CNDJ - 63001250200020250019701

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 63001250200020250019701
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16131

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 630012502000 202500197 01 Aprobado según Acta de Sala No. 027 de la misma fecha.

ASUNTO

Negada la ponencia presentada por el honorable Magistrado MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO 1, p rocede la Comisión a conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del disciplinado 2 en contra de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2025, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Quindío 3, contra el abogado LUIS FERNANDO TÉLLEZ GUTIÉRREZ en la cual, se le declaró responsable por quebrantar el deber profesional consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, incurrir en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la misma normatividad, a título de culpa, por lo que lo sancionó con DOS (2) MESES DE SUSPENSIÓN EN EL

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

1 Sala n.º 015 del seis (6) de mayo de dos mil veintiséis (2026). 2 Archivo Digital 029_RecursoApelacion alojado en las carpetas 001 PRIMERA INSTANCIA, 63001250200020250019700, 01PrimeraInstancia y 01CuadernoPrincipal.

2 Archivo Digital 029_RecursoApelacion alojado en las carpetas 001 PRIMERA INSTANCIA, 63001250200020250019700, 01PrimeraInstancia y 01CuadernoPrincipal. 3 Archivo Digital 027_Sentencia - Sala integrada por el magistrado ÁLVARO FERNÁN GARCÍA MARÍN (Ponente) y MARIO HUMBERTO GIRALDO GUTIÉRREZ.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1.- El proceso disciplinario se originó por la queja presentada el 28 de mayo de 2025 por la señora Lucila Sierra Chaur 4 en contra del abogado LUIS FERNANDO TÉLLEZ GUTIÉRREZ, a quien acusó de haber incumplido los deberes profesionales que le fueron encomendados.

La quejosa manifestó que, en el año 2019 contrató al profesional del derecho para adelantar proceso ejecutivo en contra de la empresa Radio Taxi del Quindío. Indicó que, durante el tiempo en que estuvo a cargo del asunto le solicitó en varias oportunidades información sobre el estado del trámite, ante lo cual el abogado le aseguró que el proceso ya había sido radicado y que debía esperar el avance de la actuación.

Señaló que, en febrero de 2022 el jurista le informó que la sentencia sería proferida en aproximadamente dos (2) meses, pero que, debido a que ella viajaría al exterior, era necesario que le otorgara un nuevo poder adicional a los que ya le había otorgado.

sería proferida en aproximadamente dos (2) meses, pero que, debido a que ella viajaría al exterior, era necesario que le otorgara un nuevo poder adicional a los que ya le había otorgado.

Relató que, una vez regresó al país, acudió en repetidas ocasiones a la oficina del abogado con el propósito de conocer el estado del proceso, sin obtener información al respecto. Señaló que solo hasta febrero de 2025 cuando le solicitó expresamente el número de radicado y el despacho judicial donde cursaba el trámite, pudo establecer que el proceso nunca fue promovido, razón por la cual acudió a otr o abogado para iniciar las acciones que pretendía ejercer en contra de Radio Taxi; sin embargo, este le informó que los términos para adelantar dicha reclamación ya habían precluido.

4 Archivo Digital 001_001Queja ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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Por lo anterior, sostuvo que el letrado TÉLLEZ GUTIÉRREZ, le ocasionó un perjuicio al no haber promovido la demanda ejecutiva que le había sido encomendada, lo que, en su criterio, le impidió obtener el pago de los diecisiete millones de pesos ($17.000.000) que consideraba le adeudaba la empresa Radio Taxi.

2.- El asunto corr espondió por reparto el 28 de mayo de 2025, al magistrado Álvaro Fernán García Marín 5, quien, avocó conocimiento y con certificado No. 777919 del 5 de junio de 2025,

2.- El asunto corr espondió por reparto el 28 de mayo de 2025, al magistrado Álvaro Fernán García Marín 5, quien, avocó conocimiento y con certificado No. 777919 del 5 de junio de 2025, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, acreditó la calidad del abogado LUIS FERNANDO TÉLLEZ GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.526.685, y tarjeta profesional No. 57804 del C.S de la J; vigente para la época de expedición del mencionado certificado6.

