CE - Auto interlocutorio 11001032500020250054700 de 2025

Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025) Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola Demandados: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: Auto que niega medida cautelar de urgencia

AUTO INTERLOCUTORIO

1. El señor Daniel Eduardo Romero Vitola , actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA, 1 solicitó la anulación del artículo 4 del Acuerdo PCSJA25 -12348 del 13 de noviembre de 2025, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

2. Mediante escrito separado del d e la demanda, el actor solicitó decretar, con carácter de urgencia, la suspensión provisional de la mencionada disposición, «exclusivamente en lo que refiere a la inclusión del cargo de “Consejero Seccional de

carácter de urgencia, la suspensión provisional de la mencionada disposición, «exclusivamente en lo que refiere a la inclusión del cargo de “Consejero Seccional de la Judicatura” como funcionario judicial y a la imposición del requisito de aprobar un curso de formación judicial como condición de acceso». Esta petición se fundó en los siguientes razonamientos:

1. La medida cautelar debe decretarse en forma urgente, por cuanto el acto acusado se encuentra produciendo perjuicios de imposible reparación y existe riesgo de consolidación de situaciones contrarias a la ley. Además, se pone en peligro el derecho de acc eder a los cargos públicos en condiciones de igualdad , legalidad y mérito.

1. El acuerdo demandado calificó como funcionario judicial el cargo de consejero seccional de la judicatura, pese a que la Ley 270 de 1996 lo clasifica como de empleado judicial. En efecto, el artículo 125 ibidem establece que solo son funcionarios judiciales los magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces y

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

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los fiscales . A su vez, l os demás servidores, incluidos quienes integran órganos administrativos como los Consejos Seccionales, son empleados judiciales. Esta conclusión se reafirma en los artículos 11, 84, 127, 128 y 129 ibidem y en las

administrativos como los Consejos Seccionales, son empleados judiciales. Esta conclusión se reafirma en los artículos 11, 84, 127, 128 y 129 ibidem y en las siguientes características de dicho servidor: a) no ejerce función jurisdiccional; b) no pertenece a ninguna jurisdicción; c) «admite perfiles no jurídicos»; d) se ubica dentro del área administrativa y no judicial; e) la Ley 2430 de 2024 lo desp ojó de la denominación de magistrado.

1. Los aspirantes al cargo de consejero seccional de la judicatura están siendo obligados a inscribirse bajo reglas ilegales, pues deben hacerlo dentro de una convocatoria para funcionarios judiciales y realizar el «curso de formación judicial, el cual no aplica para empleados judiciales».

1. Existen ciudadanos que «podrían aspirar simultáneamente a cargos de funcionarios judiciales y al de consejero seccional, pero esta confusión forzada los obliga a optar por un solo camino, generando una afectación grave a su derecho de participación».

3. Ahora bien, el artículo 234 del CPACA reguló las medidas cautelares de urgencia y dispuso que desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 ibidem.

4. Con relación a las medidas cautelares de urgencia, esta corporación ha sostenido:2

[…] “el propósito del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 al incluir las medidas cautelares

4. Con relación a las medidas cautelares de urgencia, esta corporación ha sostenido:2

[…] “el propósito del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 al incluir las medidas cautelares de urgencia , es hacerle frente de manera efectiva y eficaz a circunstancias de tal inminencia y gravedad que hacen imperativa e impostergable la intervención del juez, al punto que debe prescindirse del traslado previo de las mismas, so pena que por el transcurso del t iempo y las particularidades de los casos sub judice , se torne inane cualquier actuación tendiente a proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”3.

Así las cosas, la medida cautelar de urgencia exige una argumentación especial y reforzada que contenga verdaderas razones que sustenten una intervención inmediata del juez sin espera de agotar el trámite ordinario , que implica correr traslado de la solicitud a los demás sujetos procesales, y no puede esta limitarse a indicar que la razón de la urgencia corresponda a que los efectos de la sentencia, en el evento de ser favorable, se tornen inanes. [Resaltado dentro del texto].

