CE - Auto interlocutorio 11001032600020240018500 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

Recurrente: Rocío Bustos Ramos y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265) Recurrentes: ROCÍO BUSTOS RAMOS Y OTROS Asunto: Decisión sobre la admisión del recurso

De conformidad con lo establecido en los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), procede el Despacho a decidir sobre la admisión del recurso extraordinario de revisión de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), a través de apoderada judicial, el grupo familiar conformado por Rocío Bustos Ramos, Yeferson Huelgos Bustos, Jhoan Steven Huelgos Ramos, Evelyn Huelgos Ramos, Merary Huelgos Vargas y Olimpo Huelgos Vargas, en su calidad de familiares del señor Ever Huelgos Vargas, y el conformado por Ana Terrios Castillo, Francisco Antonio Falla Terrios, Cristian Stiven Falla Terrios y Jairo Andrés Falla Terrios, en calidad de familiares del señor Jairo Falla Calderón, formuló recurso extraordinario de revisión contra la

Vargas, y el conformado por Ana Terrios Castillo, Francisco Antonio Falla Terrios, Cristian Stiven Falla Terrios y Jairo Andrés Falla Terrios, en calidad de familiares del señor Jairo Falla Calderón, formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), dentro del proceso de reparación directa No. 41001-33-31002-2007-00287-011, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda que buscaba el pago de la indemnización de perjuicios por la muerte de los señores Ever Huelgos Vargas y Jairo Falla Calderón, ocurrida, según se adujo, por la acción 1 Según consta en la providencia objeto de revisión, el proceso fue enviado al Tribunal de Arauca en el plan de descongestión del Tribunal Administrativo del Huila.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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de miembros del Ejército Nacional, muertes que fueron declaradas como bajas en combate2.

Al efecto, alegan que se configuraron las causales de revisión previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contrar ia” y “[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”, las cuales consideran materializadas en tanto la Jurisdicción Especial

al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contrar ia” y “[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”, las cuales consideran materializadas en tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante Auto 081 de veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), determinó que la muerte de los señores Ever Huelgos Vargas y Jairo Falla Calderón debía catalogarse como asesinato en persona protegida, en tanto en Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad , desarrollada el diez (10) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), miembros del Ejército Nacional reconocieron que los referidos ciudadanos no murieron en combate, sino que su deceso se produjo en el contexto de la práctica conocida como falsos positivos.

Bajo este panorama, afirman que se produjo una prueba “recobrada” que da cuenta de la antijuricidad del daño, pues los hallazgos de la JEP evidencian que los medios de convicción que condujeron a negar las pretensiones de la demanda, entre ellas, la orden de operaciones y las declaraciones de quienes participaron en la operación, son falsos.

Aseguran que, pese a que es evidente que el término que contempla el inciso primero del artículo 251 del CPACA para la interposición del recurso se encuentra vencido, debido a que la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017)3, lo cierto es que en este caso se hace necesario aplicar la excepción de inconstitucionalidad de dicha disposición, como

de agosto de dos mil diecisiete (2017)3, lo cierto es que en este caso se hace necesario aplicar la excepción de inconstitucionalidad de dicha disposición, como quiera que aquella resulta contraria a los artículos 28, 29, 228 y 229 constitucionales, en tanto su aplicación estricta atenta contra el derecho de acceso a la administración de justicia.

2 Índice 2 de SAMAI. 3 Folio 47 del PDF “7_DemandaWeb_Anexos_ANEXOS” del índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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Así, sostienen que para la fecha en la que debía formularse el recurso “no existía un umbral de verdad significativo en relación con el fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Huila”, pues ello solo ha sido revelado a raíz de las investigaciones adelantadas por la JEP, de manera que no les resultaba exigible la interposición del recurso cuando no existían elementos que dieran cuenta de la configuración de las causales alegadas.

