CE - Auto interlocutorio 25000234200020190163601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000234200020190163601 (0064-2025) Medio de control : Ejecutivo Demandante : Gloria Esther Torres Puente Demandado : Nación - Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio Tema : Apelación auto que decreta medida cautelar – Embargo dineros depositados en cuentas bancarias.

Decisión : Revoca auto que niega embargo de cuentas corrientes y de ahorro

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra las providencias de l 23 de octubre de 2024, proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante la cual negó el embargo de dinero depositadas cuentas corrientes o de ahorro que la demandada reciba del presupuesto general de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

A través de apoderado la señora Gloria Esther Torres Puente presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio, para hacer efectivo el título ejecutivo contenido en la sentencia de 1 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” mediante la cual se ordenó a la entidad ejecutada, “a reliquidar y

la sentencia de 1 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” mediante la cual se ordenó a la entidad ejecutada, “a reliquidar y pagar la pensión de jubilación de la señora GLORIA ESTHER TORRES PUENTE, en forma indexada, con el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado durante el último año de servicios (1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009), incluyendo en la base de liquidación asignación básica y las doceavas partes de las primas de navidad y vacaciones docente, suma que se pagará a partir del 19 de mayo de 2011 por prescripción trienal, aplicando los reajustes legales”, la cual quedó ejecutoriada el 5 de marzo de 2018”.Número interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

2 1.2 Solicitud de medida cautelar

En escrito separado1, el demandante elevó solicitud de medidas cautelares, consistente en decretar el embargo y retención de sumas de dineros que posea Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, administrada por FIDUPREVISORA, posea “a cualquier título en la entidad crediticia al momento de registrar el embargo o que posteriormente llegare a tener en cuentas Corrientes, cuentas de ahorros, ce rtificados de depósito a término, certifijos, C.D.A.T., fiducias, junto con sus rendimientos financieros exigibles o que posteriormente se lleguen a liquidar en el BANCO BBVA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL Y BANCOLOMBIA, siendo

fiducias, junto con sus rendimientos financieros exigibles o que posteriormente se lleguen a liquidar en el BANCO BBVA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL Y BANCOLOMBIA, siendo

titular LA FIDUPREVISORA S.A.S”.

El a quo mediante auto del 8 de septiembre de 2023, decretó el embargo y retención de los dineros del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuya administración corresponde a la Fiduciaria la Previsora S.A, que tenga de positados en los siguientes Bancos: BBVA, Banco Agrario de Colombia, Banco Caja Social y Bancolombia, que no estén asignados al pago de sentencias y conciliaciones.

En el trámite del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, el Banco BBVA y el Banco Agrario de Colombia, informaron que , no era posible registrar la medida toda vez que las cuentas de la entidad ejecutada son inembargables.

Inconforme con las respuestas de las entidades financieras que fueron puestas en conocimiento por el Tribunal de primera instancia con auto del 3 de julio de 2024 , la ejecutante insiste en el embargo de las cuentas de ahorros o corrientes que correspondan a los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación que la demandada tenga en las entidades financieras BBVA y Banco Agrario de Colombia.

1.3 La providencia apelada

Mediante auto del 23 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub sección “D”, negó la medida de embargo solicitada por la parte ejecutante, indicando que debía estarse a lo resuelto en el auto del 3 de julio del mismo año, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Sección Segunda, Sub sección “D”, negó la medida de embargo solicitada por la parte ejecutante, indicando que debía estarse a lo resuelto en el auto del 3 de julio del mismo año, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El artículo 19 del Decreto 111 de 1996 establece la inembargabilidad de las rentas

1 Expediente SamaiNúmero interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

3 incorporadas al Presupuesto General de la Nación y de los bienes y derechos que conforman sus órganos, sin perjuicio de la obligación de las autoridades de adoptar medidas que garanticen el pago de las sentencias dentro de los plazos legalmente previstos.

Indicó que la Ley 715 de 2001 prohíbe que los recursos del Sistema General de Participaciones hagan unidad de caja con otros recursos presupuestales, debiendo administrarse en cuentas separadas conforme a su destinación específica.

Se precisó que la inembargabilidad de estos recursos se justifica por su destinación al gasto social, como ocurre con los dineros del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, conforme a la Constitución y a lo dispuesto en la Ley 1552 de 2012.

Destacó también que el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 prohíbe decretar medidas cautelares sobre recursos con destinación específica que las entidades deben emplear para el pago de sentencias judiciales y conciliaciones.