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de noviembre de 2024, radicado 11001 -03-26-000-2024-0012900 (71846). 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), Radicado No. 11001-03-28-000-2021-00055-00.Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

de dos mil veintiuno (2021), Radicado No. 11001-03-28-000-2021-00055-00.Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

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5. De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo , en armonía con otras decisiones adoptadas por el Consejo de Estado en materia de medidas cautelares de urgencia,4 el despacho considera que los argumentos planteados por la parte actora evidencian la necesidad de estudiar la medida cautelar invocada de manera urgente, pues el certamen demandado se encuentra en una etapa preliminar en la que resulta imperiosa y relevante la pronta actuación del juez de lo contencioso administrativo con el fin de verificar que el proceso de selección se ajuste al ordenamiento superior pa ra

que pueda continuar su curso con normalidad y que los cargos de carrera ofertados logren proveerse en atención a los principios de mérito e igualdad.

6. En síntesis, el accionante considera que la convocatoria enjuiciada quebrantó el ordenamiento superior en tanto determinó que el cargo de consejero seccional de la judicatura se clasifica como de funcionario judicial y, consecuencialmente, a los aspirantes se le impuso el requisito de aprobar un curso de formación judicial que «no aplica para empleados judiciales».

7. Al respecto, el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 dispone que «tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las

7. Al respecto, el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 dispone que «tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de

la Rama Judicial».

8. De acuerdo con la literalidad de la norma, los consejeros seccionales de la judicatura son empleados judiciales, conforme lo sostiene el demandante; sin embargo, tal naturaleza del cargo no proviene de la reforma introducida por la Ley 2430 de 2024 y mucho menos es razón suficiente para decretar la medida cautelar invocada, conforme se explicará, a continuación.

9. La Corte Constitucional en la Sentencia C-285 de 2016 reafirmó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es un órgano de gobierno de la Rama Judicial, pero no tiene el carácter de corporación judicial. Al respecto, la referida

providencia concluyó:

En la Constitución de 1991 y en los desarrollos legislativos y reglamentarios de la misma, en virtud del principio de autogobierno, se creó una institucionalidad endógena a la Rama Judicial: El Consejo Superior de la Judicatura y, especialmente, su Sala Administrativa, encargada de la dirección de la Rama Judicial (arts. 254, 256 y 257 de la C.P.) […].

El modelo previsto en la Constitución de 1991 obedece a otra racionalidad, porque a partir de una visión sistémica, se creó una institucionalidad cohesionada que asume en su integridad los distintos procesos vinculados a la conducción de la Rama Judicial, y en

partir de una visión sistémica, se creó una institucionalidad cohesionada que asume en su integridad los distintos procesos vinculados a la conducción de la Rama Judicial, y en la que únicamente se diferencia entre los distintos niveles de gestión: el nivel consultivo, el nivel de gobierno, y el nivel ejecutivo, asignados respectivamente a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, a la Sala Administrativa del Conse jo Superior de la Judicatura, y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las unidades

4 Al respecto ver el auto del 2 de marzo de 2023, radicado 11001-03-24-000-2023-00045-00.Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

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operativas del Consejo. […] por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, encargada del gobierno de la Rama Judicial […].

6.4.4. En tercer lugar, en la Constitución de 1991 se estableció una separación orgánica y funcional entre la actividad jurisdiccional propiamente dicha, y las actividades asociadas al gobierno y a la administración de la Rama Judicial, de modo que los funcionarios e instancias encargadas de la administración de justicia no intervienen en el gobierno del poder judicial, y tan solo intervienen de manera indirecta en la gestión de la Rama Judicial, ilustrando a los órganos de gobierno sobre las necesidades, r etos y problemáticas del sector justicia a través de la Comisión Interinstitucional, y a través de los mecanismos de comunicación diseñados por la propia Sala Administrativa del

la Rama Judicial, ilustrando a los órganos de gobierno sobre las necesidades, r etos y problemáticas del sector justicia a través de la Comisión Interinstitucional, y a través de los mecanismos de comunicación diseñados por la propia Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Por este motivo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está integrada por personas que se encuentran desvinculadas actualmente del Poder Judicial, y sus miembros no actúan en calidad de representantes de las corporaciones o despachos judiciales, ni en su calidad de operadores jurídicos. […].

