CE - Auto interlocutorio 76001233300920150067901 de 2025

Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

Demandante: Noralba López VelÆsquez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., diecisØis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

Demandante: Noralba López VelÆsquez y otros

Demandados: Clínica San Francisco S.A., y otros

Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: Recurso de apelación contra el auto que rechazó un llamamiento en garantía – procedencia de la vinculación a una parte que actœa tambiØn como demandada.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la EPS Servicio Occiden tal de Salud S.A. S.O.S. contra el auto del 25 de abril de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual rechazó el llamamiento en garantía solicitado respecto de la Clínica San Francisco S.A.

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de junio de 20151, Noralba López VelÆsquez y otros presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el departam ento del Valle del Cauca, la Clínica San Francisco S.A., la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael Zarzal, la E.S.E. Hospital San Antonio de Roldanillo, la EPS Servicio

en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el departam ento del Valle del Cauca, la Clínica San Francisco S.A., la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael Zarzal, la E.S.E. Hospital San Antonio de Roldanillo, la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. y la Clínica María `ngel, para que se declare su responsabilidad patrimonial por la falla en la prestación del servicio de salud que devino en la perforación del colón de la mencionada demandante, en hechos acaecidos desde el 1° de abril de 2013.

2. Admitida la demanda y notificada a los demandados, la E.P.S. Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. la contestó y llamó en garantía a la Clínica San Francisco S.A.2 -que tambiØn figura como demandada- , con fundamento en el Contrato 0927 de Prestación de Servicios Asistenciales del Plan Obligatorio de Salud del RØgimen Contributivo, vigente para la fecha en que la seæora Noralba López VelÆsquez recibió la atención mØdica que dio origen al proceso.

3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó el llamamiento en garantía, en auto del 25 de abril de 2023 3, providencia en la cual sostuvo que el contrato

1 PÆg. 389 del expediente digital contenido en el archivo 7ED_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de SAMAI 2 Archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de SAMAI

índice 2 de SAMAI 2 Archivo 5_EXPEDIENTEDIGI_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de SAMAI 3 Archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de Samai.Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

Demandante: Noralba López VelÆsquez y otros

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allegado como prueba del vínculo entre la entidad demandada y la llamada en garantía no se encontraba vigente para la Øpoca de los hechos.

4. El 4 de mayo de 2023, la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S.4 interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Solicitó revocar el auto qu e rechazó el llamamiento en garantía, para lo cual argumentó que en la clÆusu la octava del Contrato 0927 de prestación de servicios asistenciales del plan obligatorio de salud del rØgimen contributivo, las partes dispusieron que p odría renovarse previo acuerdo entre ellas, situación que aconteció para la Øpoca de los

hechos, como lo dispuso el otrosí No. 6 del mencionado contrato. En es te sentido, aæadió que en el numeral 2 del otrosí No.6 se pactó que el plazo se e ntendería prorrogado automÆticamente por períodos de 1 aæo y que en su clÆ usula tercera se estableció la prórroga del vínculo contractual a partir del 1 de marzo de 2013. Así, concluyó que, para la Øpoca de los hechos reclamados en la demanda, el contrat o suscrito con la Clínica San Francisco S.A. estaba vigente.

concluyó que, para la Øpoca de los hechos reclamados en la demanda, el contrat o suscrito con la Clínica San Francisco S.A. estaba vigente.

5. Mediante auto del 13 de septiembre de 20245, el tribunal a quo decidió no reponer el auto recurrido. Sostuvo que el llamamiento en garantía no procedía porque la Clínica San Francisco S.A. se encontraba vinculada como parte demandada, de ahí que “no se trata de un tercero ajeno a la relación jurídica procesal, sino de la misma entidad demandada”. A continuación, concedió el recurso de apelación ante esta

Corporación.

II. CONSIDERACIONES

La Sala seguirÆ el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante: (1) normas aplicables, (2) procedencia y oportunidad del recurso de apelación, (3) competencia, (4) problema jurídico y (5) caso concreto.

