CE - Auto interlocutorio 25000232600020100020702 de 2025

Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Reparación directa Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

Demandada: Instituto de Desarrollo Urbano — IDU y otros Asunto: Auto deja sin efectos y ordena traslado para alegar de conclusión

(CCA -CPC) AUTO DEJA SIN EFECTOS Estando el expediente al despacho para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se observa que en el trámite procesal se incurrió en irregularidades que hacen necesario dejar sin efectos algunas de las actuaciones adelantadas en segunda instancia y, en consecuencia, ordenar nuevamente el traslado para alegar de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante sentencia del 11 de septiembre de 2014", la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -en descongestiónnegó las pretensiones de la demanda formuladas por Unidades Residenciales Modernas S.A.S en contra del Instituto de Desarrollo Urbano — iDU, con la cual se pretendía la declaratoria de responsabilidad de este ultimo por “los perjuicios ocasionados con

la obra pública de intervención realizada en la avenida Pepe Sierra (calle 116) entre

S.A.S en contra del Instituto de Desarrollo Urbano — iDU, con la cual se pretendía la declaratoria de responsabilidad de este ultimo por “los perjuicios ocasionados con la obra pública de intervención realizada en la avenida Pepe Sierra (calle 116) entre las carreras 15 y 19 de la nomenclatura urbana de esta ciudad”.

2. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual formuló la siguiente solicitud probatoria (transcripción literal, incluidos posibles errores): “(...) [BJajo el amparo legal que le asiste a esta parte accionante y solicitante de la prueba pericial decretada y aún a la fecha no practicada sin culpa esta parte procesal, se Solicita a su señoría en esta instancia jurisdiccional se decrete la prueba pericial valuatoria de daños que solicitara esta parte procesal en fecha del 5 de 1 Folios 609 a 624 del cuaderno principal del Consejo de Estado.Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301) Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A. octubre del 2010 y que fuera decretada por auto fecha el 3 de agosto del 2012 y la cual a la fecha el presente no ha podido ser practicada ni recaudada”

3. Mediante auto del 24 de marzo de 2015?, este despacho admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

4. El 27 de marzo de 20153, la parte demandante presentó memorial para insistir en el decreto y práctica del dictamen pericial de avalúo de daños solicitado en el recurso de apelación.

5. El 20 de abril de la misma anualidad, el despacho decretó como prueba en segunda instancia el dictamen pericial pedido por el extremo activo, para lo cual se

recurso de apelación.

5. El 20 de abril de la misma anualidad, el despacho decretó como prueba en segunda instancia el dictamen pericial pedido por el extremo activo, para lo cual se comisionó a la Subsección C -en descongestiónde la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objeto de que recaudara el dictamen pericial señalado.

6. El 3 de noviembre de 2015°, el despacho ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, decisión frente a la cual el actor interpuso recurso de reposición, al considerar que no se podía surtir dicha actuación porque no se había recaudado el dictamen pericial ordenado.

7. Por auto del 25 de enero de 20168, se revocó la decisión y se ordenó requerir al juez de primera instancia para que aportara la prueba señalada.

8. Una vez rendido el dictamen pericial, a través de providencia del 25 de octubre de 2016”, el despacho ordenó correr traslado a las partes por el término de cinco (5) días para que se pronunciaran al respecto.

9. Tanto Segurexpo de Colombia S. A® como el IDU? presentaron objeción por error grave del dictamen pericial rendido por Gustavo Caicedo Lozano. Frente a ello, mediante auto del 26 de septiembre de 2017%, el despacho ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que .se celebrara la audiencia de contradicción del dictamen pericial establecida en el artículo 228 del CGP. 2 Folio 686 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 3 Folios 687 a 688 del cuaderno principal del Consejo de Estado.

audiencia de contradicción del dictamen pericial establecida en el artículo 228 del CGP. 2 Folio 686 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 3 Folios 687 a 688 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 4 Folios 693 a 695 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 5 Folio 742 del cuaderno principal del Consejo de Estado. ® Folios 748 a 7498 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 7 Folio 788 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 3 Folios 789 a 824 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 9 Folios 826 a 829 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 19 Folio 852 del cuaderno principal del Consejo de Estado.Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

10. La anterior determinación fue cuestionada por medio de recurso de reposición por la parte actora, la cual consideró que debían ser declaradas improcedentes las objeciones por error grave. Por su parte, la entidad demandada expuso que no había lugar a citar a audiencia toda vez que la objeción por error grave del dictamen pericial debía ser resuelta en la sentencia.