De igual modo, la diferenciación entre la actividad jurisdiccional y la gestión de la Rama Judicial se explica por la exigencia de imparcialidad y neutralidad en la conducción de la Administración de Justicia. […].

Asimismo, la diferenciación entre la actividad jurisdiccional y el gobierno y administración de la Rama Judicial se deriva del principio de independencia interna, para evitar que la jerarquía funcional en la labor jurisdiccional se traslade o desplace al á mbito operativo, y para evitar, por consiguiente, que se configure una subordinación de los operadores de justicia frente a sus superiores funcionales. […].

10. Las anteriores consideraciones se esgrimieron respecto del Consejo Superior de la Judicatura, pero también se hacen extensivas a los Consejos Seccionales, pues hacen parte de la estructura de autogobierno de la Rama Judicial en el nivel territorial. Así, el Consejo de Estado ha sostenido:5

En este mismo sentido, a nivel territorial, cabe destacar que el referido artículo 254 prevé , replicando el modelo del Consejo Superior de la Judicatura, la posibilidad de que existan Consejos Seccionales que de acuerdo con lo dispuesto

En este mismo sentido, a nivel territorial, cabe destacar que el referido artículo 254 prevé , replicando el modelo del Consejo Superior de la Judicatura, la posibilidad de que existan Consejos Seccionales que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 cuentan con una Sala Administrativa, a la que le corresponde entre otras funciones: la de administrar la carrera judicial del correspondiente distrito judicial, llevar el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales, presentar a los tribunales las listas de candidatos para la designación de jueces, entre otras. […]

A juicio de la Sala, nada justifica entonces que los empleos existentes en las plantas de personal de los Consejos Seccionales de la Judicatura se excluyan del sistema de la carrera judicial sobre todo si, se tiene en cuenta que, las personas que desempeñan dichos empleos contribuyen de manera directa en la toma de decisiones que inciden en la administración autónoma de la Rama Judicial desde el nivel territorial. […]. [Resaltado fuera del texto].

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2012, radicado 11001-0325-000-2010-00247-00 (2075-10).Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

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11. Es pertinente anotar que, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales estaban divididos

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11. Es pertinente anotar que, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales estaban divididos en dos salas, una administrativa y otra disciplinaria. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Seccionales para ejercer la función disciplinaria, de manera que el Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales solo quedaron desempeñando funciones administrativas.

12. Entonces, conforme a la Sentencia C -285 de 2016, se concluye que las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales, desde la Constitución Política de 1991, no han tenido el carácter de corporaciones judiciales, pues se trata de órganos de gobierno de la Rama Judicial sin funciones jurisdiccionales. Esta naturaleza se reafirmó con la expedición del referido acto legislativo.

13. Bajo esta línea de intelección, al tenor del artículo 125 de la Ley 270 de 1996, ni los magistrados ni los consejeros seccionales de la Judicatura han tenido la calidad de funcionarios, sino de empleados judiciales , ya que no ha cen parte de corporaciones judiciales, como lo prevé la citada norma, sino magistrados o consejeros de órganos administrativos.

14. Sin embargo, ello no conduce a concluir que el acuerdo demandado les haya dado el carácter de funcionarios a los consejeros seccionales, pues la única referencia a tal calidad es la concerniente a que el concurso se encamina a proveer cargos de «funcionarios» de la Rama Judicial.

el carácter de funcionarios a los consejeros seccionales, pues la única referencia a tal calidad es la concerniente a que el concurso se encamina a proveer cargos de «funcionarios» de la Rama Judicial.

15. Por lo tanto, debe entenderse que tal referencia se trata de una imprecisión que en nada vicia de nulidad el acuerdo enjuiciado, ya que su articulado en ningún momento modificó la Constitución o la Ley para variar las funciones administrativas asignadas a los Consejos Seccionales y sus integrantes. Es más, en su artículo 4 especificó que el área o especialidad de esos empleos es la administrativa, es decir, que se siguió el diseño normativo que les ha sustraído el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

16. Ahora bien, el actor manifestó que los empleados judiciales no deben hacer curso de formación judicial y, por tal motivo, los consejeros seccionales no debieron ser convocados en el acuerdo demandado, pues se les obligó a cumplir con ese requisito.

