CNDJ - 54001250200020230063601

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNDJ - 54001250200020230063601
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Magistrada ponente:

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

DISCIPLINABLE: WILLIAM ORTEGA SANGUINO QUEJOSA: CLEIDY ESMERALDA RANGEL REYES Radicación: 54001-25-02-000-2023-00636-01

Decisión: CONFIRMA SENTENCIA SANCIONATORIA

Bogotá, D.C., 20 de agosto de 2026. Aprobado según Acta de Comisión No. 28.

1. ASUNTO

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia 1, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado contra de la sentencia del 06 de mayo de 2026 , proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca,2 por medio de la cual declaró responsable disciplinariamente al abogado William Ortega Sanguino, por el desconocimiento del deber establecido en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al incurrir en la falta descrita en el artículo 37, numeral 1° ibidem, a título de culpa, imponiénd ole sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.

2. CALIDAD DE ABOGADO DEL IVESTIGADO Y ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS.

1 Inciso quinto del artículo 257 A de la C. P.: «La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ser á́ la encargada de examinar la

2. CALIDAD DE ABOGADO DEL IVESTIGADO Y ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS.

1 Inciso quinto del artículo 257 A de la C. P.: «La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ser á́ la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados». 2Archivo “ 064sentenciaPrimeraInstancia” del Expediente digital. La Sala de primera instancia estuvo integrada por los Magistrados: M.P Julio Cesar Villamil Hernández Y Sady Enrique Rodríguez Santander.Página 2 | 25

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, acreditó la calidad de abogado de William Ortega Sanguino, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.211.003 y portador de la tarjeta profesional No. 162906 del Consejo Superior de la Judicatura 3. Igualmente, se certificó que el disciplinado no contaba con antecedentes disciplinarios.4

3. SITUACIÓN FÁCTICA

La actuación disciplinaria tuvo origen en la queja presentada por las señoras María Lionza Castro Rangel, Rubiela Castro Rangel, Martha Edilia Castro Rangel y Cleidy Rangel Reyes, quienes manifestaron haber contratado al abogado investigado para promover el proceso de sucesión de los causantes Alfonso Castro y Clara María Rangel Rico. Indicaron que, por concepto de honorarios, le entregaron la suma de $1.000.000, sin que este adelantara gestión o actuación alguna encaminada al t rámite encomendado.5

4. ACTUACIÓN PROCESAL

concepto de honorarios, le entregaron la suma de $1.000.000, sin que este adelantara gestión o actuación alguna encaminada al t rámite encomendado.5

4. ACTUACIÓN PROCESAL

Una vez fue radicad a la queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca , luego de acreditar la condición de abogado del investigado, a través de auto del 05 de octubre de 202 36 ordenó la apertura del proceso disciplinario en contra de William Ortega Sanguino y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Mediante auto del 20 de agosto de 2024 7, teniendo en cuenta que el disciplinado había so licitado en dos ocasiones aplazamientos para la audiencia de pruebas y calificación provisional por diferentes motivos, se procedió a designar a la doctora Angie Daniela Sarmiento Barón como defensora de oficio en aras de garantizar el normal desarrollo de l proceso y el derecho de defensa.

3 Archivo “006Certificado” del expediente digital. 4 Archivo “059AntecedentesDisciplinariosAbogWilliamOrtega” del expediente digital. 5 Expediente Digital. Cuaderno Primera Instancia. Archivo “002Queja” 6Archivo “007AutoAperturaProcesoDisciplinario” del expediente digital. 7 Archivo “023auto” del expediente digital.Página 3 | 25

El 27 de agosto de 2024 8, se inició la audiencia de pruebas y calificación provisional con presencia del disciplinado , de la defensora de oficio y las quejosas, en la cual, se puso de presente el escrito de queja , se ratificó y

provisional con presencia del disciplinado , de la defensora de oficio y las quejosas, en la cual, se puso de presente el escrito de queja , se ratificó y amplió la misma, se recepcionó versión libre , se solicitaron y decretaron pruebas.

