CE - Auto interlocutorio 11001032500020250052600 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicado: 1001-03-25-000-2025-00526-00 (3297-2025) Demandantes: Abel José Arrieta Vega Demandada: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura

Temas: Medida cautelar de urgencia. Medidas cautelares suspensivas y anticipativas. Requisitos para la suspensión de los efectos del acto administrativo y para la impart ir órdenes a la administración.

Decisión: Concede el trámite de urgencia a la s medidas cautelares solicitadas, pero niega su decreto por no encontrar cumplidos los requisitos legales.

Se resuelve la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por el demandante respecto del artículo 5 parcial del Acuerdo PCSJA25 -12348 del 13 de noviembre de 20251, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Se interpuso demanda de nulidad contra el artículo 5 parcial del Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025, que establece las condiciones de la convocatoria al concurso de méritos para funcionarios de la Rama Judicial en las modalidades de ingreso y ascenso. Específicamente se acusó el apartado de la

PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025, que establece las condiciones de la convocatoria al concurso de méritos para funcionarios de la Rama Judicial en las modalidades de ingreso y ascenso. Específicamente se acusó el apartado de la norma que regula la modalidad de ascenso y que establece que los cargos a los que pueden aspirar los se cretarios de los despachos judiciales nombrados en propiedad son el juez municipal o promiscuo de la misma especialidad.

2. Pretende que se declare la nulidad parcial de la norma y, en consecuencia, se ordene la inaplicación de la limitación impuesta a los secretarios judiciales para, en su lugar, permitir que puedan aspirar a juez municipal o promiscuo municipal indistintamente de la especialidad a la que pertenecen en la actualidad.

3. Afirmó que la restricción impuesta a estos empleados de poder aspirar únicamente a su misma especialidad es una extralimitación de funciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura porque el literal f) del artículo 163 de la Ley 270 de 1996 solo los limita a que el cargo que pretendan en ascenso sea el de juez municipal, sin que deba ser de la especialidad en la que se desempeñan.

4. Reconoció que la exigencia en comento sí está consagrada en el literal d) ejusdem, pero solamente para los funcionarios que aspiren a cargos superiores ; y en el literal e) que circunscribe la aspiración de los secretarios a su misma

1 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la

en el literal e) que circunscribe la aspiración de los secretarios a su misma

1 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».Radicado: 1001-03-25-000-2025-00526-00 (3297-2025)

Demandante: Abel José Arrieta Vega

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 especialidad, pero cuando aspiran a otros cargos como empleados y no como funcionarios.

5. Finalmente, aseveró que la norma acusada vulnera los principios de igualdad y mérito consagrados en los artículos 125 y 126 de la Constitución Política, al imponer sobre los secretarios de despacho una limitación específica y diferenciada para participar en los concur sos de méritos que no existe en el ordenamiento jurídico.

Solicitud de la medida cautelar de urgencia

6. En el escrito de la demanda solicitó el trámite de medida cautelar de urgencia de que trata el artículo 234 del CPACA con el objeto de que se decrete «la suspensión provisional de la norma demandada, en el sentido de permitir a todos

los secretarios escalafonados en carrera judicial, inscribirse por ascenso al cargo se (sic) juez municipal o promiscuo municipal, sin limitación a la especialidad en la que se desempeñen».

7. Justificó el apremio de la petición en el cronograma del concurso porque las

(sic) juez municipal o promiscuo municipal, sin limitación a la especialidad en la que se desempeñen».

7. Justificó el apremio de la petición en el cronograma del concurso porque las inscripciones están abiertas hasta el lunes 1 ° de diciembre de 2025 y la adopción de las medidas cautelares pretendidas debe darse antes de esa fecha. Para cimentar la solicitud no presentó argumentos adicionales a los fundamentos de derecho de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

8. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, le corresponde al despacho adoptar la decisión sobre la solicitud de medida cautelar de urgencia.

Problemas jurídicos

9. Se circunscribe a determinar si está probada la premura necesaria para conceder el trámite de medida cautelar de urgencia de que trata el artículo 234 del CPACA. En caso afirmativo, se deberá establecer también si es procedente decretar la cautela solicitada.