17. Sin embargo, el despacho se aparta del anterior razonamiento, por cuanto una lectura sistemática de la Ley 270 de 1996 impide concluir que el curso de formación judicial es exclusivo de los funcionarios judiciales.

18. En efecto, los artículos 162 y 164 ibidem disponen que el Consejo Superior de la Judicatura está encargado de reglamentar la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas de los procesos de selección. Además, losRadicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

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concursos para proveer los empleos de carrera de la Rama Judicial comprenden una etapa de selección y otra de clasificación. La primera está integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la aludida corporación, la cual, además, tiene la atribución de d eterminar de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, así como señalar los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera etapa.

19. Por lo tanto, el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con un vasto margen de acción para diseñar las pruebas que se practicarán en la etapa de selección, lo cual también puede incluir la implementación del curso de formación judicial. En torno a las

amplias facultades que tiene ese órgano para la administración de la carrera judicial, esta corporación ha sostenido:6

A partir del citado marco normativo, la Corte Constitucional ha indicado que la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar la carrera judicial, atañe a la denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales» y se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias para desarrollar el sentido de la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable. 7 Al respecto, se ha sostenido lo siguiente:8

Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad

siguiente:8

Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador”9.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene una función de alta relevancia para el cumplimiento de los fines estatales, pues debe dictar los reglamentos tendientes a disponer los recursos humanos y físicos necesarios para que

De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene una función de alta relevancia para el cumplimiento de los fines estatales, pues debe dictar los reglamentos tendientes a disponer los recursos humanos y físicos necesarios para que el servicio de la administración de justicia se preste bajo altos estándares de eficiencia, moralidad, corrección e idoneidad en aras de cumplir la misión institucional que se ha asignado a la Rama Judicial, esto es, «hacer efectivos los derechos, obligacione s,

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado 68001-23-33000-2015-01239-01 (1200-2018). 7 Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015. 8 Sentencia SU-539 de 2012. 9 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

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garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional».10 […]

20. En armonía con el anterior lineamiento interpretativo, esta corporación ha concluido que al Consejo Superior de la Judicatura le compete administrar y reglamentar

lograr y mantener la concordia nacional».10 […]

20. En armonía con el anterior lineamiento interpretativo, esta corporación ha concluido que al Consejo Superior de la Judicatura le compete administrar y reglamentar

la carrera judicial, para lo cual «se le otorgaron amplias facultades para definir la forma, clase, contenido y todos los demás aspectos relativos a las etapas que componen el proceso de selección».11 Así, dicha entidad cuenta con un extenso rango de competencia en la configuración de las normas que puede proferir para el diseño de los concursos, margen cuya gradación dependerá de la precisión o amplitud con la que las que la Constitución o la ley desarrollen el sistema de carrera judicial.

21. Así las cosas, en esta etapa preliminar del proceso, es posible concluir que el curso de formación es obligatorio para los funcionarios judiciales, pero nada impide que el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de su ámbito de competencia, pueda implementarlo para los cargos de empleados judiciales.

22. Incluso, tal medida no ha sido ajena a los certámenes convocados en anteriores ocasiones, por ejemplo, en las convocatorias de los años 201312 y 201813 se especificó que los cargos de magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura debían hacer el curso de formación judicial, pese a que en esa época tampoco tenían la cond ición de funcionarios judic iales, conforme se explicó con antelación.

23. Asimismo, el Acuerdo 1899 de 2003, convocó al XIV Concurso de Méritos para la

provisión de cargos de empleados de carrera de las Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial14 y previó que dichos servidores debían hacer el curso de formación

23. Asimismo, el Acuerdo 1899 de 2003, convocó al XIV Concurso de Méritos para la

provisión de cargos de empleados de carrera de las Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial14 y previó que dichos servidores debían hacer el curso de formación judicial. Dicho acuerdo fue demandado y el Consejo de Estado lo anuló parcialmente, pero no porque no pudiera implementarse dicho requisito, sino porque debía permitirse que todos los aspirantes realizaran el curso, ya que la disposición solo lo habilitó para quienes se encontraran ubicados dentro del 30% de los mejores puntajes asignados en la Fase I. Al respecto se concluyó que «dicho Curso Concurso se debe impartir al número de aspirantes correspondiente a las posibilidades reales de provisión de cargos durante

