CNDJ - 08001250200020250128901
Detalles
- Título
- CNDJ - 08001250200020250128901
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
F - 16065
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C, cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicado No. 080012502000 2025 01289 01 Aprobado según Acta de Sala No.26 de la misma fecha Referencia: Funcionario en apelación de auto interlocutorio.
ASUNTO
Corresponde a esta Comisión conocer el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la decisión proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Ju dicial del Atlántico 1 el 22 de septiembre de 2025 , mediante la cual se dispuso el archivo de las diligencias en favor de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
El señor Antonio María Mena Murillo , presentó queja disciplinaria contra la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla , por presuntas irregularidades en las decisiones adoptadas al interior del proceso ejecutivo 2006-00158, en el que funge como demandante la señora María Torrente contra Luz Cañas de Rincón.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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Expresó que desde febrero de 2013 radicó memorial con el que aportó la cesión de derechos y/o derechos litigiosos por parte de la demandante en su favor, suscrito ante la Notaría Cuarta del Círculo de Barranquilla, no obstante, la servidora, de manera caprichosa y arbitraria se abstuvo de darle trámite, así como el documento que en idénticas condiciones ap ortó la demandante el 4 de marzo de 2013. Dijo que la servidora por auto de 24 de marzo de 2022 negó la solicitud y ratificó facultades al abogado para recibir dinero producto del proceso.
Indicó que no autorizó la entrega de dineros pese a que contaba con facultad de recibir, y de manera arbitraria, el 7 de octubre de 2022 ordenó una prueba ante la Registraduría para que constatara el estado civil de la cedente y el 9 de noviembre de 2023 decretó la interrupción del proceso, decisión frente a la cual interpuso recurso que desató el 14 de agosto de 2024, es decir, luego de nueve meses, rechazándolo por extemporáneo, lo que lo motivó a incoar el recurso de queja, obligándola por esta vía a recomponer la decisión y conceder la alzada.
Por auto de 18 de julio de 20252, se asumió el conocimiento de los hechos y se dispuso la apertura de investigación en contra de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de
Por auto de 18 de julio de 20252, se asumió el conocimiento de los hechos y se dispuso la apertura de investigación en contra de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla.
En esa etapa se allegaron y practicaron las siguientes pruebas y actuaciones:
- La Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Barranquilla remitió el enlace correspondiente al proceso ejecutivo
1 Sala dual confirmada por las honorables magistradas Aura Andrea Camelo Garcés (ponente) y María José Casado Brajín. 2004.AUTO Apertura INVESTIGACIONCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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2006-00158 de conocimiento del Juzgado Cuarto de dicha especialidad3.
- El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla remitió los reportes estadísticos correspondientes a los años 2022 a 20244
- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla constató el tiemp o de servicios de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ, en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla y los salarios devengados en los años 2024 y 20255.
- La Alcaldía de Barranquilla remitió el acta de posesión de la doctora
Ejecución de Sentencias de Barranquilla y los salarios devengados en los años 2024 y 20255.
- La Alcaldía de Barranquilla remitió el acta de posesión de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla , identificada con cédula de ciudadanía 32.711.436 6.
- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla allegó el acto de no mbramiento en provisionalidad de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ, en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Barranquilla7.
DECISIÓN APELADA
Mediante providencia del 22 de septiembre de 2025 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico archivó la actuación en favor de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ, en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal
3 007RespuestaCentroServJudEjec, 010RtaCentroServicios20250826 4 012Estadisticas20250826 y 013Anexo01Estadisticas20250826 y 021Anex01RtaJuzg04CivMpalEjecSentencias20250829 5 015Anex01RtaRrHh20250828 6 018Anexo01Alcaldia20250828 7 025Anexo02Trib20250929COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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de Ejecución de Sentencias de Barranquilla , al no evidenciar irregularidad alguna en su proceder.