Análisis de los problemas jurídicos

1. Trámite de urgencia de las medidas cautelares

10. El artículo 234 del CPACA 2 prevé un trámite especial para las medidas cautelares solicitadas en casos de urgencia , cuando es menester precaver o conjurar la afectación inminente de los intereses reclamados. Así pues, de estar probada la inmediatez del riesgo , la autoridad judicial estará habilitada para

2 «Artículo 234 del CPACA. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida

2 «Artículo 234 del CPACA. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar cuando, cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. […]».Radicado: 1001-03-25-000-2025-00526-00 (3297-2025)

Demandante: Abel José Arrieta Vega

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 prescindir del trámite general dispuesto en el artículo 233 ejusdem y, en ese sentido, decidir el decreto de la cautela sin audiencia ni intervención de la contraparte3.

11. El trámite de urgencia no deriva per se en el decreto de la medida cautelar, sino en la omisión de la etapa de contradicción con el objeto de aminorar el tiempo que tardará el juez en adoptar la decisión para así evitar la configuración del riesgo.

Por esa razón se deberá determinar, en primer lugar, si está probada la premura necesaria para que proceda este procedimiento especial; y, solo en caso afirmativo, establecer si se cumplen las exigencias legales para el decreto de la medida cautelar.

12. Ahora bien, la norma no define lo que se debe entender por «urgencia» . Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que dicha expresión alude al «inminente riesgo de afectación de los derechos del interesado» por el que

12. Ahora bien, la norma no define lo que se debe entender por «urgencia» . Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que dicha expresión alude al «inminente riesgo de afectación de los derechos del interesado» por el que la intervención judicial se torna impostergable 4. Habida cuenta que la adopción de este trámite implica la renuncia al derecho de contradicción de la contraparte en el proceso, el demandante tiene el deber de demostrar la inminencia del daño, es decir, que esté próximo a suceder5.

13. En el presente caso, el interés general perseguido por el demandante a través de la medida cautelar solicitada consiste en que los secretarios de despacho

escalafonados en carrera judicial puedan inscribirse al concurso de méritos en la modalidad de ascenso sin que se les imponga la restricción relativa a la especialidad en la que se desempeñan, pues estima que dicha limitación es contraria a la ley . Justificó la urgencia de la cautela en el pronto cierre de las inscripciones a la convocatoria el 1 ° de diciembre de 2025 , fecha que efectivamente consta en el acuerdo de convocatoria y fue corroborada por el despacho en la página web del Consejo Superior de la Judicatura6.

14. Salta a la vista que una imposición como la que se pretende únicamente podría materializarse y resulta eficaz si se adopta antes del cierre de las inscripciones, pues una vez termine dicha etapa ninguna persona se podrá registrar en el proceso de selección y este continuará solo con quienes se registraron dentro del término. En otras palabras, el plazo para salvaguardar el interés que se pretende

inscripciones, pues una vez termine dicha etapa ninguna persona se podrá registrar en el proceso de selección y este continuará solo con quienes se registraron dentro del término. En otras palabras, el plazo para salvaguardar el interés que se pretende proteger culmina con el cierre de las inscripciones a la convocatoria.

15. Aun en gracia de discusión, de llegar a considerarse plausible dar una orden en el sentido permitir nuevas inscripciones después d el 1º de diciembre , ello impactaría gravemente todo el proceso de selección en términos de tiempo, presupuesto, mérito e intereses de las personas que se inscribieron oportunamente a la convocatoria. Esta circunstancia únicamente podría evitarse decidiendo las

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 10 de noviembre de 2016, rad. núm. 11001 -03-25-000-2016-01029-00(4657-16). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 25 de junio de 2021, rad. núm. 11001032500020210020900 (1324 -2021). C.P. William Hernández Gómez. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A . Auto del 26 de septiembre de 2025, rad. núm. 11001032500020240043100 (5141 -2024). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. 6 Véase: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisosEduardo Mesa Nieves. 6 Véase: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisosde-inter%C3%A9sRadicado: 1001-03-25-000-2025-00526-00 (3297-2025)

Demandante: Abel José Arrieta Vega

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 medidas cautelares solicitadas antes de la finalización de las inscripciones para evitar se presente un perjuicio irremediable.

16. En este contexto, téngase en cuenta que el expediente ingresó al despacho el pasado 20 de noviembre de 2025, es decir, apenas 5 días hábiles antes del cierre de las inscripciones el próximo 1° de diciembre de 2025; término dentro del cual no es dable agotar el trámite ordinario de las medidas cautelares previsto en el artículo 233 del CPACA. Así las cosas, se justifica el trámite de urgencia de esta cautela porque, en caso de estar acreditados los requisitos legales para su decreto, solamente de esa manera se podrá salvaguardar el interés que pretende proteger.