1. Normas aplicables

A este trÆmite le resulta aplicable la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPA CA), con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, de conformidad con s u artículo 866, teniendo en cuenta que la demanda fue radicada el 22 de junio de 2015,

4 Visible en el índice 65 del aplicativo Samai del expediente tramitado en primera instancia en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 5 Archivo 6_EXPEDIENTEDIGI_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de Samai. 6 “Artículo 86. RØgimen de vigencia y transición normativa. La presente ley ri ge a partir de su

5 Archivo 6_EXPEDIENTEDIGI_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de Samai. 6 “Artículo 86. RØgimen de vigencia y transición normativa. La presente ley ri ge a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competenc ias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se apli carÆn respecto de las demandas que se presenten un aæo despuØs de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Pr ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarÆn a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trÆmites iniciados en vigencia de la Ley 143 7 de 2011.En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la prÆctica de pruebas decretadas, las audiencias convoc adas,Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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y el recurso de apelación fue interpuesto el 25 de abril de 2023, esto es, en vigencia de la referida normativa.

En los asuntos no regulados por el CPACA, resultan aplicables las disposiciones

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y el recurso de apelación fue interpuesto el 25 de abril de 2023, esto es, en vigencia de la referida normativa.

En los asuntos no regulados por el CPACA, resultan aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (en adelante CGP) por remisión del artículo 306 7 del primero de los estatutos mencionados, toda vez que la codificación procesal general entró a regir en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde el 1” de enero de 20148.

2. Procedencia y oportunidad del recurso

El recurso de apelación contra el auto que rechaza el llamamiento en garant ía es procedente, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 artículo 243 9 del CPACA.

La EPS Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., interpuso el recurso dentro del tØrmino legal, toda vez que: (i) el auto recurrido se notificó por estado electrónico del 28 de abril de 202310, (ii) de conformidad con el numeral 3 del artículo 24411 del CPACA, el interesado disponía hasta el 4 de mayo de 2023 para prese ntar la impugnación y (iii) el recurso se radicó ese œltimo día.

3. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el presente recurso, de acuerdo co n lo previsto en los artículos 15012 y 12513, numeral 2, literal g) del CPACA que disponen

las diligencias iniciadas, los tØrminos que hubieren comenzado a correr, l os incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes c uando se interpusieron los

las diligencias iniciadas, los tØrminos que hubieren comenzado a correr, l os incidentes en curso y las notificaciones que se estØn surtiendo, se regirÆn por las leyes vigentes c uando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los tØrminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones ”. 7 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirÆ el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturalez a de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ”. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio 2014, Radicado No. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (49299). 9 “Artículo 243. Apelación. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 208 0 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […] 6. El que niegue la intervención de terceros”. 10 Visible en el índice 48 del aplicativo SAMAI del expediente tramitado e n primera instancia en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 11 “Artículo 244. TrÆmite del recurso de apelación contra autos. <Artículo modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La interposi ción y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetarÆ a las siguientes reglas: […] 3. Si el auto se notifica por estado,

64 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La interposi ción y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetarÆ a las siguientes reglas: […] 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberÆ interponerse y sustentarse por escrito ante quiØn lo profir ió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición”. 12 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación [modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerÆ en segunda instancia de las apelaciones de l as sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las ap elaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. TambiØn conocerÆ del recurso de qu eja que se formule contra decisiones de los tribunales, segœn lo regulado en el artículo 245 de este código”. 13 “Artículo 125. De la expedición de providencias. Artículo modificado por el artícul o 20 de la Ley 2080 de 2021. La expedición de las providencias judiciales se sujetarÆ a las siguientes reglas: 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarÆn las sentencias y las siguientes prov idencias serÆ de sala:Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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que: (i) esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto

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que: (i) esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación, y que: (ii) la Sala debe expedir la providencia que resuelva el recurso de apelación contra las decisiones previstas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 24314 ibidem, dentro de las que se encuentra aquella que niega la intervención de terceros (numeral 6).

4. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si es procedente admitir el llamamiento en garantía formulado por la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. respecto de la tambiØn demandada , Clínica San Francisco S.A.

5. Caso concreto

5.1. Generalidades sobre el llamamiento en garantía

El llamamiento en garantía es una figura procesal que permite a cualquiera de las partes vincular a una persona para que intervenga en el litigio, siempre y cuand o exista una relación entre ellos que devenga de un derecho legal o contract ual, con el objeto de exigirle que concurra al pago de la indemnización que even tualmente deba sufragar.

Es así como el llamamiento en garantía vincula al tercero con la parte qu e solicita su intervención y lo obliga a responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena contra el llamante15.

El artículo 225 del CPACA dispone que los requisitos de esta modalidad de vinculación al proceso son los siguientes:

su intervención y lo obliga a responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena contra el llamante15.

El artículo 225 del CPACA dispone que los requisitos de esta modalidad de vinculación al proceso son los siguientes:

a) El nombre del llamado y el de su representante, si aquel no puede comparecer por sí mismo al proceso. b) La indicación del domicilio del llamado o en su defecto de su residencia, as í como la de su habitación u oficina y la de su representante, segœn fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran. Esta manifestación se entien de prestada bajo juramento con la presentación del escrito. c) Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

[…] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran e n primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas”. 14 “Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […] 6. El que niegue la intervención de terceros”. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2011, rad. 18.901, C.P y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2016, rad. 53.701.Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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d) La dirección de la oficina o habitación del llamante y su apoderado pa ra que reciban notificaciones personales.

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d) La dirección de la oficina o habitación del llamante y su apoderado pa ra que reciban notificaciones personales.

Respecto del trÆmite y alcances de la intervención de terceros, el artículo 227 del CPACA16 dispuso que en lo no regulado en esta figura se aplicarían las normas del CGP.

De igual manera, conviene seæalar que la jurisprudencia de esta Corporación 17 ha aceptado la posibilidad de que el sujeto procesal que haya sido de mandado en la controversia sea llamado en garantía por otro de los integrantes del extremo pasivo, cuando su vinculación tenga origen en una fuente distinta, lo cual implica que su juzgamiento en una u otra calidad dependerÆ de la relación sustancial que motivó su participación en el proceso.

4.2. Auto apelado

En la providencia apelada, el tribunal de primera instancia sostuvo que la parte demandada que formuló el llamamiento en garantía no probó el vínculo contractual con la Clínica San Francisco S.A., entre otras razones, porque el contrato suscrit o para la prestación de servicios mØdicos no se encontraba vigente para la fecha e n que se prestó la atención mØdica que dio origen a la controversia.

Por su parte, en el auto del 13 de septiembre de 2024, a travØs del cual negó la reposición y concedió el recurso de apelación oportunamente presentado, el tribunal a quo expuso un nuevo argumento, relacionado con la imposibilidad de llama r en garantía a una parte que ya fungía como demandada.

Al margen de lo cuestionable que pueda resultar la exposición de nuevos

a quo expuso un nuevo argumento, relacionado con la imposibilidad de llama r en garantía a una parte que ya fungía como demandada.

Al margen de lo cuestionable que pueda resultar la exposición de nuevos argumentos por parte de la autoridad judicial de primera instancia en sede del recurso de reposición, la Sala realizarÆ un examen integral de la decisión que neg ó el llamamiento en garantía, con el propósito de establecer si resultaba proced ente la vinculación solicitada, habida cuenta que el recurso de apelación estÆ dirigido a que se revoque la providencia de primer grado y, por esta vía, se admita su petición.

