CE-SCA-1964-N1300

NULIDAD - Accede parcialmente DAÑO A BIEN INMUEBLE POR OBRA PÚBLICA - Presupuestos La ejecución de los trabajos y la producción de los daños, ni en esta etapa ni en la administrativa han sido objeto de controversia, pues que nunca las ha desconocido la Administración. Por el contrario, en razón del reconocimiento de esos hechos, y en cumplimiento de la Resolución No. 221 de 1942, según la cual: “En los casos en que se ocasionen perjuicios a predios de propiedad particular, con motivo de los trabajos, de estudios y proyectos, construcción o sostenimiento de las carreteras nacionales, el valor de esos perjuicios se fijará por medio de peritos nombrados así: uno por el Ingeniero Jefe de la carretera o Zona respectiva, y otro por el interesado”, se levantó el acta de 15 de Diciembre de 1956, suscrita por el señor Ingeniero Jefe de las Obras del Río Sinú, por el Delegado de la Auditoria Fiscal Nacional, por el señor Víctor Pacheco López, como perito de la Nación, y por el señor Esteban Vargas, perito del doctor Santos Cabrera. En esa acta se dijo: “Los integrantes se trasladaron al lugar donde concurren (SIC) los trabajos, para inspección ocular como se suceden los perjuicios, regresando más tarde a su base para las deliberaciones correspondientes. Hablando el señor Esteban de Vargas en nombre del propietario, estimó los perjuicios en la suma de setenta mil pesos ($70.000.oo), interviniendo el perito de la Nación, señor Víctor

Pacheco López, para precisarlos en la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000.oo) (…) En discusión plena, interviniendo activamente todas las partes para considerar el estimativo legal, el perito de la Nación admitió la existencia de perjuicios en la Administración de la Hacienda, imputables directamente a los trabajos adelantados por el Gobierno en este lugar y fijando el monto de los mismos en la suma de once mil pesos ($11.000.oo), los cuales añadidos a los cincuenta y cuatro mil pesos previamente aceptados como cuantía de perjuicios materiales, totaliza la suma de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000.oo), suma ésta que fue también aceptada por el perito del propietario, como valor total de la indemnización que el Gobierno Nacional deberá pagar al propietario afectado…”. (…) También en las resoluciones acusadas en la demanda que originó el presente juicio, se parte del reconocimiento paladino de que “en 1956, al ejecutar el Gobierno Nacional algunos trabajos de canalización de las Bocas del Río Sinú, se causaron perjuicios al doctor José Santos Cabrera, en su hacienda “Río Ciego”, jurisdicción Municipal de San Bernardo, Departamento de Córdoba”. (…) Pero el problema que plantean las resoluciones acusadas no es el de la cuantía de la indemnización, sino el de saber si el demandante, Senador de la República por el tiempo en que esas providencias se expidieron, está Inhabilitado por esa calidad para pedir del Estado la reparación de los daños. Se consideró en la Resolución No. 319 de 2 de Noviembre de 1959, Confirmada por la Resolución No. 164 de 30

de Junio de 1960: “Que el doctor JOSE SANTOS CABRERA es actualmente Senador de la República y como tal no puede hacer por sí, ni por interpuesta persona, contrato o gestión alguna con el Gobierno, por prohibirlo el artículo 110 de la Constitución Nacional, y el artículo 1º de la Ley 8ª de 1958, razones éstas que impiden al doctor JOSE SANTOS CABRERA, suscribir directamente o por medio de apoderado, tanto el contrato de transferencia de las siete hectáreas de terreno ocupadas en su finca “Río Ciego”, como la diligencia que fije o determine, definitivamente, el monto de la indemnización por los perjuicios causados; y “Que cuando a consecuencia de una obra pública un particular sufre perjuicios, puede hacer uso del procedimiento normal para reclamar la indemnización ante los Tribunales competentes”. CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / IMPEDIMENTO DEL CONGRESISTA – Sí podrán ejercer como apoderados o defensores en los procesos penales y en los juicios civiles y laborales, en lo contencioso administrativo de anulación, y en causa propia en materia fiscal impositiva / HECHO SOBREVINIENTE / CARGAS PÚBLICAS / DAÑO A BIEN INMUEBLE POR OBRA PÚBLICA / IMPEDIMENTO DEL CONGRESISTA – Pueden comparecer a la justicia a reclamar sus derechos en causa propia en materia fiscal impositiva [S]egún el artículo 110 de la Constitución, “los Senadores y Representantes no pueden hacer por sí, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la Administración, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios que tengan

