CE - Auto interlocutorio 25000233600020230045801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C. S.A. E.S.P.

Demandado: Jorge Hernán Castellanos Rueda

Referencia: Repetición

Temas: EMBARGO Y SECUESTRO EN PROCESO DE REPETICIÓN - Artículo 23 de la Ley 678 de 2001, modificado por el artículo 45 de la Ley 2195 de 2022 - Es procedente según las reglas del Código General del Proceso - Se debe allegar prueba siquiera sumaria del elemento subjetivo con que se acusa la actuación dolosa o gravemente culposa del agente / CULPA GRAVE – Requiere un estudio íntegro que, para esta etapa procesal, no fue demostrado / COSTAS – El Estado ventila un interés público para proteger el erario.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 16 de diciembre de 2024, a través del cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar formulada en el asunto de la referencia.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La entidad accionante solicitó el embargo y secuestro de algunos bienes del demandado, los cuales asegurarían el pago de la eventual condena. La primera

cautelar formulada en el asunto de la referencia.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La entidad accionante solicitó el embargo y secuestro de algunos bienes del demandado, los cuales asegurarían el pago de la eventual condena. La primera instancia consideró que no se justificó en debida forma la necesidad de dicha medida y, en todo caso, l os fallos condenatorios no eran prueba de la culpa grave que se le endilgó al accionado. En contraposición, la actora señala que, en dichas providencias, la jurisdicción ordinaria concluyó que las renuncias no fueron voluntarias, sino que obedecieron al co nstreñimiento que supuestamente el accionado ejerció sobre ellos, lo cual evidencia el elemento subjetivo que se invocó en el presente caso.

ANTECEDENTES

Demanda y trámite

3. El 19 de septiembre de 20231, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

D.C. S.A. E.S.P. -en adelante, ETB - interpuso demanda de repetición contra el señor Jorge Hernán Castellanos Rueda, para que se le restituya la suma que pagó a causa de las condenas dictadas en los procesos laborales tramitados ante la jurisdicción ordinaria bajo radicados No. 11001310501320190016500, 110013105202920180023600 y 11001310500320170077500.

4. Como fundamento de la demanda, en síntesis, narró:

1 Índice 2 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

D.C. S.A. E.S.P.

1 Índice 2 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

D.C. S.A. E.S.P.

Demandado: Jorge Hernán Castellanos Rueda

Referencia: Repetición

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5. El 16 de febrero de 2016, el señor Jorge Hernán Castellanos Rueda, en su calidad de presidente de ETB, convocó a una reunión a los entonces vicepresidentes Daniel Federico Vásquez Labady, Carlos Alberto Gómez García y Jaime Andrés García Cuello y los “coaccionó”2 para renunciar a sus correspondientes cargos.

6. Cada una de las referidas personas promovió proceso laboral de manera independiente, con el fin de que se declarara la existencia de un vínculo laboral con la referida entidad y la ineficacia de la renuncia. Agotadas las etapas procesales pertinentes, los jueces de primer grado dejaron sin efectos dichas renuncias y, en consecuencia, ordenaron reintegrar a los trabajadores junto con el pago de los respectivos salarios y acreencias laborales durante el tiempo que ellos fueron retirados de sus empleos, cada u no de los fallos fue confirmado, en sede de apelación, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

7. Respecto del señor Vásquez Labady, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dictó fallo el 6 de junio de 2022, por medio del cual resolvió no casar la providencia de segunda instancia. En lo concerniente a los señores Gómez García y Garc ía Cuello, luego de dictados los proveídos de segundo grado, la

casar la providencia de segunda instancia. En lo concerniente a los señores Gómez García y Garc ía Cuello, luego de dictados los proveídos de segundo grado, la demandante suscribió con ellos acuerdos de transacción el 9 de agosto de ese mismo año.

