CE - Sentencia 11001031500020250279201 de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: CRISTIAN MENDOZA RINCÓN

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la providencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 1° de julio de 2025.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , que estima vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué

1.1. El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , que estima vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima con las providencias de 17 de julio y 21 de noviembre de 2024 proferidas por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 73001-33-33-001-2024-00111-00/01.

1.2. En la demanda , el aquí accionante solicitó que se declarara administrativa y patrimonialmente responsables a la Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Ministerio de JusticiaRadicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

y del Derecho , al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al Municipio de Ibagué y al Departamento del Tolima por los perjuicios causados con el hacinamiento sufrido desde el 30 de julio de 2021 hasta el 19 de abril de 2022 , mientras estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué.

1.3. El demandante informó que, para constatar la situación referida,

el 19 de abril de 2022 , mientras estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué.

1.3. El demandante informó que, para constatar la situación referida, solicitó a la Policía Metropolitana de Ibagué que le informara la capacidad del centro de reclusión y si en este existía hacinamiento carcelario. Dijo que, mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 del 19 de enero de 2023, la autoridad le manifestó que el lugar tenía cupo para máximo de 46 personas privadas de la libertad , y las antiguas instalaciones de espacio público , para 20 personas, y que existía un hacinamiento del 514%.

1.4. Aseveró que, c on la anterior información , el 6 de marzo de 2024 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ; que la constancia de no haberse logrado acuerdo fue expedida el 10 de mayo del mismo año y que radicó la demanda ese mismo día.

1.5. El medio de control correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, autoridad que, mediante proveído del 17 de julio de 2024, lo rechazó al considerar que había operado la caducidad, pues la caducidad en los casos de hacinamiento carcelario se contabiliza desde el momento en que el interno tuvo conocimi ento de tal situación, esto es, desde el primer día de la privación de la libertad , aunque el daño perdure en el tiempo. Por lo tanto, adujo que en este caso la caducidad había corrido desde el inicio de la reclusión y hasta el 31 de julio de 2023, pero la solicitud de conciliación solo se presentó hasta el 6 de marzo de 2024.

tiempo. Por lo tanto, adujo que en este caso la caducidad había corrido desde el inicio de la reclusión y hasta el 31 de julio de 2023, pero la solicitud de conciliación solo se presentó hasta el 6 de marzo de 2024.

1.6. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 21 de noviembre de 2024, que la confirmó, por los mismos motivos expuestos por el a quo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.7. La parte accionante sostuvo en la demanda de tutela que las decisiones ob jeto de debate incurrieron en desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección C , en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 , radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque, donde se determinó que el conteo de la caducidad en el medio de control de reparación directa comienza a partir de l momento en que la víctima tiene conocimiento del daño, es decir, en el caso concreto, desde que se le informó de las condiciones de hacinamiento que presentaba el centro de reclusión.

Además, sostuvo que se desconoció la sentencia del 24 de enero de 2018,

que se le informó de las condiciones de hacinamiento que presentaba el centro de reclusión.

Además, sostuvo que se desconoció la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia, radicado 11001-31-03-0102011-00675-01, “en un caso en el que se había decretado la caducidad de la acción, aplicando criterio similar al del honorable Consejo de Estado”.

1.8. Por otro lado, sostuvo que las decisiones atacadas incurrieron en desconocimiento del precedente horizontal, al no tener en cuenta las siguientes sentencias, en las que se sostuvo que el término de caducidad del medio de control de reparación directa, cuando se alega hacinamiento durante el tiempo de reclusión, se debe computar desde el día en que cesó tal condición: (i) la sentencia del 8 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, radicado 63001-3333-005-2024-00227-01, M.P. Luis Javier Rosero Villota, (ii) la sentencia del 5 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, radicado 73001-33-33-001-202400124-01, M.P. Luis Eduardo Collazos Olaya, y (iii) la sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, radicado 05001-33-33-029-2019-00033-01, M.P. Liliana P. Navarro Giraldo.

1.9. Conforme con lo anterior, el accionante sostuvo que la caducidad del

Quinta de Decisión, radicado 05001-33-33-029-2019-00033-01, M.P. Liliana P. Navarro Giraldo.

1.9. Conforme con lo anterior, el accionante sostuvo que la caducidad del medio de control debió computarse a partir del 20 de abril de 2022, esRadicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

decir, desde el día siguiente a la fecha en la que recuperó la libertad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 6 de marzo de 2024 y la constancia de no acuerdo fue expedida el 10 de mayo del mismo año, la demanda podía presentarse hasta el 26 de junio de 2024, pero se presentó el mismo día de la emisión de la constancia por parte de la Procuraduría, razón por la cual no operó la caducidad del medio de control.