11. En auto del 13 de diciembre de 201711, el despacho expuso que la normativa aplicable al proceso era el CCA y el CGP, a partir de lo cual decidió modificar la providencia del 26 de septiembre de la misma anualidad y ordenó citar a las partes a audiencia de contradicción del dictamen ante esta Corporación, a celebrarse el 22 de enero de 2018,

12. La diligencia mencionada no se pudo realizar, razón por la cual fue

a audiencia de contradicción del dictamen ante esta Corporación, a celebrarse el 22 de enero de 2018,

12. La diligencia mencionada no se pudo realizar, razón por la cual fue reprogramada en varias oportunidades: 20 de marzo de 2018, 18 de julio 2018, 17 de septiembre de 2018 y 29 de noviembre de 2018; no obstante, nunca llegó a celebrarse.

13. El 8 de enero de 202012, la abogada Alba Marcela Ramos Calderón presentó renuncia al poder conferido por el 1DU. Por su parte, el 25 de septiembre de 202018, el extremo activo presentó solicitud de impulso procesal.

14. En auto del 12 de febrero de 202114, el despacho aceptó la renuncia al poder presentada por Alba Marcela Ramos Calderón, apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano y, a su vez, frente al impulso procesal promovido por la parte demandante, indicó que los litigios debían resolverse en el estricto orden de ingreso al despacho, de tal manera que se debía esperar el respectivo turno.

15. El IDU presentó recurso de reposición en contra del auto del-12 de febrero de 202115, al estimar que se había ordenado dar impulso procesal en lugar de correr traslado para alegar de conclusión, que era lo que correspondía.

16. El 22 de enero de 2024S, el despacho confirmó el auto del 12 de febrero de 2021 y ordenó correr traslado para alegar de conclusión. 11 Folio 869 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 12 Folio 431 a 433 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 13 Índice No. 129 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

11 Folio 869 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 12 Folio 431 a 433 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 13 Índice No. 129 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 14 Índice No. 130 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 15 Índice No. 134 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 16 Índice No. 151 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

16. A través de auto del 28 de agosto de 20251”, el despacho se pronunció nuevamente sobre unas pruebas solicitadas en segunda instancia por la parte demandante y negó su decreto. ll. CONSIDERACIONES

1. La normativa aplicable Por tratarse de una demanda promovida el 16 de abril de 2010, esto es, con anterioridad al 2 de julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, que corresponden a las consagradas en el CCA y el CPC, de conformidad con lo previsto en el artículo 308 del CPACA’8 -Ley 1437 de 2011-.

2. Improcedencia de la aplicación del artículo 228 del CGP al proceso y auto del 28 de agosto de 2025: saneamiento del trámite De entrada, el despacho advierte que, si bien en el auto del 26 de septiembre de 2017 se sostuvo que en este proceso resultaban aplicables las normas procesales del CGP y, en consecuencia, se debía citar a audiencia de contradicción del