8. En la demanda se indicó que la accionante pagó en total $6.913’690.722, suma de dinero que la ETB señala que asumió por el actuar del señor Castellanos Rueda, a quien se le endilgó la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, esto es, violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, porque, a pesar de que al accionado le correspondía garantizar el debido proceso de los empleados, lo cierto es que los “(…) coaccionó para que presentaran una renuncia involuntaria (…)” 3 y, por ende, desconoció las disposiciones laborales que rigen la materia.

Solicitud de medida cautelar, trámite y oposición

9. Junto con el escrito inicial, la parte actora pidió el embargo y secuestro de:

(i) un inmueble propiedad del demandado, ubicado en Bogotá D.C.4 y (ii) los dineros depositados en la cuenta de ahorros que él tiene en el Banco Itaú5.

10. Lo anterior, con el fin de garantizar el pago de la condena y, en consecuencia, la defensa del patrimonio público.

2 Folio 2 de la demanda de la referencia. 3 Folio 32 de la demanda de la referencia. 4 En concreto, el identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C -1606617, en la dirección

2 Folio 2 de la demanda de la referencia. 3 Folio 32 de la demanda de la referencia. 4 En concreto, el identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C -1606617, en la dirección Carrera 1 este 84B-11, torre 3, apartamento 402. 5 La Sala aclara que en la demanda de la referencia se relacionó el respectivo número de cuenta bancaria; sin embargo, por motivos de reserva legal, no se mencionará de forma detallada, según los principios de administración de datos previstos en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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11. A través de auto del 11 de marzo de 2024 6, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó correr traslado al accionado de la referida cautela por el término máximo de cinco (5) días.

12. El señor Jorge Hernán Castellanos Rueda 7 sostuvo que no se cumplió con los requisitos para decretar la medida solicitada, en concreto, porque no se probó que él hubiese actuado de manera gravemente culposa y, en todo caso, el referido predio es inembargable, en cuanto se constituyó una afectación a vivienda familiar.

Decisión objeto de reposición, y en subsidio, de apelación

13. Mediante proveído del 16 de diciembre de 2024 8, el Tribunal Administrativo

predio es inembargable, en cuanto se constituyó una afectación a vivienda familiar.

Decisión objeto de reposición, y en subsidio, de apelación

13. Mediante proveído del 16 de diciembre de 2024 8, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la entidad accionante.

14. De manera previa, el a quo explicó que, si bien la cautela referente al embargo y secuestro es procedente en el marco de la acción de repetición, lo cierto es que para su decreto es necesario que, entre otros aspectos, la parte actora demuestre la necesidad, efectividad y proporcio nalidad de la medida. Además, se pruebe, al menos sumariamente, el elemento subjetivo que se le reprocha a la contraparte, según jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado9.

15. Bajo ese contexto, la primera instancia consideró que ETB no justificó lo referente a la necesidad de la cautela, ya que solo expuso “(…) la recuperación del recurso dinerario pagado, sin precisar los motivos por los cuales, no podría recuperarlo con posterioridad (…)” 10. Aunado a ello, la citada entidad se limitó a aportar las correspondientes sentencias condenatorias proferidas por la jurisdicción laboral, decisiones que no acreditan per se la culpa grave que se le imputa al señor Castellanos Rueda, por lo que tal requisito se debe analizar al decidir el fondo del litigio.

Recurso de reposición y, en subsidio, de apelación

16. La demandante formuló reposición y, en subsidio, apelación 11 contra la anterior determinación, para lo cual argumentó que los respectivos fallos “(…)

litigio.

Recurso de reposición y, en subsidio, de apelación

16. La demandante formuló reposición y, en subsidio, apelación 11 contra la anterior determinación, para lo cual argumentó que los respectivos fallos “(…) constituyen una prueba irrefutable del supuesto de hecho sobre la cual descansa la presunción de la culpa grave (…)” 12, toda vez que en dichas providencias se concluyó que “(…) el acto de constreñir a la firma de renuncias fue contrario a la ley laboral y, como consecuencia de ese hecho probado se declaró el reintegro pretendido por los vicepresidentes (…)” 13. Además, la cautela es necesaria para asegurar la recuperación de las correspondientes sumas de dinero.