3.- Se allegó certificado de antecedentes disciplinarios No. 20250721-1503230 de fecha 21 de julio de 2025 7, en donde se evidenció que, para la época, el abogado TÉLLEZ GUTIÉRREZ, no registraba sanciones disciplinarias.

4.- Mediante auto del 5 de junio de 2025 8, el magistrado de instancia ordenó apertura de proceso disciplinario contra el abogado TÉLLEZ GUTIÉRREZ, y convocó a audiencia de pruebas y calificación provisional para el 18 de junio de la misma anualidad.

5.- La audiencia de pruebas y calificación se realizó los días 25 de junio9, 1010 y 17 de julio de 202511.

5 Archivo Digital 002_002ActaReparto ibídem. 6 Archivo Digital 003_003CertificadoVigencia ibídem. 7 Archivo Digital 021_AntecedentesDisciplinarios ibídem. 8 Archivo Digital 014AutoApertura ibídem.

5 Archivo Digital 002_002ActaReparto ibídem. 6 Archivo Digital 003_003CertificadoVigencia ibídem. 7 Archivo Digital 021_AntecedentesDisciplinarios ibídem. 8 Archivo Digital 014AutoApertura ibídem. 9 Archivo Digital 009_009ActaAudienciaPruebas20250625 ibídem. 10 Archivo Digital 017_017ActaAudienciaPruebas20250710 ibídem. 11 Archivo Digital 019_ActaAudienciaPruebas20250717 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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5.1.- En la sesión del 25 de junio de 2025, se hicieron presentes la quejosa y el defensor de confianza del disciplinable, el doctor José Octavio León Moreno. En la diligencia, se delimitó el objeto del proceso disciplinario y se realizó solicitud probatoria.

-Se escuchó en ampliación de queja a la señora Lucila Sierra Chaur12, quien manifestó que, en un proceso judicial anterior fue condenada junto con un conductor de la empresa Radio Taxi al pago de cincuenta millones de pesos ($50.000.000). No obstante, señaló las personas involucradas en el accidente le embargaron el taxi, razón por la cual terminó asumiendo prácticamente la totalidad de la obligación, pese a que solo le correspondía responder por una suma aproximada de dieciocho millones de pesos ($18.000.000).

Debido a lo anterior, explicó que contactó al abogado investig ado con el propósito de promover una demanda contra la empresa

de la obligación, pese a que solo le correspondía responder por una suma aproximada de dieciocho millones de pesos ($18.000.000).

Debido a lo anterior, explicó que contactó al abogado investig ado con el propósito de promover una demanda contra la empresa Radio Taxi para obtener el reembolso del valor que no estaba obligada a asumir. Para tal efecto, le otorgó poder y acordaron verbalmente que el litigante recibiría como honorarios el 30% de la suma que eventualmente se recuperaría, precisando que finalmente no realizó pago alguno por dicho concepto.

Asimismo, aludió que no entregó documentos al abogado debido a que este le manifestó que podía obtener los soportes necesarios directamente del juz gado donde se había adelantado el proceso anterior; que antes de viajar al exterior el investigado le solicitó un segundo poder el cual autenticó ante notaría en febrero de 2022; así como sostuvo que una vez se estableció que la demanda nunca había sido pr esentada, el disciplinable le manifestó que era muy difícil lograr que la empresa asumiera el pago pretendido.

12 Minuto 10:13 a 34:49 Archivo Digital 009_009ActaAudienciaPruebas20250625 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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-Se escuchó el pronunciamiento del abogado José Octavio León Moreno en calidad de apoderado judicial del disciplinable 13, quien informó que la ev entual acción ejecutiva resultaba inviable, toda vez que la empresa Radio Taxi no contaba con bienes muebles o

Moreno en calidad de apoderado judicial del disciplinable 13, quien informó que la ev entual acción ejecutiva resultaba inviable, toda vez que la empresa Radio Taxi no contaba con bienes muebles o inmuebles susceptibles de embargo que permitieran garantizar el pago de la obligación.