2. Decisión de las medidas cautelares

17. El accionante solicitó el decreto de urgencia de dos medidas cautelares de distinta naturaleza que son complementarias y concordantes. Por un lado, la suspensión provisional parcial de los efectos del artículo 5 del Acuerdo PCSJA2512348 del 13 de noviembre de 2025 en lo que respecta a los cargos a los que

pueden aspirar los secretarios de despacho escalafonados en carrera judicial; se

suspensión provisional parcial de los efectos del artículo 5 del Acuerdo PCSJA2512348 del 13 de noviembre de 2025 en lo que respecta a los cargos a los que pueden aspirar los secretarios de despacho escalafonados en carrera judicial; se trata de una medida de carácter suspensivo7 consagrada en el numeral 3 del artículo 230 del CPACA.

18. Por otra parte, la orden al Consejo Superior de la Judicatura de que permita a dichos secretarios de despacho inscribirse en la modalidad de ascenso a todas las vacantes de juez municipal y promiscuo municipal sin limitarlos a la especialidad a la que pertenecen en la actualidad. Esta cautela se enmarca en el numeral 5 del precitado artículo 2308 y es de naturaleza anticipativa porque persigue que desde el inicio del proceso se materialicen las pretensiones de la demanda9.

2.1. Suspensión provisional de los efectos de la norma demandada

19. La proced ibilidad de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo exige la verificación de los requisitos previstos en el inciso primero del artículo 231 del CPACA, esto es, que como resultado del análisis entre el acto acusado y las normas invocadas como desconocidas se pueda apreciar una vulneración de las disposiciones superiores.

20. En el caso concreto, el accionante aleg ó como desconocido el artículo 16 3 de la Ley 270 de 199610. En su parecer, dicha norma establece como única limitante

para los secretarios de despacho escalafonados en carrera judicial que el cargo al que pretendan ascender sea de juez municipal o promiscuo municipal, sin que deba

7 Las medidas cautelares suspensivas se encuentran previstas en los numerales segundo y tercero

para los secretarios de despacho escalafonados en carrera judicial que el cargo al que pretendan ascender sea de juez municipal o promiscuo municipal, sin que deba

7 Las medidas cautelares suspensivas se encuentran previstas en los numerales segundo y tercero del artículo 230 del CPACA y consisten en la suspensión de procedimientos administrativos antes de que en ellos se profiera una decisión o en la suspensión temporal de los efectos de la decisión administrativa que es objeto de examen, respectivamente. 8 «Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. […] el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: […] 5. Ordenar la adopción de una decisión administrativa […]». 9 Las medidas cautelares anticipativas son aquellas que «pretenden satisfacer por adelantado la pretensión del demandante en el sentido de adoptar una decisión administrativa, de emitir una orden determinada o de imponer una obligación de hacer o no hacer, que en principio deberían adoptarse en la providencia que ponga fin al proceso, pero que se justifican por la necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable […] .» (Opt. Cit. Consejo de Estado, sentencia del 10 de noviembre de 2016, exp. núm. 4657-16). 10 Modificado por el artículo 80 de la Ley 2430 de 2024.Radicado: 1001-03-25-000-2025-00526-00 (3297-2025)

Demandante: Abel José Arrieta Vega

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 corresponder a la especialidad en la que se desempeñan en la actualidad ; de

www.consejodeestado.gov.co

5 corresponder a la especialidad en la que se desempeñan en la actualidad ; de manera que la restricción concebida en el acuerdo de convocatoria demandado es ilegal.

21. Al respecto, el despacho advierte que tal acusación no guarda correspondencia alguna con el tenor de la norma. En efecto, el literal e) de la precitada disposición consagra la restricción en comento de manera clara y expresa como una excepción a la regla general para los empleados judiciales que aspiren a

un cargo de superior jerarquía:

Para participar en los concursos de ascenso el funcionario o empleado deberá cumplir lo siguiente:

[…] e. Los empleados escalafonados en carrera judicial únicamente podrán aspirar al cargo de categoría inmediatamente superior de la misma jurisdicción sin importar la especialidad. Se exceptúan los secretarios de los despachos y los oficiales mayores, sustanciadores y profesionales que tendrán que aspirar a cargos de ascenso de la misma especialidad. (Subrayado propio).

