CE - Auto interlocutorio 11001032600020240017600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – las causales del recurso extraordinario de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva.

OPORTUNIDAD PARA FORMULAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – artículo 251 del CPACA – para las causales 1ª y 2ª, 1 año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia recurrida. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD EN CASOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD – deber del juez de garantizar principios y derechos constitucionales. PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL – se debe privilegiar la efectivización de los derechos subjetivos por encima de la norma procesal. DECISIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – oportunidad para formular el recurso extraordinario de revisión se contabiliza desde la ejecutoria del auto que sustenta la revisión. AUTO QUE ADMITE – se cumplen los requisitos de procedencia, oportunidad y formales.

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – oportunidad para formular el recurso extraordinario de revisión se contabiliza desde la ejecutoria del auto que sustenta la revisión. AUTO QUE ADMITE – se cumplen los requisitos de procedencia, oportunidad y formales.

AUTO QUE ADMITE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El Despacho decide sobre la admisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 41001-33-31-0042009-00164-011.

I. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

En fecha indeterminada, Martha Patricia Montealegre Cubillos, Johana Fernanda Zarate Montealegre, Karen Juliet Zarate Montealegre, Álvaro Perdomo Brand, Daniel Fe rnando Perdomo Romero, Olga Lucia Perdomo Romero, Carlos David Perdomo Vega, Álvaro Andrés Perdomo Romero y Álvaro Javier Perdomo Montealegre presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara su responsabilidad patrimonial en la ejecución extrajudicial de Juan Pablo Perdomo Montealegre,

1 Al sub júdice le resulta aplicable la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesto por el artículo 306 del CPACA, vigentes para el 3 de diciembre de 2024, cuando fue

como las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesto por el artículo 306 del CPACA, vigentes para el 3 de diciembre de 2024, cuando fue interpuesto el recurso extraordinario de revisión.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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ocurrida el 27 de julio de 2007 en el corregimiento de Guacacallo del municipio de Pitalito, Huila.

El 27 de marzo de 2015, el Juzgado 1° Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva negó las pretensiones de la demanda , al considerar qu e se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima2.

El 24 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión de primera instancia . Como funda mento, c oncluyó que la muerte de Juan Pablo Perdomo Montealegre fue el resultado de una operación militar en la que participaron tropas del Batallón de Infantería 27 del Magdalena, en uso de la fuerza legítima y conforme a las reglas que rigen esa clase de actuaciones3.

El 14 de junio de 2017 quedó ejecutoriada esta sentencia4.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 3 de diciembre de 2024, Martha Patricia Montealegre Cubillos, Johana Fernanda Zarate Montealegre, Karen Juliet Zarate Montealegre, Álvaro Perdomo Brand, Daniel Fernando Perdomo Romero, Olga Lucia Perdomo Romero, Carlos David Perdomo Vega, Álvaro Andrés Perdomo Romero y Álvaro Javier Perdomo

Zarate Montealegre, Karen Juliet Zarate Montealegre, Álvaro Perdomo Brand, Daniel Fernando Perdomo Romero, Olga Lucia Perdomo Romero, Carlos David Perdomo Vega, Álvaro Andrés Perdomo Romero y Álvaro Javier Perdomo Montealegre formularon r ecurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila5.

Invocaron las causales 1ª y 2ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria ” y “[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”, respectivamente.

Afirmaron que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (en lo sucesivo JEP), en cumplimiento de sus funciones, dictó el Auto 081 del 20 de noviembre de 2023, en el que identificó los asesinatos y las desapariciones forzadas perpetradas por la Fuerza Pública entre los años 2005 y 2008 y atribuyó la

2 Documento contenido en el expediente digital con certificado EB453A413B21944C F5D5CEFB36DDEC9F 7D59EF096B1C8991 8598BF0837F1B584 , ubicado en el índice 2 de SAMAI, páginas 1 a 4.

F5D5CEFB36DDEC9F 7D59EF096B1C8991 8598BF0837F1B584 , ubicado en el índice 2 de SAMAI, páginas 1 a 4. 3 Documento contenido en el expediente digital con certificado EB453A413B21944C F5D5CEFB36DDEC9F 7D59EF096B1C8991 8598BF0837F1B584 , ubicado en el índice 2 de SAMAI, páginas 5 a 29. 4 Documento contenido en el expediente digital con certificado EB453A413B21944C F5D5CEFB36DDEC9F 7D59EF096B1C8991 8598BF0837F1B584 , ubicado en el índice 2 de SAMAI, página 30. 5 Documento contenido en el expediente digital con certificado CD67D58AC31B9C64 92D1F180C6538AAC 4D47208D65FA777D E263C881AD8B6F79, ubicado en el índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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responsabilidad de estos hechos a más de 35 militares en su condición de máximos responsables o partícipes determina dores de la muerte de aproximadamente 200 víctimas de ese tipo de hechos, calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre las víctimas se reconoció a Juan Pablo Perdomo Montealegre como asesinado por miembros del Ejército Nacional con el único fin de cumplir con los indicadores de éxito militar. Lo anterior, contrario a lo resuelto en el proceso de reparación directa, en el que se negaron las pretensiones de la demanda bajo el

como asesinado por miembros del Ejército Nacional con el único fin de cumplir con los indicadores de éxito militar. Lo anterior, contrario a lo resuelto en el proceso de reparación directa, en el que se negaron las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que Juan Pablo Perdomo Montealegre fue dado de baja legítimamente, en el marco de un enfrentamiento armado.