En idéntico sentido, sostuvo que dentro del expediente no se encontraba acreditado que la señora Lucila Sierra Chaur hubiera realizado el pago de los cincuenta millones de pesos ($50.000.000) a los que hizo referencia. Finalmente, apuntó que el poder conferido en el año 2019 tenía como único propósito adelantar una audiencia de conciliación y que cualquier reproche relacionado con dicha gestión se encontraba prescrito, por tratarse de una conducta de ejecución instantánea.

5.2.- En la sesión del 10 de julio de 2025 , comparecieron los señores Wilfredo Javier Caviedes Sierra, Jhon Jairo Solanilla Naranjo y el defensor de confianza del disciplinable, el doctor José Octavio León Moreno.

-Se escuchó bajo la gravedad de juramento al testigo Wilfredo Javier Caviedes Sierra 14, quien manifestó que era hijo de la quejosa. En relación con los hechos objeto de investigación y la sentencia antes referida, indicó que en dicha providencia se dispuso el pago de la obligación en tres proporciones: una a cargo de su madre, en calidad de propietaria del taxi; otra a carg o del señor Jhon Jairo Solanilla, quien conducía el vehículo al momento del accidente; y una tercera a cargo de la empresa Radio Taxi.

13 Minuto 35:30 a 42:14 Archivo Digital 009_009ActaAudienciaPruebas20250625 ibídem.

del accidente; y una tercera a cargo de la empresa Radio Taxi.

13 Minuto 35:30 a 42:14 Archivo Digital 009_009ActaAudienciaPruebas20250625 ibídem. 14 Minuto 11:40 a 33:35 Archivo Digital 017_017ActaAudienciaPruebas20250710 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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De igual forma, relató que la señora Lucila Sierra Chaur cumplió con la obligación que le correspondía mediante el embarg o del taxi de su propiedad, sin embargo, señaló que con el producto de dicho embargo se cubrió la totalidad de la condena. A su turno, afirmó haber acompañado a su madre a la oficina del abogado, oportunidad en la que este les manifestó que no era posible adelantar actuación alguna contra la empresa Radio Taxi, debido a que esta no contaba con bienes susceptibles de ser perseguidos judicialmente.

-Se escuchó bajo la gravedad de juramento al testigo Jhon Jairo Solanilla Naranjo15, quien narró que el acciden te que dio origen a los hechos ocurrió en el año 2013 y que, posteriormente, en el año 2019 fue condenado junto con la señora Lucila Sierra Chaur y la empresa Radio Taxi al pago de la correspondiente indemnización. Señaló que, pese a ello, el vehículo de p ropiedad de la quejosa fue embargado y con él se cubrió la totalidad de la obligación, que ascendió aproximadamente a cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

de la quejosa fue embargado y con él se cubrió la totalidad de la obligación, que ascendió aproximadamente a cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

Bajo ese contexto, precisó que conoció al disciplinable en el año 2019 cuando, junto con la quejosa, acudieron a sus servicios profesionales con el propósito de presentar una demanda. Además, sostuvo que otorgó poder al letrado y que acordaron como honorarios un porcentaje sobre la suma que eventualmente se iba a recuperar. Igualmente, afirmó que acudió en muchas ocasiones a la oficina del abogado, quien constantemente les manifestó que el proceso estaba próximo a resolverse; no obstante, ello no nunca ocurrió.

En esos términos, estimó que el disciplinable les informó que se encontraba adelantando conversaciones con la empresa de taxis,

15 Minuto 42:35 a 59:09 Archivo Digital 017_017ActaAudienciaPruebas20250710 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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aunque aclaró que no le constaba la existencia de dichas gestiones conciliatorias.

De igual forma, precisó que le otorgó poder al abogado, que se acordó un porcentaje sobre el dinero que se iba a recibir por concepto de honorarios, que visitó demasiadas veces al abogado en su oficina porque siempre les aseguró que “ya iba a salir” el proceso, pero tal situación no se dio, que el litigante les indicó estar en conversaciones con la empresa de taxis pero que no le constaba

en su oficina porque siempre les aseguró que “ya iba a salir” el proceso, pero tal situación no se dio, que el litigante les indicó estar en conversaciones con la empresa de taxis pero que no le constaba dicha conciliación.