6 Previamente, en providencia separada de esa misma fecha, el a quo admitió la demanda de la referencia. Índices 4 y 6 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 7 Índice 15 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 8 Índice 26 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 9 En particular, la primera instancia citó el auto dictado el 22 de febrero de 2021, por la Subsección C de la Sección Tercera, C.P.: Nicolás Yepes Corrales, exp: 64.716. 10 Folio 7 del mencionado auto. 11 Índice 40 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 12 Folio 4 del referido recurso. 13 Ibidem.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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13 Ibidem.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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17. Al descorrer el traslado del recurso 14, el accionado sostuvo que los citados proveídos no demostraban la culpa grave alegada, ni tampoco se acreditó una eventual insolvencia de su parte que impidiera cumplir la condena patrimonial.

18. A través de providencia del 7 de mayo de 2025 15, la primera instancia: (i) confirmó el auto censurado, y (ii) concedió la apelación en el efecto devolutivo.

Respecto del recurso de reposición, el a quo determinó que los fallos condenatorios no resultaban suficientes para acceder a la petición formulada y, por ende, lo relacionado con el elemento subjetivo se estudiaría al resolver el fondo del litigio16.

CONSIDERACIONES

Definición de los problemas jurídicos y metodología para adoptar la decisión

19. La Sala resolverá la apelación interpuesta por ETB contra el auto del 16 de diciembre de 2024, para lo que se abordarán los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿fue correcta la determinación del a quo al señalar que la necesidad es un requisito para el decreto de la medida cautelar?; (ii) en caso de que ese aspecto constituya un parámetro de la cautela solicitada ¿en el presente caso se satisfizo?, y (iii) ¿la primera instancia erró al indicar que los fallos condenatorios proferidos por la

un parámetro de la cautela solicitada ¿en el presente caso se satisfizo?, y (iii) ¿la primera instancia erró al indicar que los fallos condenatorios proferidos por la jurisdicción ordinaria no constituyen prueba sumaria de la culpa grave endilgada al accionado?

20. Para resolver los problemas jurídicos planteados, en esta providencia se presentarán algunas consideraciones generales sobre las medidas cautelares en el marco de la acción de repetición. Después, se examinará si los fallos dictados por la jurisdicción ord inaria son suficientes para acceder al decreto de la petición formulada en el presente caso. En caso de que ese aspecto se considere acreditado en el sub júdice, se establecerá si se razonó con suficiencia el criterio de necesidad de la medida cautelar planteada en el asunto de la referencia. Finalmente se concluirá si, de acuerdo con lo decidido frente a los cargos de apelación formulados, el auto apelado debe o no revocarse.

Generalidades de las medidas cautelares en la acción de repetición

21. Por regla general, las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar que los fines del proceso puedan cumplirse a cabalidad, de manera que se trata de herramientas que buscan preservar el litigio. Sobre el particular, esta Corporación ha destacado que tales instrumentos son “(…) creados por el legislador cuyo propósito es la protección de un derecho en litigio de forma previa y provisional, garantizando así que la duración del mismo no influya en la efectividad de la decisión final y que se establezca un marco de protección previo sobre el derecho e interés objeto del proceso”17.

14 Índice 49 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

final y que se establezca un marco de protección previo sobre el derecho e interés objeto del proceso”17.

14 Índice 49 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 15 Índice 53 del Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 16 El expediente digital de la referencia fue remitido a esta Corporación el 29 de septiembre de 2025 y, previo reparto, ingresó al despacho del magistrado ponente el 24 de octubre siguiente. Índice 2 de Samai. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 15 de noviembre de 2019, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, exp: 2014-00186-02.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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22. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 678 de 2001, modificado por el artículo 45 de la Ley 2195 de 2022 18, norma vigente para cuando se promovió la demanda de la referencia, en el marco de la acción de repetición son procedentes las siguientes medidas cautelares: (i) las de embargo y secuestro de los bienes del demandado, las cuales se rigen por las reglas del Código General del Proceso; (ii) el embargo de salarios, para lo que debe respetarse los límites fijados por el Código Sustantivo del Trabajo y/o las demás normas relacionadas, y (iii) la inscripción de la demanda cuando se trate de bienes sujetos a registro.

el embargo de salarios, para lo que debe respetarse los límites fijados por el Código Sustantivo del Trabajo y/o las demás normas relacionadas, y (iii) la inscripción de la demanda cuando se trate de bienes sujetos a registro.