22. Según se observa, la misma ley que regula este tipo de procesos de selección impone la restricción que el demandante estim ó como contraria al ordenamiento jurídico. Téngase en cuenta que aquel no pasó desapercibido el apartado normativo en comento, sin embargo, efectuó una interpretación incorrecta del mismo al señalar que dicha limitante solamente es aplicable a los concursos de méritos para proveer vacantes de empleados de la Rama Judicial, que no de funcionarios como en el presente caso. Al respecto manifestó:

Pero el consejo superior (sic) a través de la unidad de carrera, se extralimitó

méritos para proveer vacantes de empleados de la Rama Judicial, que no de funcionarios como en el presente caso. Al respecto manifestó:

Pero el consejo superior (sic) a través de la unidad de carrera, se extralimitó al disponer que el literal E del artículo 163 de la ley 270 de 1996, también es aplicable al concurso de funcionarios, lo cual es absolutamente un error, pues tal disposición será aplicable cuando se realice el concurso de ascenso de empleados, en el que se preverán las plazas de secretarios, oficiales mayores, escribientes, entre otros, a (sic) para ese evento que aplica tal numeral y no para el concurso de funcionarios.

23. Esta afirmación carece de fundamento jurídico alguno porque el inciso quinto del artículo 163 señala que las reglas allí contenidas son aplicables a los concursos de méritos en la modalidad de ascenso en los que participen tanto funcionarios como empleados11, sin que se tenga en consideración la naturaleza de la vacante a proveer.

24. Adicionalmente, el demandante aseveró que esta distinción entre unos y otros secretarios de despacho constituye una afrenta a los principios de igualdad y mérito consagrados en los artículos 125 y 126 de la Constitución Política. Sobre el particular, se reitera que la restricción de especialidad prevista en la norma demandada es una manifestación de las reglas previstas en la norma legal superior invocada como desconocida. Esta última disposición es de rango estatutario y por esa razón fue objeto de control previo, automático e integral de constitucionalidad

11 El artículo 125 de la Ley 270 de 1996 dispone que «[t]ienen la calidad de funcionarios los

esa razón fue objeto de control previo, automático e integral de constitucionalidad

11 El artículo 125 de la Ley 270 de 1996 dispone que «[t]ienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial».Radicado: 1001-03-25-000-2025-00526-00 (3297-2025)

Demandante: Abel José Arrieta Vega

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 en la sentencia C -134 de 2023 12, providencia en la cual se d eclaró su plena concordancia con la Constitución Política.

25. Así las cosas, en esta etapa del proceso no se advierte la discrepancia entre el acto administrativo demandado y las disposiciones jurídicas invocadas por el demandante. Por tal razón, se negará la medida cautelar de suspensión provisional.

2.2. Orden de adopción de una decisión administrativa

26. El inciso segundo del artículo 231 del CPACA dispone que todas las medidas cautelares, distintas a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, serán procedentes cuando concurran los cuatro requisitos allí dispuestos. El primero de estos se refiere a la solidez jurídico -argumentativa de la demanda al exigir «[q]ue la demanda esté razonablemente fundada en derecho».

27. En el presente caso, como fue expuesto en el apartado anterior, está claro

dispuestos. El primero de estos se refiere a la solidez jurídico -argumentativa de la demanda al exigir «[q]ue la demanda esté razonablemente fundada en derecho».

27. En el presente caso, como fue expuesto en el apartado anterior, está claro que la demanda no muestra una argumentación jurídica razonable porque omite de manera absoluta la regla consagrada en el literal e) del artículo 163 de la Ley 270 de 1996 en que se cimentó el acto administrativo demandado y, en cambio, presenta una interpretación de esa misma norma que justificaría su postura, pero que no cuenta con respaldo jurídico.

28. Así las cosas, en tanto no está demostrada la concurrencia del primero de los requisitos para que proceda esta medida cautelar, el despacho se abstendrá de estudiar los demás y negará su decreto.

En consecuencia, el despacho

III. RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el trámite de urgencia a las medidas cautelares solicitadas y, en consecuencia, PRESCINDIR del traslado de la solicitud a la parte demandada en el proceso en los términos del artículo 234 del CPACA.

SEGUNDO: NEGAR las medidas cautelares solicitadas en el escrito de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12 Que efectuó el control previo, abstracto y automático de constitucionalidad de la Ley 2430 de 2024, mediante la cual se modificó la Ley Estatutaria 270 de 1996, incluyendo el artículo 163.