Ampliación de queja de la señora Cleidy Rangel Reyes . Manifestó que, contrató al abogado para adelantar el proceso de sucesión de una casa, pero este se demoró m ucho y siempre daba excus as sin realizar gestiones efectivas durante más de un año.

Indicó que, el abogado les dijo que había iniciado los trámites en la Notaria Sexta del Círculo de C úcuta, pero al verificar personalmente con sus tías comprobaron que no existía ningún proceso inscrito a nombre de los causantes ni de los herederos. En ese sentido, señaló que el disciplinable constantemente la culpaba a ella o a sus familiares por las demoras, pero nunca entregó una respuesta clara.

Refirió que no se fir mó contrato escrito ni poderes, sino que el acuerdo fue verbal, acordando que como honorarios la suma de $2.000.000 que fueron divididos entre las cuatro interesadas. Explic ó que ella representaba a su padre ya fallecido y que por esa razón aportó su parte.

Relató que efectuaron varios pagos; el primero por $400.000 el 8 de septiembre de 2022, el segundo por un $1.000.000 y un tercero de $750.000 que pagó directamente su tía Rubiela Castro, aunque el recibo de este último se perdió. Aclaró que los dos prim eros pagos contaban con constancias firmadas por el abogado y que adicionalmente le entregaron

$750.000 que pagó directamente su tía Rubiela Castro, aunque el recibo de este último se perdió. Aclaró que los dos prim eros pagos contaban con constancias firmadas por el abogado y que adicionalmente le entregaron $300.000 adicionales para un peritaje.

Manifestó que el compromiso del abogado era adelantar la sucesión y formalizar la división de la casa, donde ella ya hab ía vendido su parte a una de sus tías y otra tía había hecho lo mismo con la suya. Explicó que, por la condición de su padre fallecido debía compartir la cuota hereditaria con una

8Archivo “029 AUD 2023-636 Pruebas y Calificación Provisional-20240827_153619-Grabación de la reunión” del expediente digital.Página 4 | 25

hija menor de edad en situación de discapacidad, cuya madre incluso llevó la documentación respectiva al abogado, pero este nunca respondió ni avanzó con el trámite.

Relató que se reunían frecuentemente con el abogado en su oficina o lo llamaban para pedir información, aunque este nunca mostró avances reales. Finalmente, al compr obar en otra Notaría que el trámite no existía, decidieron contratar a otro abogado para adelantar la sucesión, con quien lograron culminar el proceso.

Ampliación de queja de la señora María Lionza Castro Rangel. Amplió la queja manifestando que junto con sus hermanas le entregó al disciplinable la suma de $400.000 el 8 de septiembre de 2022 como primer pago por el trámite de sucesión, y posteriormente, el 24 del mismo mes le entregó $225.000 adicionales.

la suma de $400.000 el 8 de septiembre de 2022 como primer pago por el trámite de sucesión, y posteriormente, el 24 del mismo mes le entregó $225.000 adicionales.

Señaló que más adelante completaron el valor de $ 1.000.000, suma que fue recibida a satisfacción por el abogado y por lo cual, dejó constancia por escrito. Relató que, pese a los pagos el abogado nunca avanzó en el trámite, pues siempre les aseguraba que el proceso estaba en la notaría, aunque al verificar comprobaron que no existía sucesión registrada.

Expresó que le reclamó en varias oportunidades por la falta de resultados, pero él respondía con evasivas y excusas. Indic ó que en una ocasión el abogado pretendió cobrar el 10 % de una venta entre hered eros, lo cual ella consideró usura, ya que lo normal era un 2 %. Dijo que cuando lo confrontó el profesional reaccionó de manera ofensiva y despectiva, diciéndoles que él cobraba lo que quisiera y que hicieran “lo que les diera la gana”.