relación con el Gobierno de Colombia”. Es un precepto que introdujo en los términos anteriores la Constitución de 1886, que se ha mantenido hasta hoy, y cuya razón de ser es manifiesta, pues que los regímenes democráticos viven de la pulcritud de sus dirigentes. Con ese mandato quiso proveer el Constituyente al prestigio del Legislador. Por el artículo 1º de la Ley 8ª de 1958 se estableció que: “Los Senadores y Representantes principales, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura, no podrán hacer por sí ni por interpuesta persona contrato alguno con la Administración Pública, ni gestionar en nombre propio o ajeno negocios que tengan relación con el Gobierno de la Nación, los Departamentos o los Municipios”. Y en el segundo se dispuso: “Los Senadores y Representantes durante el ejercicio de su cargo no podrán ser, en ningún caso, apoderados o gestores ante entidades oficiales o semioficiales del orden administrativo, pero si podrán ejercer como apoderados o defensores en los procesos penales y en los juicios civiles y laborales, en lo contencioso administrativo de anulación, y en causa propia en materia fiscal impositiva”. Cuando el actor en este juicio inició la reclamación administrativa, y cuando, como consecuencia de ella, se levantó el acta de 15 de Diciembre de 1956, no tenía la calidad de Senador. Esta la adquirió en el año de 1958, cuando ya el Gobierno Nacional había reconocido que por causa de las obras mandadas a ejecutar en el río Sinú había ocurrido daños en la hacienda “Río Ciego” perteneciente al doctor Santos Cabrera, y cuando lo que estaba en discusión era el quantum. El Gobierno

entendió, ateniéndose a lo dispuesto en los artículos 110 de la Constitución, y 1º y 2º de la Ley 8ª de 1958, que, dado el carácter de Senador del demandante, no le era posible concluir las negociaciones iniciadas, y que sólo podría pagar la indemnización reclamada si lo disponía así el órgano jurisdiccional. Esto lo dijo en la primera de las Resoluciones acusadas, al expresar que “cuando a consecuencia de una obra pública, un particular sufre perjuicios, puede hacer uso del procedimiento normal para reclamar indemnización recurriendo ante los Tribunales competentes”. Ante la negativa del Gobierno y por la indicación mencionada, el actor instauró la demanda con que inició el presente juicio. Cumplió en primer término con lo prescrito en el artículo 68 del C.C.A., según el cual cuando es mediante un hecho como se ha quebrantado el derecho, no necesitará el interesado ejercitar la acción de nulidad, sino pedir directamente a la Administración las indemnizaciones o prestaciones correspondientes. Pero, negado por la Administración el pago del valor de los perjuicios causados, y solicitada como consecuencia una decisión jurisdiccional a ese respecto, no dejaría de ser un caso de sumum jus desatender las súplicas formuladas en la demanda para remitir al actor al ejercicio de una acción cuando ya no llevara la investidura de congresista, hecho que coincidiría seguramente con la caducidad del derecho, Sería esto declarar cerrados todos los caminos de la Justicia a quien cupo en suerte llevar en un momento dado la representación nacional. Lo anterior indica que ni el artículo 110 de la Constitución, ni los artículos 1º y 2º de la Ley 8ª