Bajo este derrotero, solicitan que, dadas las especiales condiciones que subyacen al caso concreto, se flexibilicen las normas sobre la oportunidad del recurso de revisión, permitiendo que el cómputo de que trata el artículo 251 del CPACA se haga desde “la fecha en que tuvo lugar la Audiencia Pública de Reconocimiento, esto es desde el 10 de agosto de 2024, por ser el momento a partir del cual finalmente los demandantes han logrado tener acceso y recaudar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su caso se encuentra inmerso dentro de alguna de

el 10 de agosto de 2024, por ser el momento a partir del cual finalmente los demandantes han logrado tener acceso y recaudar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su caso se encuentra inmerso dentro de alguna de las causales de revisión que consagra el artículo 2 50 del CPACA”4 (negritas en original).

2. Efectuado el reparto correspondiente, el expediente ingresó al Despacho el dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) para adelantar el trámite que en derecho corresponda5.

3. Por auto del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticinco (2025) se aceptó la renuncia de la apoderada de la parte actora y se requirió la designación de un nuevo apoderado6. Mediante memoriales del once (11) de junio y (veintiocho) 28 de julio de los corrientes, los recurrentes solicitaron información sobre el trámite de este asunto7.

II. CONSIDERACIONES

1. Normativa aplicable

El Despacho advierte que para resolver sobre la admisión de este recurso la normativa aplicable es la establecida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 4 PDF “3_DemandaWeb_Demanda_RECURSOEVERHUELGOSYJ” del Índice 2 de SAMAI. 5 Índice 3 de SAMAI. 6 Índice 5 de SAMAI. 7 Índices 11 y 12 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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2. Competencia

7 Índices 11 y 12 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

Recurrente: Rocío Bustos Ramos y otros

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2. Competencia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión, en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA8, en concordancia con lo reglado en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno9ꟷ, toda vez que la sentencia cuya revisión se solicita fue proferida por un Tribunal Administrativo.

Además, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 253 ibidem, este Despacho es competente para pronunciarse acerca de su admisión10.

3. Del recurso extraordinario de revisión

a. Aspectos generales y oportunidad para su presentación

El recurso extraordinario de revisión es un medio de control independiente que inicia un proceso nuevo, con el que se puede afectar la inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas que han hecho tránsito a cosa juzgada. Su objetivo es “procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente"11.

La procedencia de este recurso fue establecida en el artículo 248 del CPACA en los siguientes términos:

“Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y

La procedencia de este recurso fue establecida en el artículo 248 del CPACA en los siguientes términos:

“Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y 8 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.” 9 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: SECCION TERCERA: (…) 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.” 10 “ARTÍCULO 253. TRÁMITE. Recibido el expediente, el magistrado ponente resolverá sobre la admisión del recurso. (…)”. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia 29 de abril de 2015. Radicación: 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26.239).Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales administrativos y por los jueces administrativos.”

En cuanto a la oportunidad para su interposición, el Código de Procedimiento

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subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales administrativos y por los jueces administrativos.”

En cuanto a la oportunidad para su interposición, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció los términos de acuerdo con la causal que se invoque, de la siguiente manera:

CAUSALES INVOCADAS

ARTÍCULO 251 CPACA

TÉRMINO

PARA

PRESENTAR

EL RECURSO

CÓMPUTO12

Causales (113, 214, 515, 616 y 817) Un (1) año Siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Causal 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

Causal 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

Un (1) año

A partir de la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. Causal 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

Un (1) año

A partir de la ocurrencia de los hechos que motiven la causal. Causal del artículo 20 de la Ley 797 de

200318. Relativa a la revisión de

Cinco (5) años Contados a partir de i) la

A partir de la ocurrencia de los hechos que motiven la causal. Causal del artículo 20 de la Ley 797 de

200318. Relativa a la revisión de

Cinco (5) años Contados a partir de i) la ejecutoria de la 12 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”. 13 “1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.” 14 “2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.” 15 “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede

recurso de apelación.” 16 “6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.” 17 “8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.” 18 “Artículo 20. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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CAUSALES INVOCADAS

ARTÍCULO 251 CPACA

TÉRMINO

PARA

PRESENTAR

EL RECURSO CÓMPUTO12 prestaciones periódicas concedidas con cargo al tesoro público o de fondos de naturaleza pública. providencia judicial o ii) desde el perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio; según el caso.

Por su parte, en concordancia con estas disposiciones, el numeral 1° del artículo 253 del CPACA dispone que se procederá con el rechazo de plano cuando el recurso “[n]o se presente en el término legal”.

caso.

