisión, el primer mandatario expidió el acto ahora demandado.

1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

La demandante invocó como desconocido el artículo 104 de la Constitución Política, con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación:

Afirmó que el Decreto 639 de 2025 vulnera los principios de legalidad y separación de poderes , por cuanto, el presidente de la República convocó a una consulta popular sin contar con el concepto previo favorable del Senado.

Indicó que, con ello, el primer mandatario desconoció la decisión del legislativo sobre la materia.

de poderes , por cuanto, el presidente de la República convocó a una consulta popular sin contar con el concepto previo favorable del Senado.

Indicó que, con ello, el primer mandatario desconoció la decisión del legislativo sobre la materia.

Adujo que la ciudadanía tiene el derecho a que las autoridades respeten la Constitución Política y las decisiones previamente adoptadas por los órganos competentes del Estado.

Agregó que el acto demandado vulnera directamente el artículo 104 constitucional que establece que este tipo de convocatorias requieren del concepto favorable del Senado de la República.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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Explicó que ese trámite no es accesorio, opcional ni consultivo, sino un requisito de competencia habilitante sin el cual el ejecutivo no puede obrar.

Sostuvo que el a cto acusado fue expedido en contra de una decisión expresa del Senado de la República, por lo que, el primer mandatario carecía de competencia para convocar la consulta; usurpó las funciones del Congreso; desconoció la supremacía constitucional y la separación de poderes.

Recordó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Carta establece que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, de ello se deriva que el actuar del Gobierno

Recordó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Carta establece que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, de ello se deriva que el actuar del Gobierno Nacional a través del decreto demandado materialice una extralimitación de sus funciones que afecta, además, los principios anteriormente referenciados.

1.4. Solicitud de suspensión provisional

Adicionalmente, solicitó la suspensión provisional del acto demandado, con base en los mismos argumentos expuestos en la demanda.

1.5 Traslado de la medida cautelar

Mediante providencia del 2 de julio de 2025 1, el magistrado ponente avocó el conocimiento del asunto2, adecuó el medio de control al de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda, y en auto separado3 de la misma fecha, dispuso correr traslado de la solicitud de suspensión provisional i) al presidente de la República y, ii) a la agente del Ministerio Público, por el término de cinco (5) días.

1.6 Intervenciones

1.6.1. Presidente de la República4

Por conducto de apoderado, solicitó que no se decrete la medida cautelar pedida por la parte actor a, por cuanto, en su criterio no se cumplen los requisitos consagrados en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el efecto.

1 Anotación 15 del expediente visible en Samai. 2 La demanda fue inicialmente radicada ante la Sección Primera de la Corporación, el 12 de junio de 2025; sin

Contencioso Administrativo para el efecto.

1 Anotación 15 del expediente visible en Samai. 2 La demanda fue inicialmente radicada ante la Sección Primera de la Corporación, el 12 de junio de 2025; sin embargo, fue remitida por competencia a esta sección a través de auto del 13 de junio siguiente. 3 Anotación 16 del expediente visible en Samai. 4 Anotación 30 del expediente visible en Samai.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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Adujo que la solicitud no cuenta con la carga argumentativa necesaria para provocar un estudio de fondo y, mucho menos, el decreto de una medida cautelar de suspensión provisional.

Agregó que, pese a que el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo consagr ó la posibilidad de decretar medidas cautelares de urgencia, ello no significa que, a través de dicha figura, se pueda desconocer el derecho de defensa y contradicción de la parte demandada.

Sostuvo que, en el presente caso no hay prueba alguna sobre la existencia de algún perjuicio irremediable o imposibilidad de ejecutar la sentencia cuando ella se profiera.

Además, pidió que se declarara la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer de la controversia5.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional6

profiera.

Además, pidió que se declarara la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer de la controversia5.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional6

A través de apoderado, el referido ministerio solicitó no decretar la medida cautelar bajo estudio por carencia actual de objeto por sustracción de materia.

Con base en lo anterior, pidió adoptar las medidas procesales pertinentes con el fin de terminar la actuación.7

1.6.3. Ministerio Público8

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado puso de presente que los efectos del acto acusado ya fueron suspendidos por la Sección Quinta, mediante auto del 18 de junio de 2025, expedido dentro del radicado No.11001 -03-28-0002025-00086-00. Proceso en el que igualmente se pretende la nulidad del decreto impugnado en esta demanda.

Adujo que, en consecuencia, las circunstancias que fundamentaban la adopción de una medida cautelar desaparecieron, resultando en vano emitir cualquier tipo de pronunciamiento frente a un acto que actualmente no está surtiendo efectos con ocasión de la suspensión provisional que sobre él recayó.