Expresó el a quo que las decisiones cuestionadas por el quejoso Antonio María Mena Murillo no revelaban arbitrariedad ni extralimitación funcional, pues al examinar el proceso ejecutivo radicado 2006 -00158, verificó que el documento de cesión presentado inicialmente e l 26 de febrero de 2013 no fue aprobado por el despacho , pues con auto de 9 de abril siguiente se requirió el envío del escrito contentivo de la cesión y que, cuando fue nuevamente allegado el mismo documento el 19 de enero de 2022, la disciplinada MARILYN NAVARRO RUIZ se abstuvo de aceptarlo mediante auto del 24 de marzo de 2022, decisión sustentada en que se trataba de una cesión de derechos litigiosos cuando el proceso ya contaba con sentencia.
Adujo que , el auto del 7 de octubre de 2022, mediante el c ual se ordenó verificar el fallecimiento de la demandante, obedeció a información objetiva suministrada por la Oficina de Apoyo y no a una actuación caprichosa, frente a la cual el interesado interpuso recurso de reposición que la funcionaria, con auto del 3 de febrero de 2023 despachó de manera desfavorable y negó la apelación.
Afirmó que, obtenida la información del deceso de la demandante , ocurrido
con auto del 3 de febrero de 2023 despachó de manera desfavorable y negó la apelación.
Afirmó que, obtenida la información del deceso de la demandante , ocurrido el 2 de abril de 2013, la funcionaria dispuso la interrupción del proceso con auto del 8 de noviembre de 2023, el cual fue recurrido por el quejoso y declarado extemporáneo mediante providencia del 13 de agosto de 2024.
Señaló que , aunque existió un error en el cómputo de términos, este fue corregido por la propia funcionaria mediante auto del 16 de diciembr e de 2024, que revocó la extemporaneidad y concedió la alzada y el superior declaró improcedente la apelación el 20 de mayo de 2025 , yerro que noCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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comportaba falta disciplinaria , pues las providencias fueron producto del estudio jurídico y amparadas por los principios de autonomía e independencia judicial.
Finalmente, respecto de la presunta mora judicial, la Sala estableció que entre el 12 de diciembre de 2023 y el 13 de agosto de 2024 transcurrieron 148 días hábiles para resolver el recurso interpuesto; s in embargo, encontró acreditada una justificación objetiva derivada de la carga laboral del despacho, que reportó 5.026 procesos activos y la expedición de 499 autos interlocutorios durante el año 2024, alcanzando un índice de producción de
acreditada una justificación objetiva derivada de la carga laboral del despacho, que reportó 5.026 procesos activos y la expedición de 499 autos interlocutorios durante el año 2024, alcanzando un índice de producción de egresos de 2.8, esto es, superior al mínimo exigido por la jurisprudencia disciplinaria. Asimismo, resaltó que no se evidenció afectación jurídica relevante para el quejoso, pues el recurso finalmente fue considerado improcedente por el superior.
Con fundamento en lo a nterior, la Sala concluyó que no existían motivos para proseguir la actuación y ordenó la terminación y archivo definitivo de las diligencias conforme a lo preceptuado en los artículos 90 y 250 de la Ley 1952 de 2019.
RECURSO DE APELACIÓN
Notificada la decisión, el 16 de enero de 2026 , el quejoso interpuso recurso de apelación el 21 del mismo mes y año , que sustentó de la siguiente manera:
- Sostuvo que la Sala aplicó indebidamente los artículos 90 y 250 de la Ley 1952 de 2019 al ordenar el archivo sin h aber realizado una valoración probatoria suficiente de los hechos denunciados, los cuales, a su juicio, evidencian actuaciones disciplinariamente relevantes. Argumentó que laCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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decisión desconoció circunstancias relacionadas con el trámite de un proceso ejec utivo, particularmente errores reiterados en el cómputo de términos y actuaciones presuntamente contrarias a la normativa procesal.