1.10. Señaló que las decisiones incurrieron en defecto sustantivo al omitir las reglas fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de daños continuados.

En cuanto al daño continuado, hizo referencia a decisiones proferidas por esta Corporación1 en las que se señaló que el momento en el que se causa el daño o en el que cesa la acción vulnerante es un aspecto objetivo, indispensable para fijar el plazo para demandar . También invocó

esta Corporación1 en las que se señaló que el momento en el que se causa el daño o en el que cesa la acción vulnerante es un aspecto objetivo, indispensable para fijar el plazo para demandar . También invocó pronunciamientos de la Corte Constitucional 2, relacionados con la caducidad de las acciones contencioso administrativas . Asimismo, citó el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, que consagra la suspensión del término de caducidad o de prescripción.

1.11. Indicó que el análisis de la caducidad realizado por las autoridades judiciales accionadas desconoció la normativa internacional sobre el derecho al debido proceso . E n concreto , señaló que: “A nivel internacional, el derecho al debido proceso está consagrado, entre otros instrumentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 10 y 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 14

1 Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 26 de junio de 2015, dictada dentro del radicado 25000-2341-000-2014-01569-01, Magistrada Ponente, Stella Conto Díaz; Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del octubre 3 de 2019, dictada dentro del ra dicado 70001-23-33-0002014-00186-01, Magistrada Ponente Marta Nubia Velásquez Rico; Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 30 de enero de 2013, dictada

dentro del radicado 25000-23-26-000-1997-05265-01, Magistrado Ponente Danilo Rojas Betancourth; Sección Primera, en sentencia del 8 de junio de 2016, dictada dentro del radicado 11001-03-15-000-2015-02405-01, Magistrado Ponente, Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Tercera, en sentencia del 5 de diciembre de 2005, dictada dentro del radicado 54 001-23-31-000-1993-07753-01, Magistrado Ponente, Alier Eduardo Hernández Enríquez 2 C-115 del 25 de marzo de 1998, T-191 de marzo 20 de 2009, T-342 de junio 29 de 2016, SU-241 de junio 20 de 2024, T-238 de julio 4 de 2023Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

y 15), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 8 y 9), aprobada mediante la Ley 16 de 1972”.

1.12. Sostuvo que los fallos incurrieron en violación directa de la Constitución porque, a su juicio, la interpretación de la caducidad en el caso objeto de estudio fue restrictiva y desconoció “principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, como el acceso a la administración de justicia, el precedente jurisprudencial y la protección

caso objeto de estudio fue restrictiva y desconoció “principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, como el acceso a la administración de justicia, el precedente jurisprudencial y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.

1.13. Finalmente, señaló en la tutela que con el rechazo de la demanda se desconocieron los principios pro damato y pro homine.

1.14. Con base en los anteriores argumentos, formul ó las siguientes pretensiones:

“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 17 de julio de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 21 de noviembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de CRISTIAN MENDOZA RINCÓN, radicado No. 73001 -33-33-001-2024-00111-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 24 de enero de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 14 de mayo de 2025, el a quo admitió la tutela y

no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 14 de mayo de 2025, el a quo admitió la tutela y ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, al Municipio de Ibagué y al Departamento del Tolima.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Ibagué resumió las consideraciones de la providencia objeto de debate y manifestó que la parte actora no demostró la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues aquella se dictó después de analizar y valorar las pruebas obrantes en el expediente. Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, dado que la parte actora pretende acceder a una instancia adicional del proceso ordinario.

2.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no se evidencia conducta alguna por parte suya que haya vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante. Además, enfatizó en que la acción de tutela no puede utilizarse como vía para reabrir debates que

evidencia conducta alguna por parte suya que haya vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante. Además, enfatizó en que la acción de tutela no puede utilizarse como vía para reabrir debates que ya fueron objeto de análisis por el juez natural del asunto.

2.4. El INPEC sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, dado que las inconformidades alegadas por el accionante no se encuentran dirigidas en su contra. Por ende, solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional.

2.5. La USPEC solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, dado que la accionante pretende reabrir un debate ya zanjado por el juez natural y no se acreditan los defectos alegados en el escrito de tutela.

2.6. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional . Argumentó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues el objeto de la demanda es competencia exclusiva de las autoridades judiciales que expidieron las decisiones que se controvierten.

2.7. La Fiscalía General de la Nación sostuvo q ue carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las decisiones objeto de debate fueron proferidas por autoridades judiciales y, por lo tanto, no tiene competencia para incidir sobre las pretensiones de los demandantes.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Además, señaló que en este caso no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que la actora no acreditó la materialización los defectos alegados.

