CE - Auto interlocutorio 11001032500020210069400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación Referencia: Solicitud de extensión de la jurisprudencia

AUTO QUE RECHAZA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

I. CUESTIÓN PREVIA

1. El proceso de la referencia fue remitido a este despacho de acuerdo con lo ordenado por la conjuez Sonia Marina Castro Mora, integrante de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación, mediante auto del 7 de marzo de 20251, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2.

2. Por lo anterior, se avocará el conocimiento del asunto y dará el trámite legal que corresponda.

II. ANTECEDENTES

3. El 5 de enero de 20213, el señor William Fernando Ruano López presentó solicitud de extensión de la jurisprudencia ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se le extiendan los efectos de la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, en los siguientes términos:

«Con fundamento en lo anteriormente expuesto, que prueba fehacientemente mi derecho a recibir esta extensión jurisprudencial por vía administrativa,

del 15 de diciembre de 2020, en los siguientes términos:

«Con fundamento en lo anteriormente expuesto, que prueba fehacientemente mi derecho a recibir esta extensión jurisprudencial por vía administrativa, respetuosamente solicito la aplicación al suscrito, del citado precedente jurisprudencial correspondiente a la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020, de la siguiente referencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero ponente: JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018)

Demandante: Narybe Lorena Pérez Castro Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de unificación – SUJ-023-CE-S2-2020» [transcripción con errores de ortografía y sintaxis propios del texto original].

4. Para sustentar su pretensión, indicó que ingresó a la Fiscalía General de la 1 SAMAi, índice 049. 2 En adelante CPACA. 3 SAMAi, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «5_DemandaWeb_DemandaCorreoelectrónicodelenvíoderechodepetición(.pdf) NroActua 3».2

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Nación desde agosto de 2017 y que actualmente ocupa el cargo de fiscal delegado ante los juzgados promiscuos municipales. Señaló que, no ha devengado la prima especial de servicios creada por la Ley 4ª de 1992, modificada por las leyes 332 de 1992 y 476 de 1998.

5. A través del oficio núm. 20211500061641 DAJ-10400, del 8 de septiembre de 20214, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia antes referida, pues la decisión invocada «hizo referencia y extendió sus efectos jurídicos a una fiscal delegada ante los jueces penales municipales y promiscuos que ingresó a laborar a la FGN desde 1997; a diferencia de su solicitud, en la cual se observa que ingresó en este cargo desde el año 2017». Por lo tanto, concluyó que no existía similitud fáctica o jurídica.

6. El 25 de octubre de 20215, el señor William Fernando Ruano López, por intermedio de su apoderado judicial, radicó ante esta corporación la solicitud de extensión de jurisprudencia, argumentando que su situación fáctica es análoga a la de la demandante en la sentencia de unificación invocada.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

7. En los términos de los artículos 102 y 269 del CPACA, modificado por los artículos

la demandante en la sentencia de unificación invocada.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

7. En los términos de los artículos 102 y 269 del CPACA, modificado por los artículos 17 y 77 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo 14, numeral 3, del Acuerdo 080 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta corporación es competente para conocer de la solicitud de extensión de la jurisprudencia de la referencia.

3.2. Problema jurídico

8. ¿Debe este despacho continuar con el trámite del asunto a pesar de advertir una irregularidad procesal en el trámite ya impartido, o es imperativo ejercer control de legalidad?

9. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa y, por ende, este despacho tiene el deber de realizar el respectivo control de legalidad, deberá precisarse si (i) ¿la solicitud de extensión de la jurisprudencia del señor William Fernando Ruano López fue radicada dentro de la oportunidad legal prevista en el artículo 102 del CPACA, en concordancia con el artículo 614 del Código General del Proceso6?; y (ii) ¿la sentencia frente a la que se pretende se extiendan los efectos sea de unificación.