5.3.- En la sesión del 17 de julio de 2025 , el magistrado formuló cargos disciplinarios contra el abogado LUIS FERNANDO TÉLLEZ GUTIÉRREZ por presuntamente haber vulnerado el deber profesional consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, incurriendo así en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la referida norma, a título de culpa.

Lo anterior , porque el jurista desatendió de manera injustificada el deber de llevar con celosa diligencia el encargo efectuado por la quejosa, consistente en adelantar diligencia de conciliación y/o formulación de demanda ejecutiva en nombre y representación de la señora Lucila Sierra Chaur en contra de la empresa Radio T axi del Quindío con el fin de obtener el recobro proporcional del pago que realizó con producto de la sentencia dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que tramitó el Juzgado Civil del Circuito de Armenia bajo el radicado No. 2016-00099.

6.- La audiencia de juzgamiento , se l levó a cabo el día 6 de agosto de 2025 16, en la que asistió la quejosa y el defensor de confianza del disciplinable, el doctor José Octavio León Moreno.

16 Archivo Digital 025_Acta Audiecia Juzgamiento 20250806 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131

confianza del disciplinable, el doctor José Octavio León Moreno.

16 Archivo Digital 025_Acta Audiecia Juzgamiento 20250806 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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  • Se escuchó en ampliación de queja a la señora Lucila Sierra Chaur17, quien manifestó que en el año 2019 realizó el pago de la obligación que se le impuso mediante la sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 2016-00099 del Juzgado Primero del Circuito de Armenia, por un valor total de cincuenta y dos millones de pesos ($52.000 .000). Precisó que dicha suma se distribuyó en dos pagos: uno por valor de cuarenta y tres millones de pesos ($43.000.000) a favor del señor Steven González Valencia y otro por nueve millones de pesos ($9.000.000) al

Tránsito y Transporte de Armenia.

A su vez, explicó que asumió el pago total de la obligación debido a que el taxi se encontraba embargado, razón por la cual resultaba más ágil que la totalidad del crédito fuera cancelada a través de dicho mecanismo.

  • Alegatos de conclusión del defensor de confianza del disciplinable18, quien sostuvo que, aunque los hechos expuestos por la quejosa pudieron haber ocurrido, estos no configuran necesariamente una falta disciplinaria. Señaló que no fue posible establecer con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se presentó la conducta reprochada,

por la quejosa pudieron haber ocurrido, estos no configuran necesariamente una falta disciplinaria. Señaló que no fue posible establecer con claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se presentó la conducta reprochada, pues la quejosa no aportó la sentencia ni su constancia de ejecutoria, documentos que consideró fundamentales para determinar la gestión que debía adelantar el letrado LUIS

FERNANDO TÉLLEZ GUTIÉRREZ.

Resaltó igualmente que desde la audiencia inicial quedó en evidencia que la propia quejosa no tenía certeza sobre la fecha en que otorgó el poder al abogado y tampoco aportó prueba de haberle

17 Minuto 8:54 a 24:57 Archivo Digital 025_Acta Audiecia Juzgamiento 20250806 ibídem. 18 Minuto 40:51 a 1:01:49 Archivo Digital 025_Acta Audiecia Juzgamiento 20250806 ibídem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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entregado copia de la sentencia y de su ejecutoria. Agregó que el último acto relacionado con la presunta omisión ocurrió en el año 2019, por lo que no podía considerarse que se tratara de una conducta permanente, máxime cuando el último poder otorgado al disciplinable data de esa misma anualidad.

De otra parte, afirmó que la grabación aportada por el testigo Wilfredo Javier Caviedes Sierra no cumplía con los requisitos

conducta permanente, máxime cuando el último poder otorgado al disciplinable data de esa misma anualidad.

De otra parte, afirmó que la grabación aportada por el testigo Wilfredo Javier Caviedes Sierra no cumplía con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional y que, además, no tuvo conocimiento directo de los hechos. Finalmente, sostuvo que el señor Jhon Jairo Solanilla Naranjo no dijo la verdad en su declaración.

