CNDJ - 05001250200020230250801
Detalles
- Título
- CNDJ - 05001250200020230250801
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Magistrada ponente:
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
Disciplinable: SAMADY PULGARÍN GARCÍA Quejoso: JOSÉ LIBARDO CASTAÑEDA GUTIÉRREZ Radicación: 05001-25-02-000-2023-02508-01
Decisión: CONFIRMA SENTENCIA SANCIONATORIA
Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2026. Aprobado según Acta de Comisión No. 26.
1. ASUNTO
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia 1, procede a conocer los recursos de apelaci ones presentados por la disciplinable y su apoderada en contra de la sentencia del 27 de marzo de 2026, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia2, por medio de la cual, se declaró responsable disciplina riamente a la abogada Samady Pulgarín García y se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (04) meses, por la violación a los deberes contenidos en los numerales 1°, 5º y 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la comisión de la s faltas disciplinarias previstas en el artículo 30 numeral 4º y artículo 37, numeral 1º ibidem, en la modalidad de dolo y culpa respectivamente.
1 Inciso quinto del art ículo 257 A de la C. P.: «La Comisi ón Nacional de Disciplina Judicial ser á la encargada
ibidem, en la modalidad de dolo y culpa respectivamente.
1 Inciso quinto del art ículo 257 A de la C. P.: «La Comisi ón Nacional de Disciplina Judicial ser á la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesi ón, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados». 2 La Sala de instancia estuvo integrada por los Magistrados: M.P. Claudia Rocío Torres Barajas y Gladys Rubiela Zuluaga Giraldo. (Expediente Digital, primera instancia, archivo 49. Sentencia de primera instancia).Página 2 | 47
2. CALIDAD DE ABOGADA DE LA INVESTIGADA
La Unidad de Registro Nacional de Aboga dos y Auxiliares de la Justicia certificó que Samady Pulgarín García , se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.036.615.067 y es portador a de la tarjeta profesional de abogada No. 202.840 del Consejo Superior de la Judicatura3.
3. SITUACIÓN FÁCTICA
La ac tuación disciplinaria se originó en virtud de la ruptura de la unidad procesal el 31 de agosto de 2023 4, en el proceso con radicado No. 05001250200020230204900, se ordenó investigar a la abogada Samady Pulgarín García por la posible infracción a sus debere s profesionales, conforme a la queja presentada por el señor José Libardo Castañeda Gutiérrez ante la Personería Municipal de Caldas Antioquia el 23 de julio de 2023.
En el escrito de queja señaló que, la profesional Samady Pulgarín García
conforme a la queja presentada por el señor José Libardo Castañeda Gutiérrez ante la Personería Municipal de Caldas Antioquia el 23 de julio de 2023.
En el escrito de queja señaló que, la profesional Samady Pulgarín García fue designada como su abogada en amparo de pobreza en 2 procesos ejecutivos acumulados que se adelantaban en su contra en el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Barbara, Antioquia, con radicado s 05679408900120210012000 y 05679408900120210012100, así que, intentó poners e en contacto con ella y después de mucha insistencia, le indicó que, no podría colaborarle debido a que por esos días tenía mucho trabajo.
Estableció que, posteriormente se reunió con la letrada quien presuntamente le manifestó que la única forma en que le ayudaría era pagándole la suma de $4.000.000 m/cte por concepto de honorarios, de tal suerte que, ante la situación de necesidad en que se encontraba accedió a firmar un contrato de prestación de servicios y le consignó el valor de $500.000 m/cte a la cuenta No 43270637311 de Bancolombia.
3 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 06. 4 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 02.Página 3 | 47
Adujo que, no fue asesorado por la profesional del derecho, pues, se limitaba a indicarle “ que cuando uno debía, uno tenía que pagar lo que debía” (sic), aunado a ello, refirió que, después de mucha insistencia contestó la demanda, y posteriormente la togada llegó a un acuerdo
limitaba a indicarle “ que cuando uno debía, uno tenía que pagar lo que debía” (sic), aunado a ello, refirió que, después de mucha insistencia contestó la demanda, y posteriormente la togada llegó a un acuerdo conciliatorio con el abogado de la contraparte por la suma de $23.000.000 m/cte, acuerdo que se le dificultó cumplir.
Refirió que, antes de la audiencia de conciliación, la abogada lo llamó y le dijo que, conciliara como fuera porque si no debía pagar el dinero signado en el pagaré; además, no le contestaba, tampoco le decía nada durante la audiencia, contrario a ello, al finiquitar la misma se dirigió al Juez para que le hiciera cumplir con el acuerdo.