3.4. Control de legalidad

10. Frente a la existencia de providencias ilegales, se ha discutido jurisprudencial y doctrinalmente la posibilidad de que el juez —por iniciativa propia— pueda dejarlas sin efectos con el propósito de que prevalezca el respeto por el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad. Desde esta perspectiva, la teoría del antiprocesalismo 7

efectos con el propósito de que prevalezca el respeto por el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad. Desde esta perspectiva, la teoría del antiprocesalismo 7 4 SAMAi, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento « 9_DemandaWeb_DemandaRespuestadelaFiscalíaalderechodepeticióndeextensióndelajurisprudencia(.pdf) NroActua 3. 5 SAMAi, índice 3. 6 En adelante CGP 7 Sobre el particular, Edgardo Villamil Portilla explica que: «Se identifica como antiprocesalismo la posibilidad que se reconoce a los jueces para no ser consecuentes con sus errores, de modo que a pesar de la formal ejecutoria de las decisiones, el juez puede dejar sin valor ni efecto o apartarse de lo decidido para restablecer el imperio de la Ley. Esta opción no puede ser arbitrariamente ejercida por el juez. Para que este pueda revocar extemporáneamente sus decisiones debe hallar que ellas contrarían abiertamente la Ley. Esta práctica ha sido reiterada en la Corte, en Tribunales y Juzgados. De alguna manera se identifica como cierto anticipo de la acción de tutela, pues en verdad lo que hace el juez es determinar un agravio severo a la ley para enmendar un yerro que sigue produciendo efectos procesales nocivos (…) || Sobre este particular la CSJ en Auto de la Sala de Casación3

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

reconoce de manera excepcional la facultad del juez para corregir sus propios errores, cuando estos generan efectos procesales adversos o comprometen la validez del trámite judicial. Esta posibilidad implica que, incluso si una decisión ha adquirido ejecutoria formal, puede ser invalidada si contraviene de forma palmaria la ley.

11. El fundamento de esta doctrina se halla en la premisa según la cual «el auto ilegal no vincula al juez»8, pues la actuación irregular del operador judicial no puede vincularlo a que persista en el error. En consecuencia, el yerro inicial, aunque no alcance a configurar una causal de nulidad procesal, tampoco puede constituirse en fuente de nuevos desaciertos. Así, la legalidad sustancial debe primar sobre la apariencia formal de validez, dado que el juez está llamado a declarar la verdad jurídica y a mantener la coherencia del proceso.

12. En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que el juez puede y debe corregir providencias que presenten una ilegalidad evidente, ya que estas no constituyen ley del proceso, no hacen tránsito a cosa juzgada y no deben conservarse en el ordenamiento jurídico. Tolerar su permanencia equivaldría a legitimar un error que el propio juez está en capacidad de subsanar, incluso de oficio, con lo cual se evita la generación de nuevos errores o la necesidad de procesos adicionales para enmendar lo que puede resolverse en sede originaria.

13. Sobre este particular, esta corporación ha manifestado que:

generación de nuevos errores o la necesidad de procesos adicionales para enmendar lo que puede resolverse en sede originaria.

13. Sobre este particular, esta corporación ha manifestado que:

En efecto, la premisa según la cual la providencia ilegal no vincula al juez se debe a que la actuación irregular del operador judicial en un proceso, no puede atarlo para que los siga cometiendo, pues el error inicial, no puede ser fuente de los subsiguientes, en cuanto a que debe tenerse en cuenta el principio de legalidad “porque el juez está llamado a declarar la verdad real”, de manera que la irregularidad continuada no da derecho. En ese orden de ideas, las providencias que se enmarcan en la evidente o palmaria ilegalidad, no pueden constituir ley del proceso y no hacen tránsito a cosa juzgada ni deben mantenerse en el ordenamiento jurídico […]9

14. Bajo estos supuestos, la teoría del antiprocesalismo se erige como una herramienta funcional y excepcional al servicio del principio de legalidad, al facultar al juez para invalidar decisiones ostensiblemente ilegales, incluso ejecutoriadas, preservando así la supremacía del derecho, la coherencia institucional y la confianza en la función jurisdiccional. Esta facultad, sin embargo, debe aplicarse con criterios restrictivos y en casos de ilegalidad manifiesta, a fin de no desconocer el principio de preclusión ni afectar la seguridad jurídica.