En cuanto a la prescripción, sostuvo que conforme al artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, la acción disciplinaria ya se encontraba prescrita, pues la última actuación atribuible a su defendido correspondía al poder otorgado en el año 2019, sin que se acreditara ninguna actuación posterior. Por ello, consideró que para el momento de la actuación ya habían transcurrido más de cinco (5) años desde el último acto relacionado con la conducta investigada.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Quindío , en decisión proferida 20 de agosto de 2025, declaró al abogado LUIS FERNANDO TÉLLEZ GUTIÉRREZ, responsable por quebrantar el deber profesional consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, incurrir en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la misma nor matividad, a título de culpa, por lo que lo sancionó con DOS (2) MESES de suspensión en el ejercicio de la profesión.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01

de culpa, por lo que lo sancionó con DOS (2) MESES de suspensión en el ejercicio de la profesión.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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En primer lugar, el a quo descartó el fenómeno jurídico de la prescripción alegado por el apoderado de confianza del disciplinable frente a la acción civil de repetición, toda vez que consideró que, el término no debía contabilizarse desde el momento en que la señora Lucila Sierra Chaur otorgó el primer poder al letrado TÉLLEZ GUTIÉRREZ, sino desde el momento en que cesó el deber jurídico de actuar, esto es, el 21 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que la sentencia cuya reclamación se pretendía obtener fue proferida el 21 de noviembre de 2018.

En cuanto a la tipicidad, la Seccional concluyó que el disciplinable incurrió en la falta descrita, toda vez que demoró injustificadamente la iniciación de la gestión encomendada, pues incumplió la obligación asumida con la quejosa en el año 2019, consistente en gestionar una conciliación o promover una demanda tendiente a obtener el reembolso de los valores pagados a la empresa Radio Taxi del Quindío S.A.S.

Al valorar la antijuridicidad, la autoridad consideró que el letrado vulneró injustificadamente el deber profesional previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de la Ley 1123 de 2007,

Al valorar la antijuridicidad, la autoridad consideró que el letrado vulneró injustificadamente el deber profesional previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de la Ley 1123 de 2007, al generar durante aproximadamente seis (6) años la expectativa en su poderdante de que había adelantado las gestiones necesarias para recuperar el pago efectuado, cuando en realidad no había desplegado actuación alguna encaminada a tal fin.

En lo relativo a la culpabilidad, la Sala precisó que el abogado incurrió en la falta disciplinaria imputada a título de culpa, al omitir, sin justificación válida, el cumplimiento de la labor profesional que le fue encomendada por la señora Lucila Sierra Chaur. A juicio de la instancia primigenia, dicha omisión evidenció un comportamiento negligente y contrario a los deberes éticos de la profesión.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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En relación con la graduación de la sanción , atendiendo los criterios generales contemplados en el artículo 45 de la ley 1123 de 2007, la primera instancia tuvo en cuenta la modalidad de la conducta, a título de culpa. Por su parte, en relación con los criterios de atenuación o agravación no se identificó ninguno.

DE LA APELACIÓN

Por medio de correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2025 19, el vocero judicial del disciplinado interpuso recurso de apelación en contra de la providencia proferida el 20 de agosto de la misma anualidad.

Por medio de correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2025 19, el vocero judicial del disciplinado interpuso recurso de apelación en contra de la providencia proferida el 20 de agosto de la misma anualidad.

En el recurso interpuesto el apoderado cuestionó que, en audiencia del 6 de agosto de 2025 el despacho primi genio desistiera de la prueba de oficio consistente en obtener el expediente No. 2019-00099 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, la cual, a su juicio, era fundamental para establecer el contenido de la sentencia y su ejecutoria, documentos qu e nunca fueron allegados al disciplinario.

En ese sentido, resaltó que la propia quejosa reconoció no haber entregado tales documentos, por lo que sostuvo que resultaba imposible exigirle al abogado el inicio de actuaciones judiciales sin contar con el tí tulo que pretendía hacerse efectivo. Bajo ese entendido, sostuvo que no existió una afectación real a algún deber profesional, pues no se encontraban acreditadas las condiciones jurídicas necesarias para promover la acción pretendida.