Afirmó que, en el asunto en comento fue presentado un avalúo del inmueble por la suma de $44.000.000 m/cte, cuando él tenía la convicción de que estaría alrededor de $85.000.000 m/cte, ante lo cual, la abogada le habría señalado que no había nada q ue hacer, ya que él había acordado que se designara un avaluador para esos fines, así que le solicitó que renunciara para proseguir con otro abogado.
Reseñó que, fue él mismo quien allegó el dictamen pericial realizado por el avaluador Gilberto Cesar Rold an Ortega, pero no fue tenido en cuenta al haber sido presentado de manera extemporánea, comentó que, se le advirtió que la abogada contó con 10 días para pronunciarse frente al avalúo del perito, de modo que consideró que la abogada pudo afectar su derecho de defensa y debido proceso.
4. TRÁMITE PROCESAL
advirtió que la abogada contó con 10 días para pronunciarse frente al avalúo del perito, de modo que consideró que la abogada pudo afectar su derecho de defensa y debido proceso.
4. TRÁMITE PROCESAL
Una vez recibido el proceso por reparto 5 en la Comisión Seccional de Disciplina judicial d e Antioquia, le correspondió la instrucción del proceso al despacho de la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas , quien, mediante
5 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 04.Página 4 | 47
providencia del 01 de noviembre de 20236, avocó conocimiento y dispuso la apertura del proceso disciplinario.
La audiencia de pruebas y calificación provisional se adelantó en sesiones del 21 de febrero de 2024 7, 01 de agosto de 2024 8, 01 de octubre de 2024 9, 11 de febrero de 2025 10, 25 de septiembre de 2025 11 y 09 de marzo de 202612, oportunidad en la cual, la investigada rindió versión libre, se escuchó al quejoso ampliar la queja, se decretaron pruebas y se formularon cargos.
Versión libre (01 de octubre de 2024) 13. La señora Samady Pulgarín García manifestó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Barbara, Antioquia, la nombró abogada en amparo de pobreza del señor José Libardo Castañeda Gutiérrez en dos procesos ejecutivos con radicados 2021-00120-00 y 2021-00121-00. Por lo tanto, aceptó el cargo el 11 de enero de 2021.
Libardo Castañeda Gutiérrez en dos procesos ejecutivos con radicados 2021-00120-00 y 2021-00121-00. Por lo tanto, aceptó el cargo el 11 de enero de 2021.
Refirió que, el señor José Libardo Castañeda Gutiérrez se acercó a su oficina de una manera desesperada y urgido para que fuera representado en los procesos ejecutivos.
Señaló que, el quejoso le indicó que necesitaba contar con una defensa técnica y profesional. A su vez, que estaba dispuesto a cancelar honorarios porque contaba con los recursos para hacerlo y le expresó de forma voluntaria que lo representara como su apoderada contractual. Ante esto, le expresó que se le debía colocar en conocimiento al Juzgado de lo sucedido y le mencionó que no existía ningún problema. Sin embargo, lo único que le requirió el contrato de prestación de servicios y que lo pensaría.
Estableció que, nunca más volvieron a tratar el asunto del contrato suscrito entre las partes.
6 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 08. 7 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 12. 8 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 18. 9 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 22. 10 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 26. 11 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 33. 12 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 41. 13 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 18, minuto 03:20.Página 5 | 47
12 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 41. 13 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo 18, minuto 03:20.Página 5 | 47
Afirmó que, nunca puso en conocimiento al Juzgado de lo sucedido porque no volvieron a tratar del tema, ya que no nació a la vida jurídica el contrato de prestación de servicios.
Recordó que, le explicó en que consistía el amparo de pobreza y la obligación que le estaban ejecutando en los procesos judiciales.
Reconoció que, el quejoso le consignó un valor de $500.000 m/cte para los costos de transporte de la ab ogada porque se encontraba en el municipio de Itagüí.
Reiteró que, el quejoso nunca firmó el contrato de prestación de servicios.
Informó que, el señor José Libardo Castañeda Gutiérrez le comentaba que se dedicaba al negocio de la agricultura y ganader ía. Incluso, se percató que en el expediente ejecutivo existió un memorial allegado por parte del abogado de la contraparte en el que se oponía a que le fuera concedido un apoderado en amparo de pobreza.
Resaltó que, desplegó cada una de las actuaciones de forma diligente y siempre mantuvo una comunicación con el quejoso.