de 1958, se pueden entender con el rigor de interpretación que se les da en las Resoluciones acusadas. En el caso de autos se trata de unos perjuicios que reconoció la Nación con anterioridad a que el demandante tuviera la calidad de Senador, y a que se expidiera la Ley 8ª. Se trata también de un reconocimiento hecho, no a un reclamante, gestor o litigante cualquiera, sino a quien había recibido daño por motivo de la acción del Estado y que debió sobrellevar una carga pública. El perjuicio que recibe un particular en beneficio de la Comunidad, y con ocasión de una obra pública dicen los tratadistas es en el fondo de la misma naturaleza de un impuesto, desde luego que implica una contribución al bien general y en condiciones desiguales respecto a los demás ciudadanos. Por lo mismo es Justo que se den al damnificado los medios de obtener la reparación cuando se ha desconocido el principio de la igualdad ante las cargas públicas (Waline). En el artículo 2º, de la Ley 8ª de 1958 se establece que los Representantes y Senadores podrán comparecer a reclamar sus derechos “en causa propia en materia fiscal impositiva”. Pero si se reconoce a un congresista el derecho de reclamar o litigar en causa propia en materia fiscal impositiva, no hay razón para desconocérselo cuando su acción se dirige contra una carga como la que le fue impuesta al demandante.

FUENTE FORMAL: LEY 8 DE 1958 - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1986 - ARTÍCULO 110 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOARTÍCULO 68

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – Improcedencia / BIEN DE USO PÚBLICO

– Por destinación Lo que no podrá hacerse es reconocer perjuicios al actor por la regulación Pericial que se hizo dentro del juicio. Lo anterior porque el demandante en la misma demanda limitó el quantum al solicitar en la segunda de las súplicas, que se condenara a la Nación al pago de la suma de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000.oo) por concepto de los perjuicios ocasionados. Esa fijación limita el campo del Juzgador al regular la condena, ya que la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 471 del C. J., debe dictarse en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Tampoco será del caso que se haga transferencia por el actor de las hectáreas ocupadas. Se trata de un terreno que ha ingresado a los llamados en el Código Civil, Bienes de la Unión de uso público, o Bienes del Territorio, desde el momento de su destinación.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 319 DE 2 DE

NOVIEMBRE DE 1959 RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 164 DE 30 DE

JUNIO DE 1960 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero Ponente: GABRIEL ROJAS ARBELÁEZ Bogotá D. E., quince (15) de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro (1964)

Radicación número: CE-SCA-1964-N1300(1300)

Actor: JOSÉ SANTOS CABRERA

Demandado: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Referencia: NULIDAD

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 319 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1959

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 164 DE 30 DE JUNIO DE 1960 DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Obrando como agente oficioso del doctor José Santos Cabrera, el doctor Gilberto Moreno en demanda presentada el 12 de Diciembre de 1960, pidió se hicieran las siguientes declaraciones: “PRIMERA. Que son nulas las Resoluciones números 319 de 2 de Noviembre de 1959, por medio de la cual el señor Presidente de la República se abstuvo de reconocer a mi mandante los perjuicios causados en su finca “RIO CIEGO”, Municipio de San Bernardo, Departamento de Córdoba, con los trabajos de Canalización de las bocas del río Sinú, ejecutados por el Gobierno en 1956 y la número 164 de 30 de Junio de 1960 por medio de la cual el señor Presidente de la República confirmó en todas sus partes la Resolución anterior. “SEGUNDA. Que EL Gobierno Nacional debe pagar al doctor JOSE SANTOS CABRERA, dentro de la fecha que usted señale, la suma de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000.oo m/l) con sus intereses a partir del 15 de Diciembre de 1956 hasta que se haga el pago, por concepto de los perjuicios ocasionados a mi mandante con los trabajos de canalización de las bocas del río Sinú ejecutadas por el Gobierno en 1956, en la hacienda RIO CIEGO, de propiedad de mi mandante, situada en el Municipio de San Bernardo, Departamento de Córdoba”. La demanda se admitió por auto del día quince del mismo mes, en el que, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 del C.J. se dispuso también que por el demandante se otorgara caución para responder de que el interesado ratificaría la actuación. El Dr. Santos Cabrera confirió poder al Dr. Moreno y ratificó lo hecho por éste, el día veinte siguiente.

HECHOS: Los hechos en que se fundamentó la acción son los siguientes:

1. En el año de 1956 el Gobierno Nacional verificó algunos trabajos de canalización de las bocas del río Sinú, sin tener en consideración a los propietarios de los terrenos afectados, uno de los cuales: el Dr. José Santos Cabrera, dueño de la finca “Río Ciego” recibió grandes perjuicios, además de que se ocuparon por el Gobierno Nacional siete Hectáreas de la finca. Este inmueble está ubicado en el Municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de

Córdoba.