Sostuvieron que el Auto 081 de 2023 cumple con los requisitos formales y sustanciales exigidos para la prosperidad d el recurso , especialmente por las particularidades del caso, que imponen que se analice el asunto desde una óptica de justicia y de reparación integral de las víctimas.

Adicionalmente, adujeron que los documentos que sirvieron de sustento a la decisión del Tribunal Administrativo del Huila eran “ideológicamente falsos ” e hicieron parte de una estrategia de encubrimiento empleada por las unidades militares involucradas en los hechos, pa ra dar apariencia de legalidad a los asesinatos cometidos contra personas inocentes , circunstancias de la s que da cuenta el acta de la audiencia pública de reconocimiento celebrada los días 8, 9 y 10 de agosto de 2024.

En consecuencia, solicitaron que se infirme el fallo enjuiciado y se declare la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados.

II. CONSIDERACIONES

Para decidir sobre la admisión del presente recurso extraordinario de revisión, e l Despacho abordará los siguientes aspectos : (1) competencia, (2) oportunidad y procedencia del recurso y (3) requisitos formales.

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2496 del CPACA, en concordancia

procedencia del recurso y (3) requisitos formales.

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2496 del CPACA, en concordancia con el artículo 13 7 del Acuerdo 080 de 2019 8, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 9, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de

6 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]”. 7 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta secció n. […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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Estado es competente para conocer de este asunto.

Por otro lado, de acuerdo con los artículos 125.3 10 y 25311 ibidem, el Despacho es

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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Estado es competente para conocer de este asunto.

Por otro lado, de acuerdo con los artículos 125.3 10 y 25311 ibidem, el Despacho es competente para decidir sobre la admisibilidad del recurso extraordinario objeto de estudio.

2. Oportunidad y procedencia del recurso

El artículo 248 del CPACA prescribe que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, únicamente cuando se configura alguna de las causales previstas en el artículo 25012 de esa normativa.

Por su parte, el artículo 251 ibidem establece diferentes términos para interponer de manera oportuna el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con la causal que se invoque, a saber:

Causal Término Cómputo Para las causales 1ª, 2ª, 5ª, 6ª y 8ª 1 año A partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Causales 3ª y 4ª 1 año A partir de la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.

10 “Artículo 125. Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, De la expedició n de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”.

Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”. 11 “Artículo 253. Trámite. Modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021. Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. Si este se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos en el artículo 252, se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos advertidos. El recurso se rechazará cuando: 1. No se presente en el término legal. 2. Haya sido formulado por quien carece de legitimació n para hacerlo.

3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión. Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los diez (10) días siguientes, si a b ien lo tienen, y pidan pruebas. Dentro de este trámite no se podrán proponer excepciones previas y tampoco procederá la reforma del recurso de revisión.

PARÁGRAFO. En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia”. 12 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza ma yor o caso fortuito o por obra de la parte

documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza ma yor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida . 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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Causal 7ª 1 año A partir de la ocurrencia de los hechos que motiven la causal. Causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5 años Contados a partir de (i) la ejecutoria de la providencia judicial o (ii) desde

hechos que motiven la causal. Causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5 años Contados a partir de (i) la ejecutoria de la providencia judicial o (ii) desde el perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio, según el caso.

En el presente caso, los demandantes invocaron las causales de revisión 1ª y 2ª, por lo tanto, el término para formular la revisión extraordinaria era de 1 año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia cuya revisión se pretende.

En principio, lo anterior conllevaría al rechazo del recurso extraordinario porque la oportunidad para su interposición fue ampliamente superad a, pues el fallo enjuiciado cobró ejecutoria el 14 de junio de 2017, de modo que el término para la formulación del recurso se extendió hasta el 15 de junio de 2018, pero este se presentó el 3 de diciembre de 20 24. Esto implica que se superó con creces el término legalmente establecido.

Sin embargo, por las particulares circunstancias que rodean el asunto es necesario verificar estos requisitos de procedencia bajo un enfoque amplio que garantice los derechos de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, tal como pasa a explicarse a continuación.