Aseguró que nunca otorgó poderes ni firmó documentos para el proceso y que, al no ver resultados, junto con sus familiares acudieron directamente a otra Notaría donde les explicaron los pasos para adelantar la sucesión con otro profesional. Finalmente, señaló que dejó de c omunicarse con el abogado en diciembre de 2022, cuando este incluso la bloqueo, quedando sin ninguna gestión realizada.Página 5 | 25

Ampliación de queja de la señora Rubiela Castro Rangel. Manifestó que pagó al abogado investigado la suma de $750.000 en dos partes med iante

sin ninguna gestión realizada.Página 5 | 25

Ampliación de queja de la señora Rubiela Castro Rangel. Manifestó que pagó al abogado investigado la suma de $750.000 en dos partes med iante transferencias que realizó con ayuda de su esposo, además de $150.000 que entregó para cubrir un peritaje, dentro de un total de $300.000 que se cobraron por ese concepto. Señaló que el disciplinable también le hizo un documento relacionado con la co mpraventa de una parte de la casa por $6.000.000 negocio que debía protocolizarse en la Notaria Sexta de Cucuta.

Relató que asistió a dicha Notaria con su prima y sus nietos, pero allí le exigieron $100.000 por gastos, suma que ella pagó sin obtener recib o formal, y que el documento finalmente no aparecía a nombre del abogado, sino de una mujer llamada Zaida Belen Rodríguez, quien trabajaba con él. Indicó que, a pesar de los pagos, el abogado nunca cumplió con la sucesión ni con las gestiones prometidas y que siempre le respondía con evasivas, agregando que en ningún momento recibieron los resultados esperados del proceso.

Ampliación de queja de la señora Martha Edilia Castro Rangel. Manifestó en su ampliación también participó en los pagos realizados al abogado por concepto de honorarios pactados para adelantar la sucesión. Señaló que, junto con su hermana María Lionza, entregó parte del dinero en efectivo y completó el valor acordado con posteriores abonos, de los cuales el investigado dejó constancia par cial por escrito, aclar ó que el acuerdo fue únicamente verbal y que el profesional nunca le envió contrato ni poderes.

efectivo y completó el valor acordado con posteriores abonos, de los cuales el investigado dejó constancia par cial por escrito, aclar ó que el acuerdo fue únicamente verbal y que el profesional nunca le envió contrato ni poderes.

Relató que, pese a los pagos el togado nunca inició formalmente el trámite de sucesión ya que en la Notar ía correspondiente no existía r egistro alguno del proceso y que durante el tiempo en que mantuvieron contacto, el disciplinable siempre daba excusas y responsabilizaba a los herederos de las demoras sin mostrar resultados concretos. Agregó que, ante la falta de gestión, acudieron a otra Notaría y finalmente adelantaron el trámite con un abogado distinto, logrando culminar la sucesión.Página 6 | 25

Versión libre. Manifestó que conoció a la familia Rangel Castro a través de un tercero y que aceptó llevar el trámite de sucesión de la casa fijando honorarios por $2.000.000 pero que desde el inicio existieron conflictos entre las herederas, lo que dificultó avanzar en la gestión. Indicó que su intención era adelantar la sucesión y, a partir de allí, formalizar la división material del inmueble, pero para ello era necesario que cada una contara con al menos el 50 % de los derechos, lo cual no se cumplió porque algunas no quisieron vender sus cuotas.

Señaló que, ante esa situación, propuso primero realizar compraventas internas entre las herederas para que quedaran solo dos titulares con partes iguales y así poder iniciar el trámite. Relató que recibió varios pagos parciales por sus honorarios y que en algunos casos dejó constancia escrita, también reconoció que se le entregó dinero para un peritaje cuyo fi n

iguales y así poder iniciar el trámite. Relató que recibió varios pagos parciales por sus honorarios y que en algunos casos dejó constancia escrita, también reconoció que se le entregó dinero para un peritaje cuyo fi n era conocer con exactitud el área del inmueble y así preparar la división, aunque aclaró que no se alcanzó a protocolizar el trámite por falta de poderes. Explicó que, al no tener la autorización formal de todos los herederos, no podía radicar la sucesió n en la Notaría, por lo que se limitó a preparar documentos y reuniones.