5.3. Solución al problema jurídico

A efectos de resolver lo atinente a la procedencia del llamamiento en gara ntía, la Sala debe revisar si la solicitud de vinculación cumple con los requisitos del artículo 225 del CPACA, para lo cual conviene seæalar lo siguiente:

16 Norma que, en su redacción original, disponía: “en lo no regulado en este código sob re la intervención de terceros se aplicarÆn las normas del Código de Procedimiento Civ il -actualmente CGP-”. La Sala advierte que para la fecha de presentación del llamamiento en garantía -septiembre de 2016no se había expedido la Ley 2080 de 2021. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de 24 de enero de 2007, radicado: 31015. Reiterado recientemente en el auto de Ponente del 27 de noviembre de 2023, radicado 66801.Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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noviembre de 2023, radicado 66801.Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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Tal como lo ha seæalado la jurisprudencia de esta Corporación, el llamamiento e n garantía con fundamento en un derecho legal o contractual no im pone como requisito la prueba de aquella relación, sino la afirmación respecto de la existencia de una de esas circunstancias.

Al respecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que:

“Para resolver sobre la admisión el juzgador solo debe verificar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 225 del CPACA, y no puede pronunciarse sobre el derecho del llamante porque esa es una decisión que debe adoptarse en la sentencia.

(…) La exigencia de requisitos para admitir la demanda ha sido cuestionada por la doctrina y se ha propuesto eliminarla, porque ella comporta la posibilidad de que desde el inicio del proceso se puedan proferir decisiones sobre el fondo de la pretensión del demandante, afectando su derecho de acceso a la administración de justicia. Esa preocupación fue precisamente lo que determinó que se eliminara la exigencia del Código de Procedimiento Civil de acuerdo con la cual el llamante debía presentar con el escrito de llamamiento ‘prueba sumaria del derecho a formularlo’; esa exigencia se eliminó precisamente con el objeto de precisar que al momento de la admisión no pueden analizarse asuntos que tienen que ver con la fundabilidad del derecho, porque ellos deben ser resueltos en la sentencia”18 (se destaca).

A pesar de que el razonamiento transcrito resultaría suficiente para desvirtuar la

asuntos que tienen que ver con la fundabilidad del derecho, porque ellos deben ser resueltos en la sentencia”18 (se destaca).

A pesar de que el razonamiento transcrito resultaría suficiente para desvirtuar la conclusión plasmada en el auto apelado, la Sala observa que en el expediente obran los siguientes documentos y hechos que resultan pertinentes para resolver el recurso interpuesto:

• Segœn los hechos narrados en la demanda (hecho 1) la accionante Noralba López VelÆsquez ingresó a las instalaciones de la Clínica San Francisco S.A. el 1 de abril de 2013, “ para realizarse una colonoscopia de control, procedimiento que había sido autorizado por su EPS la S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD para realizarlo en esta institución”19. • En el expediente obra copia de la historia clínica 20 de la paciente Noralba López VelÆsquez, en la que se registró como fecha de ingreso a la Clínica San Francisco S.A. el 1° de abril de 2013 a las 7:52:26 y como fecha de egreso ese mismo día a las 12:18:07. • De igual manera, se aportó copia del contrato 0927 suscrito entre la E.P.S.

Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. y la Clínica San Francisco S.A., que

18 Auto del 30 de noviembre de 2023, consejero ponente Martín Bermœdez Muæoz, expediente 68.694. 19 PÆg. 2 del expediente digital contenido en el archivo 7ED_76001233300920150067(.pdf) del índice 2 de SAMAI 20 PÆg. 2255 ibidemRadicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

2 de SAMAI 20 PÆg. 2255 ibidemRadicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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indicó coma fecha de inicio el 1 de febrero de 2011 y como fecha de terminación el 31 de enero de 201221. • En dicho negocio jurídico, la Clínica contratista se obligó a prestar los servicios ofrecidos por la E.P.S contratante a los afiliados y beneficiarios de los servicios de salud que se encontraran afiliados, asumiendo, entre otras obligaciones, la de “[r]esponder legalmente por cualquier perjuicio que le acaeciere al paciente durante su estancia o estadía en las instalaciones donde suministre servicios EL CONTRATISTA atribuible a dolo o negligencia así sea levísima durante la estadía del paciente en dichas instalaciones, sin perjuicio de la responsabilidad del contratante por sus funciones de aseguramiento”22 (obligación No. 30). • Las partes dispusieron en la clÆusula octava del contrato que su duración sería de un (1) aæo, contado a partir del 1 de febrero de 2011 y que “podrá renovarse previo acuerdo escrito entre las partes”23.