De conformidad con el artícu lo 22813 de la Constitución Política, la administración de justicia es una función pública, en la que debe primar el derecho sustancial y el contenido material de los derechos , de tal manera que las formalidades no se conviertan en barreras injustificadas que impidan materializar la justicia.

de justicia es una función pública, en la que debe primar el derecho sustancial y el contenido material de los derechos , de tal manera que las formalidades no se conviertan en barreras injustificadas que impidan materializar la justicia.

En ese sentido, el juez debe velar por la aplicación del procedimiento con criterio s flexibles que trasciendan lo meramente formal , enfocándose en garantizar un mecanismo efectivo para la solución de las controversias que involucren los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, y de asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad.

13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo ”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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Por su parte, los artículos 1114 y 1215 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, regulan la forma en que deben interpretarse las normas procesales, teniendo como punto de partida fundamental que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y que cualquier duda que surja en la interpretación de las disposiciones deberá dilucidarse a la luz de los principios constitucionales y generales del derecho procesal.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que las formas no deben

reconocidos por la ley sustancial y que cualquier duda que surja en la interpretación de las disposiciones deberá dilucidarse a la luz de los principios constitucionales y generales del derecho procesal.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. De forma que las normas procesales no son un fin en sí mismas, sino un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos16. Así, el alto tribunal constitucional ha dicho que “no existen requisitos sacramentales no inamovibles en materia probatoria o procesal, pues el juez debe valorar cu ál es el mecanismo más efectivo para proteger los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto. Lo contrario sucede cuando el juez incurre en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto toda vez que olvida que el derecho procesal es solo un medio para la realización efectiva de los derechos fundamentales”17.

Entonces, aun cuando el artículo 13 del CGP dispone que las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificados o sustituidas por los funcio narios o particulares, salvo autorización expresa de la ley , no puede soslayarse qu e, por disposición constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora de la ley procesal y de obligatoria observancia por parte de las autoridades judiciales. De ahí que , acorde con las circunstancias propias de cada litigio, el juez deberá evitar que la aplicación de la norma procesal desencadene un escenario de afectación desproporcionada de garantías las

parte de las autoridades judiciales. De ahí que , acorde con las circunstancias propias de cada litigio, el juez deberá evitar que la aplicación de la norma procesal desencadene un escenario de afectación desproporcionada de garantías las fundamentales e incompatible con la Constitución Política , que se convierta en un límite insuperable para la consecución del derecho subjetivo18.

14 “Artículo 11. Interpretación de las normas procesa les. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”. 15 “Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez deter minará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial”. 16 Corte Constitucional, sentencias T-268 de 2010 y SU-041 de 2022. 17 Corte Constitucional, sentencias SU-454 de 2016, T-034 de 2017 y SU-081 de 2024. 18 En Sentencia C -662 de 2004, la Corte Constitucional señaló : “[ E]vadir los compromisos

17 Corte Constitucional, sentencias SU-454 de 2016, T-034 de 2017 y SU-081 de 2024. 18 En Sentencia C -662 de 2004, la Corte Constitucional señaló : “[ E]vadir los compromisos preestablecidos por las normas procesales bajo el supuesto de una imposición indebida de cargas a los asociados, no es un criterio avalado por esta Corporación, -salvo circunstancias muy puntuales- , en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las part es en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría por el contrario, a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia. También podríaRadicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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Este deber en cabeza del operador judicial cobra una especial relevancia en los casos en los que se debate la responsabilidad del Estado por la comisión de delitos de lesa humanidad —como las ejecu ciones extrajudiciales — o por graves violaciones de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario , particularmente cuando estas han ocurrido en el marco del conflicto armado. En tales contextos, las víctimas —sujetos de especial protección co nstitucional— suelen enfrentarse a múltiples barreras estructurales, institucionales y personales que les impiden ejercer oportunamente su derecho de acción.

Por ello, el juez tiene la responsabilidad de aplicar el procedimiento con criterios sustanciales que garanticen el acceso efectivo a la justicia, dejando de lado formalismos que puedan perpetuar la impunidad. En este escenario, n o debe

Por ello, el juez tiene la responsabilidad de aplicar el procedimiento con criterios sustanciales que garanticen el acceso efectivo a la justicia, dejando de lado formalismos que puedan perpetuar la impunidad. En este escenario, n o debe olvidarse que las ejecuciones extrajudiciales han sido calificadas por organismos nacionales e internacionales como una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, así como una expresión extrema de la degradación del conflicto armado, en la que agentes estatales —llamados a proteger a la población civil— se convirtieron en sus victimarios.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha ido trazando una postura jurisprudencial clara sobre la necesidad de analizar con un enfoque diferencial las demandas presentadas con ocasión de delitos de lesa humanidad (Sentencias T374 de 2023, SU-016 de 2024, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024 y T-004 de 2025). Concretamente, ha puesto de presente que debe privilegiarse el acceso a la administración de justicia y valorarse todas aquellas barreras que pudieron enfrentar los demandantes, así como los factores de vulnerabilidad asociados a los flagelos propios del conflicto armado, a efectos de concederle a las víctimas recursos ágiles y efectivos para garantizar la vigencia de sus derechos, como lo son la reparación integral y la prohibición de revictimización mediante exigencias desproporcionadas.