Sostuvo que se reunió en varias ocasiones con las interesadas para conciliar, pero que las diferencias familiares y la falta de acuerdo lo impidieron. Agregó que nunca ac tuó con mala fe, que incluso estuvo dispuesto a devolver el dinero recibido y que lo único que buscaba era dar una solución jurídica que evitara mayores conflictos entre las herederas.

El 14 de noviembre de 2024 9 y 24 de abril de 2025 10, se continuó con la audiencia d e pruebas y calificación provisional con presencia del disciplinado, de la defensora de oficio y de las quejosas , en la cual, se solicitaron y se decretaron pruebas. El 25 de septiembre de 202511, en continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional, con presencia del disciplinado, de la defensora de oficio y de las quejosas, se calificó jurídicamente la actuación , profiriéndose

9Archivo “034 ACTA 14112024” del expediente digital. 10 Archivo “043ACTA 24042025” del expediente digital.

oficio y de las quejosas, se calificó jurídicamente la actuación , profiriéndose

9Archivo “034 ACTA 14112024” del expediente digital. 10 Archivo “043ACTA 24042025” del expediente digital. 11 Archivo” 048PROCESO 54001250200020230063600 AUDIENCIA DESPACHO Despacho 002 De La Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Norte De Santander 540012502002 CUCUTA -20250925_143648-Grabación de la reunión ” del expediente digital.Página 7 | 25

cargos contra el abogado Ortega Sanguino por haber probablemente vulnerado el deber profesional previsto en el num eral 8° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y consecuentemente, el haber podido incurrir en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 4° artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conducta calificada a título de dolo.

No obstante, en sesión del 05 de n oviembre de 2025 12, se decretó la nulidad de la actuación por indebida calificación en los cargos formulados en contra del disciplinado de conformidad a lo normado en el artículo 98 de la Ley 1123 del 2007 al atribuírsele una falta distinta a la que corresp onde a los hechos efectivamente probados al disciplinado, configurándose así una irregularidad sustancial que afectaba el debido proceso en los términos del referido artículo, en tanto los hechos acreditados no correspondían con la falta prevista en el art ículo 35 numeral 4 de la referida ley. De conformidad con lo anterior y en aplicación al artículo 99 de la Ley 1123 de 2007, se declaró la nulidad de lo actuado en audiencia del 25 de septiembre del año

falta prevista en el art ículo 35 numeral 4 de la referida ley. De conformidad con lo anterior y en aplicación al artículo 99 de la Ley 1123 de 2007, se declaró la nulidad de lo actuado en audiencia del 25 de septiembre del año 2025 y se ordenó que se repusiera la actuación que dependía del acto declarado nulo, decisión que fue notificada en estrados.

Bajo ese entendido, se repuso la actuación y se subsanó el defecto, procediéndose a calificarse la actuación disciplinaria de la siguiente manera:

Formulación de cargos . Se efectuó la calificación jurídica de la actuación, profiriéndose cargos en contra del abogado William Ortega Sanguino, por:

Cargo Único. Posible incumplimiento del deber establecido en el numeral 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la presunta incursión en la falta a la debida diligencia , descrita en el numeral 1° del artículo 3 7 ibidem a título de culpa, que a letra rezan:

“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesiona les, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes,

12 Archivo “055ACTA 05112025” del expediente digital.Página 8 | 25

así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.”. “Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones

represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.”. “Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.”

(Negrilla fuera del texto original). Lo anterior, por cuanto el abogado demoró la iniciación del proceso sucesoral de los causantes Alfonso Castro y Clara María Rangel Rico en favor de sus clientes, en ese sentido, desde la fecha en que el investigado recibió los dineros destinados a la gestión hasta las certificaciones oficiales emitidas por las referidas entidades en el año 2025, no se evidenció actuación alguna del disciplinable orientada al cumplimiento del mandato pese a haber recibido recursos des tinados a sus honorarios, incumpliendo de esta manera las obligaciones propias de la gestión encomendada, lo que denotaba una conducta negligente del profesional del derecho calificada provisionalmente bajo la modalidad culposa.