Enfatizó que el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en

cautelares sobre recursos con destinación específica que las entidades deben emplear para el pago de sentencias judiciales y conciliaciones.

Enfatizó que el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en su artículo 2.8.1.6.1.1., aclara los límites a la embargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación. Por tal razón, concluyó que existen cla ras restricciones respecto a la embargabilidad de bienes públicos, y que resulta necesario conocer con certeza la procedencia de los recursos objeto de embargo, mediante certificaciones expedidas por la Dirección General del Presupuesto o por la entidad respectiva, con el fin de determinar la destinación de las cuentas bancarias y evitar embargos indebidos.

Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. La solicitud de reposición fue resuelta mediante au to del 12 de diciembre de 2024, en el cual el Tribunal decidió no reponer lo decidido y concedió el recurso de apelación.

1.4 El recurso de apelación

La parte ejecutante interpuso recurso de apelación, mediante el cual solicitó revocar el auto que negó el embargo sobre las cuentas de ahorro o corrientes que la entidad demandada posee en las entidades financieras BBVA y Banco Agrario de Colombia,Número interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

4 respecto de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

En sustento de su solicitud, expuso que el Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

4 respecto de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

En sustento de su solicitud, expuso que el Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante providencia del 24 de octubre de 2019, proferida dentro del expediente número 2000123-31-000-2008-00286-02, precisó que, cuando se trate de un proceso ejecutivo dirigido a obtener el pago de una suma reconocida mediante sentencia emitida por la jurisdicción contencioso-administrativa, es procedente decretar el embargo sobre cuentas corrientes o de ahorros abiertas por las entidades públicas.

Argumentó que la obligación que se persigue en el presente proceso ejecutivo se encuentra contenida en una sentencia judicial proferida por la jurisdicción contenciosoadministrativa, lo cual habilita la adopción de la medida cautelar de embargo. Añadió que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos pierde vigencia cuando se trata del pago de créditos u obligaciones laborales reconocidos judicialmente, ya que deben prevalecer los derechos fundamentales del acreedor, tales como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al trabajo.

Concluyó que el cobro ej ecutivo promovido constituye una de las excepciones reconocidas por la Corte Constitucional para permitir el embargo de rentas del Presupuesto General de la Nación, dada la naturaleza del crédito , en este caso, de contenido pensional. Por lo anterior, soli citó se revoque la decisión que negó la medida cautelar de embargo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Sala es competente para decidir el presente recurso en virtud de lo dispuesto en los

cautelar de embargo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Sala es competente para decidir el presente recurso en virtud de lo dispuesto en los artículos 125 literal h y numeral 5 del artículo 243 del CPACA.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a est a sala determinar si la decisión de primera instancia que negó el decretó de las medidas cautelares de embargo de las cuentas a nombre Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cuya administración corresponde a la Fiduciaria la Previsora S.A , se acoge a los parámetros normativos y jurisprudenciales o si por elNúmero interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

5 contrario es viable el embargo de las sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes o de ahorro o cualquier otro título ba ncario o financiero, que posea la entidad ejecutada y que pertenecen al sistema de seguridad social y pensiones.

2.3. Las medidas cautelares

Esta Corporación se ha referido a las medidas cautelares afirmando que, “El decreto de medidas cautelares busca prevenir y precaver las contingencias que pudieren sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso2”. En opinión de Carnelutti, estas medidas buscan evitar “aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que puedan derivar de la duración del proceso3”.

Por su parte, la Corte Constitucional4 también se ha referido a las cautelas decretadas al interior los procesos judiciales y en tal sentido ha dicho que, e n el sistema jurídico colombiano, las medidas cautelares encuentran su principal regulación en el Código

Por su parte, la Corte Constitucional4 también se ha referido a las cautelas decretadas al interior los procesos judiciales y en tal sentido ha dicho que, e n el sistema jurídico colombiano, las medidas cautelares encuentran su principal regulación en el Código General del Proceso5, y previamente en el Código de Procedimiento Civil6. Estas medidas encuentran su razón de ser en la necesidad de prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas y/o los bienes, de manera tal que se asegure la ejecución del fallo correspondiente7. La citada corporación precisó que la finalidad de estas es:

« En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), imped ir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado 8».

Con base en lo anterior, es pertinente recordar que las medidas cautelares comportan las siguientes características, las cuales se deducen de su definición y naturaleza9:

(i) Son actos procesales, toda vez que con ellas se busca asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez, lo cual es una de las funciones esenciales del proceso.

(ii) Son actuaciones de carácter judicial, propias de un proceso.