Explicó que, no era cierto lo afirmado por el quejoso al expresar que nunca tuvo una asesoría por parte de ella, ya que siempre tuvo contacto de forma personal y telefónica. Incluso, este contaba con pleno conocimiento de cada una de las actuaciones, pero este confundía que por el hecho de habérsele designado una defensora en amparo de pobreza no tenía por qué cancelar
personal y telefónica. Incluso, este contaba con pleno conocimiento de cada una de las actuaciones, pero este confundía que por el hecho de habérsele designado una defensora en amparo de pobreza no tenía por qué cancelar el dinero adeudado.
Estableció que, era cierto que tuvo varios a cercamientos con la parte ejecutante de los procesos judiciales, pero nunca sin el desconocimiento del quejoso. Es decir, siempre mantuvo su posición en que solo le prestaron a su cliente el valor de $9.000.000 m/cte y no por la cifra de $23.000.000 m/cte.Página 6 | 47
Mencionó que, se logró realizar la suscripción de un contrato de transacción que redactó con la autorización del señor José Libardo Castañeda Gutiérrez, sin que existiera algún vicio. Incluso, en su oficina leyeron el documento previo a que este procediera a suscribirlo.
Manifestó que, el quejoso no cumplió con lo acordado y empezó a presionarla que no pagaría un solo peso.
Refirió que, el señor José Libardo Castañeda Gutiérrez la estaba constriñendo para que hiciera cualquier cosa para que no pagara el dinero exigido dentro de los procesos judiciales.
Comentó que, en la audiencia de conciliación el quejoso le expresó que aceptaría, en el evento de cumplirse con un avalúo del predio.
Ampliación de queja (25 de septiembre de 2025) 14. El señor José Libardo Castañeda Gutiérrez manifestó que recibió en préstamo de la Asociación Luz Divina un dinero por valor de $9.000.000 m/cte y en garantía le firmó un
Castañeda Gutiérrez manifestó que recibió en préstamo de la Asociación Luz Divina un dinero por valor de $9.000.000 m/cte y en garantía le firmó un pagaré en blanco con la confianza que terminarían un negocio en buenos términos. Sin embargo, el aboga do Hugo López representante de la asociación llenó el título valor por la cifra de $23.000.000 m/cte.
Informó que, el dinero que solicitó fue para la compra de 6 caballos con el fin de implementar un negocio de cabalgatas.
Estableció que, se dirigió al personero Municipal de Santa Barbara – Antioquia con el fin de obtener orientación con relación a la demanda instaurada en su contra. Ante esto, lo ayudaron con la formulación de un documento dirigido al Juzgado con el fin de que le reconocieran un representante en amparo de pobreza.
Recordó que, la abogada Samady Pulgarín García le expresó que para que le adelantara el proceso judicial le debía firmar un contrato de prestación de
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servicios y cancelarle la suma de $4.000.000 m/cte, pero le comentó que no contaba con dinero.
Refirió que, le consignó la cifra de $500.000 m/cte como parte inicial de lo acordado.
Afirmó que, en un principio no sabía que era amparo de pobreza porque fue a la personería para que lo ayudaran a contestar la demanda. Sin embar go, le dieron un documento que llevó ante el Juzgado y allí le asignaron la
Afirmó que, en un principio no sabía que era amparo de pobreza porque fue a la personería para que lo ayudaran a contestar la demanda. Sin embar go, le dieron un documento que llevó ante el Juzgado y allí le asignaron la abogada. Ante esto, se dirigió a donde la letrada, pero no contaba con el conocimiento que el servicio que prestaría era gratuito.
Recalcó que, firmó el contrato de prestación de servicios y le consignó el valor de $500.000 m/cte el 02 de febrero de 2022 . La abogada le expresó que, “este dinero tenía que dárselos ligero o sino no iba a la diligencia de secuestro”.
Afirmó que, se firmó un contrato por $4.000.0000 m/cte y la abogad a estaba pendiente de la cifra restante de $3.500.000 m/cte.
Estableció que, su bien inmueble fue secuestrado en el municipio de Montebello que queda a 50 minutos del municipio de Itagüí , donde estaba ubicada la oficina de la abogada.
Comentó que, la abogada la representó en dos procesos ejecutivos, uno por el cobro de $9.000.000 m/cte y el segundo por la cifra de $6.000.000 m/cte.
Mencionó que, la abogada le informó que se había logrado un acuerdo de pago con la contraparte. En el que se hizo por $2 3.000.000 m/cte, pero no pudo cumplir con lo acordado.