En el contexto específico de las ejecuciones extrajudiciales, ha dicho que:

“[…] Los expedientes relacionados con muertes y desapariciones posiblemente asociadas a los denominados “falsos positivos” requieren de una sensibilidad especial del juez. En clave de garantizar la justicia material, los jueces no pueden

“[…] Los expedientes relacionados con muertes y desapariciones posiblemente asociadas a los denominados “falsos positivos” requieren de una sensibilidad especial del juez. En clave de garantizar la justicia material, los jueces no pueden cerrar los ojos an te el contexto en el que ocurrieron estos casos ni analizar las pruebas de manera rígida o aislada, como si las normas procesales no fuesen un medio sino un fin en sí mismo. Las dinámicas del conflicto armado y las violaciones

representar, una afectación significativa a su debi do funcionamiento, lo que a la postre conllevaría un perjuicio al interés general. Por ende, autorizar libremente el desconocimiento de tales cargas, implicaría el absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando libremente la propia culpa o negligencia, perspectiva que a todas luces inadmite el derecho y que por consiguiente desestima esta Corporación. // Sin embargo, ello no significa que toda carga por e l solo hecho de ser pertinente para un proceso, se encuentre acorde con la Constitución, puesto que si resulta ser desproporcionada, irrazonable o injusta, vulnera igualmente la Carta y amerita la intervención de esta Corporación. En estos casos, como ocur re con las normas procesales en general, será pertinente determinar si sus fines son constitucionales y si la carga resulta ser razonable y proporcional respecto a los derechos consagrados en la norma superior ” (negrita fuera del texto).Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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(negrita fuera del texto).Radicado: 11001-03-26-000-2024-00176-00 (72233)

Demandante: Martha Patricia Montealegre Cubillos y otros

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de derechos humanos perpetrad as por el Estado exigen una reflexión cuidadosa para aplicar reglas [procesales], de modo que estas no se conviertan en cargas desproporcionadas sobre las víctimas y sus familiares. Así, cuando se sospecha que el Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos y que sus propios agentes, en lugar de procurar la justicia, han escondido la evidencia de sus delitos, la flexibilidad [procesal] se vuelve un imperativo de “vital relevancia” para garantizar el acceso a la administración de justicia. […]”19.

Asimismo, ha señalado que una decisión judicial debe estar orientada a garantizar (i) el goce efectivo de los derechos fundamentales de aplicación inmediata previstos en la Constitución Política, (ii) las normas y principios prescritos en el texto superior, (iii) la real comprensión de la relación jurídica-procesal trabada por las partes, (iv) el cumplimiento de derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario ratificados por el Estado colombiano y (v) las leyes relevantes para la resolución del asunto20.

Así, frente al cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, en casos que versan sobre la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, como la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado, crímenes de guerra y genocidio, la Corte Constitucional ha reprochado la aplicación taxativa de la oportunidad prevista en los artículos 136 del C.C.A.21 y 164 del CPACA. Por

de guerra y genocidio, la Corte Constitucional ha reprochado la aplicación taxativa de la oportunidad prevista en los artículos 136 del C.C.A.21 y 164 del CPACA. Por tal motivo, ha establecido criterios específicos que deben ser observados por las autoridades judiciales al analizar este presupuesto procesal, a saber: (i) el momento en e l que las víctimas adquieren conocimiento cierto sobre la participación d el Estado y la posibilidad de atribuirle responsabilidad patrimonial ; (ii) las barreras de acceso a la administración de justicia que pudieron enfrentar las víctimas; y (iii) los factores de vulnerabilidad asociados al hecho victimizante que motiva la demanda de reparación directa22.

Dada la materia, es evidente que estos criterios resultan extensibles a la valoración de la oportunidad dispuesta por el artículo 251 del CPACA, de manera que no se trata simplemente de obrar con apego a la formalidad. Por el contrario, la autoridad judicial debe atender los mandatos constitucionales y evitar un defecto por exceso ritual manifiesto , el cual podría tener lugar por: (i) aplicar en forma inflexible disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de los derechos constitucionales en un caso concreto; y (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de modo irreflexivo, que puedan constituir cargas imposibles de cum plir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada23.

Al respecto, conviene recordar que al resolver una acción de tutela contra el fallo que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia que puso fin a un proceso de reparación directa donde se negaron las

19 Corte Constitucional, Sentencia SU-287 de 2024.

que declaró i