(iii) Son instrumentales, esto es, solo encuentran asidero cuando se dictan en función de un proceso al cual acceden.

(ii) Son actuaciones de carácter judicial, propias de un proceso.

(iii) Son instrumentales, esto es, solo encuentran asidero cuando se dictan en función de un proceso al cual acceden.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 26 de marzo de 2009, Expediente 34.882, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 3 CARNELUTTI, Franceso. Derecho y proceso, Buenos Aires, E.J.E.A., 1971, pág. 415. 4 Sentencia T-206 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. 5 Capítulo I, Título I, Libro IV. 6 Título XXXV, Libro IV. 7 Sentencia T-172 de 2016. 8 Ver sentencia C-054 de 1997 9 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo I. Parte General. Novena Edición. 2007, DUPRE editores.Número interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

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(iv) Son provisionales, y tienen como duración máxima el tiempo en el que subsista el proceso al cual acceden, por lo que una vez culminado este, la medida necesariamente deja de tener efecto.

(v) Son taxativas, es decir, se encuentran consagradas en la ley, la cual señala el proceso dentro del cual proceden.10

El legislador al momento de establecer las medidas cautelares, lo hizo pensando en el principio de igualdad y equilibrio procesal, puesto que al actuar en beneficio de la parte activa del proceso, lo hace en defensa del orden jurídico, ya que dichos instrumentos procesales no

El legislador al momento de establecer las medidas cautelares, lo hizo pensando en el principio de igualdad y equilibrio procesal, puesto que al actuar en beneficio de la parte activa del proceso, lo hace en defensa del orden jurídico, ya que dichos instrumentos procesales no defienden únicamente los derechos subjetivos, sino que a su vez propende n por la seriedad de la función jurisdiccional.

Igualmente, la Corte Constitucional ha establecido que las medidas cautelares guardan relación directa con el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que esta garantía fundamental, en cierta medida, asegura que las decisiones de los jueces sean ejecutadas y cumplidas. No obstante, esta Corporación ha considerado que “su decreto y ejecución por parte de las autoridades públicas debe conciliarse con el postulado superior relativo al respeto de los derechos fundamentales de las personas 11”.

Ahora bien, l as medidas cautelares aplicables al proceso ejecutivo contencioso administrativo, no fueron objeto de desarrollo especial en el compendio procesal contenido en la Ley 1437 de 2011 . Así se deduce de la revisión de su Segunda Parte, Título V, Capítulo XI, que se encarga de regular dicha figura jurídica y su aplicación a los procesos declarativos adelantados ante la Jurisdicción Contenciosa.

Lo mismo sucede con el Título IX , contentivo de las normas que fijan el alcance del proceso ejecutivo tramitado ante esta jurisdicción, pero que no contempla un desarrollo especificó en tal sentido. No obstante, el artículo 298, modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, determinó que este tipo de proceso se debe adelantar según las reglas

especificó en tal sentido. No obstante, el artículo 298, modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, determinó que este tipo de proceso se debe adelantar según las reglas establecidas en la Ley 1564 de 2012 12, y para el caso específico de las medidas cautelares, se aplica el contenido normativo establecido en Libro Cuarto, Capítulo II , artículos 559 y siguientes.

Decantado lo anterior, se tiene que de conformidad con el numeral 11 del artículo 593 del CGP, es procedente el embargo de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares.

2.4 El embargo de bienes de la nación.

10 Reiterado en Sentencia T-172 de 2016. 11 Sentencia T-788 de 2013. 12 En adelante CGPNúmero interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

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7 Por regla general los bienes del Estado son inembargables; sin embargo, como toda regla existen excepciones. Frente al tema la doctrina ha indicado:

«la regla general en lo que atañe a los recursos de las entidades públicas del orden nacional es que son inembargables, sin embargo, la jurisprudencia ha estudiado seriamente el tema para concluir que, si bien la inembargabilidad es la regla general, también lo es que la excepción es la embargabilidad de los bienes del Estado.

En el esquema legal colombiano existe una división de los recursos económicos del Estado y están, de una parte, los recursos propios de las entidades públicas nacionales, y de otra, los dineros que reciben esas mismas entidades por concepto de transferencias que les hace la

En el esquema legal colombiano existe una división de los recursos económicos del Estado y están, de una parte, los recursos propios de las entidades públicas nacionales, y de otra, los dineros que reciben esas mismas entidades por concepto de transferencias que les hace la Nación, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y que se pagan con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Debe advertirse que el principio de inembargabilidad de las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación solo cubre a las entidades y org anismos de lo conforman y, además, a los recursos que la Nación (Transferencias y regalías) le giran a las entidades territoriales por disposición directa de la constitución 13»

Aquí se considera necesario traer a colación algunos apartes normativos del Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en lo referente a los órganos que hacen parte de dicho componente, en donde su artículo 3 señala:

“ARTÍCULO 3o. COBERTURA DEL ESTATUTO. Consta de dos (2) niveles: un primer nivel que corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.