Indicó que, la abogada le mencionó el alcance del acuerdo de transacción suscrito el 23 de agosto de 2022.Página 8 | 47
pudo cumplir con lo acordado.
Indicó que, la abogada le mencionó el alcance del acuerdo de transacción suscrito el 23 de agosto de 2022.Página 8 | 47
Adujo que, estuvo de acuerdo con el documento de transacción y reconoció que lo suscribió e incluso lo autenticó. En ningún momento fue presionado y lo realizó de forma libre.
Manifestó que, con relación al avalúo comercial del inmueble por un valor de $85.000.000 m/cte. El juez determinó que se debía avaluar la propiedad para que la parte dem andante entregara el excedente y recuperaran el dinero prestado.
Refirió que, el perito estableció que el inmueble contaba de un valor de $44.000.000 m/cte. Ante esto, la abogada le expresó que no había nada que hacer. Sin embargo, le expresó a la profes ional que intentara porque de lo contrario le tocaría buscar a otra profesional. Por lo tanto, la abogada le solicitó al juez para que se pudiera presentar otro avalúo y se contactó con otro perito que le determinó el costo del inmueble por un valor de $85.000.000 m/cte y lo presentó directamente ante el Juzgado . Luego, el juez mencionó que se presentó de forma extemporánea, sin que se pudiera controvertir.
Indicó que, la abogada no le comentó el término para poder aportar un segundo avalúo porque no le c ontestaba las llamadas y mucho menos los mensajes.
Informó que, la profesional nunca le dijo del traslado del avalúo y no se opuso a este.
segundo avalúo porque no le c ontestaba las llamadas y mucho menos los mensajes.
Informó que, la profesional nunca le dijo del traslado del avalúo y no se opuso a este.
Afirmó que, el Juzgado relevó a la abogada y le nombró a otra profesional del derecho.
Recalcó que, la abogada le cobró el valor de $4.000.000 m/cte y de estos le entregó la cifra de $500.000 m/cte para que adelantara los trámites necesarios.Página 9 | 47
Ampliación de versión libre (19 de noviembre de 2025) 15. La señora señora Samady Pulgarín García mediante escrito manifestó que el señor José Libardo Castañeda no tenía la necesidad de solicitar amparo de pobreza, debido a que el mismo no se encontraba con dificultades económicas graves para sufragar el costo de un defensor y mucho menos el pago de honorarios.
Alegó que, el q uejoso contaba con 5 propiedades debidamente protocolizadas y registradas ante la Oficina de Registro de Instrumento Público de Santa Barbara, con esto se dem ostraba que el señor José Libardo mintió en el interrogatorio ejercido por la magistrada.
Refirió que, el 27 de octubre del año 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara la nombró apoderada judicial por amparo de pobreza del señor José Libardo Castañeda.
Estableció que, el 11 de enero del año 2022, aceptó el cargo del proceso identificado con radicado 05679408900120210012000 y solicitó el link del expediente digital para proceder a sustanciar la contestación de la demanda
Estableció que, el 11 de enero del año 2022, aceptó el cargo del proceso identificado con radicado 05679408900120210012000 y solicitó el link del expediente digital para proceder a sustanciar la contestación de la demanda instaurada contra el señor José Libardo Castañeda
El 26 de enero del 2022, aceptó el cargo del proceso identificado c on Rad. 05679408900120210012100 y solicitó el enlace del expediente digital para proceder a sustanciar la contestación de la demanda.
Estando dentro del término estipulado en la Ley, siendo el 01 de febrero del 2022, se radicó la contestación de la demand a ejecutiva identificada con radicado 05679408900120210012000 donde se propusieron excepciones de mérito y donde fue enfática aclarando que la deuda era de $9.000.000 m/cte y no de $23.000.000 m/cte.
Estableció que, tal y como se pr obó con el supuesto co ntrato aportado por el quejoso y el cual nunca salió a la vida jurídica, dicho documento no contaba con la firma del señor José Libardo Castañeda Gutiérrez, así como
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tampoco existía ninguna prueba o recibo que diera cuenta que se recibió alguna suma de din ero por parte de José Libardo Castañeda Gutiérrez por concepto de honorarios.
Aseguró que, el 03 de febrero de 2022, se designó la diligencia de secuestro donde tuvo que dirigirse hasta el municipio de Montebello Antioquia, para estar presente en el mismo , para esta diligencia, el señor
Aseguró que, el 03 de febrero de 2022, se designó la diligencia de secuestro donde tuvo que dirigirse hasta el municipio de Montebello Antioquia, para estar presente en el mismo , para esta diligencia, el señor José Libardo Castañeda le consignó la suma de $500.000 m/cte por concepto de viáticos.