3.5. De la solicitud de extensión de jurisprudencia.

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del CPACA, las autoridades deberán extender la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros que acrediten tener los mismos supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de sustento para la

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del CPACA, las autoridades deberán extender la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros que acrediten tener los mismos supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de sustento para la expedición de una providencia de unificación cuya extensión se pretende, siempre que

se cumplan los requisitos previstos en la ley:

Civil número 062 de 23 de mayo de 1988 con ponencia del Magistrado José Alejandro Bonivento Fernández: (...) toda vez que la Corte no puede quedar obligada por su ejecutoria, pues los autos pronunciados con quebranto de normas legales no tienen fuerza de sentencia ni virtud para constreñirla a asumir una competencia de que carece, cometiendo así un nuevo error». VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. Teoría Constitucional del Proceso. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá, 1999. P. P 889-891. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 31 de octubre de 2016, exp. 40547, M.P. Danilo Rojas Betancourth. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 1 de abril de 2024, Rad: 11001-03-26-000-2020-00087-00 (66135). MP María Adriana Marín.4

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

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Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

ARTÍCULO 102. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

[…].

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código […]. Negrillas fuera del texto.

16. Para tal efecto, el inciso segundo del citado artículo estableció los requisitos generales de la petición que el interesado debe presentar ante la autoridad

administrativa para su trámite:

• Justificación fundada que evidencie la identidad en el mismo contexto de hecho y de derecho entre la situación del solicitante y la del

generales de la petición que el interesado debe presentar ante la autoridad administrativa para su trámite:

• Justificación fundada que evidencie la identidad en el mismo contexto de hecho y de derecho entre la situación del solicitante y la del demandante al que se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

• Las pruebas que tenga en su poder, que permitan corroborar la relación descrita.

• La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

17. En relación con el procedimiento que debe observarse respecto de las solicitudes de extensión de jurisprudencia ante esta corporación, el artículo 269 del CPACA establece los requisitos mínimos que se deben cumplir con tal propósito, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 269. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso a dministrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.

prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso a dministrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.

Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.

La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:5

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Solicitante: William Fernando Ruano López

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1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.

2. Se haya presentado extemporáneamente.

3. Se pida extender una sentencia que no sea de unificación.

4. La sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho.

5. Haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado.

6. Se establezca que no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada.

De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de

de unificación invocada.

De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.

Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.

Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido […].

18. Finalmente, en cuanto a la oportunidad para solicitar la extensión de jurisprudencia, la Sala ha sostenido que este trámite se compone de dos etapas. La primera se adelanta en sede administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 del CPACA, modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021. La segunda etapa tiene lugar ante esta corporación, en su calidad de tribunal supremo de lo contenciosoadministrativo, una vez la administración haya negado la solicitud o haya guardado silencio frente a ella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 269 ibidem, modificado

tiene lugar ante esta corporación, en su calidad de tribunal supremo de lo contenciosoadministrativo, una vez la administración haya negado la solicitud o haya guardado silencio frente a ella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 269 ibidem, modificado por el artículo 77 de la Ley 2080 de 2021.

19. Ahora bien, en relación con el término de treinta (30) días con que cuenta la administración para responder la solicitud formulada con base en el artículo 102 del CPACA, esta corporación ha sostenido que su contabilización debe considerar lo dispuesto en el artículo 614 del CGP. Esta disposición establece que las entidades públicas deben solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10 para resolver las peticiones de extensión de jurisprudencia11. 10 En adelante ANDJE. 11 «6. [E]stima la Subsección que los términos de que tratan los artículos citados, deben contarse de la siguiente forma: Presentación de la solicitud > Recibida la solicitud de extensión de jurisprudencia, la autoridad deberá, de manera inmediata, solicitar a la ANDJE concepto previo sobre la procedencia de la solicitud>.