Audiencia de juzgamiento.13 En sesión del 21 de abril de 2026, se instaló la audiencia de juzgamiento , en la cual, asistieron las quejosas, el disciplinado y la defensora de oficio, quienes presentaron alegatos de conclusión.

Alegatos de conclusión por el abogado William Ortega San guino. Señaló que su intervención profesional se desarrolló en el marco de un conflicto familiar complejo, previo y ajeno a su gestión respecto del cual actuó exclusivamente como orientador jurídico y facilitador de acercamientos entre los herederos.

Señaló que su intervención profesional se desarrolló en el marco de un conflicto familiar complejo, previo y ajeno a su gestión respecto del cual actuó exclusivamente como orientador jurídico y facilitador de acercamientos entre los herederos.

13 Archivo “061ACTA 21042026” del expediente digital.Página 9 | 25

Expuso que, desde el inicio, identificó la existencia de múltiples interesados con porcentajes determinados dentro del eventual derecho sucesoral, así como la presencia de desacuerdos estructurales que impedían la adopción de decisiones conjuntas, requisito in dispensable para adelantar un trámite sucesoral por vía notarial. En ese contexto, precisó que adelantó diversas reuniones en distintos escenarios, tales como su oficina, el inmueble objeto del conflicto y las residencies de los interesados, en las cuales promovió alternativas de solución incluyendo la posible negociación de derechos hereditarios entre los familiares, sin que tales iniciativas prosperaran por falta de consenso.

En relación con los aspectos económicos, indicó que si bien se planteó inicialmente un valor aproximado de $2.000.000 para el trámite, no existió formalización contractual ni ejecución real del encargo, aclarando que los dineros recibidos correspondieron a entregas parciales, informales y desestructuradas, efectuadas por algunos de l os interesados, sin que constituyeran pago integro de honorarios. Añadió que solo una de las herederas realizó un pago completo, mientras que otras efectuaron aportes menores, incluso destinados a gestiones específicas que no pudieron concretarse, así como a actividades técnicas preliminares orientadas a evaluar la situación del inmueble.

herederas realizó un pago completo, mientras que otras efectuaron aportes menores, incluso destinados a gestiones específicas que no pudieron concretarse, así como a actividades técnicas preliminares orientadas a evaluar la situación del inmueble.

Adicionalmente, puso de presente que el bien objeto de interés presentaba dificultades jurídicas relevantes en tanto contaba únicamente con una declaración de construcció n antigua y figuraba registrado a nombre de un tercero, lo que implicaba la eventual necesidad de acudir a un proceso de pertenencia, circunstancia que incrementaba la complejidad del asunto y reforzaba la inviabilidad de una solución inmediata por la vía inicialmente planteada.

Reiteró que en ningún momento se configuró una relación formal de mandato profesional, por cuanto no se otorgó poder, no se suscribió contrato de prestación de servicios y no se inició actuación judicial ni notarial alguna en repre sentación de los interesados. En ese sentido, fundamentó su defensa en la ausencia de los presupuestos necesarios paraPágina 10 | 25

estructurar responsabilidad disciplinaria, destacando que, resultaba indispensable acreditar la existencia de una relación profesional ef ectiva y una actuación jurídica concreta para efectos de imputar reproche disciplinario, elementos que, a su juicio, no se encontraban demostrados en el caso.

Finalmente, enfatizó que no se configuró conducta típica alguna en los términos de la Ley 1123 d e 2007, al no evidenciarse apropiación indebida de dineros, incumplimiento de mandato, abandono de proceso ni actuación profesional irregular, concluyendo que la inconformidad de las quejosas obedecía exclusivamente a un conflicto familiar no resuelto. En

de dineros, incumplimiento de mandato, abandono de proceso ni actuación profesional irregular, concluyendo que la inconformidad de las quejosas obedecía exclusivamente a un conflicto familiar no resuelto. En consecuencia, solicitó que se declarara la inexistencia de falta disciplinaria y se ordenara el archivo definitivo del proceso.

