CE - Sentencia 11001031500020240696100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2024-06961-00

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPProvidencia objeto de revisión:

SENTENCIA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020,

PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Asunto: Régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los funcionarios de la Contraloría General de la República. R econocimiento del IBL con los requisitos del Decreto 929 de 1976.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante , UGPP) contra la sentencia de l 3 de septiembre de 2020 , proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante , UGPP) contra la sentencia de l 3 de septiembre de 2020 , proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del CPACA 2, en concordancia con los artículos 125. 2 y 111.2 ibidem, así como el artículo 29.1 del Acuerdo n. º 080 de 2019, que contiene el reglamento de esta Corporación.

Mediante auto del 28 de enero de 2025, el recurso fue inadmitido 3; luego, en el proveído de 25 de febrero del presente año, se dispuso su admisión 4.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2014-03928-01. 2 «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.» 3 Al no encontrar acreditados los presupuestos establecidos en los artículos 252.12 y 162.8 de la Ley 1437 de 2011. 4 Adicionalmente, se reconoció personería jurídica a la apoderada de la autoridad accionante, se ordenó notificar al Ministerio Público y a la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón. De otro lado, se requirió a la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado para que remitieran copia íntegra digital2

se requirió a la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado para que remitieran copia íntegra digital2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06961-00

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Posteriormente, en la providencia de 28 de abril de la misma anualidad , dispuso tener como pruebas los elementos de juicio allegados por la recurrente con el valor que les asigna la ley.

I. ANTECEDENTES

1.1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La señora Carmen Cecilia Garavito Malagón nació el 23 de abril de 1957 y adquirió el estatus pensional el 23 de abril de 2007 , luego de haber laborado al servicio de la Contraloría General de la República desde el 18 de marzo de 1985 hasta el 30 de mayo de 2010. El último cargo que desempeñó fue el de profesional universitario, Nivel Profesional – Grado 2.

2. El 12 de septiembre de 2014, la señora Garavito Malagón ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones: i) 34790 del 25 de julio de

de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones: i) 34790 del 25 de julio de 2008, que reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a su favor; ii) UGM 022268 del 27 de diciembre de 2011, que reliquidó tal emolumento 5; y iii) UGM 053512 del 03 de agosto de 2012, mediante la cual se modificó esta última6.

3. A título de restablecimiento del derecho, la señora Garavito Malagón solicitó que se condenara a la entidad al reconocimiento y pago de una pensión mensual equivalente al 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante los últimos seis meses de servicio , de conformidad con el artículo 7 del Decreto 929 de 1976 . En ese orden, pidió que el cálculo de la reliquidación pensional incluyera una sexta parte, tanto de la asignación básica mensual, como de la prima técnica, la asignación por servic ios prestados, la asignación especial – quinquenio–, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la compensación de vacaciones en dinero.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia del 23 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , accedió parcialmente a las pretensiones formuladas. Por tanto, declaró la nulidad parcial de la Resolución UGM 022268 del 27 de diciembre de 2011, que reliquidó la pensión de jubilación

del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-42-000-2014-0392801.

UGM 022268 del 27 de diciembre de 2011, que reliquidó la pensión de jubilación

del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-42-000-2014-0392801. 5 De conformidad con el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, aplicando el 75% del IBL conformado por el promedio de los salarios devengados en el último semestre; entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de mayo de 2010. 6 Modificó el artículo 5.º del acto administrativo de reliquidación y dispuso el descuento de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho la demandante, del valor de $6.556.585, por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados, y el artículo 6.º a efectos de gestionar el cobro de $19.669.757 adeudado por concepto de aporte patronal de parte de la Contraloría General de la República.3

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con el 75% del ingreso base de liquidación (en lo sucesivo IBL) conformado por el periodo de los salarios devengados durante el último semestre laborado . En consecuencia, ordenó a la UGPP que reliquidara y pagara a la señora Garavito Malagón la pensión de jubilación con la inclusión del valor de la sexta parte de la

periodo de los salarios devengados durante el último semestre laborado . En consecuencia, ordenó a la UGPP que reliquidara y pagara a la señora Garavito Malagón la pensión de jubilación con la inclusión del valor de la sexta parte de la bonificación especial correspondiente a una remuneración por el período de cinco años que se cumplió y pagó en el último semestre de servicios, esto es, el último quinquenio.