2. Con motivo de tales hechos se reclamó ante el Ministerio de Obras Públicas, y habiéndose sometido el reclamo al trámite establecido en la Resolución 221 de 1942, originaria de dicho Ministerio, se hizo mediante peritos el avalúo de los perjuicios, incluyendo el valor de la zona ocupada, los que fueron estimados de común acuerdo en la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($65.000.oo). El acta correspondiente fue suscrita por el Dr. José Santos Cabrera, el Ingeniero Jefe de la Obra, el Delegado de la Auditoria Fiscal, el perito de la Nación y el del propietario, sin objeción de ninguna de las partes.

3. Posteriormente, algunos funcionarios por sí y ante sí, elevaron una

comunicación al Ministerio en la cual expresan su concepto de que el valor real de los perjuicios es la suma de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS moneda legal (545.000.oo), suma ésta que no obliga a mi mandante, puesto que se trata de un simple concepto de oficiosos funcionarios y no de un dictamen pericial.

4. Ante las solicitudes para que se pagaran los perjuicios ocasionados, solicitudes formuladas primero por el Dr. Santos Cabrera directamente, y luego por medio de apoderado, el Gobierno Nacional consultó con el Consejo de Estado la posibilidad de hacer el pago, y expuso a ese efecto los siguientes hechos: a) En 1956, con motivo de la ejecución de una obra pública se causaron perjuicios a un ciudadano. b) El citado ciudadano reclamó en oportunidad y el Ministerio de Obras Públicas ordenó el avalúo de los perjuicios, mediante el procedimiento señalado en la Resolución No. 221 de 1942. Conforme al avalúo el valor de los perjuicios fue apreciado en la suma de $65.000.oo, según acta suscrita el 15 de Diciembre de 1956. c) En 1958, dos años después el citado ciudadano fue elegido Senador. d) El Gobierno está dispuesto a girar o a pagar la suma debida, pero en presencia de la Ley 8a. de 1958, sobre incompatibilidades, vacila si hay que esperar a que el citado ciudadano pierda su investidura para hacerle el pago de los perjuicios causados en su propiedad, los cuales ya fueron avaluados y reconocidos al ciudadano antes de ser elegido Senador.

El H. Consejo se abstuvo de conceptuar por considerar que se resolvería un caso

particular, lo que podría dar lugar a una controversia en la cual ya se encontraría comprometido el criterio de la Corporación.

5. En memorandum de 12 de Marzo de 1959. suscrito por el Abogado General del Ministerio, se hace constar: a) Que se realizaron los trabajos. b) Que el doctor José Santos Cabrera adelantó las gestiones para impedirlos por inútiles y costosos, y para reclamar el pago de los perjuicios. c) Conforme al acta hubo pleno acuerdo en cuanto al monto de la indemnización.

6. Finalmente el Presidente de la República, dictó la Resolución número 319 de 2 de Noviembre de 1959, en la cual declara:”ARTÍCULO UNICO Abstenerse de reconocer por la vía gubernativa la indemnización de los perjuicios que se hubieren causado al doctor JOSE SANTOS CABIERA, en su hacienda “Río Ciego”, jurisdicción Municipal de San Bernardo, Departamento de Córdoba, con los trabajos de canalización de las bocas del río Sinú, ejecutados por el Gobierno en 1956”.

7. Alega el Gobierno Nacional que mi mandante es Senador de la República, y, en consecuencia, no puede hacer por sí ni por interpuesta persona, contrato o gestión alguna con el Gobierno, por prohibírselo el art. 110 de la Constitución Nacional y el art. 1º de la Ley 8a. de 1958. Sostiene, además, que cuando a consecuencia de una obra pública un particular, sufre perjuicios, puede hacer uso del procedimiento normal para reclamar indemnización, recurriendo ante los Tribunales competentes.

8. Solicitada reposición de dicha providencia, el Gobierno dictó la resolución No. 164 de 30 de Junio de 1960, por la cual se confirmó la providencia recurrida. La notificación se hizo por edicto desfijado el 13 de Agosto del año en referencia.