Por su parte, en concordancia con estas disposiciones, el numeral 1° del artículo 253 del CPACA dispone que se procederá con el rechazo de plano cuando el recurso “[n]o se presente en el término legal”.

b. Requisitos formales para su interposición

Adicionalmente, para que proceda la admisión del recurso extraordinario de revisión es necesario satisfacer los requerimientos formales que establece el artículo 252 del CPACA, los cuales precisan: i) la indicación de las partes y de sus representantes legales, incluyendo el nombre y domicilio del recurrente, ii) el señalamiento de la causal de revisión que se invoca explicando razonadamente los supuestos fácticos y jurídicos en que se sustenta, y, por último, iii) la aportación del poder especial para su interposición, de las pruebas que tenga en su poder y de las que pretende hacer valer.

En el mismo sentido, debe verificarse que hayan sido aportados los documentos previstos en el artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo19, en cuanto fuera pertinente, en tanto, como atrás se

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y, además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” 19 “Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” 19 “Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.

2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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indicó, la presentación del recurso extraordinario de revisión se asimila a la de una demanda con la cual se inicia un proceso nuevo que cuenta con un trámite propio.

Y, adicionalmente, de conformidad con la modificación introducida en el artículo 162 del CPACA, deben atenderse los siguientes requisitos:

demanda con la cual se inicia un proceso nuevo que cuenta con un trámite propio.

Y, adicionalmente, de conformidad con la modificación introducida en el artículo 162 del CPACA, deben atenderse los siguientes requisitos:

“ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

(…) 7. <Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. <Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se s oliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”

Conforme con lo expuesto, atañe establecer si en este caso se cumplen los requisitos

todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”

Conforme con lo expuesto, atañe establecer si en este caso se cumplen los requisitos que el ordenamiento jurídico previó para la admisión del recurso extraordinario de revisión.

4. Sobre la admisión del recurso en el caso concreto

4.1. Pues bien, analizado el plenario el Despacho advierte que se cumple con el primer requisito de admisión, esto es, el requisito de procedencia de que trata el artículo 248 del CPACA, pues se aportó prueba de que la sentencia de trece (13) de

3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado.

Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.”Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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julio de dos mil diecisiete (2017), objeto de revisión, quedó debidamente ejecutoriada el día veinticinco (25) de esos mismos mes y año, según consta en la certificación expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca20.

el día veinticinco (25) de esos mismos mes y año, según consta en la certificación expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca20.

4.2. Sin embargo, dicha información evidencia que, como lo reconocieron los propios recurrentes, el recurso no se presentó dentro de la oportunidad correspondiente, pues el término de un (1) año de que trata el artículo 251 del CPACA para su interposición venció el veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en tanto el recurso se formuló solo hasta el seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), esto es, más de seis (6) años después de la ejecutoria de la sentencia.

4.2.1. Al respecto, la parte actora solicita que se aplique la excepción de inconstitucionalidad del artículo 251 del CPACA o que, en su defecto, se flexibilice el término allí previsto para la interposición del recurso, bajo la consideración de que la aplicación estricta de esa norma contraviene la Constitución Política en sus artículos 28, 29, 228 y 229, en tanto se desconocería que solo hasta el diez (10) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)21, fecha en la que la JEP adelantó la audiencia de reconocimiento de responsabilidad, se conocieron las verdaderas condiciones en las que habría ocurrido la muerte de los señores Ever Huelgos Vargas y Jairo Falla Calderón. Por ello, a su juicio y dando prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, debe avalarse la formulación tardía del recurso y adoptar una sentencia que reconozca la responsabilidad estatal, tal y como fue solicitada.

Pues bien, para resolver sobre el punto es necesario precisar que la excepción de

formal, debe avalarse la formulación tardía del recurso y adoptar una sentencia que reconozca la responsabilidad estatal, tal y como fue solicitada.