De entrada, el despacho advierte que, si bien en el auto del 26 de septiembre de 2017 se sostuvo que en este proceso resultaban aplicables las normas procesales del CGP y, en consecuencia, se debía citar a audiencia de contradicción del dictamen, lo cierto es que no hay lugar a celebrar la diligenciada mencionada y en ese sentido, corresponde dejar sin efectos el trámite procesal adelantado a partir de esa decisión, por las razones que se explican a continuación: Como se expuso de manera previa, este proceso fue instaurado el 16 de abril de 2010, con anterioridad a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), de tal manera que le resultan aplicables las normas del régimen jurídico anterior, que corresponden al Decreto 01 de 1984 -CCA y al Código de Procedimiento Civil - CPC, en razón a que el artículo 308 del CPACA así los dispone: “ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 17 Índice No. 170 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. 18 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (Enfasis añadido).Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Cabe resaltar que esta expresión “régimen jurídico anterior” no se refiere solamente a las disposiciones del Decreto 01 de 1984 -CCA, sino que también comprende todas aquellas normas complementarias que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del CPACA, en la medida en que el artículo 26719 del Decreto 01 de 1984CCA, expresamente menciona que, en los aspectos no regulados por dicha codificación son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (CPC)?, Aclarado lo anterior, el despacho precisa que, conforme lo regulado en el artículo 238 del CPC, que determina lo correspondiente a la contradicción del dictamen pericial, cuando se presenta objeción por error grave frente al experticia, al juez le corresponde decidir sobe ello en la respectiva sentencia. Al tenor literal de la norma: “ARTÍCULO 238. CONTRADICCION DEL DICTAMEN. Para la contradicción de la pericia se procederá así:

corresponde decidir sobe ello en la respectiva sentencia. Al tenor literal de la norma: “ARTÍCULO 238. CONTRADICCION DEL DICTAMEN. Para la contradicción de la pericia se procederá así:

1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.

2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días.

3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas.

4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas. 19 "Artículo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”. 20 El CPC se encontraba vigente antes del 2 de julio de 2012 -fecha de entrada en vigor del CPACA, época en la cual aún no se había expedido el CGP (Ley 1564 de 2012), pues este estatuto procesal se expidió el 12 de julio de 2012.

Sobre la aplicación del CCA y el CPC para los procesos que se formularon antes del 12 de julio de

se expidió el 12 de julio de 2012. Sobre la aplicación del CCA y el CPC para los procesos que se formularon antes del 12 de julio de 2012, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 4 de agosto de 2025, expediente 64740; Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de febrero de 2025, expediente 65486; Sección Tercera, Subsección A, auto de 1° de julio de 2020, expediente 61155; Sección Tercera, Subsección A, sentencia 20 de mayo de 2022, expediente 64181; Sección Tercera, Subsección A, auto de 18 de agosto de 2023, expediente 69761; Sección Tercera, Subsección C, auto de 16 de noviembre 2023, expediente 65267.Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro

de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare” (énfasis añadido).

Como se observa, la normativa aplicable no previó la celebración de audiencias de ninguna clase para la contradicción del dictamen pericial, ello debido a que en dicho régimen prevalecía las actuaciones de manera escritural. Así las cosas, se impone dejar sin efectos algunas actuaciones del trámite procesal desde el auto del 26 de septiembre de 2017, que ordenó efectuar la audiencia de contradicción del dictamen ante el juez de primera instancia, así como la providencia del 13 de diciembre de 2017, que modificó la anterior decisión y ordenó efectuar la diligencia ante esta Corporación. Al respecto, debe ponerse de presente que el despacho también incurrió en error en la providencia del 28 de agosto de 2025, a través de la cual se pronunció nuevamente sobre medios probatorios que ya habían sido decretados en segunda instancia por medio de auto del 20 de abril de 20152"; de tal manera que, como se señaló, se debe dejar sin efectos algunas actuaciones adelantadas desde que se ordenó practicar la audiencia del artículo 228 del CGP y, en consecuencia, ordenar que se surtan nuevamente los alegatos de concusién, previo a dictarse la sentencia

dejar sin efectos algunas actuaciones adelantadas desde que se ordenó practicar la audiencia del artículo 228 del CGP y, en consecuencia, ordenar que se surtan nuevamente los alegatos de concusién, previo a dictarse la sentencia correspondiente. Esta decisión se fundamenta en la teoría del “antiprocesalismo”?, figura que ha sido utilizada tanto por la jurisprudencia?3 como por la doctrina?, para sustentar que una ' 21 Folios 693 a 695 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de febrero 4 de 1981, proceso abreviado suscitado por Juan de la Cruz Acevedo contra Magnolia Rosa Gómez; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de marzo de 1981. Gaceta Judicial LXX, 2; LXXVII, 51 y XC 330. Proceso Enrique A. Fuentes contra Herederos de José Galo Alzadora. 23 Sobre la teoría del “antiprocesalismo”, sus alcances conceptuales y prácticos, consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, [i] auto del 2 de marzo de 2022, expediente No. 67.549, C.P. Maria Adriana Marín; [ii] auto del 11 de octubre de 2021, expediente No. 66.850 C.P. María Adriana Marín; [iii] auto de! 24 de octubre de 2021, expediente No. 64.027, C.P. María Adriana Marín y [iv] Subsección B, auto del 2 de noviembre de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