-La funcionaria judicial habría interpretado erróneamente el artículo 159 del CGP al suspender el trámite por el fallecimi ento de la demandante, pese a que esta actuaba mediante apoderado y existía un contrato de cesión de derechos. Igualmente, cuestionó el auto del 15 de agosto de 2024 mediante el cual se rechazó por extemporáneo un recurso presentado el 15 de noviembre de 2 023, afirmando que la determinación desconoció las reglas de cómputo de términos previstas en el artículo 118 del CGP, lo que no constituían simples equivocaciones corregidas posteriormente, sino errores vencibles que ameritaban investigación disciplinaria , dada la experiencia y funciones de la servidora judicial.
- La primera instancia omitió valorar de manera integral otros hechos que consideró constitutivos de faltas disciplinarias, entre ellos el desconocimiento de un auto de 24 de marzo de 2022 que h abría reconocido facultades al apoderado para recibir títulos judiciales, la presunta extralimitación de funciones al ordenar oficiosamente actuaciones relacionadas con la sucesión procesal y la vulneración de precedentes jurisprudenciales.
-Cuestionó la compulsa de copias ordenada en su contra, por estimar que afectaba su derecho a denunciar presuntas irregularidades y a ejercer la libertad de expresión.
procesal y la vulneración de precedentes jurisprudenciales.
-Cuestionó la compulsa de copias ordenada en su contra, por estimar que afectaba su derecho a denunciar presuntas irregularidades y a ejercer la libertad de expresión.
Con fundamento en lo anterior solicitó revocar el archivo y ordenar la apertura de una investigació n disciplinaria sobre los hechos puestos en conocimiento de la autoridad.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Las diligencias arribaron a segunda instancia y correspondieron por reparto del 12 de junio de 2026 a quien funge como ponente8.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Competencia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es competente para examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en la instancia que señale la ley, de conformidad con el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996.
Procede l a Comisión a decidir el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la decisión proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico, el 22 de septiembre de 2025 , mediante la cual archivó las diligencias adelantadas en contra de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ, en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de
Judicial de Atlántico, el 22 de septiembre de 2025 , mediante la cual archivó las diligencias adelantadas en contra de la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ, en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla.
Para empezar, es preciso señalar que los hechos de relevancia que fueron objeto de investigación y de disenso tienen que ver con las decisiones adoptadas por la funcionaria al interior del trámite del proceso ejecutivo 2006-00158, siendo demandante María Eugenia Torrente Diago co ntra Luz Cañas de Rincón, específicamente, i) al no reconocer el contrato de cesión entre la demandante María Eugenia Torrente Diago y el quejoso; ii) no revocar la orden de entrega de títulos judiciales a la demandante , iii) establecer la extemporaneidad del recurso de reposición y en subsidio apelación contra la providencia de 7 de octubre de 2022 que no aceptó la cesión, desconociendo el conteo de términos previsto en el artículo 118 delCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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CGP, iv) ordenar establecer el estado civil de la demandante y , con sustento en ello, disponer con decisión del 8 de noviembre de 2023 la suspensión del proceso de manera oficiosa , interpretando indebidamente el artículo 1 59 del CGP y desconociendo el precedente de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S 37948 de 2018 que establece que la suspensión es procedente
proceso de manera oficiosa , interpretando indebidamente el artículo 1 59 del CGP y desconociendo el precedente de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S 37948 de 2018 que establece que la suspensión es procedente a solicitud de parte . Adicionalmente , cuestionó disponer la compulsa de copias en su contra, con lo cual coartó su derecho de denunciar y su libre expresión. Vale la pena precisar que en el recurso no se cuest ionó lo atinente a la decisión de archivo adoptada por el a quo frente a la mora judicial.
De acuerdo con el material probatorio allegado al plenario, se observa que en efecto, ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla se promovió proceso ejecutivo 2006-00158, siendo demandante María Eugenia Torrente Diago, representada por el quejoso Antonio María Mena Murillo, contra Luz Cañas de Rincón, dentro del cual el 17 de febrero de 2006 se libró auto de apremio y el 9 de abril de 2010 se ordenó segui r adelante la ejecución, practicar la liquidación del crédito y ordenar el avalúo y remate de los bienes cautelados, además de condenar en costas a la parte demandada 9. La liquidación del crédito se aprobó con auto de 31 de mayo de 2010. En el mismo auto, la jueza de ese entonces 10 ordenó entregar los títulos a la parte ejecutante y el remanente, si lo hubiere, a la demandada11.