23. Bajo ese contexto, esta Corporación 19 ha destacado que, al solicitarse el decreto de medidas cautelares en la acción de la referencia, la entidad demandante debe allegar siquiera prueba sumaria del elemento subjetivo con que se acusa la actuación dolosa o gravemente culposa del agente o exage nte estatal, sin que ello implique prejuzgamiento. Lo expuesto, porque la afectación de los derechos patrimoniales de los demandados “no puede depender de la sola afirmación del demandante de que se actuó en tal forma, sino de un principio de prueba que haga al menos verosímil o presumible la responsabilidad de su comportamiento”.

24. En ese sentido, cuando la Administración persigue vía repetición el reintegro de lo que pagó con ocasión de una condena dictada en su contra por el actuar doloso o gravemente culposo de un agente estatal, la parte demandante deberá allegar prueba sumaria del elemento subjetivo que se le endilga al accionado 20. Lo anterior, porque ante la posible afectación de los derechos patrimoniales del demandado, no es suficiente con la simple manifestación de la entidad, en cuanto también se requiere la acreditación del actuar que se le reprocha a la parte demandada.

25. Ahora, esta Corporación 21 ha destacado que la prueba sumaria es aquella que, aunque no ha sido sometida a contradicción de la contraparte, le permite al juez establecer ciertos hechos relacionados con el proceso. En esa medida, tal

demandada.

25. Ahora, esta Corporación 21 ha destacado que la prueba sumaria es aquella que, aunque no ha sido sometida a contradicción de la contraparte, le permite al juez establecer ciertos hechos relacionados con el proceso. En esa medida, tal elemento constituye “plena prueba” y, por ende, debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier elemento de juicio, en concreto, que sea conducente, útil y pertinente para demostrar una situación fáctica o acto jurídico.

26. En suma, si bien en ejercicio de la acción de repetición es posible que, previa petición, el juzgador decrete determinadas medidas cautelares, no es menos cierto que para ello se debe cumplir con una serie de requisitos, entre los que se destaca la prueba sumaria sobre el actuar que se le reprocha a la parte demandada,

18 A cuyo tenor: “Artículo 23. Medidas Cautelares. (Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 2195 de 2022). En los procesos de acción repetición son procedentes las medidas de embargo y secuestro de los bienes del demandado según las reglas del Código General del Proceso. Será procedente el embargo de salarios sin transgredir los límites establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y lo dispuesto en el Decreto -ley 3135 de 1968 y la Ley 1429 de 2010 en cuanto a servidores públicos”. 19 Al respecto, se pueden consultar los siguientes autos dictados por esta Corporación: (i) el del 3 de febrero de 2023, Subsección A, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 68.102; (ii) el del 22 de

19 Al respecto, se pueden consultar los siguientes autos dictados por esta Corporación: (i) el del 3 de febrero de 2023, Subsección A, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 68.102; (ii) el del 22 de febrero de 2021, Subsección C, C.P.: Nicolás Yepes Corrales, exp: 64.716, y (iii) el del 18 de febrero de 2019, Subsección B, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero, exp: 46.301. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 13 de junio de 2017, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 58.510. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 25 de febrero de 2007, C.P.: Enrique Gil Botero, exp: 33.705.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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parámetros cuya acreditación en el sub examine se analizará en los siguientes acápites de la presente providencia.