5 Dicha solicitud fue negada a través de auto del 2 de julio de 2025, visible en la anotación 15 del cuaderno principal del expediente, comoquiera que en estricto sentido no controvertían la medida cautelar solicitada sino el trámite general del proceso. 6 Anotación 23 del expediente visible en Samai. 7 Dichas solicitudes fueron negadas a través de auto del 28 de julio de 2025, visible en el cuaderno principal del

el trámite general del proceso. 6 Anotación 23 del expediente visible en Samai. 7 Dichas solicitudes fueron negadas a través de auto del 28 de julio de 2025, visible en el cuaderno principal del expediente. Anotación 29 del expediente. Ello, comoquiera que en estricto sentido no controvertían la medida cautelar solicitada sino el trámite general del proceso. 8 Anotación 36 del expediente visible en Samai.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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Por lo tanto, solicitó estar a lo resuelto por la Sección Quinta en el auto del 18 de junio de 2025 al que se hizo alusión en líneas anteriores, pues el acto acusado no está produciendo efectos actualmente, comoquiera que los mismos fueron suspendidos.

1.7. Otras solicitudes

1.7.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio9

Por conducto de apoderado, solicitó declarar la terminación del proceso dada la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

Indicó que, al haberse derogado el acto acusado no hay objeto sobre el cual pronunciarse en este asunto, por lo que se impone darlo por terminado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver sobre la solicitud de suspensión provisional,

pronunciarse en este asunto, por lo que se impone darlo por terminado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver sobre la solicitud de suspensión provisional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125 10, numeral 2°, literal f) del CPACA, en concordancia con el 13 del Acuerdo 080 de 2019 –reglamento interno del Consejo de Estado–, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. La suspensión provisional de los efectos del acto administrativo

El artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 establece una fórmula innominada para la adopción de medidas cautelares, clasificándolas en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, admitiendo en esta tipología cualquier clase de mecanismo que el j uez encuentre necesario para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia e impedir que el ejercicio del medio de control respectivo pierda su finalidad.

En este amplio catálogo, se contempló en el artículo 3º 11 la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, como herencia del anterior estatuto, esto es, el Decreto 01 de 1984, el cual dedicaba el título XVII a regular esta figura, como la única cautela posible.

9 Anotación 42 del expediente visible en Samai 10 De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) f) En las demandas contra los actos ( …) de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala.

reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) f) En las demandas contra los actos ( …) de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala. 11Contenido y alcance de las medidas cautelares . Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: (…) 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (…).Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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Así las cosas, al coexistir e n la actualidad diferentes modalidades de medidas cautelares, concurren también distintos presupuestos para ordenarlas, teniendo siempre presente que la interpretación de los requisitos procesales para su procedencia debe hacerse a la luz de la tutela judi cial efectiva, que parte de reconocer que las personas no solo tienen el derecho de acudir a los órganos judiciales para formular su demanda, sino también a que el objeto del litigio se les proteja desde el inicio del trámite, a fin de asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido.

Según el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

proteja desde el inicio del trámite, a fin de asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido.

Según el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, el solicitante debe cumplir los requisitos señalados en el inciso primero de dicha norma, que dispone:

Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares . Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos, procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…).

Sobre el particular, esta Corporación ha destacado que la actual regulación de esta herramienta procesal no exige la «manifiesta infracción» de la norma superior, como lo ordenaba la legislación anterior, por lo que se advierte una variación significativa para su prosperidad. En efecto, en el antiguo régimen, para el decreto de la suspensión provisional del acto acusado la jurisprudencia de esta alta corte exigía que la contrariedad con el ordenamiento superior debía ser ostensible, clara, manifiesta, flagrante o grosera, lo cual promovió que, en no pocas ocasiones, esta circunstancia hiciera casi impo sible su viabilidad, afectando sustancialmente el propósito de la medida cautelar y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Esta Sala, en providencia de 12 de diciembre de 201912, indicó lo siguiente:

circunstancia hiciera casi impo sible su viabilidad, afectando sustancialmente el propósito de la medida cautelar y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Esta Sala, en providencia de 12 de diciembre de 201912, indicó lo siguiente:

Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta q ue se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como transgredidas o, del estudio de las pruebas aportadas por el acci onante con su escrito introductorio para que sea procedente la medida cautelar.

31. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo debe efectuar un estudio y análisis de los argumentos expuestos por el demandante y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados a esta etapa del proceso para efectos de proteger la efectividad de la sentencia, basado en los requisitos y en los criterios de admisibilidad de la medida cautelar de la cual se trata.

12 Consejo de Estado, Sa la de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radi cación: 05001-23-33-0002019-02852-01, MP. Rocío Araújo Oñate.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

(Decreto 0639 de 2025) Radicado: 11001-03-24-000-2025-00233-00

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En la actualidad, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, el juez administrativo

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En la actualidad, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, el juez administrativo está habilitado para confrontar el acto demandado y las normas invocadas como transgredidas, a partir de la ley y la jurisprudencia y el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer u n análisis profundo, detallado y razonado para verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se trata de una decisión provisional, que no implica prejuzgamiento, según las voces del artículo 229 ibidem13.