Pues bien, para resolver sobre el punto es necesario precisar que la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta a través de la cual, con fundamento en lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política22, las autoridades judiciales pueden inaplicar una norma por resultar contraria a la Constitución Política23. De 20 Folio 47 del PDF “7_DemandaWeb_Anexos_ANEXOS” del Índice 2 de SAMAI. 21 La audiencia se habría adelantado los días 8,9 y 10 de agosto de 2024. 22 “Artículo 4°. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.” 23 En sentencia T-389 de 2009 la Corte Constitucional explicó que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una (sic) caso concreto y las normas constitucionales”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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concreto y las normas constitucionales”.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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acuerdo con la jurisprudencia constitucional , su procedencia se circunscribe, fundamentalmente, a tres escenarios24:

«(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad […];

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de in constitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”».

Para los recurrentes, la aplicación a este asunto del inciso primero del artículo 251 del CPACA, que contempla el término para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando se invoquen las causales de revisión 1° y 2° del artículo 250 de la misma codificación, vulnera disposiciones superiores.

Sin embargo, se advierte que la norma que regula la oportunidad en la presentación de este recurso extraordinario en la jurisdicción contenciosa administrativa lo que

misma codificación, vulnera disposiciones superiores.

Sin embargo, se advierte que la norma que regula la oportunidad en la presentación de este recurso extraordinario en la jurisdicción contenciosa administrativa lo que busca es racionalizar el derecho de acceso a la administración de justicia, de manera que la posibilidad de infirmar por esta vía un fallo que se encuentre debidamente ejecutoriado y en firme opere dentro de un lapso razonable, precisamente, con el objeto de salvaguardar prerrogativas e intereses comunes de rango superior, como la seguridad y estabilidad jurídica.

Como bien se sabe, el recurso extraordinario de revisión es una herramienta excepcional que no tiene propiamente un carácter adversarial, sino que su razón de ser es la revisión de una decisión judicial que , bajo ciertas circunstancias excepcionales previstas por el legislador, puede resultar contraria al ordenamiento jurídico, despojándola del principio de cosa juzgada. Ello explica el por qué la ley contempla que este recurso debe proponerse dentro de un término preciso y delimitado, de manera que se preserve la seguridad de las decisiones judiciales y se 24 Al respecto consultar: Corte Constitucional Sentencia SU-109 de 2022 considerando 162. En dicha providencia se pone de presente que esta tesis se ha planteado también en la SU-599 de 2019 y en la sentencia T-681 de 2016.Radicado: 11001-03-26-000-2024-00185-00 (72265)

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garantice el derecho que tienen los administrados de que sus conflictos sean resueltos de manera certera y definitiva25.

Recurrente: Rocío Bustos Ramos y otros

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garantice el derecho que tienen los administrados de que sus conflictos sean resueltos de manera certera y definitiva25.

De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya indicado que avalar que los ciudadanos presenten sus reclamos ante la autoridad judicial sin límite s temporales, alegando la garantía de acceso a la administración de justicia, “impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos”26. Y, en el mismo sentido, el Consejo de Estado ha indicado que “la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión en cualquier tiempo, no sólo vulneraría los derechos al debido proceso y pronta administración de justicia de las personas en favor de quien (sic) se dictó la respectiva sentencia, sino la seguridad y la certeza jurídicas en que se basa el Estado de derecho.”.27

En este sentido, no se observa que la aplicación del artículo 251 del CPACA al caso concreto comporte violación de normas superiores por denegación de acceso de administración de justicia, de un lado, porque la finalidad de la revisión no es abrir un nuevo camino para debatir la responsabilidad estatal, como parece entenderlo la parte actora, de manera que el término no puede estar condicionado al acaecimiento de situaciones posteriores que permitan acreditar los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado; y, del otro, porque el término para la presentación del recurso responde, de acuerdo con la libertad de configuración de legislador, a circunstancias objetivas y claramente especificadas ─la fecha de

responsabilidad extracontractual del Estado; y, del otro, porque el término para la presentación del recurso responde, de acuerdo con la libertad de configuración de legislador, a circunstancias objetivas y claramente especificadas ─la fecha de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión y la causal invocada─, aplicables a todos los asuntos sometidos al conocimiento de esta jurisdicción, de manera que no se trata de una exigencia particularmente gravosa para este caso, sino de la acreditación de unos parámetros objetivos e identificab