Respecto de la prueba sumaria del elemento subjetivo invocado en el sub júdice

27. Al revisar el expediente digital de la referencia, la Sala observa que en las sentencias condenatorias dictadas en el marco de los procesos laborales promovidos por los señores Daniel Federico Vásquez Labady, Carlos Alberto Gómez García y Jaime Andrés Garc ía Cuello, los jueces ordinarios resolvieron: (i)

sentencias condenatorias dictadas en el marco de los procesos laborales promovidos por los señores Daniel Federico Vásquez Labady, Carlos Alberto Gómez García y Jaime Andrés Garc ía Cuello, los jueces ordinarios resolvieron: (i) declarar que entre la ETB y las personas referidas existió un vínculo contractual; (ii) la renuncia presentada por ellos fue ineficaz; (iii) en consecuencia, ordenaron la reinstalación de los exempleados en los cargos que venían desempeñando, y (iv) condenar a la citada entidad a pagar los derechos laborales que los demandados dejaron de percibir durante el tiempo que estuvieron fuera del servicio.

28. La Sala considera que, si bien las autoridades judiciales señalaron que las renuncias presentadas por los entonces vicepresidentes de la ETB fueron ineficaces, en cuanto no se trataron de manifestaciones libres, voluntarias y espontáneas, lo cierto es que las sentencias de los procesos laborales tramitados ante la jurisdicción ordinaria y solicitadas como prueba no acreditan de manera sumaria la culpa grave del demandado en el presente proceso, pues estas no dan cuenta del elemento subjetivo. Al respecto, e sta Subsección ha considerado lo

siguiente:

“(…) Como se explicó en precedencia, en el evento de la existencia de una culpa grave como fundamento las medidas cautelares se requiere al menos una prueba siquiera sumaria de tal proceder, para lo cual se resalta que no es suficiente que se aporte la dec isión mediante la cual se declaró la responsabilidad del Estado - entre otras-, pues ello no da cuenta por sí mismo del elemento subjetivo del actuar del agente estatal

En efecto, si bien la Sala advierte que la resolución invocada en el sub lite fue

responsabilidad del Estado - entre otras-, pues ello no da cuenta por sí mismo del elemento subjetivo del actuar del agente estatal

En efecto, si bien la Sala advierte que la resolución invocada en el sub lite fue anulada por una falta de competencia, lo cierto es que ello no es suficiente para concluir que quien la expidió actuó con el referido elemento subjetivo, pues no fue aportada prueba que dé cuenta de las circunstancias que rodearon la expedición de tal acto administrativo, las cuales, una vez acreditadas, bien pueden llevar a concluir que se trató de una culpa leve, hasta una culpa grave, incluso una conducta dolosa, o que se constituyó un yerro no atribuible al señor Diego Palacio Betancourt, lo que exige un mayor nivel de detalle que, en esta ocasión, la parte demandante no ha logrado satisfacer (…)”22.

29. Adicionalmente, esta Sección ha explicado que la correspondiente providencia condenatoria dictada por la justicia ordinaria laboral solo da cuenta de la existencia de la indemnización que tuvo que asumir la Administración, pero las referencias probatorias efectuadas en el correspondiente fallo no constituyen fundamento suficiente o definitivo para valorar o calificar la conducta del funcionario contra quien se repite como dolosa o gravemente culposa23.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 3 de febrero de 2023, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 68.102. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

del 3 de febrero de 2023, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 68.102. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2025, C.P.: Fredy Ibarra Martínez, exp: 68.737.Radicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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30. Bajo esa línea argumentativa, si bien las correspondientes renuncias fueron declaradas ineficaces por vicios en el consentimiento, lo cierto es que ello no es suficiente para establecer que el señor Castellanos Rueda actuó de manera gravemente culposa, pues las sentencias condenatorias dictadas por la jurisdicción ordinaria no son prueba de las circunstancias que llevaron a que los exvicepresidentes suscribieran las respectivas cartas de renuncia, las cuales, una vez acreditadas, bien pueden llevar a determ inar que se trató de una culpa leve o grave, dolo o que dicha situación no es atribuible únicamente al demandado, lo que, para esta fase procesal, la entidad actora no ha logrado satisfacer.