5. Como fundamento de su decisión, señaló que la entonces demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que tenía derecho a la aplicación del régimen pensional especial del Decreto 929 de 1976. En tal sentido, consideró que la pensión debía liquidarse con los factores salariales previstos en los Decretos 720 de 1978 y 1045 de 1978, y en una cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último semestre de cotización.

6. También, sostuvo que en la mesada pensional procedía la inclusión de la sexta parte del valor de la bonificación especial –quinquenio–, correspondiente al período de cinco años que, una vez generada por el cumplimiento de tal período, fue pagada en el último semestre de servicios. Agregó que, como por cada quinquenio se pagaba un mes de remuneración, para extraer dicha sexta parte se debía tomar en cuenta un salario mensual.

7. En este orden, al no ser incluido este monto en la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Garavito Malagón, el tribunal concluyó que la Resolución UGM 022268 de 2011 estaba viciada de nulidad.

7. En este orden, al no ser incluido este monto en la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Garavito Malagón, el tribunal concluyó que la Resolución UGM 022268 de 2011 estaba viciada de nulidad.

8. Finalmente, s eñaló que los factores liquidados en la Resolución UGM 022268 del 27 de diciembre de 2011 se encontraban ajustados a las disposiciones normativas. Sin embargo, expuso que, en relación con la bonificación especial, la entidad había computado dicho factor en proporción inferior al correspondiente , por tanto, declaró la nulidad parcial de dicho acto administrativo.

1.3. Recursos de apelación

9. La UGPP y la señora Garavito Malagón interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia. Respecto de los reproches de la UGPP, la alzada fue declarada desierta porque la entidad no se presentó a la audiencia de conciliación de que trata el inciso 4 del artículo 192 de la Ley 1437 de 20117, por lo que solo se concedió la interpuesta por la demandante.

7 «ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas nece sarias para su cumplimiento.4

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10. En efecto, de conformidad con dicha norma, al proferirse sentencia condenatoria frente a la cual se interpone recurso de apelación, el juez de conocimiento debe citar a audiencia de conciliación a la cual el recurrente se encuentra obligado a asistir, so pena de que se declare desierto el recurso.

11. Por su parte, la alzada de la demandante se fundamentó en su inconformidad con el monto reconocido en la sentencia de primera instancia por concepto de la bonificación especial o quinquenio. A su vez, alegó su desacuerdo con respecto a los demás valores de los factores salariales incluidos por la entidad demandada en la liquidación de su pensión.

1.4. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

12. La alzada correspondió a la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación. Mediante providencia del 3 de septiembre de 2020, dicha autoridad confirmó lo decidido en la sentencia de primer grado.

13. El estudio llevado a cabo en es ta instancia se centró en los argumentos de inconformidad expuestos por la señora Garavito Malagón en su recurso, al ser la única apelante, con fundamento en el principio de la no reformatio in peius y el

13. El estudio llevado a cabo en es ta instancia se centró en los argumentos de inconformidad expuestos por la señora Garavito Malagón en su recurso, al ser la única apelante, con fundamento en el principio de la no reformatio in peius y el artículo 328 del Código General del Proceso 8. En tal medida, sostuvo que no era posible hacer más gravosa la situación jurídica de la que gozaba la demandante en virtud de la sentencia de primera instancia que se concretaba con la reliquidación de la mesada pensional con la inclusión de la sexta par te de la bonificación especial en los términos desarrollados en tal fallo.

14. También afirmó que, de conformidad con la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, el IBL aplicable correspondía al 75% del promedio del salario

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario d eberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso . La asistencia a esta audiencia será

el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso . La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso». 8«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».5

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sobre el cual cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de

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sobre el cual cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los factores salariales percibidos establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

15. Finalmente, indicó que la entidad demandada no liquidó el IBL pensional en los términos señalados, lo que generó una situación más beneficiosa para la señora Garavito Malagón que la derivada del apego estricto a las reglas definidas por el régimen de transición y la se ntencia de unificación. Agregó que esta situación jurídica creada por los actos administrativos acusados no podía ser desmejorada en segunda instancia . En tal sentido, consideró que lo procedente era confirmar la decisión de primera instancia.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

16. El 18 de diciembre de 2024, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión en el que solicitó que se infirme la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020, por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En su sentir, en este caso se configuran las causales de revisión establecidas en l as secciones a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues considera que el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación al debido proceso y la cuantía excede lo debido de acuerdo con la ley aplicable.

