CE - Salvamento voto 11001031500020240509000 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Salvamento voto 11001031500020240509000 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-05090-00

Demandante: Jerson Ricardo Ruiz Rubiano

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por las decisiones adoptadas por la Sala mayoritaria, presento mi salvamento de voto respecto de la sentencia del 17 de octubre de 2024, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales de Jerson Ricardo Ruiz Rubiano. Las razones son las siguientes:

Para comenzar, es importante precisar que e l acceso a la administración de justicia se considera, en los términos del artículo 229 de la Constitución Política, como un derecho fundamental y, en este sentido la jurisprudencia constitucional sostuvo:

«[…] ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico.

sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos […]»1 A fin de garantizar plenamente su acceso, el legislador ha previsto, entre otras políticas o medidas, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones que facilitan la interacción humana directa e inmediata entre los usuarios judiciales y sus jueces, como una clara manifestación de los principios de celeridad y economía (artículos 4 de la LEAJ y 3.13 del CPACA), razón por la cual estos mecanismos se han incorporado al trámite de los procedimientos administrativos y procesos judiciales.

1 Sentencia T-799/11Expediente: 11001-03-15-000-2024-05090-00

Demandante: Jerson Ricardo Ruiz Rubiano

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Con el propósito de adoptar medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, así como el de

Demandante: Jerson Ricardo Ruiz Rubiano

2

Con el propósito de adoptar medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, así como el de agilizar sus procesos, y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, se implementó la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, por medio de la Ley 2213 de 2022. En su artículo 2.º, dispuso: «[l]as autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán”. A su vez, el artículo 109 del Código General del Proceso establece que los memoriales podrán presentarse por «cualquier medio idóneo». En el presente asunto, quedó acreditado que el demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia del 24 de noviembre de 2023 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, que declaró probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y en consecuencia, dio por terminado el proceso, el 29 de noviembre de 2023, a las 3:51 p. m., a través de mensaje electrónico enviado al correo inst itucional jadm10nei@notificacionesrj.gov.co, dirección desde la cual el despacho remitió la notificación de la mencionada providencia. En esas condiciones, si bien existió un error en el envío del referido recurso, en tanto se remitió a una dirección electrónica diferente de la indicada por la Secretaría del juzgado, lo cierto es que aquel fue presentado en tiempo, pues se

En esas condiciones, si bien existió un error en el envío del referido recurso, en tanto se remitió a una dirección electrónica diferente de la indicada por la Secretaría del juzgado, lo cierto es que aquel fue presentado en tiempo, pues se remitió el 29 de noviembre de 2024, cuyo término vencía el día 30 siguiente 2, y el correo electrónico al que fue enviado, fue el mismo del que provino la notificación del rechazo de la demanda.

Con fundamento en lo anterior, estimo que se debía tener en cuenta el artículo 103 del CPACA en cuanto dispone que «[l]os procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley », así como el principio de prevalencia del derecho sustancial establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, para garantizar el acceso a la administración de justicia (artículo 229 ibidem) del demandante. Por lo tanto, en mi criterio, lo procedente era otorgar trámite al recurso de apelación impetrado en tiempo, y garantizarle el derecho de la doble instancia al demandante.

En los anteriores términos, dejo expuestas las razones por las cuales salvo mi voto.

Respetuosamente,

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Magistrado

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2 De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría del Juzgado Décimo Administrativo de Neiva.

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