Alegatos de conclusión por la defensora de oficio. Manifestó que se adhería sustancialmente a los argumentos expuestos por el abogado investigado, refiriendo que el disciplinado atendió de manera diligente las solicitudes formuladas por las quejosas y estuvo presente en los distintos espacios de reunión que se llevaron a cabo, en los cuales brindó la información correspondiente, incluyendo lo relacionado con los dineros recibidos.

Indicó que la actuación del profesional del derecho se desarrolló dentro de los parámetros de atención y acompañamiento a las interesadas, reiterando que ya se habían expuesto de manera suficiente los a rgumentos de defensa por parte del disciplinado, a los cuales se remitía integralmente.

Pruebas. En las anteriores diligencias se decretaron y aportaron como pruebas, entre otras, las siguientes:

1. Documento suscrito por el disciplinable, en el cual dejó e xpresa constancia de haber recibido la suma de $1.000.000 por parte de los herederos de los causantes Alfonso Castro y Clara María Rangel para realizar la sucesión correspondiente. Indicando además que el valorPágina 11 | 25

total de sus honorarios ascendía a $2.000.000 , de los cuales el saldo sería cancelado con posterioridad al inicio del trámite.14

2. Constancia suscrita por el investigado de fecha 08 de septiembre de

total de sus honorarios ascendía a $2.000.000 , de los cuales el saldo sería cancelado con posterioridad al inicio del trámite.14

2. Constancia suscrita por el investigado de fecha 08 de septiembre de 2022, en la que certificó haber recibido la suma de $400.000 por parte de la señora María Lionza Castro Rangel, precisando que dicho pago correspondía a realizar la sucesión ante Notaria.15

3. Certificación remitida por la Oficina Judicial de Cúcuta donde informó que “revisados los archivos de la Oficina Judicial, no se halló registro alguno que evidencie el re parto de demanda de sucesión promovida por el abogado WILLIAM ORTEGA SANGUINO, en representación de María Lionza Castro Rangel, Rubiela Castro Rangel, Martha Edilia Rangel y/o Cleidy Esmeralda Rangel Reyes, causantes Alfonso

Castro y Clara María Rangel Rico”. (sic) 16

4. Certificación remitida por la Notaria Sexta del Círculo de Cúcuta donde informó que “revisada la base de datos sistematizada de este despacho, no se encontró ningún trámite de SUCESION INTESTADA, realizada a nombre del señores: Alfonso Castro C.0 2.060.117 y Clara María Rangel Rico C.0 27.607.354 presentada por el abogado William Ortega Sanguino”. (sic) 17

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante providencia del 06 de mayo de 2026,18 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santan der y Arauca declaró responsable disciplinariamente a l abogado William Ortega Sanguino por el desconocimiento del deber establecido en el numeral 10° del artículo 28 de

Disciplina Judicial de Norte de Santan der y Arauca declaró responsable disciplinariamente a l abogado William Ortega Sanguino por el desconocimiento del deber establecido en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al incurrir en la falta descrita en el artículo 37, numeral 1° ibidem, a título de culpa, imponiéndole sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.

14Archivo “002Queja” del expediente digital. 15 Archivo “033QuejosaAportaPruebas20241104” del expediente digital. 16 Archivo “044RespuestaOficinaJudicial20250425” del expediente digital. 17 Archivo “037RtaNotaria6Cucuta20250314” del expediente digital. 18 Archivo “40SentenciaSancionatoria” del expediente digital.Página 12 | 25