DISPOSICIONES VIOLADAS Como disposiciones violadas se citaron en la demanda los artículos 30 y 110 de la Constitución, 1º y 2º de la Ley 8ª de 1958, 669 del C.C., y la misma resolución 221 de 1942. Sostiene el demandante que su calidad de Senador, adquirida después de que se le causaron los perjuicios, y después también de que suscribió el acta en la cual se reconocieron aquéllos, no puede excluirlo de la protección que para derechos como el de propiedad consagra la Constitución; y que cuando el Gobierno expidió las resoluciones acusadas, no se trataba de celebrar un negocio, sino de darle cumplimiento a un acuerdo ya perfecto.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: Es un hecho completamente acreditado en autos que en el año de 1956 el Gobierno Nacional hizo ejecutar unos trabajos tendientes a regularizar y rectificar el río Sinú, y con este motivo se causaron daños a la hacienda “Río Ciego” de propiedad del doctor José Santos Cabrera, situada en el Municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. La ejecución de los trabajos y la producción de los daños, ni en esta etapa ni en la administrativa han sido objeto de controversia, pues que nunca las ha desconocido la Administración. Por el contrario, en razón del reconocimiento de esos hechos, y en cumplimiento de la

Resolución No. 221 de 1942, según la cual: “En los casos en que se ocasionen perjuicios a predios de propiedad particular, con motivo de los trabajos, de estudios y proyectos, construcción o sostenimiento de las carreteras nacionales, el valor de esos perjuicios se fijará por medio de peritos nombrados así: uno por el Ingeniero Jefe de la carretera o Zona respectiva, y otro por el interesado”, se levantó el acta de 15 de Diciembre de 1956, suscrita por el señor Ingeniero Jefe de las Obras del Río Sinú, por el Delegado de la Auditoria Fiscal Nacional, por el señor Víctor Pacheco López, como perito de la Nación, y por el señor Esteban Vargas, perito del doctor Santos Cabrera. En esa acta se dijo: “Los integrantes se trasladaron al lugar donde concurren (SIC) los trabajos, para inspección ocular como se suceden los perjuicios, regresando más tarde a su base para las deliberaciones correspondientes. Hablando el señor Esteban de Vargas en nombre del propietario, estimó los perjuicios en la suma de setenta mil pesos ($70.000.oo), interviniendo el perito de la Nación, señor Víctor Pacheco López, para precisarlos en la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000.oo) que se descomponen en la siguiente forma: Terreno utilizado en la ejecución de las obras, siete (7) hectáreas a $ 3.000.oo c/u…………………………………………. $ 21.000.00 Erosión resultante como consecuencia de las obras verificadas en las siete hectáreas……………………………………………….. $ 21.000.00

Levantamiento de tres corrales de varetas y desvalorización de una casa de techo de zinc, cercada con anexidades de madera. $ 12.000.00 Total……………………………………………………………………. $ 54.000.00 En discusión plena, interviniendo activamente todas las partes para considerar el estimativo legal, el perito de la Nación admitió la existencia de perjuicios en la Administración de la Hacienda, imputables directamente a los trabajos adelantados por el Gobierno en este lugar y fijando el monto de los mismos en la suma de once mil pesos ($11.000.oo), los cuales añadidos a los cincuenta y cuatro mil pesos previamente aceptados como cuantía de perjuicios materiales, totaliza la suma de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000.oo), suma ésta que fue también aceptada por el perito del propietario, como valor total de la indemnización que el Gobierno Nacional deberá pagar al propietario afectado…..”. Como según lo dispone la Resolución No. 221 de 1942, anteriormente mencionada y transcrita en parte, “el acta de avalúo respectiva debe ser aprobada por el Ingeniero Jefe de la Zona o Carretera....“ el señor doctor Hernando Veeber, Ingeniero Jefe de las Obras del Río Sinú, en comunicación del 16 de febrero de 1957, suscrita también por el Auditor Fiscal de la Contraloría Nacional, señor José Pastrana Solera, manifestó al Ministerio que en su parecer la estimación hecha por los peritos era “algo alta” y que la acertada regulación debía ser la siguiente: Terreno utilizado por la obra, 7 hect. Aproximadamente………… $ 15.000.00