24 de octubre de 2021, expediente No. 64.027, C.P. María Adriana Marín y [iv] Subsección B, auto del 2 de noviembre de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 24 VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. Teoría Constitucional del Proceso. Bogotá: 1999. Ediciones Doctrina y Ley. P.889-891.Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301) Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A. actuación irregular del operador judicial no lo somete a incurrir en subsiguientes imprecisiones, en cuanto el error no es fuente de derechos”. Lo anterior con fundamento en que “la providencia ilegal no ata al juez”. En efecto, esta Corporación ha sostenido que, frente a determinadas situaciones procesales, que pueden no constituir nulidad, el operador judicial puede corregir sus propias irregularidades y así evitar que el debido tránsito del proceso se vea alterado o, incluso, afectar la sentencia que en derecho deba dictarse”. Con relación a este punto, la ley?” le asignó al juez facultades dirigidas a controlar la legalidad y adoptar las medidas necesarias para solventar las irregularidades o vicios del trámite procesal, que de no ser saneadas pondrían en riesgo la posibilidad de emitir decisión de fondo. En otras palabras, la facultad de saneamiento le impone al Juez la obligación de revisar la existencia de irregularidades o vicios en el proceso y subsanarlos, para que el trámite pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito?, Así las cosas y, en aplicación de la facultad de saneamiento, dado que en el presente caso no se debió ordenar la contradicción del dictamen pericial dispuesto

sentencia de mérito?, Así las cosas y, en aplicación de la facultad de saneamiento, dado que en el presente caso no se debió ordenar la contradicción del dictamen pericial dispuesto en los autos del 26 de septiembre de 2017 y 13 de diciembre de la misma anualidad, ni proferir la providencia del 28 de agosto de 2025, el despacho dejará sin efectos algunas de las actuaciones adelantadas en el proceso desde 26 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, ordenará correr nuevamente traslado para alegar de conclusión. En mérito de lo expuesto, se 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 13 de julio de 2002, expediente No. 17.583, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 11 de octubre de 2021, expediente 66850, C.P. Maria Adriana Marin. 27 El artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, que posteriormente fue derogada por el Código Géneral del Proceso establecía lo siguiente: “Artículo 25. Agotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas”. Dicha facultad también se estableció el CPACA, el cual en su artículo 207 prevé en los mismos términos: “Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control

Dicha facultad también se estableció el CPACA, el cual en su artículo 207 prevé en los mismos términos: “Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas”. 28 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 26 de septiembre de 2013, radicado No. 08001-23-333-004-2012-00173-01(20135). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección: Segunda, auto del 18 de febrero de 2021, radicado Nro. 11001-03-25-000-2016-00098-00(0496-16).ae Radicación: 250002-32-6000-2010-00207-02 (53301)

Demandante: Unidades Residenciales Modernas S.A.

RESUELVE PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS las siguientes actuaciones adelantadas en el proceso: auto del 26 de septiembre de 2017; auto del 13 de diciembre de 2017; auto del 22 de enero de 2024 y; auto del 28 de agosto de 2025.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y conforme con la parte motiva de esta providencia, CORRER traslado a las partes, por 10 dias, para que presenten sus alegatos de conclusión, vencidos los cuales se concederá el mismo término al Ministerio Público para que, si a bien lo tiene, rinda concepto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ICOLÁ " ALES

sus alegatos de conclusión, vencidos los cuales se concederá el mismo término al Ministerio Público para que, si a bien lo tiene, rinda concepto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ICOLÁ " ALES Consejero d o

PS