Para fundamentar su decisión, la C omisión Seccional resaltó que , de acuerdo a las pruebas allegadas se encontraba acreditado que el disciplinado demoró de manera injustificada la iniciación del trámite sucesoral de los causantes Alfonso Castro y Clara María Rangel Rico, en desconocimiento del deber de atender con celosa diligencia los encargos profesionales consagrado en el numeral 10 ° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. Ello, por cuanto, pese a recibir honorarios con destinación especifica al trámite sucesoral, desde la fecha de recepción de los primeros pagos, en septiembre de 2022, y hasta las certificaciones oficiales emitidas en el año 2025, el disciplinable no adelantó gestión alguna tendiente a dar inicio al trámite de sucesión, ni ante la Notaría Sexta del Círculo de Cúcuta

en el año 2025, el disciplinable no adelantó gestión alguna tendiente a dar inicio al trámite de sucesión, ni ante la Notaría Sexta del Círculo de Cúcuta ni ante ningun despacho judicial y manteniendo a sus clientes, aquí quejosas, en una situación de espe ra indefinida sin avances reales en la gestión encomendada.

Bajo ese entendido, se precisó que, obraba prueba documental que desvirtuaba los argumentos defensivos expuestos por el disciplinado en el sentido que las constancias de recibo de dinero, redacta das y firmadas por el abogado Ortega Sanguino, expresaban con claridad el objeto de la gestión encomendada puesto que en la primera, el disciplinable hizo constar que recibió la suma de $1.000.000 "para la realización de la sucesion" , estableciendo además un valor total de honorarios por $2.000.000, lo que evidenciaba no solo la aceptación del encargo, sino la definición de sus condiciones económicas; en la segunda, de fecha 8 de septiembre de 2022, dejó constancia de haber recibido $400.000 "por pago de la sucesion ante notaria que se le realizará".

Dichas expresiones, plasmadas por el propio investigado, constituían un reconocimiento expreso de la existencia del encargo profesional y de su compromiso de ejecutarlo , por lo que contrario a lo afirmado por el disciplinado, la ausencia de contrato escrito no enervaba la existencia del vínculo, pues el objeto de la gestión encomendada fue preciso y determinado: adelantar el trámite de sucesion notarial de los causantes Alfonso Castro y Clara Marla Rangel Rico. La emisión de tales constancias

vínculo, pues el objeto de la gestión encomendada fue preciso y determinado: adelantar el trámite de sucesion notarial de los causantes Alfonso Castro y Clara Marla Rangel Rico. La emisión de tales constancias implicaba adicionalmente que el disciplinable conocía con exactitud laPágina 13 | 25

destinación de los recursos recibidos, de modo que no podía alegar desconocimiento del alcance de la gestión que se le encomendó ni de las expectativas legítimas que sus clientes depositaron en él.

Por ello, resaltó el a quo que, no eran de recibo los demás argumentos defensivos en virtud de que si bien el disciplinado adujo en sus alegatos de conclusión que el trámite era complejo por la existencia de c onflictos familiares entre las herederas, la ausencia de poderes formales y las dificultades jurídicas del inmueble, ello no desvirtuaba la exigibilidad del encargo profesional, pues ninguna constituía un impedimento insuperable para dar inicio al trámite sucesoral ni justificaba la inacción total del profesional.

En ese sentido, se advirtió que el hecho de que las quejosas con posterioridad a la ruptura del vínculo con el investigado, hubiesen logrado culminar el trámite sucesoral con un profesional del d erecho distinto, evidenciaba que la gestión podía adelantarse mediante las actuaciones correspondientes, lo que descartaba que los supuestos obstáculos invocados por el disciplinable tuvieran carácter insuperable, acreditándose por el contrario, que el dis ciplinable mantuvo a sus mandantes en una situación de espera indefinida, sin informarles adecuadamente sobre el

invocados por el disciplinable tuvieran carácter insuperable, acreditándose por el contrario, que el dis ciplinable mantuvo a sus mandantes en una situación de espera indefinida, sin informarles adecuadamente sobre el estado real del asunto y sin que reflejara una gestión diligente del encargo asumido. En consecuencia, la instancia encontró demostrada la falt a disciplinaria atribuida al abogado William Ort

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...