Erosión resultante imputable a la obra…………………………….. $ 15.000.00 Movilización de tres corrales de vareta para ordeño……………... $ 7.500.00 Desvalorización de la casa y depósito de almacenamiento……… $ 3.000.00 Perjuicios a la Administración en general………………………….. $ 4.50000 Total…………………………………………………………………….. $ 45.000.00 Por su parte la Sección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas conceptuó que, como el avalúo había sido objetado por el Ingeniero Jefe, el dictamen no tenía validez. También en las resoluciones acusadas en la demanda que originó el presente juicio, se parte del reconocimiento paladino de que “en 1956, al ejecutar el Gobierno Nacional algunos trabajos de canalización de las Bocas del Río Sinú, se causaron perjuicios al doctor José Santos Cabrera, en su hacienda “Río Ciego”, jurisdicción Municipal de San Bernardo, Departamento de Córdoba”. En la diligencia de inspección ocular practicada como prueba pedida por el actor en este juicio, se comprobó que las obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas habían tenido como consecuencia dividir la hacienda, hacer más larga y difícil la entrada a la casa principal de ella, y recargar los gastos de administración. A solicitud del señor Agente del Ministerio Público fueron llamados a declarar los señores Miguel Negrete y Sebastián Hoyos Fortiche, quienes aseveraron lo siguiente: DECLARANTE NEGRETE. “Soy vecino de San Bernardo desde hace veinte años, y conozco en toda su

extensión la hacienda “Río Ciego”, por haberla andado en todas direcciones: unas veces a caballo y otras en “portátil”. En las Obras de la mencionada hacienda se verificaron obras de dragado que abrieron dos nuevos cauces en el mencionado río para cambiarle el curso, dejándole dos islas al inmueble en que nos encontramos. Me correspondió presenciar los trabajos de dragado a que me he referido, trabajos que en mi concepto han reportado perjuicios para la finca, desde luego que por ellos el dueño de la propiedad tuvo que verificar construcciones de corrales y casas de habitación para la administración de la misma, y construir obras para el tránsito entre las diversas partes en que se dividió el inmueble con el consiguiente recargo de los gastos de administración y los perjuicios de varia índole como son entre otros los de desmorone de la finca por la acción del río y el peligro para las reses, varias de las cuales se han ahogado. Me consta también que los canales abiertos por la draga no corresponden al actual lecho del río, pues por la acción de las aguas esos cauces se han ensanchado a expensas de la propiedad”. DECLARANTE HOYOS FORTICHE. “Conocí la finca “Río Ciego” antes de que se hubieran verificado los trabajos de dragado mediante los cuales se abrieron para el río Sinú varios cauces. Esos trabajos dividieron la finca en varias porciones resultando en ella dos islas formadas por los caños en que se convirtió el antiguo lecho del río y los nuevos cauces abiertos por el dragado a que me he referido.

Conceptúo que la finca “Río Ciego” recibió notorios perjuicios con el dragado de que vengo hablando, perjuicios, que consisten principalmente en que al dueño del inmueble se 1e impusieron como consecuencia mayores gastos de administración al verse obligado a levantar nuevas instalaciones para habitación de los trabajadores y cuido de los semovientes y también construcciones para verificar el tránsito entre las partes en que e dividió el inmueble. Creo además que la misma población de San Bernardo recibió perjuicio, ya que el río dejó de pasar al pié de ella. Como las lanchas que hacen el transporte de pasajeros y mercancía ya no “arriman” hasta la población como antes, sino que dejan lo que transportan a una distancia que calculo en unos dos kilómetros, este acarreo recarga el precio de las cosas como es natural. Antes pagábamos los comerciantes por el transporte de cada bulto desde la lancha al respectivo almacén veinte centavos, y ahora debemos pagar un peso. Me di cuenta por percepción directa cuando se abrieron los nuevos cauces del río Sinú por la finca de Río Ciego; también conozco el lecho actual del río, por lo que puedo afirmar que del cauce que se le abrió al actual hay notable diferencia porque el cauce inicial fue de unos treinta a treinta y cinco metros, y como las aguas han ido desmoronando las márgenes de ese cauce, se ha ensanchado visiblemente con perjuicio de la finca”. A su vez los peritos, Dr. Guillermo Afanador Montoya y señor Joaquín Vargas C., dijeron de común acuerdo lo siguiente: “Se efectuaron dos cortes (que llamaremos corte No. 1 y No. 2) para variar el