17. Para la entidad recurrente , la sentencia de segunda instancia desconoció

reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación al debido proceso y la cuantía excede lo debido de acuerdo con la ley aplicable.

17. Para la entidad recurrente , la sentencia de segunda instancia desconoció el fallo de unificación del 11 de junio de 2020 proferid o por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual se unificaron las reglas respecto del IBL que debe emplearse para computar la pensión de jubilación de quienes, cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sean beneficiarios del régimen pensional especial de los servidores de la Contraloría General de la República , regulado por el Decreto 929 de 1976. De ahí que, en su criterio, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de precedente.

18. Al respecto, puso de presente que, de conformidad con dicho fallo de unificación, el IBL de quienes se enmarquen en tal supuesto se debía ceñir a los parámetros establecidos por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo contemplado por el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, en materia de los factores salariales. Esto es, la pensión debía liquidarse con el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó la afiliada durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con los factores salariales sobre los cuales realizó los correspondientes aportes y que se reducen a: 1) la asignación básica ; 2) la bonificación por servicios prestados y 3) la prima técnica.

19. Pese a lo anterior, la UGPP indicó que, en la sentencia recurrida , la

bonificación por servicios prestados y 3) la prima técnica.

19. Pese a lo anterior, la UGPP indicó que, en la sentencia recurrida , la Subsección A incurrió en varias contradiccione s. En particular, destacó que aun cuando la autoridad judicial fundamentó sus consideraciones en la referida6

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sentencia de unificación y en la improcedencia de la reliquidación pensional a partir del promedio de todo lo devengado en el último semestre de servicio y con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en dicho período, al resolver sobre la legalidad de los actos administrativos que se cuestionaron , decidió confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia -que liquidó la pensión con un IBL distinto al previsto en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994lo que, a su juicio, desconoce los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso.

20. Aunado a ello, explicó que tal decisión pasó por alto la postura sostenida por la Corte Constitucional en las providencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU-230 de 2015, A -227 de 2017, SU -395 de 2017 y SU -023 de 2018 , así como por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de

SU-230 de 2015, A -227 de 2017, SU -395 de 2017 y SU -023 de 2018 , así como por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

21. De tal forma, indicó que la cuantía del derecho reconocido en la sentencia excedió lo debido, pues esta se otorgó con vulneración al debido proceso y al principio de legalidad, al ignorar los presupuestos normativos aplicables al caso.

22. En virtud de lo anterior, la UGPP solicitó lo siguiente:

1. que se infirme la sentencia de 3 de septiembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; ii) que se establezca que la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón no tiene derecho a la reliquidación pensional con el promedio de todo lo devengado en el último semestre de servicio, ni con la inclusión de todos los factores salariales del Decreto 929 de 1976, conforme a lo establecido en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020; iii) que se disponga que la señora Garavito Malagón debe devolver las sumas pagadas con ocasión de la sentencia recurrida; iv) que se condene a la accionada a pagar intereses de mora a la tasa máxima legal permitida o «la indexación de las sumas que se ordenen devolver al Sistema de Seguridad Social» y; v) que se condene a la señora Garavito Malagón al pago de costas y agencias en derecho.

2.2. Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

2.2.1. Ministerio Público

1. que se condene a la señora Garavito Malagón al pago de costas y agencias en derecho.

2.2. Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

2.2.1. Ministerio Público

23. La Procuraduría Delegada 8 de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado señaló que el presente mecanismo no tiene vocación de prosperidad. En consecuencia, solicitó que se declare infundado.

24. Al respecto, la autoridad sostuvo que la providencia objeto de revisión fue expedida en consideración de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-020-20207

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del 11 de junio de 2020 , en lo relacionado con la forma en que debe aplicarse la transición para los beneficiarios de la norma especial prevista para los funcionarios de la Contraloría General de la República y el régimen dispuesto en el Decreto 929 de 1976, toda vez que la señora Garavito Malagón laboró por más de 22 de años en tal entidad.

25. Además, indicó que en el presente recurso no concurren los elementos fácticos y normativos de la causal contenida en la sección b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invocada por la recurrente. Esto, por cuanto la señora Garavito

25. Además, indicó que en el presente recurso no concurren los elementos fácticos y normativos de la causal contenida en la sección b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invocada por la recurrente. Esto, por cuanto la señora Garavito Malagón laboró al servicio de la Contraloría General de la República desde el 18 de marzo de 1985 hasta el 31 de mayo de 2010 . Por ende, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con 36 años de edad y 23 de servicios, de ahí que le asistía derecho a que se le reconociera la pensión de conformidad con lo establecido en el Decreto 929 de 1976.