El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta”.

Y en cuanto a la composición de dicho presupuesto, determina el artículo 11 ibidem:

nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta”.

Y en cuanto a la composición de dicho presupuesto, determina el artículo 11 ibidem:

“ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:

a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional.

b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Naciona l, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de

13 Rodríguez Tamayo Mauricio Fernando, La Acción Ejecutiva Ante la Jurisdicción Administrativa. Séptima Edición, Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., Medellín, Colombia 2024, p. 654 y 655.Número interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

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8 inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos ”.

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

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8 inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos ”.

3.4 El principio de inembargab ilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación

El principio de inembargabilidad aparece consagrado formalmente en el art. 63 de la Constitución Política en los siguientes términos:

"Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables".

En relación con este concepto el artículo 19 del Decreto 111 de 199614, determina:

“ARTÍCULO 19. INEMBARGABILIDAD. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las ce siones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo

título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6o., 55, inciso 3.).

Por su parte el artículo 59415 del CGP, expresa:

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social (…).

En una fase inic ial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional , al analizar la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley 39 de 1989 , en sentencia C -546 de 1992, consideró que, […] «el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante en el Estado Social de Derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto" y, en tal virtud, estimó que "los actos administrativos que contengan

14 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0111_1996.html 15 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr014.htmlNúmero interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

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Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

9 obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer las mismas garantías de las sentencias judiciales, esto es, que pueden prestar mérito ejecutivo -y embargoa los 18 meses después de haber sido ejecutoriados de conformidad con el art. 177 del código contencioso administrativo..." . Es decir, que según la Corte el principio de la inembargabilidad de los bienes y recursos de la s entidades estatales sufre una excepción, cuando se trate de obligaciones laborales, debido a la necesidad de asegurar la protección del derecho fundamental al trabajo16».

Luego en sentencia C-354 de 199717, al analizar la constitucionalidad del artículo 19 del Decreto 111 de 1196, se dijo que, […] «Corresponde en consecuencia a la ley determinar cuáles son "los demás bienes" que son inembargables, es decir, aquéllos que no constituyen prenda de garantía general de los acreedores y que por lo tanto no pueden ser sometidos a medidas ejecutivas de embargo y secuestro cuando se adelante proceso de ejecución contra el Estado. Pero el legislador, si bien posee la libertad para configurar la norma jurídica y tiene, por consiguiente, una potestad discrecional, no por ello puede actuar de modo arbitrario, porque tiene como límites los preceptos de la Constitución, que reconocen principios, valores y derechos. En tal virtud, debe atender a límites tales como: el principio del reconocimiento de la dignidad humana, la vigencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, el principio de la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a

reconocimiento de la dignidad humana, la vigencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, el principio de la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia como medio para lograr la protección de sus derechos violados o desconocidos por el Estado, y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo. Es decir, que al diseñar las respectivas normas el legislador debe buscar una conciliación o armonización de intereses contrapuestos: los generales del Estado tendientes a asegurar la intangibilidad de sus bienes y recursos y los particulares y concretos de las personas, reconocidos y protegidos constitucionalmente».

Bajo las anteriores consideraciones, se determinó declarar exequible el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, en el entendido que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma y que transcurridos 18 meses después que ellos sean exigibles, e s posible adelantar ejecución, con el embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos - y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional en sentencia C-1154 de 200818, al analizar la constitucionalidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, indicó que, ante la necesidad de armonizar la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado las siguientes reglas de excepción:

de armonizar la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado las siguientes reglas de excepción:

16 Ver reiteración de jurisprudencia, entre otras, en las sentencias C-013/93, C-017/93, C-337/93 y C-103/94.

17 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 18 MP. Clara Inés Vargas HernándezNúmero interno: 0064-2025

Demandante: Gloria Esther Torres Puente

Demandado: NaciónMinisterio de EducaciónFOMAG

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«4.3.- En este panorama, el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás pri ncipios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectivi dad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C -546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado

rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embarga ble en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

4.3.2.- La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que los créd itos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de tí