cauce del río Sinú, en el sector de San Bernardo del Viento, los cuales se realizaron por los predios de la hacienda “Río Ciego”, quedando ésta actualmente formada por tres globos de terreno, que denominaremos A, B y C; a continuación haremos una descripción de cada uno de ellos. Globo A. Este globo forma actualmente la menor parte de la hacienda y es una isla rodeada por el río Sinú, de una forma semejante a la de un rectángulo; por el lado oriental se encuentra el corte No. 2 y por el cual corre actualmente el mencionado río con su mayor caudal. Por los lados Norte y Sur y Occidental se encuentra el cauce antiguo del río, estando el agua estancada por los últimos lados y por tanto creando un foco de insalubridad. Sobre el lado Occidental de esta isla se encuentra la casa de la Hacienda, depósitos y corrales antiguos. Se observó que en el lado oriental de la isla y sobre el corte No. 2 se construyó una casa techada de paja y en la cual vive la persona encargada de manejar un planchón que también fue necesario construir para efectuar el paso del río entre el globo A y C. Es de anotar que desde este globo A que es donde se encuentra la casa de la hacienda, se ejerce toda la administración y dirección de ésta, y que para llegar a los globos B y C. y luego regresar al punto de partida es necesario atravesar el río por lo menos tres veces. Globo B. Es de una extensión un poco mayor a la de A. También es una isla rodeada por el río Sinú; su forma es irregular, por uno de sus lados se encuentra el

corte No. 1 y por el cual corre el río con su mayor caudal, a todos los demás lados los rodea el antiguo cauce del río teniendo un pequeño caudal lo cual hace que el agua no permanezca estancada en esta parte. En esta isla se observó una casa de habitación techada con paja que fue construida como habitación para la persona que vigila este sector de la hacienda. También es de anotar que para ir de este sitio al Globo A y C., y volver es necesario atravesar el río tres veces. Globo C. Forma la mayor extensión de la Hacienda y por lo tanto es que actualmente está a la mayor explotación de ésta. Por el lado occidental de este globo corre el río Sinú y sobre éste se encuentran localizados los cortes No. 1 y No. 2 que se efectuaron para variar el cauce del río. Se observó que en ese globo en el sitio denominado “El Camarón” se encuentran construidos cuatro corrales de vareta y una enramada techada de paja que fue necesario constituir para efectuar la explotación de este sector. Para llegar de ese globo C. a los globos A y B, y regresar es necesario construir para efectuar los cortes, toda la hacienda se podía recorrer y llegar a todo sitio sin hacer ningún paso del río, y ésta era una sola unidad. Se observa también que con los cortes efectuados se logró una rectificación del cauce del río”. Lo anterior lo resumen los peritos así: a) La Hacienda “Río Ciego” actualmente no es una unidad como lo era antes, sino

que se encuentra formada por tres globos de terreno, cada uno separado de los otros por el río Sinú. b) En la administración y dirección de la Hacienda se ha establecido la servidumbre de que para pasar de un globo de terreno a otro, es absolutamente indispensable atravesar el río Sinú una o varias veces, bien por su cauce antiguo o el actual. c) Las instalaciones principales de la Hacienda tales como casa de habitación, depósitos y corrales, actualmente están localizados en el Globo A, y por tanto no cumplen a cabalidad las funciones que desempeñaban antes de efectuar los cortes que variaron el cauce del río. d) Las obras ejecutadas fueron en su totalidad realizadas en predios de la hacienda “Río Ciego”. No existe, pues, duda ninguna respecto a que con motivo de los trabajos mandados a ejecutar por la Nación para rectificar el cauce del río Sinú, en el año de 1956, se causaron perjuicios al doctor José Santos Cabrera, propietario de la Hacienda “Río Ciego”. Fijados inicialmente esos perjuicios en la suma de sesenta y cinco mil pesos ($65.000.oo), según el acta del 15 de Diciembre de 1956, de que se habló anteriormente, no quedó en firme esa regulación por haberla objetado el Ingeniero Jefe de las Obras d