10 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996. Frente a las competencias del Consejo Superior de la Judicatura puede consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016, radicado: 110010325000201500010600 (0238-2015). 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2019, radicado 11001-03-25000-2014-01014-00 (3094-14). 12 Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio 25 de 2013. 13 Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018. 14 Los cargos convocados fueron los siguientes: Relator de Corporación Nacional Nominado; Contador Liquidador de Impuestos del Consejo de Estado Nominado; Abogado de Corporación Nacional (Corte Constitucional), grado 21; Abogado de la Sala Jurisdiccional Dis ciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, grado 21; Profesional

de Impuestos del Consejo de Estado Nominado; Abogado de Corporación Nacional (Corte Constitucional), grado 21; Abogado de la Sala Jurisdiccional Dis ciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, grado 21; Profesional Universitario grado 21; Operador de Sistemas de Corporación Nacional, grado 18; Técnico, grado 13; Archivero de Corporación Nacional, grado 9; Oficial Mayor de Corporación Nacional Nominado; Auxiliar Judicial de Corporación Nacional, grados 2, 3 y 4; Escribiente de Corporación Nacional Nominado y grados 7 y 9; Asistente Administrativo, grados 7 y 8; Asistente Administrativo, grados 5 y 6; Oficinista de Corporación Nacional, grado 6; Cit ador de Corporación Nacional, grado 5; Conductor de Corporación Nacional, grado 6.Radicación: 11001032500020250054700 (3340-2025)

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la vigencia del Registro de Elegibles; posibilidades que deben obedecer al principio de igualdad de oportunidades».15

24. Finalmente, el accionante sostuvo que existen ciudadanos que «podrían aspirar simultáneamente a cargos de funcionarios judiciales y al de consejero seccional, pero esta confusión forzada los obliga a optar por un solo camino, generando una afectación grave a su derecho de participación».

25. Sin embargo, frente a este último motivo de inconformidad, el actor no desarrolló con suficiencia las razones por las cuales el hecho de convocar el cargo de consejeros

grave a su derecho de participación».

25. Sin embargo, frente a este último motivo de inconformidad, el actor no desarrolló con suficiencia las razones por las cuales el hecho de convocar el cargo de consejeros seccionales junto con los funcionarios judiciales quebranta el ordenamiento superior, pues no invocó norma alguna que le impida al Consejo Superior de la Judicatura hacer dicha convocatoria simultáneamente, máxime cuando los consejeros tienen «el mismo régimen salarial y prestacional y las mismas prerrogativas, responsabilidades e inhabilidades que los Magistrados de Tribunal Superior», según lo establece el artículo 84 de la Ley 270 de 1996.

26. Así las cosas, es oportuno recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de la demanda».16

27. En todo caso, esta corporación ha reiterado que la Ley 270 de 1996 viabiliza el acceso a los empleos de la Rama Judicial, pero no habilita a los aspirantes a inscribirse a todos los cargos ofertados, por lo que debe entenderse que «las restricciones que se hagan en cuanto al número o la inscripción por grupos no afecta el derecho al trabajo o a la conformación del poder público, sino que se trata de medidas legítimas tendientes a optimizar los recursos técnicos, económicos y administ rativos con miras a adel antar eficientemente los procesos de selección». 17

28. Por lo tanto, tales restricciones «no implican un sacrificio injustificado, irrazonable o desproporcionado del derecho que tienen los asociados de ocupar empleos del Estado,

eficientemente los procesos de selección». 17

28. Por lo tanto, tales restricciones «no implican un sacrificio injustificado, irrazonable o desproporcionado del derecho que tienen los asociados de ocupar empleos del Estado, sino que atienden a la necesidad de que las pruebas de selección para proveerlos sean coherentes con su clasificación, nivel, nomenclatura y especialidad, así como dotar de celeridad estos procesos y que las listas de elegibles se conformen adecuadamente».18

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de agosto de 2008, radicado 11001 -03-25-000-200700058-00 (1185-07). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000 -23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136). 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado 68001 -2333-000-2015-01239-01 (1200-2018). 18 Consejo de Estado, Sección Segu