En consecuencia, sostuvo que el deber de actuar nunca surgió de

19 Archivo Digital 058RECURSOAPELACION202102214 alojado en la carpeta 01PrimeraInstancia.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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manera efectiva, pues el abogado no contaba con los documentos necesarios para adelantar la gestión encomendada. Por ello,

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manera efectiva, pues el abogado no contaba con los documentos necesarios para adelantar la gestión encomendada. Por ello, consideró que no podía atribuírsele responsabilidad disciplinaria por no realizar una ac tuación que no estaba en condiciones de llevar a cabo.

Por otro lado, insistió en que el despacho judicial erró al determinar que el término prescriptivo solo comenzaba a contarse a partir del año 2023, pues el poder fue otorgado en el año 2019 y ninguna gestión posterior interrumpió o renovó el término, razón por la cual, ya habían transcurrido más de cinco (5) años. Adicionalmente, sostuvo que no podía aplicarse en su contra un cómputo basado en la ejecutoria de una sentencia que nunca le fue comunicada ni entregada.

La defensa también alegó que los poderes aportados al proceso presentaban irregularidades, en tanto no se encontraba acreditada la aceptación por parte del abogado ni el cumplimiento de otros requisitos necesarios para su validez, ci rcunstancias que, a su juicio, impedían tener por demostrada la relación profesional en los términos expuestos en la sentencia.

Así mismo, reprochó la incorporación y valoración del archivo de audio y video aportado por la quejosa, al considerar que fue obtenido de forma irregular, pues quien realizó la grabación fue el señor Wilfredo Javier Sierra, hijo de la quejosa, quien no era receptor legítimo de la relación profesional ni tenía vínculo alguno con el disciplinado.

De igual forma, cuestionó la valoración probatoria realizada por la primera instancia, al considerar que las declaraciones de la

receptor legítimo de la relación profesional ni tenía vínculo alguno con el disciplinado.

De igual forma, cuestionó la valoración probatoria realizada por la primera instancia, al considerar que las declaraciones de la quejosa y de los testigos presentaban contradicciones frente aM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelación de Sentencia

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aspectos relevantes, tales como el monto efectivamente pagado, el proceso judicial de origen y las circunstancias en las que se habría desarrollado la gestión profesional encomendada, lo que impedía tener por acreditados los hechos a través de ellos.

Finalmente, solicitó que, en caso de no prosperar la absolución pretendida, se procediera a atenuar la sanción impuesta en aplicación de los principios de proporcionalidad y favorabilidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- El 8 de septiembre de 2025, ingresó el asunto al despacho del Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo20.

2.- Mediante auto del 6 de mayo de 2026, el magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo remitió a la Secretaría Judicial de esta Comisión el expediente virtual de conocimiento, por haber sido negado el proyecto presentado en Sala Ordinaria No. 015 de la misma fecha21, y asignado el expediente por reparto al magistrado Juan Carlos Granados Becerra22.

3.- El 7 de mayo de 2026, el expediente ingresó al despacho del magistrado ponente23.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Juan Carlos Granados Becerra22.

3.- El 7 de mayo de 2026, el expediente ingresó al despacho del magistrado ponente23.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- De la Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

20 Archivo Digital 001ActaIndividualReparto alojado en la carpeta 002 SEGUNDA INSTANCIA. 21 Archivo Digital 011 AUTO NEGADO 2025 00197 01 alojado en la carpeta 002 SEGUNDA INSTANCIA. 22 Archivo Digital 012 ACTA NEGADO alojado en la carpeta 002 SEGUNDA INSTANCIA. 23 Archivo Digital 014 PASO DESPACHO NEGADO 2025 -0197 alojado en la carpeta 002

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como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones24, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C-373/1625.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del

Constitucional, quien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C-373/1625.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C - 285 de 201626 y C -112/1727 , por lo que a partir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y Ley 1123 de 2007, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones. En consecuencia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del recurso de apelación presentado.

24 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre jurisdicciones y las acciones de tutela. 25 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expediente D -10947, Magi strados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 26 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste

inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor: Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 27 Corte Constitucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo OcampoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16131 Radicado No. 630012502000 202500197 01 Abogados en Apelació

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