Manifestó que, el 18 de agosto de 2022, se sustanció contrato de transacción con el fin de dar por terminados ambos procesos judiciales , contrato que se elaboró en colaboración con el apoderado de la parte demandante el señor Hover Arvey Herrera Osorio, contrato que fue expuesto a ambas partes para su aprobación y suscripción; todo el tiempo estuvo en constante comunicación con el señor José Libardo.
El 23 de agosto de 2022, el señor José Libardo incumplió el acuerdo, ya que debía realizar el pago hasta el 30 de septiembre de 2022.
El 07 de febrero de 2023, se fijó audiencia a la que asistió y el señor José Libardo, de manera voluntaria manifestó su ánimo conciliatorio.
Posterior a este acuerdo conciliatorio se designó perito y se notificó al mismo de ambos procesos, también se le hizo entrega de los expedientes digitales, el día 20 de febrero de 2023 el perito envió avalúo comercial de l inmueble donde determinó que el avalúo total era de $44.065.000 m/cte.
Sin embargo, cuando llegó el avalúo del perito, se lo informó de inmediato al señor José Libardo , quien le indicó que no estaba de acuerdo con dicho avalúo y que iba a hacer un aval úo comercial para que el Juzgado tuviera
Sin embargo, cuando llegó el avalúo del perito, se lo informó de inmediato al señor José Libardo , quien le indicó que no estaba de acuerdo con dicho avalúo y que iba a hacer un aval úo comercial para que el Juzgado tuviera conocimiento de este, por tanto, el día 24 de marzo de 2023, envió al despacho una solicitud de prórroga para que se pudiera tener en cuenta el avalúo que iba a realizar de manera privada el señor José Libardo.Página 11 | 47
El día 19 de abril del año 2023, el Juzgado emitió auto negando la prórroga y continuó adelante con el proceso de conformidad con el acta de conciliación que se determinó el 07 de febrero del año 2023.
El 02 de mayo de 2023, el quejoso allegó al juzgado el a valúo comercial. El cual, el 23 de mayo de 2023, mediante auto se determinó que no se tendría en cuenta al presentarse de forma extemporánea.
El 06 de octubre de 2023, la retiraron del cargo como apoderada en amparo de pobreza y designaron a otra abogada.
Formulación de cargos (09 de marzo de 2026) . Previa reseña de los hechos y pruebas documentales aportadas, se formuló pliego de cargos contra la investigada, por:
Cargo Primero16. Por la presunta inobservancia del deber establecido en el numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la presunta incursión en la falta contra la dignidad de la profesión , descrita en el numeral 4° del artículo 30 ibidem a título de dolo, que a letra rezan:
numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la presunta incursión en la falta contra la dignidad de la profesión , descrita en el numeral 4° del artículo 30 ibidem a título de dolo, que a letra rezan:
“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…)
1. Observar la Constitución Política y la ley.
5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión”.
“Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: (…)
4. Obrar con mala fe en las actividades relacionada s con el ejercicio de la profesión”. Negrilla fuera del texto original. (Negrilla fuera del texto original).
Ello por cuanto, debido a que presuntamente la abogada disciplinable a pesar de haber sido designada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa B árbara como apoderada del señor José Libardo Castañeda Gutiérrez, en virtud del amparo de pobreza concedido en los procesos
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ejecutivos radicado s 05679408900120210012000 y 05679408900120210012100, labor que conocía debía desempeñar de forma gratuita en cola boración con la administración de justicia exigió y obtuvo dineros por honorarios profesionales, que se acordaron en $4.000.000 m/cte, de ellos se le consignó el valor de $500.000 m/cte previamente a la diligencia del 3 de febrero de 2022. La presunta mala fe de
$4.000.000 m/cte, de ellos se le consignó el valor de $500.000 m/cte previamente a la diligencia del 3 de febrero de 2022. La presunta mala fe de la abogada se puso en evidencia cuando exigió dineros, sustrayéndose de sus obligaciones como abogada en amparo de pobreza, que le exigía realizar su gestión en completa gratuidad.
Cargo Segundo17. Por el posible incumplimiento del deber establecido en el numeral 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la presunta incursión en la falta a la debida diligencia, descrita en el numeral 1° del artículo 37 ibidem a título de culpa, que a letra rezan:
“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…)
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.”.
“Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportun amente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas” . (Negrilla fuera del texto original).
Lo anterior, debido a que la abogada disciplinable dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesion al, como lo era, controvertir oportunamente el dictamen pericial, mediante el cual, se
original).
Lo anterior, debido a que la abogada disciplinable dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesion al, como lo era, controvertir oportunamente el dictamen pericial, mediante el cual, se estableció el avalúo comercial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 023 -9507 en el proceso ejecutivo con radicado
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05679408900120210012000. En efecto, pese a que el despacho judicial corrió traslado del avalúo por el término de diez (10) días, la profesional no formuló dentro de dicho término observaciones, ni ejerció las facultades de contradicción previstas en la ley procesal, lo cual, condujo a que e l dictamen no pudiera ser objeto de contradicción.
El 24 de marzo de 202618, se celebró audiencia de juzgamiento , en la cual, la apoderada de la disciplinable rindió los alegatos de conclusión.
Alegatos de conclusión de la apoderada de la disciplinable19. Indicó que solicitaba que se absolviera a la abogada Samady Pulgarín García al considerar que en el expediente no se acreditó con certeza la configuración de una falta disciplinaria, ni la existencia de culpabilidad.
Reiteró que, no resultó jurídicamente válido convertir un resultado procesal adverso o la inconformidad del quejoso en responsabilidad disciplinaria.
Sostuvo que, del análisis integral del acervo probatorio, se demostró que su poderdante asumió efectivamente el encargo profesional, desplegó una
adverso o la inconformidad del quejoso en responsabilidad disciplinaria.
Sostuvo que, del análisis integral del acervo probatorio, se demostró que su poderdante asumió efectivamente el encargo profesional, desplegó una gestión jurídica real y verificable, realizó actuaciones dentro de los términos procesales, estructuró la defensa con las herramientas legales disponibles y acudió a las diligencias que requerían su presencia. Además, indicó que, la abogada procuró ges tionar el asunto por un mecanismo alternativo de solución de conflictos, promoviendo fórmulas de arreglo.
De otro lado, manifestó que, no existieron elementos probatorios que acreditaran cobro indebido de honorarios, toda vez que, el supuesto contrato de prestación de servicios profesionales nunca se perfeccionó, dado que el señor José Libardo Castañeda no suscribió dicho documento, razón por la cual sostuvo que, el contrato no nació a la vida jurídica.
Señaló que, no existieron soportes que demostraran una remuneración en virtud del amparo de pobreza, precisó que, la suma mencionada por el quejoso se enmarcó en gastos logísticos y de desplazamiento, y no de una
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remuneración profesional o de un comportamiento contrario a la ética profesional.
Agregó que, el desarrollo del asunto estuvo condicionado por factores ajenos a la gestión profesional de la disciplinada, particularmente por la conducta del quejoso, su disposición frente a eventuales acuerdos y su nivel
profesional.
Agregó que, el desarrollo del asunto estuvo condicionado por factores ajenos a la gestión profesional de la disciplinada, particularmente por la conducta del quejoso, su disposición frente a eventuales acuerdos y su nivel de colaboración, lo cual le impidió a la abog ada estructurar una imputación lineal y exclusiva.
Finalmente, solicitó de manera subsidiaria que, en el evento hipotético de considerarse alguna falencia menor, cualquier consecuencia disciplinaria debería ser analizada bajo criterios estrictos de razona bilidad y proporcionalidad, atendiendo la totalidad de las actuaciones desplegadas por la disciplinada y la inexistencia de mala fe, deslealtad o aprovechamiento indebido.
Pruebas
1. Copia del expediente del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara - Antioquia con radicado 0567940890012021001200020.
2. Copia del expediente del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara - Antioquia con radicado 0567940890012021001210021.
3. Copia de recibo de pago por valor de $500.000 m/cte22.
4. Copia de contrato de prestación de servicios profesionales entre el señor José Libardo Castañeda Gutiérrez y la abogada Samady
Pulgarín García23.
5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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La Comisión Seccional de Disciplina Jud icial de Antioquia24, mediante sentencia del 27 de marzo de 2026, declaró responsable disciplinariamente a la abogada Samady Pulgarín García y se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (04) meses, por la violación a los deberes contenidos en los numerales 1°, 5º y 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el artículo 30 numeral 4º y artículo 37, numeral 1º ibidem, en la modalidad de dolo y culpa respectivamente.
- De la falta consagrada en el artículo 30 numeral 4 ° de la Ley 1123 de
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