31. En suma, en el presente caso no se satisfizo el parámetro de que obre prueba siquiera sumaria del elemento subjetivo que se le imputa a la parte demandada, toda vez que las pruebas que constan en el expediente de la referencia no evidencian de manera palma ria la configuración de la presunción de culpa grave que se le endilga al accionado por violación manifiesta e inexcusable de normas de

toda vez que las pruebas que constan en el expediente de la referencia no evidencian de manera palma ria la configuración de la presunción de culpa grave que se le endilga al accionado por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. En consecuencia, ante la duda del comportamiento que se le reprocha al señor Jorge Hernán Castellanos Rueda, no es posible acceder al decreto del embargo y secuestro de los bienes identificados por la ETB.

32. A juicio de la Subsección, una conclusión contraria conllevaría a afirmar que, ante la declaratoria de responsabilidad de la Administración, la solicitud de medida cautelar en sede de repetición opera ipso facto contra las personas que ejercen funciones públicas, lo que desconocería los requisitos para que se configure el dolo o culpa grave en este tipo de litigios, parámetro que debe acreditarse sumariamente para que proceda su decreto.

33. Con todo, la Sala aclara que la decisión adoptada en esta oportunidad no implica que la demanda carezca de fundamento, sino que, a efectos de la medida cautelar pedida por la actora, no se cumplen los requisitos que el legislador y la jurisprudencia han establecido para su procedencia, por lo que, al dictar sentencia, se determinará si se cumplen con todos los presupuestos procesales para que la acción de la referencia prospere, etapa en la que se analizarán cada uno de los elementos probatorios allegados al proceso.

34. Así las cosas, el cargo analizado carece de vocación de prosperidad.

35. En suma, ante la falta de prueba sumaria de la culpa grave que se le endilga al demandando, no es dable decretar la medida pedida en el presente caso, por lo

34. Así las cosas, el cargo analizado carece de vocación de prosperidad.

35. En suma, ante la falta de prueba sumaria de la culpa grave que se le endilga al demandando, no es dable decretar la medida pedida en el presente caso, por lo que resulta inane analizar lo referente con el alcance de la necesidad de la cautela solicitada, de ahí que la Subsección se releva de estudiar ese cargo.

Conclusiones

36. En suma, la Sala confirmará el auto apelado, porque se advierte que: (i) en esta fase procesal, no obra prueba sumaria de la culpa grave que se le endilga al señor Castellanos Rueda y, por ende, no es dable acceder al decreto de la cautela solicitada, lo que no es óbice para que dicho aspecto se estudie al dictar la correspondiente sentencia, y (ii) en consecuencia, ante la falta de acreditación de ese punto, no es posible decretar la media pedida en el presente caso, por lo queRadicación: 25000-23-36-000-2023-00458-01 (73.586)

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es irrelevante examinar lo referente con la necesidad de dicha solicitud, de ahí que la Sala se releva de estudiar ese cargo.

Costas

37. El artículo 365 del Código General del Proceso prevé que se condenará en costas, entre otros eventos, cuando a la parte recurrente que se le resuelva desfavorablemente la apelación. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia C -832 de 2001 24, la Corte Constitucional precisó que el proceso de repetición está

costas, entre otros eventos, cuando a la parte recurrente que se le resuelva desfavorablemente la apelación. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia C -832 de 2001 24, la Corte Constitucional precisó que el proceso de repetición está encaminado a la protección del patrimonio público y la garantía efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, por lo que es uno de aquellos litigios en los que la Administración ventila un interés público.

38. Bajo ese contexto, aunque los cargos formulados por la entidad recurrente carecen de vocación de prosperidad, no es menos cierto que la ETB actúa en el sub lite en búsqueda de amparar el erario, por lo que la condena en costas en el asunto de la referencia no es procedente.

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 16 de diciembre de 2024, a través del cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las medidas cautelares formuladas por la parte demandante en el asunto de la referencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección, incorporarla al expediente digital y REMITIR copia al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

24 M.P: Rodrigo Escobar Gil, exp: D-3388.