Por lo anterior, aunque este presupuesto puede coincidir con el examen del fondo de la litis, debe precisarse que, por tratarse de un juicio preliminar, no tiene un carácter definitivo, pues, de conformidad con el artículo 235 ídem, existe la posibilidad de modificar o revocar la medida y aún de dictar un fallo desestimatorio de las pretensiones.

De otro lado, para que proceda la medida de suspensión provisional, debe constatarse que el acto acusado es violatorio de alguna de las disposiciones que se consideran infringidas en la demanda o en el acápite correspondiente del escrito introductorio, según lo dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este punto, la Sala recuerda que en decisión de 12 de marzo de 2020 14 se dio claridad en que, para los casos donde el solicitante focalizara la medida en solo una o algunas de las censuras de la demanda, se imponía al operador judicial analizar únicamente ese planteamiento. Contrario sensu 15, en aquellos eventos en que el

claridad en que, para los casos donde el solicitante focalizara la medida en solo una o algunas de las censuras de la demanda, se imponía al operador judicial analizar únicamente ese planteamiento. Contrario sensu 15, en aquellos eventos en que el argumento sea abierto y sin limitante en la remisión a la demanda (cuando se encuentre contenido en el escrito de demanda), la medida cautelar se analizará con base en las censuras y concepto de la violación del escrito inicial ( art. 231 del

CPACA).

Este aspecto es relevante, ya que la solicitud cautelar puede proponer que el análisis se haga solo contra la normativa superior de la cual se acusa su vulneración, pero como bien se sabe, el juez conforme a las pruebas aportadas debe revisar qué otros condicionamientos jurídicos subyacen al acto administrativo enjuiciado, como pueden ser, los pronunciamientos proferidos por una corte de cierre, por ejemplo, de la Corte Constitucional.

13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 29 de enero de 2014, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 11001-03-27-000-2013-00014-00 (20066). 14 Se indicó en auto de la Sección Quinta de 12 de marzo de 2020, dictado dentro del proceso de nulidad electoral 11001032800020200004500, lo siguiente: «En este punto se precisa, que cuando la medida cautelar esté debidamente fundamentada en alguno o algunos cargos de la demanda –como ocurre en este caso - el estudio se hará conforme a la misma, y en aquellos eventos en que no se refiera a algún cargo concreto, se analizará con base en la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011

estudio se hará conforme a la misma, y en aquellos eventos en que no se refiera a algún cargo concreto, se analizará con base en la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 que dispone “la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposicione s invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado”». MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. 15 «En sentido contrario» Diccionario RAE.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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Al respecto, si bien el peticionario de una medida cautelar, como pue de ser la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, solicita que el juicio se haga contra el ordenamiento jurídico superior, no es menos cierto que el juez pueda advertir, conforme a los elementos suasorios que tiene en esta temprana etapa del proceso, la existencia de otras consideraciones que condicionan la existencia del acto administrativo, como lo puede ser una decisión de unificación proferida por la Corte Constitucional16.

Así las cosas, el análisis que se haga sobre la petici ón, la cual enmarca el campo de acción que analizará el juez, tendrá que valorar los razonamientos vertidos en las providencias judiciales que tengan incidencia en el acto administrativo que se pide sea suspendido, pues el juez para decretar o no la medida cautelar, debe tener

de acción que analizará el juez, tendrá que valorar los razonamientos vertidos en las providencias judiciales que tengan incidencia en el acto administrativo que se pide sea suspendido, pues el juez para decretar o no la medida cautelar, debe tener en cuenta el marco que le propone el solicitante para derivar el éxito o no de la solicitud.

Por ello, resulta claro que la decisión administrativa que se somete a escrutinio temprano en sede judicial puede no solo circunscribirse a una mera confrontación normativa que proponga el solicitante, pues, si bien puede tener un apoyo en disposiciones constitucionales y legales, también pueden advertirse interpretaciones mucho más amplias, que en principio no podría generar en el juez de l a nulidad el convencimiento para proceder a suspender los efectos del acto demandado, al pervivir pilares y fundamentos que sostienen la legalidad de la decisión administrativa electoral.

2.3. La eficacia como presupuesto básico para ordenar la suspensión provisional de las consecuencias del acto demandado.

En el marco del Estado Social de Derecho adoptado en la Carta de 1991 se reconoció, el derecho de acción, en el artículo 229 superior, según el cual, toda persona tiene el derecho a demandar de las autoridades judiciales la preservación del orden jurídico, o la efectividad o reconocimiento de un derecho o interés jurídicamente protegido, conculcado por la actividad de la administración o de los particulares en ejercicio de funciones públicas que torna nugatorio su goce efectivo, a través de diferentes mecanismos judiciales previstos para tal efecto.