La ANDJE tendrá 10 días para informar si emitirá concepto o no > luego, se contarán 20 días adicionales en los cuales, la ANDJE deberá emitir su concepto sobre la procedencia de la extensión de jurisprudencia, > pasados los 20 días, iniciará el término de 30 días con que cuenta la autoridad requerida para decidir sobre la extensión de los efectos de la sentencia de unificación solicitada por la parte interesada > finalizado dicho término, en caso de que se haya negado total o parcialmente la extensión de efectos, o la autoridad no se haya pronunciado respecto a la6

efectos de la sentencia de unificación solicitada por la parte interesada > finalizado dicho término, en caso de que se haya negado total o parcialmente la extensión de efectos, o la autoridad no se haya pronunciado respecto a la6

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

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20. Al respecto, la norma señala que:

ARTÍCULO 614. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En e l término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días.

El término a que se refiere el inciso 4° del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero.

21. Así, radicada la solicitud de extensión de jurisprudencia, la entidad cuenta con diez (10) días para solicitar el concepto previo a la ANDJE, la cual dispone de veinte

que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero.

21. Así, radicada la solicitud de extensión de jurisprudencia, la entidad cuenta con diez (10) días para solicitar el concepto previo a la ANDJE, la cual dispone de veinte (20) días para rendirlo, y una vez transcurrido este plazo, comenzará a contarse el término de treinta (30) días previsto en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021, para que la administración emita respuesta a la solicitud.

22. De otra parte, el término de treinta (30) días con que cuenta el solicitante para acudir a esta corporación debe computarse de la siguiente manera: (i) si la autoridad requerida no se pronuncia dentro de la oportunidad prevista en el artículo 102 del CPACA, en concordancia con el artículo 614 del CGP, dicho término debe contarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo con que disponía la administración para resolver la solicitud; y (ii) si la solicitud es resuelta y notificada dentro del término legal, el plazo para acudir a esta corporación se contará desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo que la resuelve.

3.6. Caso concreto

23. El señor William Fernando Ruano López, a través del presente mecanismo especial, pretende que se extiendan los efectos de la sentencia del 15 de diciembre de 2020 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18) SUJ-023-CE-S2de 2020 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18) SUJ-023-CE-S22020, con el argumento de que su situación fáctica y jurídica es similar a la que se resolvió en aquella decisión.

24. En lo que respecta a la actuación procesal, específicamente los autos del 8 de agosto de 2023 y 6 de febrero de 2024 —mediante los cuales se corrió traslado a las partes para allegar pruebas y, posteriormente, se solicitó la presentación de alegatos por escrito, respectivamente—, este despacho considera que debe aplicarse la teoría del antiprocesalismo. Esto se debe a que dichas decisiones son manifiestamente ilegales al incumplir: (i) el requisito de oportunidad, y (ii) la sentencia invocada no es de unificación.

petición, la parte tendrá 30 días, contados a partir del día siguiente, para acudir ante el Consejo de Estado con el fin de obtener la extensión de los efectos jurisprudenciales». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: William Hernández Gómez. Auto de súplica del 21 de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número:11001-03-25-000-2015-00890-00 (3341-15) Actor: Elaín Perdomo Rojas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).7

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Elaín Perdomo Rojas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).7

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

3.6.1. Frente a la oportunidad para acudir ante esta corporación a efectos de solicitar la extensión de la jurisprudencia

25. Para efectos de evidenciar que el señor William Fernando Ruano López incumplió con el término de la solicitud de extensión de jurisprudencia, se observa:

26. El señor William Fernando Ruano López interpuso la solicitud de extensión de jurisprudencia ante la Fiscalía General de la Nación el 5 de enero de 202112.

27. En ese orden, el término con el que contaba la entidad para decidir la solicitud según lo previsto en el artículo 102 del CPACA, en concordancia con el artículo 614 del Código General del Proceso13 fue hasta el 5 de abril de 2021. Ahora bien, la entidad a través del oficio núm. 20211500061641 DAJ-10400del 8 de septiembre de 202114 suministró respuesta a lo solicitado, la cual fue notificada el 13 de septiembre de 202115.