El 26 de febrero de 2013, el apoderado quejoso allegó contrato de cesión del crédito y/o derechos litigiosos. La juez de ese entonc es, mediante auto de 9
El 26 de febrero de 2013, el apoderado quejoso allegó contrato de cesión del crédito y/o derechos litigiosos. La juez de ese entonc es, mediante auto de 9 de abril de 2013 , requirió al interesado aclarar el objeto de la cesión y además aportar el documento debidamente signado, dado que reposaban las
8 001ActaIndividualReparto 9 16AutoOrdenaSeguirAdelanteEjecucion 10 Betty Castro Batista 11 20AutoApruebaLiquidacionCreditoCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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firmas del cesionario. La decisión se notificó en estado de 11 de abril de 201312.
El 1 9 de enero de 20 22 aportó nuevamente el documento de cesión, aduciendo su firma como cesionario13, la disciplinada, con proveído del 24 de marzo de 2022 se abstuvo de reconocerlo como cesionario de derechos litigiosos dado que el asunto ya se encontraba con sentencia, además, reiteró la solicitud de aclaración de lo pretendido como se le había pedido en auto de 9 de abril de 2013 . En el mismo proveído accedió al decreto de medidas cautelares y, en atención a la solicitud de entrega de títulos, accedió ordenando poner a disposición la suma de $ 43.577.637 a favor de la parte ejecutante, previa verificación de que se encontrara “ vigente la condición en
medidas cautelares y, en atención a la solicitud de entrega de títulos, accedió ordenando poner a disposición la suma de $ 43.577.637 a favor de la parte ejecutante, previa verificación de que se encontrara “ vigente la condición en la que actúe la persona a cuyo favor se expedirán las órdenes de pago respectivas”14.
En atención a la constan cia emitida por el Área de Títulos Judiciales en la que se expresó “ SE DEVUELVE PROCESO A GESTION DOCUMENTAL,
SE REVISA PROCESO ENCONTRANDO QUE LA DEMANDANTE SRA
MARIA EUGENIA TORRENTE DE DIAGO CC32625380 FALLECIO DESDE
EL 01/04/2013 Y SU REPRESENTANTE DR ANTONIO MARIA MENA
MURILLO CC8295972 PRESENTA CESION DE CREDITO EL 19/01/2022
SIN INFORMAR ESTE HECHO AL IGUAL QUE SOLICITA ENTREGA DE TITULOS A SU NOMBRE LO QUE FUE ORDENADO EN AUTO DE FECHA
24/03/2022, SE SOLICITA ACLARAR SI ES POSIBLE DAR
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN DICHO AUTO SIN QUE SE HUBIESE ADELANTADO LA RESPECTIVA SUCESION PROCESAL” sic, la titular del despacho se abstuvo de aceptar la cesión del crédito y ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de constatar el deceso de la demandante, lo que en efecto se confirmó mediante el
12 26AutoRequiere 13 33MemorialCesionDeCreditoCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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13 33MemorialCesionDeCreditoCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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certificado de defunción 4918064, del que se estableció el fallecimiento el 2 de abril de 2013.
Entre tanto, el quejoso explicó al despacho el contrato celebrado y las razones por las cuales no había informado el deceso de la demandante en el proceso.
El quejoso, interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el proveído de 7 de octubre de 2022 15. La disciplinada, mediante auto 3 de febrero de 2023 no repuso la decisión , al considerar que no se había aclarado el objeto de la cesión allegada desde febrero de 2013 y por cuanto se encontraba estableciendo el fallecimiento de la demandante. Por otra parte, declaró improcedente la alzada16.
Recibida la información de la Registradu ría Nacional del Estado Civil, la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, el 8 de noviembre de 2023 dispuso la interrupción del proceso y ordenó oficiar a los herederos de la demandante con el fin de que se hicieran parte dentro del proceso 17. Contra este proveído el quejoso interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación18.