En este orden, el ejercicio del derecho de acción, al momento de su activación ante

particulares en ejercicio de funciones públicas que torna nugatorio su goce efectivo, a través de diferentes mecanismos judiciales previstos para tal efecto.

En este orden, el ejercicio del derecho de acción, al momento de su activación ante el juez, tiene por objeto que a través de la decisión de este último, se logre garantizar la protección del ordenamiento jurídico y de los derechos subjetivos del demandante.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, auto del 30 de agosto de 2023, radicación 11001-03-28-000-2023-00046-00.Demandante: María Fernanda Cabal Molina

Demandado: Presidente de la República

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Sin embargo, existen casos en que los supuestos de hecho que dieron origen a la formulación de la medida cautelar desaparecen a causa de una situación sobreviniente y que conlleva a que el propósito preventivo se haya desvanecido.

Es aquí cuando surge la figura jurídica de allanarse o estarse a lo resuelto en la decisión que precede en el tiempo y que suprimió temporalmente los efectos de l acto enjuiciado, comoquiera que el propósito de la suspensión provisional es detener los efectos del acto que, en principio, se advierte violatorio de mandatos superiores, a fin de que no siga causando perjuicio y de evitar que esperar al fallo

acto enjuiciado, comoquiera que el propósito de la suspensión provisional es detener los efectos del acto que, en principio, se advierte violatorio de mandatos superiores, a fin de que no siga causando perjuicio y de evitar que esperar al fallo termine h aciendo inane la decisión, cuyas consecuencias pudieron haberse detenido previamente con la medida cautelar.

Al respecto, esta Sección, por auto del 4 de abril de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicado 11001 -03-28-000-2018-00625-00, indicó en el marco de una medida cautelar de suspensión provisional sobre los efectos ya neutralizados, lo siguiente:

3.2.2. (…) el objetivo de la suspensión provisional es que cesen temporalmente los efectos de la norma (en sentido amplio) acusada, que no puedan predicarse respecto de la misma su fuerza ejecutoria mientras se analiza su legalidad 17, de manera tal que si para el momento en que debe resolverse dicha medida cautelar la disposición censurada carece de efecto s, resulta improcedente y/o sin objeto pronunciarse sobre la petición de suspensión.

Sobre el particular por ejemplo, el Consejo de Estado ha determinado que carece de objeto, esto es, que no hay lugar a pronunciarse de fondo sobre la referida cautelar o que la misma debe negarse, cuando la prescripción acusada fue derogada18 o revocada19, cuando el objetivo para el cual fue expedida se cumplió plenamente20, cuando desaparecieron sus fundamentos de hecho o derecho21, o se encuentra suspendida provisionalmente por decisión judicial22 como ocurre en esta oportunidad, en suma, cuando no hay lugar pronunciarse sobre la cesación de los

plenamente20, cuando desaparecieron sus fundamentos de hecho o derecho21, o se encuentra suspendida provisionalmente por decisión judicial22 como ocurre en esta oportunidad, en suma, cuando no hay lugar pronunciarse sobre la cesación de los efectos de un acto que dejó de producirlos. (Subrayado fuera del original).

17 “Sobre el particular vale la pena reiterar que «(…) la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos prevista en el artículo 238 d e la Constitución Política y desarrollada por los artículos 229 y siguientes del CPACA se caracteriza por su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, que pretende evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mi entras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida, con el fin de proteger los intereses generales dentro de un Estado Social de Derecho».” La anterior consideración es tomada de: Consejo de Estado, Sección Primera. Auto del 8 de octubre de 2018. Radicación No. 11001-03-24-000-2015-00412-00, M.P. Oswaldo Giraldo López. 18 “Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 5 de junio de 2018. Radicación No. 11001 -03-24-000-201500395-00, M.P. Oswaldo Giraldo López, y ii) Consejo de Estado: Sección Segunda. Subsección A. Auto del 5 de abril de 2018. Radicación No. 11001 -03-24-000-2013-00554-00 (1492-17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.”.

de abril de 2018. Radicación No. 11001 -03-24-000-2013-00554-00 (1492-17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.”. 19 “Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 1º de febrero de 2018. Radicación No. 47001-23-33-000-201700191-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.”. 20 “Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 31 de octubre de 2018. Radicación No. 11001-03-28-000-201800111-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.”. 21 “Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 15 de diciembre 2017. Radicación No. 11001 -03-24-0002015-00163-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.”. 22 “Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 13 de octubre de 201 7. Radicación No. 11001 -03-24-0002015-00128-00, M.P. María Elizabeth García González.”.Demandante: María Fernanda Caba