• Se aportó copia del otrosí No. 6 24 al contrato 0927, en el cual se estipuló “[q]ue el plazo del presente contrato tendrÆ una duración de un (1) aæo contado a partir de la fecha de su perfeccionamiento. Se entenderÆ prorrogado automÆticamente por períodos de un (1) aæo, siempre y cuan do ninguna de las partes haya manifestado su intención de darlo por terminado,

contado a partir de la fecha de su perfeccionamiento. Se entenderÆ prorrogado automÆticamente por períodos de un (1) aæo, siempre y cuan do ninguna de las partes haya manifestado su intención de darlo por terminado, conforme lo establezca la cláusula de terminación dispuesta en el contrato.” A su vez, la clÆusula tercera de este otrosí dispuso que: “El presente OTRO SI No. 6 inicia vigencia a partir del Primero (01) de Marzo del aæo Dos Mil Trece (2013).”

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que la parte actora pretende q ue las entidades demandadas sean declaradas patrimonialmente responsables por la falla en la prestación del servicio de salud que devino en la perforación del colón de la demandante, en hechos acaecidos desde el 1° de abril de 2013.

A su turno, la E.P.S. Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. al contestar l a demanda llamó en garantía a la Clínica San Francisco S.A., con funda mento en la vigencia del contrato 0927 de prestación de servicios asistenciales del plan obligatorio de salud del rØgimen contributivo suscrito entre las entid ades mencionadas que estaba vigente para el 1° de abril de 2013, fecha de los hechos.

En ese sentido, revisado el escrito de llamamiento en garantía se observa que cumple con los requisitos de admisión establecidos en el citado artículo 225 del CPACA y, ademÆs, la Sala vislumbra la existencia de un vínculo contractual y legal

21 Archivo 44_ALLEGAMEMORIAL_CONTRATOCLINICASAN(.pdf), visible en el índice 65 del

CPACA y, ademÆs, la Sala vislumbra la existencia de un vínculo contractual y legal

21 Archivo 44_ALLEGAMEMORIAL_CONTRATOCLINICASAN(.pdf), visible en el índice 65 del aplicativo SAMAI del expediente tramitado en primera instancia en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 22 PÆgina 6 del archivo 44_ALLEGAMEMORIAL_CONTRATOCLINICASAN(.pdf), visible en el índice 65 del aplicativo SAMAI del expediente tramitado en primera instancia en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 23 PÆgina 8 ibidem 24 Archivo 50_ALLEGAMEMORIAL_OTROSI06VIGENTE(.pdf), visible en el índice 6 5 del aplicativo SAMAI del expediente tramitado en primera instancia en el Tribunal Administrativ o del Valle del CaucaRadicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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que liga a la llamante con la llamada, debido a que los hechos en q ue se fundamenta la solicitud estÆn relacionados con el origen de la con troversia, sin perjuicio de lo que resuelva frente a las obligaciones de estos extremos procesales -si las hubiereal momento de proferir sentencia.

Desde esta perspectiva, frente al argumento del tribunal a quo, segœn el cual el demandado no puede llamar en garantía a otra entidad que ost ente la misma calidad, la Sala considera que tampoco le asiste razón, dado que la norma procesal no prevØ prohibición alguna al respecto y, por el contrario, el parÆgrafo del artícu lo 66 del CGP, en el trÆmite del llamamiento en garantía, establece lo siguiente:

no prevØ prohibición alguna al respecto y, por el contrario, el parÆgrafo del artícu lo 66 del CGP, en el trÆmite del llamamiento en garantía, establece lo siguiente:

“ParÆgrafo. No serÆ necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actœe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes” (se destaca).