La funcionaria, mediante auto de 13 de agosto de 2024 , rechazó el recurso
Contra este proveído el quejoso interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación18.
La funcionaria, mediante auto de 13 de agosto de 2024 , rechazó el recurso por extemporáneo19, decisión recurrida en reposición y en subsidio queja por el quejoso20.
14 36AutoDecideLiquidacionCredito 15 50MemorialRecurso 16 55AutoNoRepone 17 72AuotoOrdenInterrupcion 18 73PresentacionRecursoReposicion 19 86AutoRechaza 20 88RecursoReposicionCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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La doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, con auto de 16 de diciembre de 2024 repuso la decisión de extemporaneidad del recurso; decidió la reposición del auto atacado manteniendo incólume la decisión de 8 de noviembre de 2023 y concedió la alzada propuesta por el quejoso Antonio María Mena Murillo21.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución d e Sentencias de Barranquilla, mediante proveído adiado el 20 de mayo de 2025, declaró improcedente el recurso de apelación22.
Revisada la actuación en comento, se observa que las decisiones adoptadas por la servidora obedecieron a un análisis normativo y s ustancial que estimó
improcedente el recurso de apelación22.
Revisada la actuación en comento, se observa que las decisiones adoptadas por la servidora obedecieron a un análisis normativo y s ustancial que estimó procedente en torno al contrato de cesión aportado por el quejoso Antonio María Mena Murillo y todo aquello que devino de dicha negativa, sin que esta Colegiatura pueda reprochar dicha interpretación y análisis al ser , como acertadamente lo dijo el a quo , producto de los principios de autonomía e independencia que reviste a los servidores judiciales.
Al respecto, es del caso señalar que el ejercicio judicial encuentra sus límites en la constitución y en la ley. Los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia consagraron la autonomía e independencia judicial como una garantía institucional de separación del poder público. En el mismo sentido, lo establece el artículo 5 de la Ley 270 de 1996 23, sin embargo, esta facultad no es absoluta, por lo que los funcionarios responden disciplinariamente por aquellas actuaciones arbitrarias y abiertamente contrarias al marco normativo que están sometidos y que distan del respeto
21 98AutoResuelveRecurso 22 03AutoResuelveRecursoApelacion 23 ARTICULO 5º. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su funció n constitucional y lega l de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providenciasCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providenciasCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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del debido proceso, a los principios constitucionales y le gales, al deber de motivación de sus decisiones judiciales, lo que sin duda materializa su objetividad, imparcialidad y justicia material por la que deben propender.
Es así como, en ocasiones, es dable para esta jurisdicción analizar aquellas decisiones que sean fruto del capricho o del arbitrio del servidor judicial, cuando constituyan una vía de hecho y la consecuente falta disciplinaria reprochable y sancionable en virtud del ius puniendi estatal.
Sobre los límites al principio de autonomía judicial, la Corte Constitucional ha precisado24:
“Ha reconocido la jurisprudencia constitucional que la autonomía judicial debe respetar ciertos límites al momento de interpretar y aplicar la ley. En este sentido, la actividad de los jueces estaría condicionada por: (i) la posibilidad de que el juez superior controle la interpretación del juez inferior mediante los mecanismos procesales de apelación y consulta; (ii) el recurso de casación cuya finalidad es la unificación de la jurisprudencia nacional. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, la Corporación se encarga de revisar la interpretación propuesta y aplicada por los jueces y de determinar “ la manera en que los jueces han de interpretar determinadas disposiciones.”; (iii) la sujeción al precedente
Corporación se encarga de revisar la interpretación propuesta y aplicada por los jueces y de determinar “ la manera en que los jueces han de interpretar determinadas disposiciones.”; (iii) la sujeción al precedente vertical, es decir, al precedente dado por el juez superior en relación con la manera en que se ha de interpretar y aplicar una norma; y (iv) al precedente horizontal que implica el acatamiento al precedente fijado por el propio juez –individual o colegiado - en ca sos decididos con anterioridad”.