28. No obstante, el plazo para que el señor William Fernando Ruano López acudiera a esta corporación transcurrió entre el 6 de abril de 2021 y el 18 de mayo de 2021 y como quiera que la solicitud de extensión de la jurisprudencia fue radicada ante esta

a esta corporación transcurrió entre el 6 de abril de 2021 y el 18 de mayo de 2021 y como quiera que la solicitud de extensión de la jurisprudencia fue radicada ante esta corporación el 25 de octubre de 202116, se considera que se realizó de forma extemporánea.

29. En este punto, cabe destacar que la respuesta de la Rama Judicial fue emitida el 8 de septiembre de 2021 y notificada el 13 de septiembre del mismo año, esto es, fuera de la oportunidad prevista en el artículo 102 del CPACA, en concordancia con el artículo 614 del CGP.

30. Lo anterior, no modifica el cómputo de los términos establecidos, pues, tal como lo ha señalado esta corporación, «si la entidad guardó silencio o dio respuesta con posterioridad al vencimiento de los mencionados 60 días, [el término para acudir ante esta corporación] correrá a partir del día 61» (negrillas fuera del texto) 17, ya que permitir que el inicio del término dependa de las actuaciones internas de la administración desvirtuaría la finalidad del plazo legal, que busca garantizar una respuesta oportuna al solicitante.

31. En definitiva, con base en todo lo expuesto, queda claro que, aunque en un primer momento se consideró que la solicitud de extensión de la jurisprudencia cumplía con los supuestos previstos en el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, por lo que se dispuso correr traslado a las partes para que allegaran pruebas, y se efectuó traslado para que presentaran alegatos por escrito , lo cierto es que esas determinaciones, no impiden que se realice un nuevo análisis con el propósito de que se adopte la decisión que realmente corresponde en derecho, garantizando el principio

traslado para que presentaran alegatos por escrito , lo cierto es que esas determinaciones, no impiden que se realice un nuevo análisis con el propósito de que se adopte la decisión que realmente corresponde en derecho, garantizando el principio de legalidad inherente a todo proceso judicial.

32. Este nuevo estudio es crucial, ya que el juez tiene la obligación de corregir cualquier irregularidad, incluso si ello implica revisar decisiones anteriores, pues basta 12 SAMAi, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «5_DemandaWeb_DemandaCorreoelectrónicodelenvíoderechodepetición(.pdf) NroActua 3». 13 En adelante CGP. 14 SAMAi, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento « 9_DemandaWeb_Demanda-RespuestadelaFiscalíaalderechodepeticióndeextensióndelajurisprudencia(.pdf) NroActua 3. 15 Samai, índice 3, actuación « DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «10_DemandaWeb_Demanda-Correoelectrónicodenotificacióndeloficioderespuestaalapetición(.pdf) NroActua 3 16 Samai, índice 3, DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 8 de julio de 2021. Radicado 11001-03-25-000-2021-00260-00(1516-21). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.8

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00694-00 (3789-2021)

Solicitante: William Fernando Ruano López

Convocado: Nación, Fiscalía General de la Nación

recordar que la teoría del antiprocesalismo —explicada en la parte considerativa de esta providencia— faculta al operador judicial para corregir sus propios errores.

33. Así las cosas, en aplicación de dicha teoría, se dejará sin efecto los autos del 9 de abril y 3 de diciembre de 2024, pues como se explicó a lo largo de esta providencia dichas decisiones son manifiestamente ilegales y, en su lugar se procederá a su rechazo de plano, de conformidad con lo previsto en el numeral 2, del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 77 de la Ley 2080 de 2021.

3.6.2. Que se solicite extender una sentencia que no sea de unificación

34. Ahora bien, adicional a lo ya expuesto, en virtud de las circunstancias particulares del caso bajo estudio, este despacho verificará que la sentencia frente a la que se pretende se extiendan los efectos sea una decisión, a través de la cual se haya unificado la jurisprudencia, en los términos del artículo 270 del CPACA.

35. La Ley 1437 de 201118, incorporó la figura de las sentencias de unificación jurisprudencial en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 270.

36. Según lo previsto en la referida disposición, y conforme lo ha sostenido recientemente esta Sección19, una sentencia de unificación