2.2.2. Carmen Cecilia Garavito Malagón

26. Actuando a través de apoderado judicial, se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda.

27. Para el efecto, alegó que la UGPP no asistió a la audiencia de conciliación de que trata el numeral 4 del artículo 192 del CPACA , por lo que su recurso de apelación fue declarado desierto. En concordancia con ello, p recisó que se encuentra protegida por el principio de la no reformatio in peius , en tanto fue apelante única . Por tanto, señaló que no puede esta corporación hacer más gravosa su situación jurídica.

28. Además, precisó que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, en ese orden, tiene derecho a la aplicación del régimen pensional especial consagrado en el Decreto 929 de 1976. Por ende, su pensión de jubilación debía ser liquidada en cuantía equivalente al 75% del

del régimen pensional especial consagrado en el Decreto 929 de 1976. Por ende, su pensión de jubilación debía ser liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último semestre, con inclusión de todos los factores que percibió a título de retribución ordinaria y permanente por los servicios prestados.

29. Por lo mismo, afirmó que no se configura ninguna de las causales de revisión alegadas por la recurrente. De un lado, mencionó que su prestación no se obtuvo con vulneración al debido proceso porque la admisión d el medio de control fue debidamente notificada a la demandada, quien dentro del término allegó su contestación. Así mismo, mencionó que la audiencia inicial celebrada el 14 de julio de 2015 y las etapas subsiguientes fueron llevadas a cabo bajo las ritualidades propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. De otro lado, señaló que la cuantía de su prestación no fue reconocida excediendo lo debido de acuerdo con la ley y el pacto de convención colectiva. Al respecto, refirió que las providencias de primer y segundo grado ordenaron la8

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liquidación de su prestación social dentro de los límites dispuestos por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia.

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liquidación de su prestación social dentro de los límites dispuestos por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia.

31. Ahora bien, e n relación con la s pretensiones de devolución de las sumas pagadas con ocasión de la providencia del 3 de septiembre de 2020 y los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, manifestó su oposición al considerar que no hubo incumplimiento de la normativa para el reconocimiento y pago de la pensión. Además, expuso que su actuar ha estado guiado bajo los principios de confianza legítima y buena fe.

32. En este punto, trajo a colación lo dispuesto en la sección c) del artículo 164 del CPACA, que prevé que «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» y lo señalado en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (C CA), según el cual, «los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados».

33. En esencia, s ustentó su dicho , en el hecho de que la solicitud de reconocimiento de la pensión fue acompañada de los medios probatorios correspondientes, los cuales fueron sometidos a revisión por la UGPP, quien posteriormente expidió los actos administrativos de reconocimiento y reliquidación. En la misma línea, afirmó que no incurrió en ningún actuar de mala fe para obtener el reconocimiento de su prestación social.

34. Bajo tales consideraciones, precisó que no existía ninguna justificación para que se revisara una sentencia judicial que cumplió con todos los parámetros legales.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. Bajo tales consideraciones, precisó que no existía ninguna justificación para que se revisara una sentencia judicial que cumplió con todos los parámetros legales.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

35. La Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión bajo estudio y, en consecuencia, infirmará parcialmente la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Esto, al encontrar acreditada la c ausal establecida en la sección b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

36. Para ello, la Sala estudiará los siguientes asuntos: i) la procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; iv) las causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ; v) el régimen pensional especial de la Contraloría General de la República , vi) el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, finalmente, vii) el caso concreto.

3.1. Oportunidad en la interposición del recurso

37. Sobre el término para interponer el recurso extraordinario de revisión , el9

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Recurso Extraordinario de Revisión

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artículo 251 del CPACA dispone:

[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. […].

38. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2020. Como el presente recurso extraordinario de revisión fue interpuesto el 18 de diciembre de 20249 es oportuno por haber sido presentado dentro de los cinco ( 5) años indicados en el artículo 251 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

39. El problema jurídico que la Sala debe resolver en el presente caso consiste en determinar si se configura n o no las causales de revisión establecidas en las secciones a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 . Esto es, si la pensión reconocida en favor de la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón se obtuvo con violación al debido proceso y si la cuantía de dicha prestación social excede lo debido de acuerdo con la ley aplicable.

3.3. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión

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