Sin embargo, en el presente caso esta Colegiatura no encuentra que la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ , en su condición de Jueza Cuarta CivilCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla hubiere incurrido en irregularidad alguna que pueda ser reprochada por esta jurisdicción, en la medida en que no encontró procedente acceder a la cesión allegada por el quejoso, no solo porque no resultaba clara en torno a su objeto sino por cuanto provenía de una persona fallecida, situación que no fue informada por el abogado, lo que motivó la necesidad de esclarecer dicha situación, además, interpretó que al ser el quejoso apoderado de la cedente fallecida había cambiado su rol en el proceso y aquella había quedado desprovista de apoderado, por lo que encontró necesario convocar a sus herederos dada la ocurrencia de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 159 del CGP 25, y
había cambiado su rol en el proceso y aquella había quedado desprovista de apoderado, por lo que encontró necesario convocar a sus herederos dada la ocurrencia de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 159 del CGP 25, y mientras tanto tácitamente disponer la suspensión de entrega de t ítulos a la parte actora, decisiones que fueron analizadas y decidida por los conductos procesales mediante las impugnaciones del caso, surtiéndose el control por vía de los recursos pertinentes ante el juez natural.
Y si bien, frente a la extemporaneidad del proveído que decretó la interrupción del proceso, hubo un yerro en el conteo del término, lo cierto es que por vía de los mismos mecanismos procesales se repuso la decisión y se analizó de fondo la reposición incoada, sin que sea esta la vía para reabrir el debate jurídico propio del escenario procesal en comento.
En ese sentido, las interpretaciones en torno a los precedentes jurisprudenciales, en particular la sentencia S -37948 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, que indicó que “ En cuanto al fenómeno de la sucesión procesal, por fallec imiento de uno de los litigantes, puntos viii) de la apelación de Comfama y v) de la allegada por Carulla Vivero S.A., dispone el artículo 68 del C.G.P. que "...el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador".
24 Corte Constitucionalsentencia del 11 de julio de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. T-446 de 2013.
albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador".
24 Corte Constitucionalsentencia del 11 de julio de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. T-446 de 2013. 25 Artículo 159. Causales de interrupción. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:
1. Por muerte, enferme dad grave o privación d e la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem. (…)COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL F - 16065
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Obviamente quien pretenda actuar en el proceso en una de las condiciones señaladas, deberá acreditar cuando menos que se ha presentado el hecho del fallecimiento de la parte (registro civil de defunción) y de la condición en que comparece, pues el juez no lo puede establecer oficiosamente. En todo caso, la sentencia produce efectos respecto de todos los señalados, así no hayan comparecido al proceso ”, resultan de la dinámica propia del ejercicio jurisdiccional, pues la servidora consi deró que la fallecida se encontraba desprovista de apoderado, pues este se encontraba alegando la calidad de tercero cesionario, por lo que había que darse cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 68 del CGP26 frente a la sucesión procesal, por lo que ordenó comunicar a los herederos de la demandante fallecida , sin que esta Colegiatura encuentre razón alguna para cuestionar las decisiones que en
por el artículo 68 del CGP26 frente a la sucesión procesal, por lo que ordenó comunicar a los herederos de la demandante fallecida , sin que esta Colegiatura encuentre razón alguna para cuestionar las decisiones que en derecho fueron adoptadas por la doctora MARILYN NAVARRO RUIZ, en su condición de juez natural del proceso , pu es, se insiste no se advierte arbitrariedad o capricho alguno en su actuar.
Por último, es de señalar que la decisión cuestionada dispuso la compulsa de copias contra el quejoso con el fin de que se investigara su actuar en el proceso ejecutivo, decisión que no enerva el contenido sustancial de la decisión de archivo, sino que obedeció a las posibles situaciones de relevancia que a juicio del a quo deben ser objeto de investigación, por lo que este argumento no es susceptible de recurso ni de revocatoria por ser una orden emitida conforme el deber de todo servidor de poner en conocimiento
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