La redacción de la norma transcrita permite entender que el legislador previó la posibilidad de que un demandado pueda intervenir, adicionalmente, como llamado en garantía, para lo cual, justamente, fijó reglas para la notificación del au to que admita su vinculación en tal calidad.

En la misma línea, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que cualquier parte estÆ legitimada para solicitar el llamamiento en garantía y la circunstancia de que una entidad funja como demandada, no es ób ice para que tambiØn pueda ser vinculada a travØs de esta figura procesal, puesto que esa s calidades pueden tener un origen diverso. Sobre el particular se afirmó lo siguiente:

“De igual forma, esta Corporación ha manifestado que nada impide que una parte demandada tambiØn tenga la calidad de llamado en garantía, teniendo en cuenta que el fundamento jurídico es diferente al analizar cada caso en concreto, al respecto se expresó25:

No obstante lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado ya se ha pronunciado respecto de la posibilidad de que uno de los demandados ademÆs de ostentar esa calidad, sea tambiØn llamado en garantía, debido a que se trata de dos relaciones jurídicas distintas, la de demandante y demandado, y la de

pronunciado respecto de la posibilidad de que uno de los demandados ademÆs de ostentar esa calidad, sea tambiØn llamado en garantía, debido a que se trata de dos relaciones jurídicas distintas, la de demandante y demandado, y la de llamante y llamado; al respecto, en providencia del 24 de enero de 2007 la Sala manifestó26:

“Ahora bien, como en el caso bajo estudio el tribunal negó el llamamiento en garantía de la Nación – Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional, con fundamento en que se trata de una parte que ya fue vinculada al juicio en calidad de demandada, la Sala estima que antes de verificar si la solicitud de llamamiento se ajusta a derecho, es preciso determinar si la circunstancia de que el citado Ministerio ya sea parte demandada dentro de este proceso impide que se le tenga como llamado en garantía.

25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 06 de agosto de 2009. Expediente No. 6600-12-331000-2008-00078 (36484). 26 Cita original: Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto. Fecha 24 de enero de 2007. Expediente No. 31.015.Radicado: 76-001-23-33-009-2015-00679-01 (71941)

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Para despejar ese interrogante, la Sala27 retoma los argumentos expuestos en un asunto similar al de la referencia, en el que seæaló que si es posible qu e en un mismo proceso una parte tenga en forma simultÆnea la condición de demandado y llamada en garantía. En efecto, en dicha providencia se indicó que, independiente de que una entidad ya tenga dentro del proceso la calidad

un mismo proceso una parte tenga en forma simultÆnea la condición de demandado y llamada en garantía. En efecto, en dicha providencia se indicó que, independiente de que una entidad ya tenga dentro del proceso la calidad de demandada nada impide que en el mismo asuma tambiØn la condición de llamada en garantía, habida cuenta que las situaciones de demandado y llamado, por derivar de distintas fuentes, deben someterse a diferentes enfoques de juzgamiento.

Sobre este aspecto en particular la Sala28 ya se había pronunciado en el sentido de que si contra el demandado existe prueba – legal o contractual – que dØ lugar a vincularlo tambiØn como llamado en garantía, nada obstaría para que una y otras relaciones sustanciales: demandado y llamado en garantía, sean resueltas por el juez de conocimiento en una misma providencia ”29 [Énfasis propio].

A su turno, esta Subsección expuso en idØntico sentido:

“Ahora bien, para el caso por resolver si se dan los presupuestos procesales para configurarse el llamamiento en garantía pretendido por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – COMFAMAa la E.S.E. Hospital Octavio Olivares, y existe prueba contractual para ello, nada impide que uno de los demandados sea tambiØn llamado en garantía de otro de los demandados si se satisfacen los requisitos de la norma civil procesal vigente”30 (negrilla fuera del texto original).

En este orden de ideas, la Sala reitera que la procedencia del llamamiento e n garantía en casos como el actual, requiere que la vinculación del demand ado y llam