2.8. La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se le desvinculara por la falta de legitimación en la causa por pasiva , toda vez que no está llamada a responder por las acciones u omisiones que el accionante alega como vulneradoras de sus derechos fundamentales.

Agregó que las pretensiones carecen de fundamento y que el accionante no aportó pruebas que sustenten las presuntas irregularidades atribuidas a las autoridades judiciales accionadas.

Por último, arguyó que con la solicitud de amparo se intenta reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez natural del asunto, lo que evidencia la falta de relevancia constitucional.

2.10. E l Municipio de Ibagué solicitó ser desvinculado del trámite constitucional con fundamento en que no incurrió en ninguna conducta que provocara la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

2.11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué alegó que la presente acción de tutela es improcedente porque el actor pretende utilizarla como una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fueron proferidas las providencias acusadas. Es decir,

de Ibagué alegó que la presente acción de tutela es improcedente porque el actor pretende utilizarla como una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fueron proferidas las providencias acusadas. Es decir, que el accionante pretende reabrir un debate que ya se llevó a cabo y retrotraer actuaciones y etapas procesales que ya se surtieron dentro del proceso contencioso administrativo. Además, señala que n o se advierte violación a los derechos fundamentales invocados.

2.12. El Tribunal Administrativo del Tolima y el Departamento del Tolima guardaron silencio.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 1° de julio de 2025, la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Cristian Mendoza Rincón , dejó sin efectos el auto del 21 de noviembre de 2024 y ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima emitir una providencia de reemplazo.

Como primer aspecto, consideró que se cumplía el requisito de relevancia constitucional porque se discute la vulneración de derechos fundamentales y se plantean argumentos que advierten sobre un posible yerro que condujo a l Tribunal adoptar una decisión judicial sin respaldo probatorio y desconociendo el criterio fijado por esta Corporación en los eventos en los que se pretende la reparación de perjuicios asociados con

yerro que condujo a l Tribunal adoptar una decisión judicial sin respaldo probatorio y desconociendo el criterio fijado por esta Corporación en los eventos en los que se pretende la reparación de perjuicios asociados con el hacinamiento carcelario. Además, porque, de demostrarse lo anterior, se estaría ante una decisión que impuso al accionante una barrera injustificada para acceder a la administración de justicia.

Entonces, analizó el fondo del asunto y advirtió que la providencia acusada carecía de respaldo probatorio suficiente para concluir que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa, vulnerándose así el derecho fundamental del accionante.

Señaló que el Tribunal accionado erró al considerar que el demandante tuvo conocimiento cierto del daño desde el momento de su ingreso a la Permanente Central de Policía de Ibagué sin acreditar dicha certeza mediante evidencia probatoria. En particular, des tacó que se incurrió en un defecto fáctico al considerar como un hecho notorio el hacinamiento, sin sustentarse en pruebas concretas que sustent aran tal conclusión; y que el Tribunal omitió analizar el carácter continuado del daño que podría afectar el cómputo del término de caducidad.

El a quo no se pronunció sobre las solicitudes de desvinculación del trámite tutelar formuladas por los Ministerios de Justicia y del Derecho yRadicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de Defensa - Policía Nacional la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Municipio de Ibagué y el INPEC.

IV. IMPUGNACIÓN

4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó la sentencia de primera instancia e insistió en que no es la entidad llamada a responder por las decisiones judiciales controvertidas , y solicitó rechazar por improcedentes las pretensiones de la tutela.

4.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se deje en firme el estudio de fondo realizado por las autoridades judiciales accionadas respecto de la caducidad del medio de control de reparación directa.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025 se ordenó remitir el expediente de la referencia al Despacho del Consejero Ponente, en razón a que la ponencia registrada para la Sala no obtuvo mayoría.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 3, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 4, modificado por el artículo 1 del

noviembre de 1991 3, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 4, modificado por el artículo 1 del

3 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 4 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Decreto 333 del 6 de abril de 2021 5, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. ANÁLISIS DE LA SALA

6.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala estima que no es procedente acceder a la s solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Municipio de Ibagué y el INPEC, pues esas autoridades integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa que dio origen a las providencias debatidas, razón por la cual las decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus intereses.

6.2.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

6.2.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra

6.2.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra

5 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 6 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 7, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 8, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia

Más recientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 8, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.

6.2.2.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señ aló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse

resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señ aló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 8 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta lo s derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573 de 2019 9, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

9 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022Radicación: 11001-03-15-000-2025-02792-01

Accionante: Cristian Mendoza Rincón

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.